Allanan las instalaciones de CIMAC
Pocos días después de haber declarado públicamente que el gobierno de Felipe Calderón está obligado a responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, las representantes de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), denunciaron que las oficinas de esta agrupación fueron “allanadas” entre el 26 y 27 de julio pasado por personas que buscaban documentación específica.Fue hasta el lunes 28 cuando la directora general de esta organización feminista, Lucía Lagunes, y la coordinadora de Información de la misma, Carolina Velásquez, se dieron cuenta del hecho y lo denunciaron ante la sexta agencia investigadora del Ministerio Público del Distrito Federal, donde se abrió la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07.Lagunes y Velásquez consideran que no se trató de un simple robo, porque únicamente desaparecieron algunos equipos de cómputo, y quienes los sustrajeron no revisaron todos los escritorios, sino solamente los de ellas. Entre los objetos que se llevaron se encuentran grabadoras, casetes y discos con información de Inmujeres, así como de la Red de Atención a Periodistas.Se trata, afirman, de “un acto de intimidación hacia CIMAC y sus integrantes” debido a que han dado seguimiento a casos relacionados con violaciones sexuales a mujeres por parte de elementos del Ejército, con los feminicidios de Ciudad Juárez y con ataques en contra de periodistas.“Hemos colocado el acento en la política de simulación que existe en este gobierno en materia de derechos humanos, además de la criminalización que se ha hecho de la protesta, la organización social y de la actividad de las organizaciones mismas. Es una política que hay desde el gobierno federal contra las asociaciones que trabajan a favor de los derechos humanos”, sostiene Lagunes.Y añade: “Cometimos el ‘pecado’ de haber denunciado en el ámbito internacional la violación de derechos humanos en el país. Colocamos el reflector en ese sentido y eso no lo perdonan”.
Retrocesos
En una nota publicada el pasado 25 de julio, la agencia de noticias de CIMAC dio a conocer que la representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanesa Coria, anunció que en noviembre de este año o febrero del próximo es probable que se realice una audiencia pública en San José, Costa Rica, en la que se tratará el tema de la violación de los derechos humanos en México.La activista criticó al gobierno federal: “En lo que va de la administración de Felipe Calderón, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido se equiparan con las que se infligieron durante el pasado sexenio de Vicente Fox y están relacionadas, principalmente, con la militarización del país, cateos ilegales y la impunidad”.La agencia de CIMAC, comenta Velásquez, da seguimiento a temas que cuestionan o incomodan al gobierno, como la decisión de la Corte Interamericana en torno a la actitud de la administración calderonista respecto de las muertas de Juárez.Hasta la fecha, CIMAC ha documentado la muerte de tres mujeres en la sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, la misma región donde falleció Ernestina Ascencio, de 73 años, por presunta violación cometida por militares.Se trata de Susana Xocua, Adelaida Amayo y Anastacia de Cruz Verde, indígenas de edad madura que fueron violadas y asesinadas por presuntos soldados y a las que no se les ha hecho justicia. Por el contrario, la procuraduría de dicha entidad sostiene que las causas de muerte de las señoras son “naturales” o de índole diversa.El organismo feminista se ha ocupado en revisar las acciones emprendidas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que encabezó Guadalupe Morfín, actual fiscal especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). CIMAC afirma que esta fiscalía cuenta con recursos pero, sostiene, nadie sabe dónde opera.Son varios los asuntos controversiales de los que se ha ocupado la organización que preside Lucía Lagunes, entre éstos el de las violaciones sexuales contra 14 mujeres cometidas por soldados la madrugada del 11 de julio de 2006 en el municipio de Castaños, Coahuila; el seguimiento a una resolución que deberá emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la constitucionalidad de la ley que amplió las causales, además de la violación, para permitir que una mujer aborte; y, así mismo, ha denunciado la inacción de las autoridades ante la trata tolerada de personas en el país, sobre todo en contra de mujeres y niñas.La directora de CIMAC sostiene que desde que el PAN llegó a la Presidencia los espacios de investigación en materia de derechos humanos y defensa de las mujeres ha sufrido un retroceso, y añade que los proyectos de coinversión del Instituto Mexicano de Desarrollo Social (Indesol) han dado un viraje hacia la derecha, pues hoy benefician a organizaciones católicas y a misioneros.Ahora, precisa Lagunes, la política consiste en dar prioridad al apoyo económico a organizaciones conservadoras y de derecha, más por su orientación ideológica que por el valor de sus proyectos y propuestas.El actual gobierno, dice, ha llegado al extremo de poner bajo sospecha a organizaciones progresistas y democráticas que no le son gratas, al acusarlas de recibir financiamiento ilegal del exterior. Al respecto, señala que el PAN presentó en el Senado una iniciativa de “ley de cooperación” –que está siendo analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo legislativo– mediante la cual se busca limitar o impedir que las organizaciones sociales reciban financiamiento del extranjero. “Si esto ocurre, todos los organismos, salvo Provida, trabajaríamos en condiciones muy difíciles”, asegura. l
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