Carlos Fernández-Vega
Guanajuatización en QR
Escondidos tras una enorme telaraña de corporativos, fideicomisos privados que explotan bienes públicos, filiales, subsidiarias y conexos que hacen perder la pista de los dueños reales y la procedencia original del capital, los barones del dinero, otrora adictos a placearse en las páginas de sociales, han hecho del patrimonio nacional su propio negocio, no sin el visto bueno y la complicidad de las supuestas autoridades (federales, estatales y municipales).
Sin duda, mucho han aprendido desde aquellos no muy lejanos tiempos del Ficorca, cuando los “rescates” personales se comenzaron a vestir de “salvamentos empresariales”, para después depurar la técnica hasta llegar al Fobaproa, un monumento a la corrupción y opacidad con la que se manejan los dineros de la nación. A pesar de ello, tarde que temprano aparecen algunos nombres de empresarios involucrados en este tipo de operaciones, más famosos por su asalto a la nación que por su aporte al desarrollo económico del país.
Tal es el caso denunciado ayer por La Jornada (“Megadesarrollo amenaza la ecología de Tulum”, nota de Mireya Cuéllar), en el que las “autoridades” de nueva cuenta “ceden” el patrimonio nacional para que los barones lo exploten y sus intereses prevalezcan, en una vieja cuan vergonzosa historia de despojo, delito ecológico y apartheid económico.
Esa enorme red de intereses y complicidades ha extendido su telaraña hasta el recién constituido (tres meses atrás) municipio de Tulum, en Quintana Roo, para la construcción de una megadesarrollo (así le llaman) turístico para bolsillos triple A en zona costera, un jugoso negocio en el que aparecen barones como Roberto Hernández (mejor conocido como Mister free tax, uno de los hijos predilectos del Fobaproa y dueño ya de buena parte de la península de Yucatán), Emilio Díaz Castellanos (Grupo Dicas, dedicado a la comercialización de automóviles de lujo, y la Inmobiliaria Chablekal, que también pasó por el Fobaproa), Rodolfo Rosas Moya (Comercializadora Ronac, asociada a cualquier cantidad de escándalos inmobiliarios en la sagrada zona del Mayab) y un oscuro “representante legal” de nombre Manuel Jesús Palma Rodríguez, todos ellos congregados en un consorcio conocido como MayaZamá, sin dejar a un lado que por allí danza el ex gobernador yucateco y hoy titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada, y las flamantes “autoridades” del nuevo municipio quintanarroense Víctor Mass Tah (presidente) y Gonzalo Arcila (síndico), quienes antes de ocupar el puesto público promovieron el susodicho megadesarrollo.
¿Qué oculta este proyecto turístico, que el gobierno de Quintana Roo se niega a informar al respecto? A solicitud ciudadana para conocer cuál es la intención y alcance del misterioso corporativo MayaZamá, la Unidad de “Transparencia y Acceso a la Información” Pública del Poder Ejecutivo de la entidad contestó: las características “no pueden serle proporcionadas, toda vez que dichos documentos contienen información reservada”. Una respuesta clásica de la “autoridad” federal, estatal o municipal cuando los bienes de la nación son entregados a intereses privados.
El consorcio MayaZamá fue creado ex profeso para el referido megadesarrollo, apenas unos días antes de comenzar el papeleo con el gobernador Félix González Canto, al que algunos no dejan fuera del negocio. Originalmente, la Semarnat (26 de mayo, 2008) rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por el misterioso grupo empresarial, “por no contar con los elementos técnicos necesarios para su correcta evaluación y resolución”. Mágicamente, unos cuantos días después la delegación federal en Quintana Roo le otorgó el tan ansiado sí, aunque la información permanece “reservada” en aras de la “transparencia”.
Fresco e irresuelto aquel jugoso negocio (2004) que Fonatur, con John McCarthy a la cabeza (“no importa de dónde venga el dinero, sea de John Smith o de Juan Pérez... el enfoque será netamente empresarial, sin ponerle nacionalidad a los capitales”), concretó con terrenos federales a favor del cuñado de Emilio Azcárraga Jean, en materia de megadesarrollos turísticos a costillas de los terrenos de la nación la mugre salta a la vista.
¿Qué ofrece, socialmente, MayaZamá y su desarrollo en el flamante municipio de Tulum? El consorcio nos regala el detalle: “Downtown Tulum es un proyecto de desarrollo inmobiliario que se comercializa con el nombre de Aldea Zamá y que incluirá, en una primera etapa (78 hectáreas) zonas residenciales, condominios de lujo, multifamiliares y centros comerciales. Para una segunda: hoteles, canales navegables y un campo de golf. Todos los socios de MayaZamá nacieron, crecieron y se educaron en Estados Unidos, Europa y México, y han estado en los negocios los últimos 30 años en la península de Yucatán… para que las futuras generaciones disfruten. Es un grupo privado de inversionistas para el desarrollo inmobiliario que mejor conoce el balance y sustentabilidad comunidades creadas en la península de Yucatán. MayaZamá es conocida por su portafolio de inversiones de alta rentabilidad en propiedades que incluyen la Yucatan Village & Resort, calidad reconocida como la mejor resort & residencial comunidad en México en 2007. Su portafolio incluye condominios, edificios de oficinas, retail complexes, renta de apartamentos y hoteles de calidad como el Hyatt Regency Mérida, Reef Yucatan, Holiday Inn Playa del Carmen y Holiday Inn Mérida. Adicionalmente, el grupo es propietario de varias distribuidoras de automóviles, incluyendo General Motors, Cadillac, Saab, Hummer, Volkswagen y Peugot. Aldea Zamá, adyacente a las legendarias ruinas de Tulum, con el pulso de una nueva generación. MayaZamá es una meca turística creada para respetar y preservar la importancia histórica y cultural de la región. Este nuevo desarrollo está destinado a ser un enclave exclusivo para sus residentes, visitantes y huéspedes que vengan a disfrutar esta tajada de paraíso. Es una oportunidad dorada para invertir en el futuro promisorio de una nueva aventura…”
Las rebanadas del pastel
Otra muestra de los “tesoros” promovidos por el gobierno, de la “transparencia” y el “acceso a la información” de la cosa pública, y ejemplo adicional de cómo los campesinos quintanarroenses también se guanajuatizan.
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