Bolivia en su laberinto

Francisco López Bárcenas

El Estado de Bolivia vivó el 10 de agosto pasado una jornada democrática ejemplar. La mayoría de sus ciudadanos en edad de hacerlo participaron en el referendo convocado para que los ciudadanos decidieran si el presidente de la República, Evo Morales Ayma, y el vicepresidente Álvaro García Linera, así como ocho de los nueve prefectos que gobiernan los departamentos en que se divide el país, continuaban en sus cargos o eran separados de ellos. Se trató de un ejercicio democrático realizado por primera vez en esa nación, lo que le dio importancia singular, más allá de los mismos resultados. Pero en el referendo no sólo se puso en juego la continuidad o no de los funcionarios en sus cargos; lo que verdaderamente estaba en disputa era la viabilidad de dos proyectos de país: uno nacionalista, popular y con fuerte arraigo indígena, encabezado por el presidente de la República; otro, de corte neoliberal, impulsado desde varios departamentos liderados por el de Santa Cruz, francamente secesionista. Dos proyectos que tienen a Bolivia en una situación que el vicepresidente ha calificado de “empate catastrófico y punto de bifurcación”.

La importancia del referendo la marcaron las acciones de los dos bandos más visibles en la pugna y se fueron manifestando a lo largo de año y medio de la actual administración del gobierno boliviano. En primer lugar la elección de Evo, indígena aymara, como presidente de Bolivia, lo que representó una fuerte derrota para sus contrincantes, porque impedía sus planes de seguir entregando los recursos naturales al capital trasnacional; de hecho, una de las medidas que más les ha molestado es la recuperación de los hidrocarburos para la nación. Otro es la convocatoria al Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución política que “refundara” el país, según la promesa del presidente desde el inicio de su mandato. La Constitución está aprobada, pero no se ha podido promulgar por oposición de los sectores secesionistas.

Si bien las medidas de gobierno no han sido tan radicales como demanda una importante expresión del movimiento popular, no han podido evitar la ira de los neoliberales, que desde entonces comenzaron a sabotear las acciones del gobierno con actos ilegales como la aprobación de estatutos autonómicos en los departamentos que gobiernan, sustrayéndoles del orden constitucional, pero también impidiendo que el presidente y su vicepresidente puedan visitar libremente los departamentos que gobiernan, en una actitud de franca rebeldía que tuvo su máxima expresión en vísperas del referendo cuando el prefecto de Santa Cruz llamó a los militares a derrocar al gobierno “porque no ha aprendido a gobernar”.

Los resultados del referendo muestran un panorama bastante complejo. El presidente y vicepresidente de la República fueron ratificados con un porcentaje de aceptación mayor que cuando fueron elegidos en sus cargos, lo que habla de una buena aceptación de su administración, pero también se ratificó a la mayoría de los prefectos de los departamentos que se oponen a ellos. Lo grave es que ambos bandos están haciendo una lectura de los resultados afirmando que los electores apoyan sus respectivos proyectos, lo que seguramente en los tiempos que vienen será motivo de confrontación. De cómo se procesarán estos problemas depende el futuro de Bolivia y en mucho de la región. El gobierno de la República intentará promulgar la Constitución política aprobada por la Constituyente y profundizar en sus programas de gobierno, pero es seguro que los secesionistas intenten imponer sus estatutos autonómicos por la fuerza.

Hasta ahora el gobierno ha utilizado un discurso conciliador que contrasta con la beligerancia de los opositores: ha llamado a la unidad de los bolivianos, al tiempo que confirma que continuará con su programa de recuperación de los recursos naturales, lo cual no es ninguna novedad, sino consecuencia lógica de su ratificación; lo que no ha dicho es qué medidas tomará para lograrlo.

Del otro lado, amenazan continuar con sus medidas secesionistas, aunque es probable que en el fondo lo que busquen sea chantajear al gobierno para negociar medidas que protejan sus intereses económicos, que es lo que finalmente les importa. Los primeros cuentan con el apoyo de algunos gobiernos aliados de la región; los segundos con el de Estados Unidos y algunos organismos trasnacionales. De ese tamaño están las cosas en Bolivia. Al parecer el referendo posicionó al gobierno, pero no ayudó en mucho a destrabar el problema y marcar nuevos derroteros. Parece que las masas populares tendrán que manifestarse con más contundencia para defender sus derechos.