Responsabilidades

Ricardo Andrade Jardí

Ahora que la tragedia alcanzó también a las oligarquías y que el tema del secuestro pasó de ser una nota del “rating” telecrático, para convertirse en el asunto de seguridad pública que siempre debió ser, desde el primer secuestro hasta el último, tal vez eso le habría salvado la vida a muchos, incluido el joven hijo del “poderoso” empresario que ahora, por el dolor propio, sabe lo que es el México de verdad, conviene abrir -como lo propone el escritor Carlos Monsiváis- el debate sobre la impunidad, tema del que todos hablan pero en el que ninguno de los actores responsables atiende de fondo. La impunidad es también un negocio o el cobijo para que el “negocio” que sea tenga éxito. En esa lógica, criminal sin duda, se integran las bandas de secuestradores y se fomenta el crimen organizado, el que en México se organiza presumiblemente en el interior de las “instituciones de la democracia”.
Muchos son los actores que han fomentado la impunidad para su beneficio propio, entre ellos se encuentran una buena parte de los “poderosos” empresarios que hoy exigen solución al problema de la inseguridad, el que sólo puede ser solucionado con dos cosas: justicia social y real combate a la impunidad en todas sus presencias. ¿Están los empresarios FOBAPROA dispuestos a combatirse a sí mismos?
Imposible describir a todos los actores con responsabilidad directa o indirecta en la “magnífica” y terrible industria del secuestro en México en este breve espacio, pero sin duda podemos empezar a proponer para el debate algunos de ellos.
Si un grupo de diputados “representantes populares” toma las tribunas del Congreso de la Unión, evitando así que otro grupo de “representantes populares” avale actos que hoy siguen y deben estar abiertos al debate público, pues nos afectan a todos de manera directa, rápidamente salen los concesionarios de radio y televisión que mintiendo y manipulando la información convierten a una parte de la oposición política en “secuestradores”. Se comete un acto de secuestro informativo, amén de un delito de difamación que la impunidad, promovida por la telecracia, fomenta creando confusión y distracción de los asuntos de fondo. Las empresas televisivas pueden estar o no de acuerdo con la toma de las tribunas, pero no tienen derecho a difamar o a calificar las acciones de los partidos políticos como actos criminales sin presentar pruebas de los mismos, o pretendiendo que su opinión es además el sentir de la opinión pública. Muy cuestionable puede ser la toma de las tribunas legislativas, pero lo cierto es que gracias a esta toma y no a la telecracia, que hizo todo por ocultar los debates entre los más destacados intelectuales, científicos y académicos del país, que la ciudadanía pudo escuchar que la reforma energética del usurpador carece de toda legalidad, de sustento científico y sobre todo pudimos conocer el daño que la política hacendaria le hace a PEMEX y al país, generando parte de la gran injusticia social que hoy nos azota y solapando la corrupción institucional y empresarial, que a su vez genera la inseguridad que hoy arroja elevadas y alarmantes cifras en muertes humanas.
Manipular la información pública y, peor aún, censurar esa información, es una de las tantas caras del secuestro y de la impunidad, ahí la responsabilidad directa de las dos grandes concesionarias de radio y televisión (bienes que son públicos por cierto) Televisa y TVAzteca, dos empresas que, al parecer, se han beneficiado de la industria del secuestro, empresas que han fingido y dramatizado “rescates” de personajes públicos, comprando voluntades en las corruptas dependencias judiciales para acceder a información restringida y manipularla, empresas que mientras censuran la denuncia social contra la injusticia, favorecen el rating de sus audiencias con el melodrama del dolor ajeno, con la verdad sesgada y armada para su conveniencia. Un paso en la lucha contra la delincuencia organizada, contra la inseguridad, sin duda es el de reglamentar nuevamente las concesiones de radio y televisión, sus contenidos y los compromisos sociales que debe desprender el uso comercial de un bien público, al mismo tiempo que exigir a los concesionarios un compartimiento ético y veraz sobre los acontecimientos públicos, respetando el derecho a la información fidedigna.