El Justo Reclamo

El rapto de las boletas

John M. Ackerman

Con la decisión de trasladar los paquetes electorales de 2006 a nuevas bodegas, los consejeros electorales otra vez muestran su disposición a moldear la ley a su antojo y evidencian lo absurdo de su terca insistencia en negar el acceso ciudadano al material electoral. Uno de los principales argumentos esgrimidos tanto por el Instituto Federal Electoral (IFE) como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para rechazar las solicitudes de acceso a las boletas fue que la única actividad permitida por la ley era su destrucción. Cualquier otra acción, como su exhibición pública, supuestamente implicaría que las instituciones se estarían excediendo en sus funciones. Pero ahora, con la mano en la cintura, los consejeros han aprobado un acuerdo que ordena a las oficinas descentralizadas del IFE manipular la documentación electoral de una manera totalmente imprevista en la norma. Las bodegas que contienen los paquetes electorales se encuentran selladas por ley desde la culminación del conteo distrital el 6 de julio de 2006. Posteriormente, algunas bodegas fueron abiertas por orden del Tribunal Electoral durante el recuento parcial, pero al final de cada procedimiento fueron selladas de nuevo con las firmas de los representantes de los partidos y los consejeros electorales. Sin embargo, resulta que al final de cuentas los sellos no son tan inviolables y los paquetes electorales no son tan “indisponibles” como nos habían hecho creer. Con tal de “liberar” las bodegas de las Juntas Distritales del IFE y ahorrar recursos, los consejeros han decidido lo que nunca estuvieron dispuestos a hacer para los ciudadanos: abrir las bodegas.Por supuesto que esto no es lo mismo que una apertura de los paquetes electorales, pero desde el punto de vista legal son acciones perfectamente equivalentes. Los sellos en las puertas de las bodegas y los sellos en los paquetes electorales tienen la misma naturaleza y función. Si con el fin de agilizar la organización de las próximas elecciones y ahorrar dinero se vale romper los primeros, también debería ser válido romper los segundos con el propósito de asegurar la transparencia y la certeza de las elecciones de 2006.En respuesta, el IFE podría argumentar que no está haciendo otra cosa que preparar las boletas para su eventual destrucción, tal y como lo ordena la ley. Sin embargo, una acción de este tipo sería una franca violación a la suspensión definitiva ordenada por el juez noveno de Distrito que obliga al IFE a mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, específicamente que “las autoridades responsables suspendan cualquier acto tendente a dar cumplimiento” a la destrucción del material electoral. También implicaría una afrenta directa a las medidas precautorias ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Pero quizá lo más grave del acuerdo sobre el traslado de los paquetes es que las boletas terminarán directamente en las manos de Felipe Calderón. Las nuevas sedes, rentadas específicamente para el resguardo de los paquetes, serán custodiadas por las fuerzas militares, cuyo comandante en jefe es el presidente de la República. El IFE no tendrá ninguna presencia permanente en las bodegas. El acuerdo señala que el único compromiso del IFE será “comisionar personal… para efectuar visitas diarias a la bodega y recibir el reporte del encargado de la custodia”. No queda claro quién exactamente realizará tales visitas. ¿Será suficiente, por ejemplo, que el chofer del vocal ejecutivo pase a saludar una vez al día a los soldados que están “cuidando” la sede? La situación se enturbia aún más cuando nos damos cuenta de que los medios de comunicación y los ciudadanos en general no podrán atestiguar la apertura de las bodegas y la revisión del estado de los paquetes electorales. El IFE convocará a los partidos políticos en cada estado para que envíen representantes, así como a los ciudadanos que fungieron como consejeros locales y distritales durante las elecciones de 2006. Pero el proceso de ninguna manera estará abierto al público y se efectuará aun si ningún observador estuviera presente. El IFE una vez más pierde una oportunidad histórica de ganar la confianza ciudadana por medio de la transparencia y la apertura. El nuevo secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, ha buscado aprovechar el actual clima de preocupación por los secuestros y la inseguridad pública para pintar al instituto electoral como víctima de la crítica ciudadana. “Estamos convencidos de que el IFE no puede ser rehén de la sospecha ni de la desconfianza”. ¿Acaso el funcionario piensa que el 40% de la población mexicana que sigue con dudas sobre los resultados de la elección de 2006 puede asemejarse a una bola de deleznables secuestradores que toman rehenes? El licenciado Jacobo y los otros nuevos funcionarios y consejeros han heredado una institución profundamente cuestionada. Más les vale reconocer este hecho y hacer todo lo posible por reconstruir la legitimidad de la autoridad electoral.Así mismo, es preciso recordar que la mejor forma de liberar las bodegas y ahorrar el gasto de cuidar los paquetes electorales sería permitir el acceso a las boletas ya. Después de un período razonable de consulta por la revista Proceso y otros interesados, el IFE podría proceder a la destrucción del material sin mayor problema. Los únicos culpables de los gastos y la incomodidad del resguardo son las mismas autoridades, no los solicitantes de la información. Nadie está pidiendo que el IFE guarde el material por siempre, sino simplemente que a los ciudadanos se nos permita revisar los documentos antes de su destrucción.De nuevo, Jacobo ha sido muy claro al respecto: “No debe haber ninguna duda: El IFE no actuará por iniciativa propia ni juzgará los términos de las resoluciones jurisdiccionales correspondientes”. Ante este burocratismo y timidez, la responsabilidad de nuevo queda del lado de los ciudadanos. Habría que enviar un mensaje claro al IFE por medio de una nueva oleada de solicitudes de acceso a las boletas electorales. l