El Justo Reclamo

Campaña de miedo

Ejecuciones y levantones. Cosa de todos los días

Alberto Osorio Méndez

Los municipios del norte de Jalisco y el sur de Zacatecas padecen una inusitada actividad de la delincuencia organizada, que fuentes de inteligencia policial atribuyen a una lucha de varias bandas, como Los Zetas, para dominar la zona donde confluyen esos dos estados, además de Durango y Aguascalientes. Tan evidente es la ofensiva de los criminales que la gente la califica como una “campaña de miedo”. La tarde del 12 de agosto, en el municipio de Huejuquilla El Alto, en el norte del estado, un grupo de supuestos zetas atacó al propietario de un hotel y saqueó un rancho de su propiedad, lo que desató un tiroteo entre sicarios y policías rurales.En el primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que tres policías estatales habían sido levantados y varios asesinados, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y de militares. Aunque la fuerza combinada peinó la zona por tierra y aire (se utilizaron tres helicópteros), no se localizó a los atacantes. Los policías reconocieron que los maleantes lograron huir después de bloquear la carretera y emboscar a sus perseguidores a dos fuegos.El hecho puso en estado de alerta a otros poblados del norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, quienes desde hace dos semanas demandan la urgente presencia del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva (PFP).El alcalde de Huejuquilla, Miguel Ángel Medina, aseguró que, “por la magnitud del problema y sus alcances, el caso quedó en manos de las autoridades federales y del Ejército”, instancias a las que se les pidió apoyo para acabar con la “campaña de miedo” que padecen pobladores y autoridades de la región.Dos meses antes, la madrugada del 14 de junio, Huejuquilla El Alto amaneció con la noticia de que fue secuestrado Antonio Castañeda Cruz, de 63 años y recién llegado de Estados Unidos. Un grupo de aproximadamente 20 hombres armados, que se identificaron como policías judiciales federales, lo sacaron de su domicilio, a un costado del centro histórico. Uno de sus hijos, Miguel Ángel Castañeda Carrillo, pidió a los extraños que se identificaran. En respuesta, una serie de detonaciones de armas de grueso calibre se impactaron en la chapa y en la puerta de su casa. Padre e hijo fueron arrastrados violentamente a uno de los cuatro vehículos de lujo que estaban afuera y se los llevaron con rumbo a Valparaíso, Zacatecas.Antonio Castillo, familiar de los secuestrados, siguió a los captores en su coche a una distancia prudente, pero los perdió de vista cuando entraron a Zacatecas.Miguel Ángel fue puesto en libertad horas después. Seis días más tarde, el 20 de junio, Antonio Castañeda Cruz fue liberado, supuestamente después de que su familia pagó un millón y medio de pesos. Se ha difundido que los responsables del plagio fueron Los Zetas. El secuestro atemorizó a la población y puso en alerta a la policía; sin embargo, la familia afectada no lo denunció ante el Ministerio Público. Antonio Castañeda Cruz murió al segundo día de su liberación, según fuentes policiacas por los golpes que recibió en su cautiverio.El diagnóstico de fuentes de inteligencia consultadas por Proceso Jalisco es que en los límites de Zacatecas, Durango, Jalisco y Aguascalientes se formó un corredor en el que hacen sentir su poder tanto Los Zetas como la gente de El Chapo Guzmán. Explican que, además de disputarse la zona, están reforzándose con exmilitares, expolicías y expresidiarios deportados de Estados Unidos y que buscan insertarse en un grupo de la delincuencia organizada.El comerciante Juan Figueroa, que vive en la zona limítrofe de Jalisco con Zacatecas, está convencido de que autoridades de todos los niveles de gobierno están coludidas con la delincuencia:“¿Cómo pues, se puede entender todo lo que pasa sin que nadie ponga orden? ¿Cómo puede usted entender que esos cabrones pongan sus propios retenes por el rumbo de Juchipila o Moyahua, en plena zona poblada, sin que nadie los detenga? “Lo que pasó en el famoso puente de El Remolino a inicios de agosto pone la carne de gallina a todos, porque se identifican como autoridad federal y ahí estaban robando a sus anchas y levantando gente con todo y carros. Hasta después se supo que se trataba de sujetos fuertemente armados que estaban tumbando camionetas de lujo y pertenencias a los paisanos. Aquí nunca se veía eso”.Asegura que varias personas de poblaciones cercanas ya se preparan para irse y que otras ya solicitaron permiso de la autoridad para portar armas. La ola de inseguridad afecta ya incluso las fiestas patronales en varios municipios, a las que llegan menos visitantes que de costumbre.En San Cristóbal de la Barranca e Ixtlahuacán del Río, en los límites de Zacatecas y Jalisco, los vecinos se advierten entre sí: “Cuídate que no te agarren los de la última letra del silabario porque te van a chingar”, comenta un carnicero al reportero, y ofrece ejemplos de vecinos que han recibido llamadas telefónicas para extorsionarlos.
Amenazas a funcionarios
El asesinato de siete policías estatales en Jerez, Zacatecas, el 28 de diciembre de 2007, una balacera registrada en mayo, en Fresnillo, un enfrentamiento de presuntos zetas con soldados donde murieron tres civiles, el mencionado secuestro en Huejuquilla El Alto, más la instalación de retenes por delincuentes armados que se hacen pasar como agentes de la AFI, mantienen a comunidades enteras a la expectativa.“¿Qué es lo que sigue?”, se pregunta un policía de Colotlán que pide no publicar su nombre.Relata que en este municipio se han visto desde hace varias semanas hombres de pelo corto con tatuajes en el cuello y parte de la cabeza (con apariencia de miembros de la Mara Salvatrucha, dicen los vecinos), quienes circulan en un Ford blanco de modelo atrasado y con placas de Zacatecas.“No se puede hacer nada contra esas personas por parte de la policía porque no se tiene ningún tipo de reporte de actos ilícitos”, dice el agente entrevistado.El síndico del ayuntamiento, Alejandro Gordiano, asegura que incluso las autoridades de la comunidad han sido amenazadas, por lo que hace dos meses se tuvo que reforzar la vigilancia en torno del presidente municipal, Enrique Álvarez. Sin embargo, admite que esto no se le informa a la población para no alarmarla.Lo mismo les ha sucedido a las autoridades de Colotlán, Mezquitic, Huejuquilla y Bolaños. El temor es tal que muchas veces los policías rurales de la Secretaría de Seguridad son reticentes a internarse en la sierra para cumplir sus labores.Samuel Salvador, uno de los regidores del ayuntamiento de Mezquitic e indígena huichol, asegura que desde hace varios meses algunas comunidades están inquietas, si bien corporaciones policiacas federales y el Ejército han realizado algunos operativos después de la muerte de los siete policías en Jerez, Zacatecas. La misma situación describen las respectivas autoridades de municipios zacatecanos como Tlaltenango, Tepechitlán, Juchipila, Apozol, Fresnillo, Jalpa y Jerez.Durante la reciente temporada vacacional, en este último municipio se redujo en más de 30% la llegada de paisanos desde Estados Unidos, a causa de la crisis económica del país vecino pero también por la percepción de inseguridad que impera en la zona.Y a pesar de los grandes riesgos que existen en toda la franja limítrofe de Jalisco y Zacatecas, en Jerez encabeza la policía municipal Jorge Muñetón, un joven de 24 años, estudiante de una maestría del Tec de Monterrey, que no tiene el reconocimiento de director y al que los propios policías no quieren en el puesto. Es el tercer responsable de la seguridad que se nombra en menos de 10 meses.Desde mayo de 2007 se observa una severa crisis en el manejo de la seguridad pública del ayuntamiento de Chimaltitán, lo que ha dado como resultado la renuncia de casi todos los policías del municipio.Los gendarmes se quejan de las malas condiciones en que trabajan, como la gran desventaja adicional que implica el incremento de bandas del crimen organizado.Como ejemplo, cuentan que el año pasado solamente patrullaban en una camioneta, que en realidad les prestaba un particular, y que sus armas son obsoletas y hasta peligrosas en una confrontación. Por eso, entre otras causas, en la región prevalece una especie de toque de queda que nadie impuso, pero que cientos de pobladores cumplen para reducir las posibilidades de caer en manos de grupos de criminales. La “campaña de miedo” también se siente en las poblaciones zacatecanas de Jerez, Monte Escobedo, Tlaltenango, Fresnillo, Momax, Moyahua y Apozol, donde se han registrado amenazas de secuestro contra comerciantes, ganaderos, empresarios e incluso autoridades, tanto estatales como municipales. l