El Justo Reclamo

El franquismo bajo investigación

Baltasar Garzón

alejandro gutiérrez

MADRID, 2 septiembre (apro).- El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, inició hoy la primera diligencia para allegarse de información del gobierno español, de la Conferencia Episcopal, de ayuntamientos y de la Universidad de Granada y conformar así un censo sobre los fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil española y la dictadura de Francisco Franco, informaron hoy los principales periódicos de España.La diligencia –confirmada por Apro en la Audiencia Nacional--, pretende recabar la información necesaria para determinar si es competente investigar las denuncias que le fueron presentadas por 13 asociaciones para la recuperación de la “memoria histórica” en comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Aragón y la localidad gallega de Ponteareas, así como el Sindicato CNT y particulares.En las denuncias se exige esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicado a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.Esta es la más importante iniciativa que una autoridad toma en España desde la entrada en vigor de la nueva Ley de la Memoria Histórica, que fue aprobada por las Cortes (el Parlamento español) en diciembre pasado, encaminada a la reparación de daños de las familias de las víctimas del franquismo.Aprobada el pasado 31 de diciembre, dicha ley dispone que las administraciones públicas están obligadas a proporcionar mapas, así como toda la información y recursos disponibles a las asociaciones de la “memoria histórica”, y a las familias de las víctimas, para la mejor búsqueda de las personas desaparecidas, fusiladas y enterradas en los caminos e inmediaciones de sus territorios.Desde entonces, la acción del juez Garzón es la iniciativa legal de mayor relevancia en este sentido, la recuperación de los restos de los españoles desaparecidos, fusilados y enterrados en las carreteras o en las inmediaciones de muchas poblaciones de España, en los años aciagos de la dictadura.La decisión de Garzón ha provocado airadas reacciones, algunas en contra, como la del Partido Popular (PP), así como las de algunos jueces y, en particular, del periódico El Mundo, cuyo editorial principal tituló “Truculenta Garzonada”, que llevó hoy, a primera hora, a reaccionar a los jueces de la Audiencia Nacional en apoyo de Garzón, debido a que las expresiones de ese diario “ponen en entredicho” la integridad profesional del juez.Con esta diligencia, que movilizaría la estructura de administraciones públicas, la Iglesia Católica –acusada de apoyar a la dictadura durante el franquismo-- y una universidad, podría arrojar miles de nombres de personas desaparecidas.A partir de recabar la información, Garzón tomará la determinación de si acepta o no la denuncia de las 13 asociaciones. En tanto, la fiscalía pidió al juez que archive la causa.Los principales medios de comunicación españoles señalan que el juez quiere saber el número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, jornada previa al denominado día del “alzamiento nacional”, como llaman los ganadores de la guerra, las identidades y las circunstancias de su fallecimiento.Se pide se identifique en la medida de lo posible y si han existido denuncias por las desapariciones.El juez también ha convocado a participar en el recuento de victimas de la represión al Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, que debe informar si tiene a su disposición los ficheros del Tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo.El periódico El País señaló que Garzón también pidió a la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, si existe algún tipo de documentación relacionada con desaparecidos y comunique a todos los registros civiles de España que deberán permitir el acceso a la policía judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas desde el golpe de Estado franquista.A la Conferencia Episcopal le pide que comunique a todas y cada una de las parroquias de España que permitan la entrada a los agentes para su investigación, dice el matutino. En este caso, también se dirige a la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, el monumental mausoleo donde Franco se hizo enterrar y donde dispuso también el entierro de un gran número de republicanos; es decir, el bando enemigo.Los ayuntamientos que se verán involucrados en las pesquisas de Garzón son los de Granada, Sevilla, Córdoba y Madrid, así como el rectorado de la Universidad de Granada, que conserva un gran archivo sobre la época.El País sostiene que el hispanista Paul Preston calculó en 180 mil los muertos en la retaguardia franquista y en los años de la dictadura. Y el historiador Santos Juliá, con base en estudios en 36 provincias, calculó en 90 mil los muertos.El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, dijo hoy que no era “partidario de abrir las heridas del pasado”, y consideró que “no conduce a nada lo haga quien lo haga”.El eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja calificó lo dicho por Rajoy como un “disparate”, mientras que Juan Pablo González, vocal del Consejo General del Poder Judicial, opinó que las “investigaciones históricas” no estaban dentro de las competencias del juez Baltasar Garzón.Sin embargo, la Junta de Jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional defendió “la integridad profesional” de su compañero, el juez Garzón, luego de las críticas del periódico El Mundo, cuyo director, Pedro J. Ramírez, ratificó sus severas críticas sobre el juez.