Promoción personal
Con el pretexto de que ahora existe un nuevo formato para rendir el informe de gobierno, y al amparo de una disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) cuya constitucionalidad es cuestionable, el presidente Felipe Calderón invade las pantallas televisivas durante dos semanas para promocionar su imagen y sus acciones de gobierno.Tras la reforma constitucional de 2007, que prohíbe en el artículo 134 la promoción personalizada de cualquier servidor público, los legisladores suavizaron la disposición en una modificación al Cofipe que concede a los funcionarios públicos 13 días anuales para difundir su imagen en relación con su “informe anual de labores o gestión”.La norma constitucional señala contundente: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.Inclusive precisa en su último párrafo que “las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.A su vez, el párrafo 5 del Cofipe, en lugar de garantizar el estricto cumplimiento de la prohibición de hacer propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, señala: “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del período de campaña electoral.”El Cofipe modifica una disposición constitucional al decidir que los promocionales difundidos con motivo de un informe de gobierno –eufemísticamente llamados mensajes– no son propaganda. Ninguno de los actores facultados para cuestionar la constitucionalidad de la norma –es decir, cualquiera de los partidos políticos que votaron en contra de la reforma electoral–, lo hizo, y, en consecuencia, hoy la norma está vigente y los gobernantes aprovechan sus 13 días de fama pública para saturar el espectro radioeléctrico.Además de aprovechar esta cuestionable norma reglamentaria, el presidente Calderón confunde dos conceptos fundamentales de la democracia: rendición de cuentas y estado de derecho. En el primer caso, él utiliza como sinónimos informar y rendir cuentas; en el segundo, limita el estado de derecho al combate a la delincuencia.En el primer promocional de nueve minutos, difundido el lunes 25 de agosto, Calderón señala textualmente: “En México están ocurriendo muchos cambios; uno de ellos consiste en que el Congreso de la Unión aprobó un nuevo formato para el informe de gobierno, el cual será entregado únicamente por escrito, y ahora rendiré cuentas a los ciudadanos de manera diferente. Es por ello que ahora te hablaré, en los próximos días, sobre los temas más importantes en la vida del país. Mi propósito es informarte sobre la situación y el rumbo de México y también sobre lo que estamos haciendo para que tú y tu familia puedan vivir mejor”.Al margen de que la promoción de las acciones de gobierno –eso son en realidad los “mensajes diarios”– se da en forma de información sesgada e incompleta, cabe subrayar que la información es simplemente el primer elemento indispensable de la rendición de cuentas. Para convertirse en rendición de cuentas es preciso que, por lo menos, el presidente también justifique sus decisiones y acciones, es decir, explique las razones que lo llevaron a actuar o a decidir de una determinada manera, cuáles eran las alternativas disponibles y por qué considero que su opción era mejor que las otras.Del mismo modo, la rendición de cuentas no abarca únicamente la obligación de los servidores públicos de informar y justificar sus actos, sino también el derecho de los ciudadanos de solicitar la ampliación de la información y cuestionar las decisiones, con la posibilidad de sancionar a políticos y funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades.Así, aun concediendo que el presidente está informando a los mexicanos, faltaría que justificara sus actos, que respondiera las demandas de los ciudadanos y que fuera susceptible de ser sancionado por sus errores u omisiones.En el promocional transmitido el miércoles 27, identificado por la Presidencia como “Estado de derecho”, Calderón dedica seis minutos a hablar de las reformas legislativas para combatir la delincuencia organizada y mejorar la procuración e impartición de la justicia, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y de las acciones de su gobierno en la lucha contra la delincuencia, para concluir: “Al consolidar el estado de derecho estamos contribuyendo a dejarle a nuestros hijos un México más ordenado y seguro en donde todos podamos vivir mejor”.Confunde, pues, la vigencia plena del estado de derecho con el combate a la delincuencia organizada. Y aunque éste sin duda es parte de aquélla, olvida que la esencia del mantenimiento de un estado de derecho es controlar y limitar el ejercicio del poder público y tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos.Para confirmar el carácter promocional de sus mensajes, Calderón introduce –al menos en los cuatro mensajes difundidos hasta el jueves 28– el término vivir mejor, que es el programa estandarte del sexenio. De modo que una vez concluido el rito presidencialista que se realizaba en el Congreso de la Unión, ahora el 1º de septiembre se aprovecha para promocionar la imagen y el discurso presidenciales en los medios de comunicación, particularmente en la radio y la televisión. l
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