La crisis del modelo neoliberal castiga, una vez más, al pueblo

Francisco Herreros
El Siglo

La desaceleración de la economía chilena, que se manifiesta principalmente en un crecimiento persistentemente por debajo de las necesidades del modelo, de 3,8% del PIB en el primer semestre; una inflación tan inesperada como incontrolada y una reducción en la rentabilidad de las principales empresas favorecidas por la actual estrategia de desarrollo, configura un cuadro de crisis que hizo regresar a las vacas flacas menos de dos años después de que supuestamente le habían cedido la plaza a sus congéneres gordas, lo cual de paso confirma la predicción de ciertas corrientes de la economía política, en el sentido de que los ciclos de la economía capitalista tienden a ser cada vez más cortos, con un techo cada vez más bajo.

Sin embargo, la chilena nos es cualquier crisis, sino una de cuño específicamente neoliberal. Durante treinta años se ha estado castigando el ingreso de los chilenos, mediante lo que eufemísticamente se denomina “ajuste estructural”, con el objetivo declarado de controlar la inflación. Y una vez que este flagelo vuelve a sentar sus reales, aparentemente para quedarse durante un buen tiempo, los “genios” que administran el actual modelo, no encuentran otro recurso que darle una nueva vuelta de tuerca al ajuste estructural, que consiste, como se sabe, en endosarle el costo de los desequilibrios de la economía a los que viven de su trabajo, a los pensionados y a los consumidores, en definitiva, a las mayorías; lo cual ocultan con tímidas medidas reactivadoras -irrisorias, transitorias y de parche- que el marketing oficial de manera invariable adjudica a la intención de “mejorar el bolsillo de la gente”, las mismas que aún antes de recibir sanción parlamentaria, parten anuladas por otro tipo de medidas, para intentar corregir otro tipo de problemas, que inevitablemente generan presiones inflacionarias.

Pero además, es una crisis de doble velocidad.

Por arriba, por el lado de la gran empresa, se traduce en un retroceso en las utilidades, pero utilidades al fin (ver nota adjunta), que como se verá, se niega a compartir hasta en lo elemental.

Por abajo, la crisis se manifiesta en el incremento del desempleo, que volvió a superar la barrera de los 8 puntos porcentuales, a pesar del aumento del número de personas que declara que ya ni siquiera sale a buscar trabajo, pero principalmente con la desesperanzada angustia de los chilenos de a pie por el veloz y sostenido deterioro de su calidad de vida y capacidad de consumo, sin ninguna compensación que no sean bonos de nivel casi ridículo y la eterna promesa de que el “mercado” se encargará de ajustar los salarios a la inflación, lo cual ocurrirá el día en que a las ranas les salga pelo.

En resumen, no sólo regresaron las vacas flacas, sino que está mal pelado el chancho. Sea de coyuntura o de tendencia, lo cierto es que la actual crisis económica no hace sino corroborar el estancamiento relativo del modelo, preludio de su colapso. Pero como demuestra sobradamente la historia, eso no caerá de maduro ni vendrá de modo espontáneo, sin el concurso de una rebelión en la granja, porque como también es sabido, nadie le regala nada a un pueblo que no lucha, sin perjuicio de que el que no llora no mama.

Fintas y amagos

Con una finta contra la sombra, como para demostrar algún tipo de reacción ante la depresión de las expectativas originada por la progresión de la crisis, el opaco Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, anunció el enésimo plan fiscal de mil millones de dólares, cuando aún no terminan de implementarse los anteriores; en sus palabras, “un paquete que nos ayuda en la inflación, en el crecimiento, a las pymes, y al bolsillo de la gente".

Básicamente, comprende cinco iniciativas, cuatro de orden tributario y una de fomento. Entre las primeras, una rebaja del impuesto específico a los combustibles; la eliminación del gravamen a determinadas transacciones bancarias; la ampliación del número de pymes beneficiarias de ciertas rebajas impositivas, y un crédito tributario por invertir en calefacción por energía solar. La quinta iniciativa, que no necesita ley, es un fondo de fomento para nuevas energías, por un monto de 400 millones de dólares.
El impuesto a los combustibles baja de 4,5 a 3,5 UTM, que de aplicarse en octubre, una vez aprobado en el parlamento, se traduciría en una baja de alrededor de 36 pesos por litro, tendría una incidencia de 0,25 punto porcentual en el IPC de octubre y un costo fiscal, por menor recaudación tributaria, de unos 220 millones de dólares. Obviamente, la medida no garantiza que una nueva alza en el precio de los combustibles, sea por especulación externa o apreciación del dólar en el orden interno, anule los efectos antiinflacionarios de la rebaja al impuesto específico, como ya ocurrió con la anterior, de 6 a 4,5 UTM, anunciada en marzo pasado. A modo de ejemplo, si se aplicase hoy, el precio de 711 pesos por litro para la gasolina de 95 octanos, debería caer a 675, en circunstancias de que ya se anuncia un alza promedio de 7 pesos a partir de esta semana.
La segunda medida es casi un chiste. Consiste en que a partir del próximo año se elimina el impuesto a las transferencias electrónicas, cheques, giros desde cajeros y traspasos de fondos desde cuenta corriente Menos que una ayuda efectiva “al bolsillo de la gente”, el sentido de la medida parece apuntar hacia el objetivo de “bancarizar” a los chilenos que todavía no han caído en los sinuosos tentáculos de los bancos e instituciones financieras.

La tercera medida amplió el número de empresas que pueden acogerse a los regímenes de tributación contemplados en los artículos 14 bis y 14 ter de la Ley de la Renta, según los cuales los contribuyentes pueden pagar sólo al retirar utilidades o acogerse a un sistema simplificado de determinación de los impuestos. El límite para hacer uso de estos regímenes se aumenta de tres mil a cinco mil UTM, lo que supone incorporar a unas 26 mil pequeñas y medianas empresas. Una medida que satisface tímidamente la insistente presión derechista en dirección a la baja impositiva, pero irrisoria para efectos de reactivación.

La cuarta medida apunta a otorgar franquicias tributarias equivalentes al total del costo de instalación de colectores solares en viviendas de hasta dos mil unidades de fomento y un subsidio tributario menor para viviendas de hasta 4.500 UF. Interesante como señal en dirección a promover energías sustitutivas, pero del todo irrelevante para efectos de reactivación; lo mismo que puede decirse de la quinta medida, consistente en la creación de un fondo de cuatrocientos millones de dólares para fomentar Energías Renovables No Convencionales, como proyectos hídricos de bajo impacto ambiental, en energía eólica, geotermia, biomasa, mareas y energía solar.

Sin embargo, la principal medida anunciada sotto voce por Velasco en la misma oportunidad, pasó casi de contrabando. Se trata de la reducción del gasto fiscal desde el 8,9% en el presupuesto de 2008, hasta un techo del 6,8% en el presupuesto de 2009; lo cual sumado a la secuencia de alzas en la tasa de interés referencial dispuesta por el Banco Central, que ya se empina a un 7,75% -medidas ambas que apuntan al control de la inflación mediante el “enfriamiento” de la economía- y desde luego, la ausencia de políticas de compensación salarial frente a la ola de alzas en el costo de la vida medido por el IPC, configuran, una vez más, la decisión de los administradores del modelo neoliberal de endosarle el costo de la crisis -y de sus continuos desaciertos- a las mayorías nacionales, por la vía del ajuste estructural.

Medidas contradictorias

Sucede que en un complejo escenario de crisis como el actual, donde coexisten inflación, crecimiento estancado y demanda agregada deprimida, la autoridad económica debe tomar opciones. Puede, por ejemplo, subsidiar la oferta, es decir, apoyar a la empresa en la idea de que su actividad “chorrea” hacia abajo y sustenta el ciclo económico, visión típicamente neoliberal; o estimular la demanda, o sea, poner plata en el bolsillo de la gente para que su consumo asuma el papel de motor de la reactivación económica, medida de clásico corte keynesiano.

El problema es que el Gobierno no hace ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, vale decir, se inclina por la variable monetarista del control de la inflación. Anuncia estos “paquetes” de medidas tributarias que aparte de su efecto marginal, en rigor ni siquiera alcanzan para neutralizar otras medidas, que apuntan en la dirección opuesta, tomadas para resolver problemas distintos. Es, por ejemplo, el caso del dólar. Presionado por el sector exportador, el Gobierno salió a defender el precio del dólar mediante la compra por el Banco Central, de un promedio de 50 millones de dólares diarios.

Por ese lado, logró aumentar su precio desde los 470 hasta los 520 pesos, en promedio. El problema es que el aumento en el precio del dólar tiene simétrico correlato en el alza del precio de los combustibles y de los bienes de primera necesidad de origen importado, muchos de los cuales son alimentos, lo cual a su turno se traduce en nuevas presiones inflacionarias.

Algo parecido sucede con las tasas de interés. Mientras el Banco Central de Chile apuesta a enfriar la economía para contener la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos y la autoridad monetaria de la Eurozona, en procura de reactivar la actividad económica, hacen exactamente lo opuesto, es decir, bajan las tasas, o si se prefiere, el costo del dinero. El efecto neto es un diferencial que atrae la inversión especulativa, lo cual genera un exceso de liquidez, cuestión que a su turno también se traduce en presiones inflacionarias. El alto precio del cobre es el factor que por un lado revirtió el ciclo a la baja inaugurado por la crisis asiática, pero simultáneamente el que ha depreciado el valor de la divisa, forzando la intervención del Banco Central.

Enfriar la economía por la vía de encarecer el costo del dinero y reducir el gasto fiscal tiene un simétrico correlato en el aumento de los quebrantos de la pequeña y mediana empresa y por ende, de la desocupación. Ajustar la economía por la reducción salarial profundiza la depresión de la demanda agregada, en la misma medida en que espolea el descontento social.

En suma, si me lo quitan me matan, si me lo dejan, me muero.

Flagelo de doble velocidad

Velasco, que algo conoce de macroeconomía, sabe perfectamente que casi por definición, las medidas contracíclicas se inscriben en el polo del estímulo a la demanda. Pero también sabe sin lugar a dudas lo que significa en Chile ir a contramarcha del abrumador pensamiento único dominante, y en consecuencia, a la hora de la opción, se inclina dócilmente por la visión monetarista y el ajuste estructural.

Una cosa es enfriar la economía por la vía de contraer el gasto público y subir las tasas de interés, pero otra muy distinta es dejar expuestos e indefensos los ingresos de la gente frente al azote de las alzas, el cual no debería existir, si se cumplieran las promesas del discurso neoliberal.

Pero es, además, un azote de doble velocidad.

Los “expertos” pronostican un alza de 1,2% en el IPC de agosto, lo cual significaría un acumulado de 6,7% en 2008 y un 11% en los últimos doce meses. Cuando esos mismos “expertos” le dejan al “mercado” la tarea de acercar los salarios a la inflación, saben que están invocando una falsedad.

Las únicas categorías de asalariados que en la actual división del trabajo tienen ciertos mecanismos de indexación salarial a la inflación, son los adscritos al sueldo mínimo y los que tienen acceso a la negociación colectiva.

Como se recordará, el Gobierno y la CUT llegaron a un acuerdo que subió nominalmente el sueldo mínimo de los aproximadamente 750 mil trabajadores que lo perciben, en un 9,8%, esto es, de 144 a 159 mil pesos. La inflación de los últimos doce meses ya sobrepasó ese aumento, lo que en términos reales significa que el ingreso de esos trabajadores se deteriorará sostenidamente en la misma medida en que aumente la inflación, hasta junio del año entrante, cuando nuevamente se repita el rito negociador. Aún más, una de las limitadas y laboriosas conquistas sociales de todo el período de la concertación es la noción de salario base, que en teoría no podría ser menor al ingreso mínimo, y que busca regular los subterfugios del capital para pagar sueldos por debajo de dicho ingreso. Sin embargo, por la vía de la impugnación por secretaría, exigiendo “aclaraciones” de la Dirección del Trabajo sobre la noción de “semana corrida”, el sector de la gran empresa regatea miserablemente dicho levísimo avance, prueba de la inutilidad de la esperanza de que el capital comparta beneficios.

Según cifras de la Dirección del Trabajo, el año 2007, el último con cifras disponibles, sólo 232 mil 667 trabajadores accedieron a algún tipo de negociación colectiva, equivalentes al 6,1% de la fuerza de trabajo.

De la suma de ambas categorías se desprende que alrededor del 80% de la fuerza laboral carece de algún tipo de indexación salarial, al menos de una con fuerza legal, lo cual significa que su ingreso se reduce en relación inversamente proporcional al alza de la inflación. Pero eso no es todo. Conforme a las características de una sociedad neoliberal, el flagelo de la inflación también tiene una doble velocidad. Mientras más bajo sea el salario, y por consiguiente mayor proporción dedique a la adquisición de productos de primera necesidad, mayor es el impacto de la inflación. De hecho, para los dos primeros quintiles de ingreso, en estos momentos la inflación ya supera fácilmente el 11%.

A modo de ejemplo, el alza en doce meses del grupo Vivienda alcanzó el 13%, el alza del gas de cañería subió en 45% desde enero, mientras que la electricidad ha subido en un 40% en los últimos doce meses.
Para sectores de ingresos medios, el flagelo adquiere la angustiosa fisonomía de deudas de mediano y largo plazo, principalmente hipotecarias o para educación de los hijos, que se van creciendo en relación inversa al deterioro del ingreso. Por lo demás, no tiene justificación ética, política ni técnica que las deudas de las personas estén indexadas a la inflación, es decir, se incrementan simétricamente con ella; y no así los ingresos y salarios, especialmente los de los sectores más vulnerables y desprotegidos, los cuales se deprecian al unísono con, y en la misma medida de, la inflación.

Un indicador comparativo que ayuda a ilustrar la iniquidad del modelo, construido sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, muestra que mientras la inflación a julio de 2008 suma 5,5%, el crecimiento de las remuneraciones medias nominales sólo llega a 3,3%. La diferencia es pérdida neta de capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores.

Conciencia y organización

La crisis, que el Ministro Velasco tanto se empeña en ocultar, tiene otros efectos por el lado del trabajo. Por de pronto, con un aumento del desempleo, que se situó en un 8,4% en el trimestre móvil abril-junio, a pesar de que la fuerza laboral disminuyó en 1,8%, lo cual significa que 102 mil personas más que en el trimestre anterior, ni siquiera salieron a buscar trabajo.

En lo que va corrido del año, se han registrado 67 quiebras de empresas, algunas muy significativas, con un total de 2.227 trabajadores afectados, número mayor que la suma de los dos años anteriores.

El problema es que nada indica que las cosas vayan a mejorar, sino todo lo contrario, pues los efectos de las crisis internacional todavía no han llegado a plenitud. De cumplirse los pronósticos del último informe de Latin American Consensus, sólo tres países de la región, Ecuador, México y Costa Rica, crecerían menos que Chile, que lo haría en 3,9%.

En dicho contexto, contraer aún más la economía es una irresponsabilidad social. Pero no es fatal que las mayorías deban aceptarlo pasivamente.

Si desde hace treinta años se viene predicando austeridad para allanarle el camino a las vacas gordas, la crisis actual está demostrado que el modelo de economía abierta, fundado en las ventajas comparativas, fue la peor de de las estrategias de desarrollo que se podía escoger. Y como muestra el comportamiento del contumaz Ministro Velasco, para los administradores del modelo no hay otra solución que no sea el ajuste estructural.

Más que medidas coyunturales, lo que hace falta es una cirugía mayor, es decir, un cambio de modelo de desarrollo. Y eso sólo lo puede lograr una coalición política que represente los intereses de las mayorías. Para eso no bastan conductas testimoniales. Los trabajadores deben afiliarse a sus sindicatos. Y si no hay, tienen que crearlos. Una vez creados, tienen que luchar por ampliar el derecho a negociación colectiva, exigiendo una legítima participación en las utilidades que su trabajo genera. Para los trabajadores del subcontrato u otras formas de trabajo precario, es útil la herramienta del sindicato de eventuales. Si eso no es posible, incorporarse a organizaciones sociales temáticas o reivindicativas. En todos los casos, estudiar, asesorarse conocer sus derechos. Asimismo, es imprescindible sino incorporarse, al menos votar por partidos o coaliciones políticas de línea principal, que en su programa tengan explícitamente incorporado en su plataforma de lucha, el reemplazo de este modelo económico y político por uno democrático, popular y participativo. Cuando las vacas nunca engordan, y allí donde está mal pelado el chancho, la solución histórica ha acostumbrado ser una rebelión en la granja.