Un posible genocidio de más de 135.000 víctimas

El régimen de terror impuesto por la dictadura franquista silenció el horror vivido desde sus inicios

Diego Barcala
Público

El golpe del 18 de julio desató un plan de exterminio nada más triunfar. Mola y Queipo de Llano, los generales sublevados, ordenaron aniquilar al adversario y cortar el problema de raíz.

El régimen de terror impuesto por la dictadura franquista silenció el horror vivido por cientos de miles de familias desde el mismo 18 de julio de 1936. Ese sábado de verano, media España cayó en manos de una sublevación militar. La sangría de los primeros momentos fue feroz. Todo había sido diseñado para alcanzar un éxito rápido y definitivo. Para cortar el mal de raíz. La guerra acabó alargándose tres años, pero la huida hacia adelante de los fascistas durante los tres primeros meses llegó a eliminar a más de cien mil personas, según los datos de una decena de investigadores de la represión.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, estudia ahora la manera de considerar si ese fenómeno constituye un crimen de lesa humanidad. La cifra global de víctimas que consta en los informes del juez es de 136.000. Para los historiadores que han investigado en profundidad cada provincia, no hay duda. "Ya basta de teorías del laberinto español, de odios familiares, rencillas personales... España fue campo de batalla del fascismo europeo con un exterminio en toda regla". Es la opinión de Francisco Moreno, historiador que ha peinado la provincia de Córdoba, donde ha censado 11.581 personas muertas a manos de los sublevados.

Matanzas sistemáticas

Moreno y otros estudiosos de la represión franquista en Andalucía, como Francisco Espinosa, no se basan sólo en los miles de cuerpos localizados en fosas comunes. También aportan pruebas de los responsables de esas matanzas sistemáticas. "¡Esto se acaba! Lo que más durará son diez días. Para esta fecha, es preciso que hayas acabado con todos los pistoleros y comunistas", le espetó en un mensaje el general Queipo de Llano al general al mando de los sublevados en Cádiz, José López Pinto, el 4 de agosto de 1936.

Los historiadores han revuelto en los últimos 30 años registros civiles, archivos militares, censos penitenciarios, libros parroquiales... Miles de documentos estratégicamente ocultados o eliminados -como los archivos de Falange Española- por un régimen que trató de ocultar una masacre a la opinión pública internacional. Ahora, gracias en parte a una tercera generación que no ha crecido con el miedo, esos documentos se encuentran en decenas de asociaciones de represaliados desperdigadas e inconexas. La unificación de esa información es una de las tareas que acaba de emprender Garzón.

Desde el 1 de abril de 1939, en España sólo había una matanza oficial como consecuencia del enfrentamiento: Paracuellos del Jarama. El régimen exhumó y devolvió a sus familias los cuerpos de miles de fusilados por los republicanos. Excepto en el caso de Paracuellos del Jarama, donde mantuvo la fosa para apuntalar la versión del terror unilateral rojo.

Estrategia de eliminación

Más de siete décadas después, el juez Garzón tiene en sus manos documentos que prueban que el plan de los sublevados obedeció a una estrategia sistemática de eliminación del adversario. El general golpista Emilio Mola ordenó el 25 de mayo de 1936 en su instrucción reservada nº1: "Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas".

La virulencia del general Mola -que dirigió a los soldados del bando nacional por la zona norte- explica que en autonomías como Castilla y León, Navarra, La Rioja o Galicia, donde el frente de guerra quedó lejos, se haya encontrado en sus cunetas decenas de miles de cuerpos enterrados. Solamente en el caso de Burgos el número de fusilados censados ha crecido en más de 1.000 personas en una década. Ya hay 2.500 cadáveres que han pasado a ser cuerpos con nombres, apellidos y familiares que pueden honrarles.

La cámara de gas fue el frío de la cárcel de Burgos

El 28 de julio de 1936, apenas diez días después de ponerse en marcha el golpe de Estado, el general Francisco Franco aceptó ser entrevistado por el Chicago Daily Tribune. El periodista Jay Allen transcribió la conversación que mantuvo con el jefe de los sublevados de la siguiente manera:

-Allen: ¿No hay posibilidad de tregua, ni de compromiso? -Franco: No. No. Decididamente, no. Nosotros luchamos por España. Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio. -Tendrá que matar a media España-, dije. Entonces, giró la cabeza, sonrió y mirándome firmemente dijo: -He dicho que al precio que sea...

El plan para acabar con cualquier foco de desafección fue seguido con precisión en la zona noroeste de España. En apenas tres meses, llegaron a morir en Castilla y León cerca de 14.500 personas. De hecho, fueron aniquiladas corporaciones municipales enteras, como la de Aranda de Duero. La escasa o nula resistencia al golpe provocó un exterminio rápido, pero los años de la guerra y, sobre todo, los de la posguerra fueron terribles.

"La cámara de gas era el frío de la cárcel de Burgos", explica el historiador Francisco Moreno.

Los hijos de los fusilados, ahora ancianos, reunidos en Aranda hace apenas un mes para celebrar un homenaje a los republicanos, mostraban su estupefacción por los miles de muertos que se registraron en sus tierras, donde ellos no recordaban que estuviera nunca el frente de guerra. "Además, no se mató a ninguno de los suyos", recordaba un represaliado.

El investigador Luis Castro advierte de que, efectivamente, el frente quedó lejos, pero Asturias estaba muy cerca. Muchos jóvenes republicanos se fueron a defender al Gobierno en esa región. Cuando ellos se marcharon, sus parientes de León, La Rioja o Zamora tuvieron que soportar la presión de los falangistas, que les interrogaban para saber su paradero. Muchos familiares pagaron con la muerte sus esfuerzos por proteger a los suyos. "Un 2% de las víctimas fueron mujeres", explica Castro.

Las tácticas coloniales que barrieron el sur

El historiador Francisco Espinosa, autor de los informes más fiables de la represión franquista en Sevilla, Huelva y Badajoz, está seguro de que si se cruzaran los nombres de los fusilados con los que meses atrás habían impulsado la reforma agraria, se explicarían miles de muertes indiscriminadas. La economía, otra vez, como motor de los movimientos sociales de la historia.

Francisco Moreno, responsable de varios de los mejores estudios sobre Córdoba, añade otra explicación, de corte menos marxista, de la sangrienta represión en el sur. "La desgracia fue estar más cerca de África". En su opinión, el elevado número de desaparecidos en Andalucía se debe, en gran parte, a las agresivas tácticas del ejército colonial que aplicaron los sublevados en las colonias africanas. "Es simple: en el norte fue mejor porque la represión fue ejercida por castellanos, como llamo yo a los españoles", aclara. El número de fallecidos a causa de la guerra en toda la comunidad autónoma asciende a más de 50.000 personas. Y, como ocurre en el resto de España, estos datos sólo pueden crecer. Fosas gigantes con centenares de represaliados bajo tierra, como la de Órgiva en Granada, permanecen sin investigar.

Las consultas en los archivos militares han destapado claves de cómo fue el verano del 36 en las capitales de provincia. Los cementerios se convirtieron en paredones. Una orden del Gobierno Civil de la provincia de Huelva, fechada el 6 de mayo de 1937, exige al alcalde del municipio lo siguiente: "Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que desaparezcan de las paredes de todos los edificios (...) las huellas de los impactos de bala y, especialmente, los que haya en el cementerio". La explicación que sigue para justificar la orden no es menos fría: "Por el pésimo efecto que produce a los viajeros a su paso por los pueblos y a cuantas personas lo observan".

Las únicas provincias que reflejan un número menor de muertos a consecuencia de la represión franquista son Jaén y Almería, ambas en poder republicano hasta prácticamente el final de la Guerra Civil. Hasta el 1 de abril de 1939.