aprendiendo con el enemigo
NUEVA VERSION DE LA DECADENCIA
FECALDaniel Lizarraga
El 1 de septiembre, Felipe Calderón formalizó la culminación de una ceremonia que durante decenios fue parte importante de la liturgia republicana. En esa fecha, el presidente en turno rendía su informe a la nación en el Congreso y recibía el homenaje de las "fuerzas vivas". Pero ya encarrerado en el cambio, Calderón trató de aprovechar el nuevo formato mediático del informe para dirimir sus desacuerdos con los gobernadores, la oposición e incluso con los propios medios de comunicación, sobre todo en el tema que le preocupa: la desbordante inseguridad pública.
En 20 meses de gobierno, el presidente Felipe Calderón guardaba silencio ante la impunidad reinante en numerosas entidades federativas. "En este momento no se trata de pelearse con todos", confiaba a los miembros de su equipo. Para él, las reformas estructurales eran lo prioritario.
Sin embargo, la presión social generada por la inseguridad en el país, y más recientemente por la marcha Iluminemos a México, efectuada el pasado 30 de agosto, reventó los límites que Calderón se había impuesto.
Y se desbordó. En las 12 entrevistas que concedió a estaciones de radio y canales de televisión con motivo de su segundo informe de gobierno, mostró por primera vez su inconformidad con lo que llamó "falta de compromiso" de algunos gobernadores para frenar a la delincuencia organizada, en especial a las bandas de secuestradores.
A Jorge Fernández Menéndez, conductor vespertino de Imagen informativa y Cadena tres, le dijo:
"Me queda claro que el compromiso tiene que ser parejo y puedo decir que de parte del gobierno federal hay compromiso absoluto, que estamos asumiendo los riesgos y tomando las decisiones que debemos tomar, y que si queremos ser exitosos, necesitamos tener el mismo grado de compromiso de los gobiernos estatales y municipales.
"No lo hemos logrado. No quiero señalar individualmente, creo que es un fenómeno general. El acuerdo y la presión social de la ciudadanía, si algún resultado positivo deben generar es, precisamente, el obligarnos a todos, porque todos a final de cuentas somos responsables del problema y también de la solución."
La marcha ciudadana del 30 de agosto cambió de súbito la estrategia para difundir el segundo informe de gobierno. Miembros de su staff consideraron inconveniente que Calderón pronunciara un discurso que podía interpretarse como triunfalista. Tampoco consideraron viable realizar la comida con gobernadores. El mismo 30, por la noche, cancelaron sin explicación ambos eventos, programados en Palacio Nacional.
Informes internos de la Presidencia previeron que si el enviado de Calderón a la Cámara de Diputados para entregar el informe, el secretario de Gobernación, se apersonaba en el Salón de Plenos, la parte dura de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trataría de increparlo para llamar la atención de los medios de comunicación.
Como eso tampoco era conveniente para la estrategia de difusión, se propuso una entrega rápida y discreta del documento. Y así fue: Juan Camilo Mouriño demoró cinco minutos en entregar el informe en el Salón de Protocolo de San Lázaro, antes de que se iniciara la sesión. Cuando el reloj del Salón de Plenos marcaba las 11:15, el secretario ya iba de regreso a su oficina.
Luego se inició el carrusel de entrevistas radiofónicas y televisivas con Calderón.
Descentralización de la culpa
Cuando Jorge Fernández cuestionó el funcionamiento de las policías, Calderón no aludió al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pero dio suficientes pistas.
La mañana del martes 2, la Policía Federal detuvo a una veintena de secuestradores en el municipio mexiquense de Nicolás Romero y rescató a dos de sus víctimas. Se supone que el grupo está vinculado a la organización delictiva conocida como La Familia.
"El detener a una peligrosa banda de secuestradores -dijo-, el liberar a dos víctimas, el enfrentarse con los criminales, el perder un policía, Pedro Solana, a cuya familia le mando un sentido pésame... el enfrentarse, el dar de baja o el causar que hayan fallecido cuatro de los delincuentes, en fin... son acciones que realiza una policía que, comparada con la fuerza que tiene una policía estatal o municipal en cualquier parte del país, en el propio Estado de México, es notablemente contrastante."
Calderón comentó que la Policía Federal cuenta con poco más de 20 mil elementos, mientras que las estatales, en conjunto, alcanzan los 450 mil.
En el Diagnóstico de la Seguridad Pública en México, presentado el 21 de agosto en el Palacio Nacional, se establece que la policía del Estado de México cuenta con alrededor de 56 mil 167 elementos. Su salario promedio es de 7 mil 167 pesos mensuales, que si bien es el cuarto más alto en el país -sólo por debajo de Tamaulipas, el Distrito Federal y Querétaro-, resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con el documento mencionado, el déficit es de 20.59%.
En la charla con Jorge Fernández, el mandatario también destacó que si bien el crimen organizado ha expandido sus fuentes de ingresos y éstas van desde el narcotráfico hasta el secuestro, la mayoría de los delitos que afectan a la gente son del orden común: robos y extorsiones. Y eso es responsabilidad de los estados, dijo.
-¿Y concluir con la rendición de cuentas? -planteó el periodista.
-Efectivamente, creo que también en ese terreno el grado de compromiso tiene que homologarse, por el gobierno federal no quedará: rendiremos cuentas no sólo de hasta el último centavo, sino del último acto que realicemos, pero esta rendición de cuentas, insisto, también (debe prevalecer) en otros niveles, órdenes y poderes de gobierno.
Ajeno a estos comentarios, el gobernador Peña Nieto se preparaba para rendir su tercer informe de gobierno con un bombardeo de spots en radio y televisión.
"Compromiso. Gobierno que cumple", fue el slogan de esa campaña. Al informe de Enrique Peña, el pasado 5 de septiembre, acudió Juan Camilo Mouriño como representante del gobierno federal. Calderón se quedó en la Ciudad de México.
Los conductores del noticiario radiofónico La Red, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, le plantearon al presidente el caso del empresario David León, quien protestó ante los medios de comunicación porque un juez radicado en Ciudad Nezahualcóyotl liberó a los secuestradores que mataron a su hija Nayeli, de 18 años.
"Me siento terriblemente indignado y triste por esa situación particular, con mucho coraje porque eso se trata de un juez en el Estado de México sobre el cual yo no tengo ninguna autoridad, por desgracia. Me gustaría tenerla. Aparte, no sólo se trata de otra instancia de gobierno, sino de otro poder.
"(...) Así como yo le estoy exigiendo a mis secretarios que depuren a sus policías y tengan, empezando por sus comandantes, sólo a gente confiable en los mandos y en la operación policiaca, también los jueces deben ser gente confiable y creo que es hora de exigir. La verdad es que cada quien, en este caso el Poder Judicial del Estado de México, debe revisar el caso. A esta persona le ofrezco también coordinarme con el gobernador Peña Nieto."
Michoacán
"Necesito, ciertamente, más apoyo local", reiteró Calderón al abordar el tema de su estado natal con Sarmiento y Juárez.
"Yo estoy absolutamente determinado a limpiar de esa opresión que tiene la sociedad michoacana. Puedo ayudar, a través de denuncias ante las autoridades federales o locales, si pueden hacerlo ante el Ministerio Público Federal pero específicamente al 089, que es donde podemos recibir las denuncias y sin que haya riesgo para las víctimas", agregó.
Los periodistas comentaron reportes llegados a su estación en el sentido de que algunos empresarios medianos y pequeños deben pagar entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales a las bandas de secuestradores.
"Es una situación que yo lamento profundamente y me indigna. Me parece que necesitamos mucho mayor colaboración de las autoridades locales, lo digo con toda franqueza; es decir, hay una buena intención del gobernador, pero necesitamos hacer mucho más", dijo Calderón.
En Michoacán, el salario promedio de los policías es de 2 mil 299 pesos quincenales, de acuerdo con las estadísticas de la SSP. De hecho, esa entidad ocupa la parte baja en la tabla de los sueldos policiales junto con Veracruz (mil 517 pesos) y Yucatán (mil 597 pesos).
En cambio, los secuestros se incrementan: de 727 cometidos durante 2006, pasaron a 785 en 2007. Esta es la cifra récord en los últimos seis años, según se dio a conocer durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia.
Durante la entrevista con La Red, Calderón también mostró su descontento por lo que sucede en la Ciudad de México. Sergio Sarmiento le preguntó qué le podría decir a los empresarios que buscan irse del país o a la señora que tuvo que pagar el rescate por su hijo en la avenida Reforma mientras se desarrollaba la marcha Iluminemos a México.
"Mire, yo a la señora le ofrecería, por supuesto, recibirla a través del propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o del procurador, Eduardo Medina Mora. A mí me interesa ayudarla en su caso. Sé que desconfía, sé que ha tenido expresiones respecto a las autoridades locales", enfatizó.
Calderón siguió comentando: "Lo que sí sé es que si hay un ganadero o un maderero o un comerciante que está siendo extorsionado, la policía de su comunidad tiene que responder, protegerlo y dar con los culpables. Y, ciertamente, yo estoy decidido a ayudarlos, pero si no hay una colaboración local es imposible revertir este problema", continuó Calderón.
Impunidad
Para Calderón el origen de la inseguridad es la impunidad. Lo dijo en las 12 entrevistas.
Al ser abordado sobre este tema en el noticiario matutino de W Radio, el mandatario abordó el caso de las agresiones sufridas por la periodista Lydia Cacho a manos de agentes judiciales de Puebla, quienes pretendían castigarla por señalar al gobernador Mario Marín como integrante de la red de pederastas presuntamente manejada por Jean Succar Kuri:
"En el caso de los jueces de Lydia Cacho, bueno, la procuraduría que está a mi cargo sí consignó ante un juez a los policías judiciales de Puebla que cometieron esos abusos, y fue un juez precisamente el que los liberó.
"De manera tal que a mí me hubiera gustado, por supuesto, que se hubieran obsequiado las órdenes de aprehensión tal y como las solicitamos. Es un asunto al que, por cierto, los medios no le dieron ninguna relevancia", comentó.
Sin embargo, no ha sido congruente. Durante su campaña electoral, en Hueytlalpan, Puebla, Calderón prometió actuar contra Mario Marín por "atropellar la dignidad de una mujer y del pueblo a cambio de dos botellas de coñac". Y el 17 de febrero de 2006, en San Pedro Cholula, llamó entonces "a poner un alto al gobierno de corrupción y de abusos de Mario Marín", por lo que interrumpió sus actividades electorales para presentar ante el Congreso local una demanda de juicio político contra el mandatario. Hasta ahí llegó su afán.
Ya en la Presidencia, Calderón ha compartido con Marín actos oficiales. El pasado 5 de febrero, incluso presenció junto al gobernador el desfile cívico-militar con motivo del 146 aniversario de la Batalla de Puebla.
En Puebla un policía estatal gana un promedio de 5 mil 632 pesos al mes. Para garantizar el sustento de su familia, en un nivel básico, necesitaría ganar 31.44% más. A fin de cubrir ese déficit se requiere una inversión de recursos públicos estimada en mil 46 millones de pesos.
En esas entrevistas, Calderón también soltó su enojo contra los medios de comunicación. Por ejemplo, dejó claro su malestar por la publicación de notas y fotografías de las narcomantas.
Durante la entrevista con Denise Maerker, trasmitida por Radio Fórmula, dijo al respecto:
"Probablemente la estrategia del gobierno es, precisamente, no dar una respuesta (a las mantas). A mí me parece que parte del compromiso que hemos pedido a los medios es, precisamente, no ser o no caer en la propia estrategia comunicacional del crimen organizado, que también libra contra nosotros una guerra mediática y, por supuesto: en fin, no voy a entrar ahorita en el asunto de la responsabilidad de los medios, pero hay un tema... Sabemos exactamente por qué les está doliendo y qué les está doliendo del tema, y la estrategia, precisamente, marca el error de engancharse, precisamente, en su propia lógica mediática."
En 20 meses de gobierno, el presidente Felipe Calderón guardaba silencio ante la impunidad reinante en numerosas entidades federativas. "En este momento no se trata de pelearse con todos", confiaba a los miembros de su equipo. Para él, las reformas estructurales eran lo prioritario.
Sin embargo, la presión social generada por la inseguridad en el país, y más recientemente por la marcha Iluminemos a México, efectuada el pasado 30 de agosto, reventó los límites que Calderón se había impuesto.
Y se desbordó. En las 12 entrevistas que concedió a estaciones de radio y canales de televisión con motivo de su segundo informe de gobierno, mostró por primera vez su inconformidad con lo que llamó "falta de compromiso" de algunos gobernadores para frenar a la delincuencia organizada, en especial a las bandas de secuestradores.
A Jorge Fernández Menéndez, conductor vespertino de Imagen informativa y Cadena tres, le dijo:
"Me queda claro que el compromiso tiene que ser parejo y puedo decir que de parte del gobierno federal hay compromiso absoluto, que estamos asumiendo los riesgos y tomando las decisiones que debemos tomar, y que si queremos ser exitosos, necesitamos tener el mismo grado de compromiso de los gobiernos estatales y municipales.
"No lo hemos logrado. No quiero señalar individualmente, creo que es un fenómeno general. El acuerdo y la presión social de la ciudadanía, si algún resultado positivo deben generar es, precisamente, el obligarnos a todos, porque todos a final de cuentas somos responsables del problema y también de la solución."
La marcha ciudadana del 30 de agosto cambió de súbito la estrategia para difundir el segundo informe de gobierno. Miembros de su staff consideraron inconveniente que Calderón pronunciara un discurso que podía interpretarse como triunfalista. Tampoco consideraron viable realizar la comida con gobernadores. El mismo 30, por la noche, cancelaron sin explicación ambos eventos, programados en Palacio Nacional.
Informes internos de la Presidencia previeron que si el enviado de Calderón a la Cámara de Diputados para entregar el informe, el secretario de Gobernación, se apersonaba en el Salón de Plenos, la parte dura de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trataría de increparlo para llamar la atención de los medios de comunicación.
Como eso tampoco era conveniente para la estrategia de difusión, se propuso una entrega rápida y discreta del documento. Y así fue: Juan Camilo Mouriño demoró cinco minutos en entregar el informe en el Salón de Protocolo de San Lázaro, antes de que se iniciara la sesión. Cuando el reloj del Salón de Plenos marcaba las 11:15, el secretario ya iba de regreso a su oficina.
Luego se inició el carrusel de entrevistas radiofónicas y televisivas con Calderón.
Descentralización de la culpa
Cuando Jorge Fernández cuestionó el funcionamiento de las policías, Calderón no aludió al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pero dio suficientes pistas.
La mañana del martes 2, la Policía Federal detuvo a una veintena de secuestradores en el municipio mexiquense de Nicolás Romero y rescató a dos de sus víctimas. Se supone que el grupo está vinculado a la organización delictiva conocida como La Familia.
"El detener a una peligrosa banda de secuestradores -dijo-, el liberar a dos víctimas, el enfrentarse con los criminales, el perder un policía, Pedro Solana, a cuya familia le mando un sentido pésame... el enfrentarse, el dar de baja o el causar que hayan fallecido cuatro de los delincuentes, en fin... son acciones que realiza una policía que, comparada con la fuerza que tiene una policía estatal o municipal en cualquier parte del país, en el propio Estado de México, es notablemente contrastante."
Calderón comentó que la Policía Federal cuenta con poco más de 20 mil elementos, mientras que las estatales, en conjunto, alcanzan los 450 mil.
En el Diagnóstico de la Seguridad Pública en México, presentado el 21 de agosto en el Palacio Nacional, se establece que la policía del Estado de México cuenta con alrededor de 56 mil 167 elementos. Su salario promedio es de 7 mil 167 pesos mensuales, que si bien es el cuarto más alto en el país -sólo por debajo de Tamaulipas, el Distrito Federal y Querétaro-, resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con el documento mencionado, el déficit es de 20.59%.
En la charla con Jorge Fernández, el mandatario también destacó que si bien el crimen organizado ha expandido sus fuentes de ingresos y éstas van desde el narcotráfico hasta el secuestro, la mayoría de los delitos que afectan a la gente son del orden común: robos y extorsiones. Y eso es responsabilidad de los estados, dijo.
-¿Y concluir con la rendición de cuentas? -planteó el periodista.
-Efectivamente, creo que también en ese terreno el grado de compromiso tiene que homologarse, por el gobierno federal no quedará: rendiremos cuentas no sólo de hasta el último centavo, sino del último acto que realicemos, pero esta rendición de cuentas, insisto, también (debe prevalecer) en otros niveles, órdenes y poderes de gobierno.
Ajeno a estos comentarios, el gobernador Peña Nieto se preparaba para rendir su tercer informe de gobierno con un bombardeo de spots en radio y televisión.
"Compromiso. Gobierno que cumple", fue el slogan de esa campaña. Al informe de Enrique Peña, el pasado 5 de septiembre, acudió Juan Camilo Mouriño como representante del gobierno federal. Calderón se quedó en la Ciudad de México.
Los conductores del noticiario radiofónico La Red, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, le plantearon al presidente el caso del empresario David León, quien protestó ante los medios de comunicación porque un juez radicado en Ciudad Nezahualcóyotl liberó a los secuestradores que mataron a su hija Nayeli, de 18 años.
"Me siento terriblemente indignado y triste por esa situación particular, con mucho coraje porque eso se trata de un juez en el Estado de México sobre el cual yo no tengo ninguna autoridad, por desgracia. Me gustaría tenerla. Aparte, no sólo se trata de otra instancia de gobierno, sino de otro poder.
"(...) Así como yo le estoy exigiendo a mis secretarios que depuren a sus policías y tengan, empezando por sus comandantes, sólo a gente confiable en los mandos y en la operación policiaca, también los jueces deben ser gente confiable y creo que es hora de exigir. La verdad es que cada quien, en este caso el Poder Judicial del Estado de México, debe revisar el caso. A esta persona le ofrezco también coordinarme con el gobernador Peña Nieto."
Michoacán
"Necesito, ciertamente, más apoyo local", reiteró Calderón al abordar el tema de su estado natal con Sarmiento y Juárez.
"Yo estoy absolutamente determinado a limpiar de esa opresión que tiene la sociedad michoacana. Puedo ayudar, a través de denuncias ante las autoridades federales o locales, si pueden hacerlo ante el Ministerio Público Federal pero específicamente al 089, que es donde podemos recibir las denuncias y sin que haya riesgo para las víctimas", agregó.
Los periodistas comentaron reportes llegados a su estación en el sentido de que algunos empresarios medianos y pequeños deben pagar entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales a las bandas de secuestradores.
"Es una situación que yo lamento profundamente y me indigna. Me parece que necesitamos mucho mayor colaboración de las autoridades locales, lo digo con toda franqueza; es decir, hay una buena intención del gobernador, pero necesitamos hacer mucho más", dijo Calderón.
En Michoacán, el salario promedio de los policías es de 2 mil 299 pesos quincenales, de acuerdo con las estadísticas de la SSP. De hecho, esa entidad ocupa la parte baja en la tabla de los sueldos policiales junto con Veracruz (mil 517 pesos) y Yucatán (mil 597 pesos).
En cambio, los secuestros se incrementan: de 727 cometidos durante 2006, pasaron a 785 en 2007. Esta es la cifra récord en los últimos seis años, según se dio a conocer durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia.
Durante la entrevista con La Red, Calderón también mostró su descontento por lo que sucede en la Ciudad de México. Sergio Sarmiento le preguntó qué le podría decir a los empresarios que buscan irse del país o a la señora que tuvo que pagar el rescate por su hijo en la avenida Reforma mientras se desarrollaba la marcha Iluminemos a México.
"Mire, yo a la señora le ofrecería, por supuesto, recibirla a través del propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o del procurador, Eduardo Medina Mora. A mí me interesa ayudarla en su caso. Sé que desconfía, sé que ha tenido expresiones respecto a las autoridades locales", enfatizó.
Calderón siguió comentando: "Lo que sí sé es que si hay un ganadero o un maderero o un comerciante que está siendo extorsionado, la policía de su comunidad tiene que responder, protegerlo y dar con los culpables. Y, ciertamente, yo estoy decidido a ayudarlos, pero si no hay una colaboración local es imposible revertir este problema", continuó Calderón.
Impunidad
Para Calderón el origen de la inseguridad es la impunidad. Lo dijo en las 12 entrevistas.
Al ser abordado sobre este tema en el noticiario matutino de W Radio, el mandatario abordó el caso de las agresiones sufridas por la periodista Lydia Cacho a manos de agentes judiciales de Puebla, quienes pretendían castigarla por señalar al gobernador Mario Marín como integrante de la red de pederastas presuntamente manejada por Jean Succar Kuri:
"En el caso de los jueces de Lydia Cacho, bueno, la procuraduría que está a mi cargo sí consignó ante un juez a los policías judiciales de Puebla que cometieron esos abusos, y fue un juez precisamente el que los liberó.
"De manera tal que a mí me hubiera gustado, por supuesto, que se hubieran obsequiado las órdenes de aprehensión tal y como las solicitamos. Es un asunto al que, por cierto, los medios no le dieron ninguna relevancia", comentó.
Sin embargo, no ha sido congruente. Durante su campaña electoral, en Hueytlalpan, Puebla, Calderón prometió actuar contra Mario Marín por "atropellar la dignidad de una mujer y del pueblo a cambio de dos botellas de coñac". Y el 17 de febrero de 2006, en San Pedro Cholula, llamó entonces "a poner un alto al gobierno de corrupción y de abusos de Mario Marín", por lo que interrumpió sus actividades electorales para presentar ante el Congreso local una demanda de juicio político contra el mandatario. Hasta ahí llegó su afán.
Ya en la Presidencia, Calderón ha compartido con Marín actos oficiales. El pasado 5 de febrero, incluso presenció junto al gobernador el desfile cívico-militar con motivo del 146 aniversario de la Batalla de Puebla.
En Puebla un policía estatal gana un promedio de 5 mil 632 pesos al mes. Para garantizar el sustento de su familia, en un nivel básico, necesitaría ganar 31.44% más. A fin de cubrir ese déficit se requiere una inversión de recursos públicos estimada en mil 46 millones de pesos.
En esas entrevistas, Calderón también soltó su enojo contra los medios de comunicación. Por ejemplo, dejó claro su malestar por la publicación de notas y fotografías de las narcomantas.
Durante la entrevista con Denise Maerker, trasmitida por Radio Fórmula, dijo al respecto:
"Probablemente la estrategia del gobierno es, precisamente, no dar una respuesta (a las mantas). A mí me parece que parte del compromiso que hemos pedido a los medios es, precisamente, no ser o no caer en la propia estrategia comunicacional del crimen organizado, que también libra contra nosotros una guerra mediática y, por supuesto: en fin, no voy a entrar ahorita en el asunto de la responsabilidad de los medios, pero hay un tema... Sabemos exactamente por qué les está doliendo y qué les está doliendo del tema, y la estrategia, precisamente, marca el error de engancharse, precisamente, en su propia lógica mediática."
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