Crece la condena internacional por la masacre en Chinkultic

No se percibe una verdadera aplicación de la justicia, dicen ONG
Instan a Calderón y Sabines a evitar la repetición de actos violentos

Hermann Bellinghausen

A dos semanas de los hechos, crece la condena nacional e internacional por la “masacre de Chinkultic”, como se denomina a los hechos ocurridos en la comunidad Miguel Hidalgo, Chiapas, el pasado 3 de octubre. Sobre todo porque no se percibe una verdadera aplicación de la justicia por parte de las autoridades federales y estatales.

En comunicaciones dirigidas al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines Guerrero, organismos de Suiza, Alemania, Uruguay y México, así como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y un informe de Human Rights Watch reprueban la violencia contra los campesinos que ocuparon en septiembre la zona arqueológica de Chinkultic, en el fronterizo municipio La Trinitaria.

El Programa de Participación Social Chiapas, conformado por 17 organismos civiles, señaló en San Cristóbal de las Casas que “la violencia y represión” de agentes federales y estatales durante el desalojo de Chinkultic, violan el artículo 22 de la Constitución y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que proclaman el derecho a la vida, así como el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Exigimos a las autoridades responsabilicen a las personas involucradas y que bajo ningún argumento se repitan hechos de esta naturaleza, que denotan el hostigamiento y la represión que existe hacia las comunidades indígenas chiapanecas, y los problemas sobre derecho de territorio, recursos naturales y patrimonio cultural e histórico”.

Por su parte, desde la ciudad de Lucerna, el Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas (Propaz) reprueba la “represión inaceptable contra las poblaciones de La Trinitaria” en Chinkultic y Lagunas de Montebello. Se pronuncia por la seguridad e integridad de todos los miembros de la comunidad y en general del municipio, y solicita a “las más altas autoridades del gobierno nacional y estatal” medidas para garantizarlas. Solicita “que la reparación del daño material e inmaterial se fundamente en una jurisdicción legal, equitativa y justa, que no se ciñe a la entrega de apoyos económicos a voluntad, y que tome en consideración la dignidad de las personas, el respeto a las víctimas y sus familias”.

En Stuttgart, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señala que “la masacre de Miguel Hidalgo se enmarca en la práctica del gobierno de criminalizar las protestas sociales y reprimirlas de manera violenta”.

En tanto, AI y la OMCT (ésta desde Ginebra, Suiza) lanzaron “acciones urgentes” para que el Estado mexicano haga justicia en el caso y evite la repetición de estos hechos.

El Movimiento Mundial por los Bosques, con sede en Montevideo, Uruguay, afirma que el Estado mexicano violentó “flagrantemente” las garantías individuales (consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles), al igual que sus derechos como indígenas respecto del territorio y a recuperar, resguardar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, tal como lo reconocen la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

El “brutal operativo” impone la exigencia de castigo “a los autores materiales e intelectuales que dieron las órdenes desde el más alto nivel”. Pareciera que fue, añade, “un escarmiento ejemplar para debilitar resistencias y nuevos intentos indígenas que, sin importar su filiación política, pretendan defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente su patrimonio cultural y natural”. Esto, “para garantizar a la inversión privada multinacional la ‘tranquilidad’ social y política que vienen exigiendo cada vez con mayor impaciencia”.