La exigencia

Luis Javier Garrido

La crisis estadunidense, derivada del fracaso estrepitoso del modelo neoliberal y que está ya golpeando a los pueblos latinoamericanos, puede adquirir en México enormes dimensiones de persistir la obcecación y la avidez de enriquecimiento de un sector de la “clase política” mexicana de pretender seguir imponiendo, a contracorriente de la historia, medidas que han fracasado en el mundo entero.

1. La amenaza de una contrarreforma privatizadora de Pemex es cada día más cercana, a pesar de la movilización popular y de los diálogos en el Senado, y hay signos preocupantes de que aprovechando el escenario de confusión generado por la crisis financiera, económica, social y política que estalló en Wall Street en este otoño de 2008, y que se agrava todos los días, la mafia mexicana en el poder ha acordado ya aprobar una contrarreforma petrolera disfrazada, que si bien se halla distante de la burda propuesta enviada por Felipe Calderón en abril al Senado, pretende abrir una vía seudolegal para que las grandes trasnacionales se apoderen lo antes posible de la industria petrolera nacional.

2. El escenario que se abre en el país es por lo mismo de una enorme gravedad, pues lo que estará por decidirse en los próximos meses es no nada más el futuro de la industria petrolera, sino la viabilidad de México como nación independiente.

3. La crisis financiera abierta en el mundo conlleva no sólo el quiebre del modelo neoliberal impuesto al planeta en los últimos 25 años, sino una crisis que es económica pero también social, cultural y política, y que debería propiciar un viraje radical de las políticas del Estado, pero en su insignificancia ideológica y en su mezquino escenario de corrupción Calderón y sus amigos piensan lo contrario. El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, declaraba el martes 14 a El País que “los tiempos en que dependíamos del FMI acabaron”, pero aquí los panistas entreguistas creen lo contrario y creen disfrazar su sumisión a intereses espurios hablando de disciplina.

4. Agustín Carstens (titular de Hacienda) viajó hace días a Washington para ser recibido en acuerdo por Dominique Strauss-Kahn (director del FMI), y Guillermo Ortiz Martínez (gobernador del Banco de México) hizo lo propio a fin de recibir instrucciones de Ben Bernanke (presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos), según consignó The Wall Street Journal el lunes 13, por lo que resulta claro que las políticas de México son claramente decididas en el extranjero y que la exigencia de poderosas entidades financieras en materia petrolera se hacen al margen de lo que puedan pensar en la materia Barack Obama y John McCain (que no es precisamente mucho ni muy diferente).

5. La contrarreforma está por consiguiente en marcha, pues por otro lado el diferendo sustancial entre los salinistas Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Beatriz Paredes, que encabezan el PRI, y el gobierno de facto de Juan Camilo Mouriño y Calderón se ha superado, ya que, como se sabe, no se hallaba en el fondo del asunto –puesto que ambos bandos tenían consensuado desde hace meses que el gran negocio de la privatización de Pemex beneficiaría por igual a las empresas vinculadas a Carlos Salinas (Royal Dutch/Shell) como a las asociadas a los panistas (Repsol YPF) y a las empresas nacionales donde las dos mafias tienen sus intereses–, sino en la forma que adquirirían las reformas seudolegales y el papel protagónico de priístas y panistas, y este escollo se halla al parecer ya superado.

6. La contrarreforma pactada, y que se quiere sea aprobada por ambas cámaras legislativas este mismo mes, no sería patrimonio de Calderón ni de Beltrones, sino de un “acuerdo” parlamentario (en el que buscan integrar al PRD de los chuchos) y no pretendería ya ser todo lo explícitamente neoliberal que se sostenía hace seis meses, sino que se limitará a sentar principios seudolegales disfrazados en los que pueda sustentarse mediante interpretaciones torcidas la pretensión de Salinas y de Calderón de entregar al capital extranjero, en contra de lo que establece la Constitución General de la República, el principal recurso estratégico de nuestro país, y con él lo que resta de la soberanía nacional y de la capacidad de México para decidir sus propias políticas en función de los intereses de los mexicanos.

7. El apoyo formal del sector del PRD manejado por Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo a la contrarreforma disfrazada lo requieren Mouriño y Calderón no sólo para que el partido supuestamente “de izquierda” la convalide junto con los negocios multimillonarios que va a hacer la pareja, sino fundamentalmente en la expectativa ilusa de tratar de aislar en función de 2012 a Andrés Manuel López Obrador y el enorme movimiento de resistencia civil que se ha organizado y que no está dispuesto a aceptar que un grupo ilegítimo disponga del futuro de la nación.

8. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo ha expresado ya sin reservas a través de López Obrador, y lo reiteró este miércoles 15 en el hemiciclo a Juárez, que considera inaceptable una modificación a la legislación que haga posible la privatización de la industria petrolera mexicana por la vía de crear filiales de la empresa que propicien su destrucción y su entrega, de permitir los “contratos riesgo” (o sus similares los “contratos incentivados” y los “contratos éxito”), de concesionar bloques para la exploración de hidrocarburos, de crearle un régimen jurídico “de excepción” a la paraestatal, permitiendo el manejo patrimonialista de ésta por el Ejecutivo, de aceptar la sumisión de México en materia petrolera a tribunales extranjeros o de emitir bonos.

9. El escenario se les ha complicado a Calderón y a Mouriño, por otra parte, pues un sector importante de legisladores y de cuadros del PRI se está oponiendo también vigorosamente a esa “privatización disfrazada”, según reportaba La Jornada el martes 14, que el gobierno de facto pretende negar que lo sea con una descomunal campaña propagandística.

10. Las decisiones que tomen los legisladores en las comisiones del Senado no pueden ya ignorar por consiguiente el hecho de que hay en México un pueblo en movimiento y que su decisión puede tener consecuencias graves para el país.