Por Miguel Angel Granados Chapa
17 octubre 2008
karina.morales@librossobrelibros.com
ma@granadoschapa.com
El próximo domingo habrá elecciones legislativas en Coahuila. Es la primera vez en que los comicios sirven sólo para renovar la Cámara de Diputados. La elección de ayuntamientos, que hasta ahora coincidía con la de legisladores, ocurrirá el año próximo, pues se alargó el periodo de gobierno municipal a cuatro años, mediante una reforma que entró en vigor en 2005. En general borrosas, las elecciones de diputados locales no lo serán menos en aquella entidad norteña, si bien se aprecian en las de pasado mañana rasgos que les confieren algún interés.
Uno consiste en que el gobernador Humberto Moreira afianzará su poder personal. Ganó su elección hace tres años con holgura, frente al candidato panista Jorge Zermeño, ahora embajador en Madrid, cuyos alegatos de irregularidades fueron desdeñados por la justicia electoral. La Legislatura elegida entonces ha permitido a Moreira gobernar cómodamente, pues el PRI ganó entonces 16 de las 20 curules de mayoría en juego, contra sólo cuatro de Acción Nacional. Ese tenue bipartidismo parece ahora en trance de debilitarse y de la elección dominical el PRI surgirá aún más fuerte, con más diputaciones. Los candidatos, por lo demás, llevan el sello de Moreira. Aunque no se practicó el mecanismo de candidatura de unidad, en los 20 distritos sólo se inscribió un precandidato, aquel al que el gobernador había dado el visto bueno. Moreira se ufana de su dominio sobre la legislatura. Por eso su estado resultó el único cuya cámara de diputados votó en contra de la reforma constitucional en materia electoral que entró en vigor en noviembre pasado. Moreira se encargó de hacer saber a sus legisladores que no estaban de acuerdo con esa reforma y ellos obraron en consecuencia, sin que a nadie le ocurriera reivindicar la autonomía del poder legislativo.
Moreira ha colocado a sus hermanos en posiciones clave. Rubén es el presidente del PRI estatal y Carlos encabeza la Sección 38 del sindicato magisterial, con cuya lideresa nacional Elba Ester Gordillo mantiene el gobernador una productiva relación. O mantenía, quizá, porque a diferencia de otras entidades, en Coahuila no se aliaron el PRI y Nueva Alianza, y por unas crípticas palabras dichas en Hermosillo por la profesora, con las que quizá acusó a Moreira, al que llamó por su nombre, de practicar un doble juego en torno de la Alianza por la Calidad de la Educación, pues por un lado firmó el compromiso estatal correspondiente y por otro no desalentaba expresiones de descontento contra ese acuerdo entre el SNTE y el gobierno federal.
Como parte de su estrategia para afianzar su poder personal, Moreira ha sido un pugnaz adversario del PAN. Reveló que el presidente Vicente Fox lo instó a encontrarle “algo” a Napoleón Gómez Urrutia, para que con eso un juez penal lo procesara y solicitara su extradición. Moreira no lo hizo y, en cambio, aprovechó información pública para atribuir a los senadores panistas Ernesto Saro y Guillermo Anaya vínculos con el narcotráfico. De ese modo, además, Moreira tomó posición en la querella interna que padece el PAN y que muy probablemente lo haga decrecer en las preferencias electorales el próximo domingo.
Anaya encabeza uno de los grupos que disputa el control de Acción Nacional en Coahuila. Su posición está fortalecida por ser compadre del presidente Felipe Calderón, quien lo ha promovido a posiciones de alcance nacional que tienen impacto en la conducción del partido en el Estado. Durante breve tiempo fue secretario general del PAN, el número dos después de Germán Martínez y ahora ocupa una posición equivalente en el Senado, junto a Gustavo E. Madero. Su influencia local ha tenido hasta ahora un efecto pernicioso pues generó una división que debilita al partido según podrá comprobarse pasado mañana.
El proceso electoral en curso contiene otra novedad. Es el primero en que se aplican las reglas de difusión que administra el Instituto Federal Electoral. Apenas este martes el Consejo General multó a tres grupos radiofónicos de la entidad por incumplir su obligación de transmitir la propaganda de los partidos. Cada uno de esos grupos fue multado por cantidades que oscilan entre 597,000 y 715,000 pesos. Las sanciones podrían ser anuladas pues se les juzga confiscatorias a la luz de la situación financiera de los concesionarios.
Aunque no habrá prácticamente observación electoral, grupos de la sociedad civil han seguido el proceso, que a su juicio dista de ser satisfactorio. Los agentes de pastoral social de las diócesis de Piedras Negras y Saltillo, y el Centro Diocesano por los derechos humanos Fray Juan de Larios, por ejemplo, formularon un diagnóstico preocupado y preocupante porque no han estado “ausentes las clásicas estrategias de compra del voto y la coerción”.
Añaden que “los coahuilenses fueron testigos de precampañas de funcionarios todavía en ejercicio de sus cargos, usando recursos públicos para ese propósito; se ha venido formalizando el compromiso del voto cautivo en diversos ambientes, aprovechando la vulnerabilidad en la que el mismo sistema político ha colocado a la ciudadanía. Está, por ejemplo, el caso de la utilización de los jóvenes en esta campaña, que ante un futuro incierto sólo están recibiendo la promesa de becas, siempre y cuando participen en las campañas y... den su voto a determinado candidato; a los burócratas que tienen la urgente necesidad de conservar su puesto de trabajo, bajo la amenaza de perderlo se les obliga... al proselitismo político”.— México, D.F.
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