Algunos, obligados a caminar sobre vidrios o brasas; ninguno recibió atención médica, dicen
Emir Olivares Alonso
Organizaciones de derechos humanos afirmaron que las fuerzas federales y estatales que realizaron operativos de desalojo en las comunidades de Xoxocotla, Amayuca y Tres Marías, en Morelos, incurrieron en torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias, incomunicaciones y otras violaciones a las garantías fundamentales durante las detenciones de pobladores y maestros de estas regiones.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), el Centro Digna Ochoa y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) han recabado diversos testimonios “en los que se comprueban cómo las fuerzas del orden violaron los derechos” de la población e inclusive “sometieron a tortura a varios de los detenidos”; al menos hay tres casos acreditados.
“Los policías hicieron caminar (a algunos) sobre brasas y vidrios. Más de siete horas después de detenidos no habían recibido agua, alimentos ni medicamentos”; además de que a 49 detenidos “los mantuvieron hacinados” en un camión por varias horas, no se les brindó atención médica y fueron incomunicados, señalaron.
Uno de los casos acreditados de tortura es el de Abraham Escorcia, campesino de Zacatepec detenido en Xoxocotla. Entrevistado por la CIDHM narra: “Me agarraron cuando llegaba al pueblo, venía de trabajar. Me golpearon en la espalda, me quitaron los huaraches y me obligaron a caminar sobre rescoldos de las cenizas de las llantas, también había vidrios; al llegar a la procuraduría, el doctor me dijo que tengo quemaduras de tercer grado. Desde que me detuvieron no me atendieron a pesar de que estaba a punto de desmayarme por los dolores”.
Albino Jorge Mata, detenido en Xoxocotla, describe: “Caminaba por una de las calles del pueblo cuando se me vinieron encima los policías, me pegaron en la cabeza y todo el cuerpo; no sé por qué me detuvieron, no tengo idea de lo que pasó”.
Durante los operativos en Amayuca, el Ejército, la Policía Federal Preventiva y los cuerpos de seguridad estatales incurrieron en violaciones a los derechos humanos, señalaron las ONG. Victoria Estrada, de 46 años, detenida en esa región y que fue puesta en libertad la madrugada del jueves relata:
“Estaba en mi domicilio cuando los granaderos se metieron violentamente y me detuvieron junto a tres maestros, a quienes golpearon en todo el cuerpo. Nos llevaron a un edificio de seguridad. Después me liberaron junto con mi vecina y tres menores. Nos dejaron tirados en la carretera cerca de Amayuca en la madrugada. Uno de los niños tenía tres heridas en la cabeza y vomitó por los golpes en el estómago”.
Agustina Dionisio, madre de uno de los detenidos, cuenta: “Somos muchos familiares y todos fuimos agredidos por la policía. Cuando terminó el movimiento yo no podía caminar ni respirar porque me ardía la piel y los ojos por los gases. La gente lloraba, los niños estaban espantados. Los policías armados gritaban a la gente que siguieran aullando como perros, como en la noche cuando tenían el plantón”
Adrián Ramírez, de la Limeddh, dijo que en estos operativos el Estado recurre “a la tortura como acto de castigo” contra los disidentes. José Martínez, de la CIDHM, señaló que fueron 57 personas detenidas en las tres poblaciones, acusados de delitos como sedición, motín, asociación delictuosa y otros que este gobierno “aplica para criminalizar a los participantes en protestas sociales”.
Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró que el anuncio de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que el gobierno federal usará la fuerza en Morelos “es una muestra clara que la administración de Felipe Calderón ha sido incapaz hasta ahora de resolver el conflicto mediante el diálogo”.
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