Sin rumbo

Julio Pimentel Ramírez

La actual crisis económica, que comenzó hace más de un año y que ahora se profundiza con la catástrofe financiera con epicentro en Wall Street y cuyas ondas expansivas alcanzaron ya a las bolsas europeas, asiáticas y latinoamericanas, además de significar el agotamiento del modelo neoliberal de explotación y acumulación capitalista y de tener enormes costos humanos, pone en claro que en el caso de México la clase política dominante además de actuar en consonancia con su ideología, supeditada a los intereses de los monopolios a los que sirve, ha mostrado incapacidad, desorientación e insensibilidad.
Es grave que ante la dimensión de la crisis el gobierno federal no cuente con un diagnóstico adecuado y no se preocupe por elaborar, en concertación con el amplio espectro de fuerzas políticas y sociales que conforman la realidad mexicana, un verdadero proyecto nacional para enfrentar los efectos nocivos que amenazan con profundizar la pobreza y la desigualdad, ya de por sí acentuadas durante los últimos cuatro sexenios.
El gobierno ilegítimo presenta tardíamente un plan emergente anticíclico, cuando lo crítico de la situación lo que demanda es una reorientación de 360 grados, una modificación completa de la política económica, que ponga en primer plano los intereses nacionales de la mayoría y no las voraces ambiciones de los especuladores y grandes capitalistas.
Los funcionarios federales, entre ellos el propio Calderón y el titular de Hacienda, cínicos y nerviosos declaran que la pulmonía estadounidense es más grave de lo esperado y que por ello México tendrá una “gripe” un poco más fuerte, pero que no hay porqué preocuparse, ellos sacarán adelante nuestra economía.
En tanto Carstens declara balbuceante que la situación es más seria de lo que esperaban y que nos encontramos en un “bache con agua”, Comercial Mexicana se encuentra a punto de quiebra, las acciones de CEMEX se desploman y el peso continúa su proceso devaluatorio. En su intento por frenar la caída la Comisión de Cambios (integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda) decidió subastar dólares: solamente la mañana del 10 de octubre vendió 6 mil 400 millones de billetes verdes.
Si a esta cifra sumamos los 2,500 millones de dólares con los que arrancó el apalancamiento de nuestra moneda, tenemos que en solamente tres días se utilizaron casi 9 mil millones de dólares de las reservas nacionales, en un intento por frenar el embate contra el peso. Un costo muy alto para una simple “gripita”.
Por otra parte, a primera vista es “políticamente correcto” (nadie puede estar en contra de inversiones que promuevan el empleo) señalar que las medidas anunciadas por Felipe Calderón -que entrarían en vigor hasta el 2009, sin tomar medidas para lo que resta de este sufrido año- son acertadas aunque insuficientes, pero se pierde de vista que en realidad se sigue el mismo camino de siempre y que no se reorienta el gasto público a favor del campo, la educación, la salud, por ejemplo.
El programa para impulsar el crecimiento y el empleo, diseñado para mitigar los efectos de la crisis, nos presenta de cuerpo completo al actual gobierno panista, mentiroso y falsario: después de insistir que no había recursos nacionales para invertir en refinerías y que por lo tanto había que invitar al capital privado, extranjero de preferencia, de pronto resulta que sí hay dinero para construir una procesadora de crudo, que generará empleos y disminuirá la importación de gasolina.
Cabe advertir que esta medida no cancela las intenciones privatizadoras de Calderón, Mouriño, Beltrones y asociados, por lo que habrá que estar atentos para leer las “letras chiquitas” de las iniciativas de reforma petrolera que finalmente se discutan en el pleno del Senado de la República.
Los recursos para este plan anti-crisis provendrán, nuevamente, de PEMEX, al liberar a la paraestatal de los PIDIREGAS ( Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto) y asumir la cuantiosa cantidad que representan esos pasivos como deuda pública. Sería conveniente conocer si esto no significa en los hechos un “Fobaproa petrolero”. Una vez más se evita una reforma fiscal que grave a las grandes empresas, especialistas en elusión y evasión tributaria.
A diferencia de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, la calderonista no toca ni con el pétalo de una rosa el gasto corriente (que asciende al 80 por ciento del presupuesto público) de las administraciones federal, estatales y municipales, así como el de las cámaras de diputados y senadores, y el de la Suprema Corte de Justicia. Recortando los elevados sueldos de los altos funcionarios, eliminando prestaciones onerosas y racionalizando gastos se podría obtener una bolsa de 200 mil millones de pesos.
El problema de fondo es que cualquier programa anticíclico será infructuoso si no se modifica el rumbo de la política económica, se reactiva el campo y la industria nacional, se revisan a fondo los tratados de libre comercio, entre otras medidas que inserten a México en la economía globalizada como una sociedad que prioriza su soberanía nacional, la equidad, bienestar y justicia social.