San Cristóbal de las Casas, Chis., 24 de noviembre. Ante las declaraciones hechas en Tuxtla Gutiérrez por la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, reconociendo los planes del gobierno federal para iniciar la exploración petrolera y extracción de crudo en la selva Lacandona y otros puntos de lo que la funcionaria llamó “cuenca del sureste”, el Pacto de Grupos Ecologistas replicó hoy que el anuncio oficial “implica graves amenazas contra la rica biodiversidad de Chiapas y contra los derechos y los territorios de los pueblos indígenas”.
Además de la inminente explotación de yacimientos de petróleo en la selva Lacandona, la funcionaria anunció la instalación de una planta de biocombustibles con tecnología colombiana, “con sus extensivas y depredadoras plantaciones monoespecíficas de palma africana incluidas”, destacan los grupos ecologistas. No obstante, Kessel y el gobernador Juan Sabines Guerrero argumentaron que estos planes implican “más progreso y desarrollo en beneficio de las familias chiapanecas”.
Con ello, exponen los ambientalistas en un comunicado que divulgó Maderas del Pueblo del Sureste, “los gobiernos federal y estatal se exhiben en una esquizofrénica demagogia; al tiempo que anuncian políticas, programas y fondos ‘verdes’ para combatir el cambio climático, se definen en favor de un capitalismo salvaje, de carácter extractivo y de corto plazo”.
Esta contradicción favorece en el fondo “los intereses del gran capital biotecnológico, farmacéutico, embotellador de agua, y aquel interesado en convertir bosques y cubierta forestal en ‘sumideros’ para el mercado multinacional de carbono”. Estos intereses, “encubiertos por un disfraz de verde filantropía y apoyados por organismos paragubernamentales, nacionales e internacionales, de carácter ‘conservacionista’, habían venido impulsando la política oficial de despeje y despojo de territorios indígenas biodiversos y su conversión en Áreas Naturales Protegidas, ‘en beneficio de la humanidad’”.
A este panorama hay que sumar, dicen los ambientalistas, “la acelerada expansión de concesiones mineras en las regiones Sierra, Fronteriza y Centro de Chiapas, en favor de multinacionales, sobre todo canadienses”.
También destacan la definición del gobierno calderonista el pasado 20 de noviembre, en voz de los secretarios de Hacienda y Comunicaciones (“impulsada y aplaudida por el ‘cártel’ de empresas constructoras que encabeza Carlos Slim”), de considerar la inversión pública en infraestructura (autopistas como la proyectada entre San Cristóbal y Palenque, represas como la Parota, en Guerrero, o Boca el Cerro, en el río Usumacinta, extracción petrolera y aeropuertos) como “la base más importante de su estrategia para enfrentar la crisis económica internacional”.
Según el Pacto de Grupos Ecologistas, “la pregunta de fondo” es si los pueblos indígenas y comunidades campesinas, amenazadas en sus territorios, recursos naturales y derechos, permitirán el saqueo.
En tanto, las dependencias gubernamentales responsables de la protección del ambiente en Chiapas reaccionaron con cautela, rayana en la sumisión, ante la noticia de que se buscará petróleo en la selva Lacandona. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) manifestó que su postura “es no oponerse al desarrollo del país”, aunque consideró necesario que el plan esté “apegado a la normatividad para evitar un deterioro ambiental”.
También la secretaría estatal de Medio Ambiente y Vivienda (Semaduvi) optó por la prudencia. Ambas dependencias coincidieron, según la prensa local, en señalar que la explotación de la selva Lacandona repercutirá “en cierto nivel” en el ambiente, aunque confiaron en que la instancia encargada del proyecto, sea la Secretaría de Energía o Petróleos Mexicanos, presente un estudio de impacto ambiental.
Tanto Conanp como Semaduvi dijeron haber conocido el proyecto apenas ahora. Kessel Martínez aseguró que no se afectará al ecosistema, pero las dependencias ambientales opinaron que, aunado al proyecto, deben incluirse propuestas de restauración, “porque sí va a haber impactos, cuya intensidad aún se desconoce”.
■ Sería muy grave perforar sin que la autoridad se enterara, advierte Elvira Quesada
Semarnat aún desconoce la ubicación de posibles pozos petroleros en la Lacandonia
■ Son más de 400 mil hectáreas de selva protegidas en este lugar, señala el secretario
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya fue notificada de los proyectos de exploración y extracción de crudo de Petróleos Mexicanos en la selva Lacandona, reconoció su titular, Juan Rafael Elvira Quesada, quien sin embargo dijo que hasta el momento no le han dado la ubicación exacta donde se perforarían los pozos petroleros.
Entrevistado en el arranque de la Semana Nacional por la Conservación, el secretario del Medio Ambiente comentó que son 400 mil hectáreas de esa zona de selva las cuales están decretadas áreas naturales protegidas.
“Se habló de la región Lancandona, pero no exactamente de qué lugares, pero por supuesto nosotros estaremos pendientes de cada una de las manifestaciones de impacto ambiental que puedan ser requeridas que, lógicamente, si están dentro de un área nacional protegida que corresponde en gran parte a esta superficie, las restricciones deberán ser aún mayores”, dijo.
Elvira Quesada reconoció abiertamente estar enterado de los proyectos que en la víspera hizo oficialmente la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, de que en fecha próxima el gobierno federal iniciará trabajos de exploración y extracción de crudo en los yacimientos de la selva Lacandona, en el estado de Chiapas, como parte de lo que se ha denominado “cuenca del sureste”. Junto con la zona de Chicontepec, Veracruz, en ambos proyectos se podrían perforar alrededor de 17 mil pozos petroleros, de aquí a 2021.
Siempre a pregunta expresa, Elvira Quesada señaló que es necesario ponerse a trabajar junto con las autoridades de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, a fin de impedir un impacto ambiental adverso en la zona. “Necesitamos que nos ubiquen con geoposicionador en qué puntos exactamente va a ser, si va a ser en las costas, o en las crestas; necesitamos tener la información completa y muy clara”, insistió.
–Pero muchas empresas han visto esa zona como botín por sus recursos naturales –se le subrayó.
–El botín lo tiene ahorita el medio ambiente, no la secretaría, sino el país; lo tiene en calidad de decreto, porque son más de 400 mil hectáreas las que están protegidas y decretadas en este lugar –respondió.
Sostuvo que aun cuando desconoce hasta el momento la ubicación donde estarían los pozos petroleros y, por tanto, su impacto ambiental, lo que sí sería sumamente grave es que se hiciera una perforación sin que la Semarnat o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) supiera, y “evidentemente esteremos al tanto”.
En el mismo tema, el secretario Elvira comentó que el gobierno federal continúa haciendo la “movilización pacífica” de algunos núcleos poblacionales, para lograr la recuperación del conjunto total de la zonas declaradas protegidas.
Finalmente, hizo un reconocimiento al Congreso por la aprobación de un presupuesto mayor que el del año pasado, y que ahora será de poco más de 5 mil millones de pesos. “Confiamos en que con esta suma podamos seguir incrementando el número de programas, como el de conservación”, dijo Elvira durante la entrevista, tras el acto donde se declaró al ecosistema del Pedregal de San Ángel como área natural protegida.
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