Bajo un sistema de partidos, las divergencias entre cámaras suelen ser menores. En México, sin embargo, suelen ser mayores. Existen más de cien proyectos de la Cámara de Diputados en el Senado y otro tanto de este último en aquélla. Algunos de ellos son de suma importancia. Sin embargo, no se produce casi nunca una discusión formal y sistemática entre las cámaras del Congreso.
Un ejemplo de lo anterior es el proyecto de reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos de todo el país. Es evidente que el Estado no puede funcionar sin una regulación, ya que hemos visto que los ayuntamientos —todos son pobres— deciden los sueldos de los integrantes sin más regla que un acuerdo. Hay muchas otras instituciones en las que sus miembros se asignan el sueldo que quieren.
El proyecto para regular los sueldos no sólo define un máximo, sino también cancela todas las ministraciones ilegales que se han autorizado en muchas instancias públicas sin el menor control parlamentario. Cada entidad federativa del país emitiría su propia ley de sueldos bajo las nuevas reglas constitucionales, de tal manera que el Poder Legislativo recuperaría una de las funciones esenciales que adoptó desde su surgimiento.
Este proyecto contó con el apoyo entusiasta del Senado, pero durante dos años ha estado archivado en la Cámara de Diputados, cuya composición no es tan diferente. ¿Cómo pueden el PRI y el PAN votar a favor de tan importante cambio legislativo en una cámara y bloquear en la otra ese mismo proyecto durante tanto tiempo y sin argumento público alguno? No existe explicación dable, como no sea que la iniciativa provino del PRD.
El otro problema es que si no existen argumentos en contra, tampoco puede haber un debate, de tal suerte que el asunto ya casi no se menciona, mientras que el Senado —la cámara de origen— no reclama absolutamente nada a los diputados.
¿Por qué se recurre al bloqueo parlamentario? Es sencilla la respuesta: para no tener que manifestar en público los motivos del rechazo. La congeladora legislativa es un instrumento de la corrupción, la despolitización del pueblo y el monopolio de la función pública por parte de una casta.
Existe una iniciativa de reformas para obligar a las cámaras a votar los proyectos procedentes de la colegisladora, aunque no haya dictamen de comisión y siempre que hubiera transcurrido un tiempo prudente, digamos dos meses. Pero esta propuesta no es aceptada por PAN y PRI sin dar tampoco la menor explicación sobre su negativa.
Cuando una cámara se niega a discutir algún proyecto de la otra, en realidad se viola la Constitución, la cual no admite ninguna forma de bloqueo más que el voto de los legisladores. Evitar la discusión es fracturar al Congreso, que, aun cuando tiene dos cámaras, es un solo órgano legislativo. Al decir que el bloqueo de minutas es inconstitucional tal afirmación no logra más que acentuar el defecto ante el cinismo de la mayoría. La única forma de resolver este gran problema es hacer obligatoria la discusión y votación de los proyectos de la colegisladora, con o sin dictamen de por medio.
Feliz año nuevo.
Un ejemplo de lo anterior es el proyecto de reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos de todo el país. Es evidente que el Estado no puede funcionar sin una regulación, ya que hemos visto que los ayuntamientos —todos son pobres— deciden los sueldos de los integrantes sin más regla que un acuerdo. Hay muchas otras instituciones en las que sus miembros se asignan el sueldo que quieren.
El proyecto para regular los sueldos no sólo define un máximo, sino también cancela todas las ministraciones ilegales que se han autorizado en muchas instancias públicas sin el menor control parlamentario. Cada entidad federativa del país emitiría su propia ley de sueldos bajo las nuevas reglas constitucionales, de tal manera que el Poder Legislativo recuperaría una de las funciones esenciales que adoptó desde su surgimiento.
Este proyecto contó con el apoyo entusiasta del Senado, pero durante dos años ha estado archivado en la Cámara de Diputados, cuya composición no es tan diferente. ¿Cómo pueden el PRI y el PAN votar a favor de tan importante cambio legislativo en una cámara y bloquear en la otra ese mismo proyecto durante tanto tiempo y sin argumento público alguno? No existe explicación dable, como no sea que la iniciativa provino del PRD.
El otro problema es que si no existen argumentos en contra, tampoco puede haber un debate, de tal suerte que el asunto ya casi no se menciona, mientras que el Senado —la cámara de origen— no reclama absolutamente nada a los diputados.
¿Por qué se recurre al bloqueo parlamentario? Es sencilla la respuesta: para no tener que manifestar en público los motivos del rechazo. La congeladora legislativa es un instrumento de la corrupción, la despolitización del pueblo y el monopolio de la función pública por parte de una casta.
Existe una iniciativa de reformas para obligar a las cámaras a votar los proyectos procedentes de la colegisladora, aunque no haya dictamen de comisión y siempre que hubiera transcurrido un tiempo prudente, digamos dos meses. Pero esta propuesta no es aceptada por PAN y PRI sin dar tampoco la menor explicación sobre su negativa.
Cuando una cámara se niega a discutir algún proyecto de la otra, en realidad se viola la Constitución, la cual no admite ninguna forma de bloqueo más que el voto de los legisladores. Evitar la discusión es fracturar al Congreso, que, aun cuando tiene dos cámaras, es un solo órgano legislativo. Al decir que el bloqueo de minutas es inconstitucional tal afirmación no logra más que acentuar el defecto ante el cinismo de la mayoría. La única forma de resolver este gran problema es hacer obligatoria la discusión y votación de los proyectos de la colegisladora, con o sin dictamen de por medio.
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