Detienen a escoltas y personal de López Obrador en Mazatlán

Las 10 personas fueron liberadas; el arresto, ilegal: “gobierno legítimo”

C. Pérez, enviado; G. Castillo, E. Velasco, A. Bolaños y M. Servín, reporteros; J. Váldez, corresponsal

Efectivos militares detuvieron el martes pasado, en un retén en Mazatlán, Sinaloa, a 10 integrantes de los equipos de seguridad e información que acompañan en sus giras a Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que cinco de ellos portaban de manera “ilegal” armas de uso exclusivo del Ejército, razón por la cual la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Esto ocurrió porque las autoridades federales no dieron validez a los oficios mostrados por los cinco escoltas del ex candidato presidencial expedidos por la Policía Bancaria e Industrial (PBI) –a la que están adscritos– que los facultan para portar armas de fuego, informaron fuentes del “gobierno legítimo”.

Durante su gira por Sonora, López Obrador calificó de “acto arbitrario” la detención de sus colaboradores, a quienes la PGR privó de la libertad durante más de 10 horas en Mazatlán.

“Lo hicieron sin ninguna razón, porque todo está en orden”, subrayó el tabasqueño al explicar que los cinco escoltas se identificaron plenamente en el retén que instaló el octavo batallón del Ejército a la entrada de Mazatlán e informaron sobre el tipo de armas que portaban y los oficios expedidos por la PBI.

No obstante, los elementos de seguridad Sergio Villarruel, Antonio de Anda, Guillermo Sánchez, Enrique Aguirre y Juan Alvarado fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en Mazatlán al igual que los choferes Eduardo Pérez, Miguel Castrejana y Rito Aguilar, el camarógrafo Julio Muñoz y la reportera Carmen Núñez, estos últimos en calidad de testigos.

Todos integran el grupo que ha acompañado a López Obrador en giras por mil 900 municipios y que han cruzado sin dificultad decenas de retenes militares. Es la primera vez que ocurre un hecho así en tres años y medio.

El grupo de seguridad fue contratado durante la campaña presidencial con cargo al PRD, y después del proceso electoral permanece un pequeño grupo con cargo a la asociación civil Honestidad Valiente. “Siempre hay vigilancia mínima en las giras, por razones obvias”, respondió López Obrador en entrevista.

En la PGR fueron interrogados por el agente del Ministerio Público Óscar García, quien al tiempo que hacía preguntas a los detenidos les sugería en tono de burla que llamaran a López Obrador: “Háblenle para que los rescate, ¿qué, no es su presidente legítimo?”

Los cinco civiles estuvieron retenidos más de 10 horas y fueron liberados cerca de las 9 de la mañana, mientras al equipo de seguridad lo detuvieron más de 15 horas. A todos les tomaron declaración y huellas dactilares.

Los tres vehículos en que se transportaban quedaron en poder de la PGR, debido a que los funcionarios exigieron copia de cada factura, certificada ante notario público, que representantes de la asociación civil deberán llevar a Mazatlán.

Entre las irregularidades de la detención destaca el hecho de que, obedeciendo órdenes de funcionarios del Ministerio Público y no del mando militar, uno de los cabos del octavo batallón intentó arrebatar su cámara de video a Julio Muñoz. Al cuestionar a su superior sobre la subordinación del Ejército a funcionarios de la PGR, éste admitió la falta y relevó al soldado de la operación.

De acuerdo con información de la PGR se detuvo a los escoltas porque la portación de las armas de fuego se amparaba con una copia fotostática de la autorización del resguardo expedida por la PBI del Distrito Federal.

En un comunicado, la PGR señaló que la noche del 7 de enero los cinco detenidos fueron liberados, con las reservas de ley, para concluir la indagatoria y determinar si incurrieron en algún ilícito.

Fuentes del “gobierno legítimo” comentaron que “es la primera vez, desde que López Obrador inició su campaña presidencial, en agosto de 2005, que en un retén militar no aceptan los permisos expedidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, a pesar de tener sellos oficiales. Esto llama la atención en un año electoral”.

El 6 de enero los escoltas y el equipo político del tabasqueño viajaban en avanzada para preparar la gira que efectúa el dirigente del Frente Amplio Progresista por 21 municipios de Sonora y Baja California.

Para la liberación de los agentes, personal del área jurídica de la PBI viajó a Sinaloa para mostrar documentos que garantizan que las armas se obtuvieron por conducto de la Sedena y que los detenidos forman parte de la escolta de López Obrador.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, confirmó que los escoltas detenidos son policías complementarios de la SSP pertenecientes a la PBI.

De acuerdo con el contrato X-5552, firmado en 2006, dos de los elementos tienen asignado el servicio de guarda y custodia, y otros tres fueron contratados para un servicio extraordinario solicitado por el particular. Todos con portación de arma de cargo indicada en el respectivo oficio de colaboración.