Transporte chafa y caro

Lilia Arellano

“Los que aman el dinero no lo regalan”. Arthur Miller

El transporte público en todo el país se ha convertido más en un dolor de cabeza para autoridades y usuarios que en el servicio para el cual se les otorgan las concesiones. Los ejemplos de todo lo malo que gira en torno a éste se dan en un primer lugar en Tijuana, Baja California, seguidos de un vergonzoso segundo sitio que ocupa la ciudad de Cancún en Quintana Roo. No sólo son las tarifas, que se significan por ser las más altas en toda la República, sino que también es el pésimo estado de las unidades, en los abusos de los chóferes, en los accidentes que provocan y que tienen ya su saldo en muertos.
Con y sin autorización para elevar las tarifas del transporte, los concesionarios se han convertido en una amenaza para los gobiernos locales ya que recurren a los paros, a las movilizaciones, al cierre de calles y avenidas para lograr que les permitan cobrar elevadas cantidades por un servicio que cada vez es más deficiente. Poco o nada importa el impacto que pueden sufrir los usuarios ante la cada vez más pronunciada crisis económica, menos aún les resulta de consideración cuando se trata de transportar turistas o de afectar imágenes que se crean en el extranjero como sucedió en Baja California Sur, tanto en Los Cabos como en La Paz.

En el caso de Tijuana, Baja California, que se significa por ser la ciudad con el transporte más caro, el pasado mes de octubre se aumentó la tarifa un peso adicional para camiones y taxis de ruta, mientras que para los taxis libres el precio creció 50 centavos por banderazo y por kilómetro recorrido. Pese a que en enero del mismo año se comprometieron los concesionarios a renovar el parque vehicular que se encuentra en pésimo estado, una sola unidad no fue ni siquiera reparada y en cuanto a los taxis, éstos lucen con los interiores rotos, algunos hasta presentan hoyos en las láminas y ni qué decir de la contaminación que tanto camiones como autos producen.
Los ciudadanos recurrieron, inclusive, al gobernador para hacerle llegar todas las inconformidades existentes en la prestación de este servicio y nada de esto sirvió ante la latente amenaza de los concesionarios de detener el transporte y con ello paralizar prácticamente todas las actividades de esa ciudad. El chantaje hizo presa a las autoridades y aceptaron todas y cada una de las condiciones impuestas por quienes, en el momento de las campañas extienden un apoyo que después cobran con ganancias en efectivo.
Por lo que respecta a Cancún, en Quintana Roo, cabe subrayar de nuevo que es la segunda ciudad con el transporte más caro del país. Los usuarios del transporte público en Cancún pagarían a partir del mes de marzo el viaje en la zona urbana en 6 pesos y 8.50 pesos en la zona hotelera, cuando el precio anterior, al menos oficialmente, es de 4.50 y 6.50 pesos, respectivamente, lo que constituye un aumento del 33 por ciento. Sin embargo, la fecha para la puesta en marcha de la nueva tarifa no ha sido respetada y la empresa propiedad del Sindicato de Taxistas, la Maya Caribe, viene cobrando el nuevo precio del transporte desde los primeros días del presente mes.
En un arranque teatral de los que acostumbra el actual alcalde Gregorio Sánchez, se afirmó que en caso de que no se respetaran las tarifas se llegaría la extremo de revocar la concesión, lo cual resultó, como casi todas sus promesas, falso ya que ahora no sólo esa empresa sino Turicun y Autocar también han incurrido en los elevados cobros. Mostrando una vez más su total desconocimiento sobre diversas materias, el presidente municipal advirtió que los chóferes que aplicaran antes de la fecha indicada las nuevas tarifas serían acusados de fraude y que se procedería contra ellos por la vía civil o la penal.
Pero no solo lo anterior ha recaído sobre los concesiones del transporte cancunense, se encuentra también el incumplimiento del descuento del 50 por ciento del costo del boleto para estudiantes, menores de 12 años y personas de la tercera edad. Ni qué decir de los taxistas quienes cobran de acuerdo a unas tarifas que les son autorizadas por el sindicato y no por las autoridades. Tales hechos los comprobaron, incluso, los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y se demostró que tales cobros se excedían hasta en un 50 por ciento de lo autorizado. Pese a la certificación oficial de tal abuso nada se ha hecho por remediarlo.
El cabildo condicionó la nueva tarifa al establecimiento del Fideicomiso de Infraestructura Vial del municipio de Benito Juárez, y de la Operadora de Transporte que aglutinará las actuales empresas concesionarias hacia el último día de febrero de 2009, que deberá concretar la modernización del sistema en su primera fase para marzo de 2010. Sobre esta aprobación del cabildo se ejercieron un sinnúmero de quejas y se habló, incluso de que se repartió una millonaria bolsa entre los regidores para “comprar” el voto que les permitiera no solo el aumento de tarifas sino conservar la concesión por diez años más sin hacerle ninguna mejora al parque vehicular.
Actualmente, con la operación de 77 rutas, diversas zonas de la ciudad están sin cobertura, pues se concentran en una sola avenida, por lo que se tiene planeado el establecimiento de siete corredores troncales, la avenida José López Portillo, la Cava, Tulum, Andrés Quintana Roo, Corredor Avenida Cancún, Guayacán y la avenida Chac Mol, así como un par vial que conecte a la zona hotelera. El primer corredor empezará su construcción hasta el mes de octubre y se regirá por lo que se asentó dentro del Fideicomiso, sin embargo y dada la desconfianza que rige hacia los propietarios tanto de Turicun, como de Maya Caribe, Autocar y Transportes Bonfil, no se cree que éste se realice ni en ese tiempo ni con las aportaciones aprobadas sino que será a cargo del usuario con incrementos a las tarifas que serán aprobados por esas fechas.
Argumentos inválidos
Ante los constantes aumentos a los combustibles que contra viento y manera mantuvo todo el año pasado la actual administración federal que encabeza Felipe Calderón, así como los incrementos que registraron sus insumos como llantas y refacciones, en todo el país los concesionarios del transporte público presionaron a las autoridades locales y lograron en la mayor parte del territorio nacional el establecimiento oficial de incrementos a las tarifas de transporte público, lo que contribuyó a deteriorar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores.
Prácticamente todos los gobiernos locales autorizaron incrementos a las tarifas del transporte público presionados por los concesionarios que vieron aumentar sustancialmente sus costos de operación. Los aumentos se dieron desde los primeros meses del año y continuaron hasta el mes de diciembre. En la capital de la República, la administración de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, autorizó la última semana del año un aumento de 50 centavos en la tarifa del Metrobús, cuyo costo en sus dos líneas pasó de 4.50 a 5 pesos lo que constituyó el segundo incremento de 2008, año en el que el costo de ese medio de transporte se elevó en más del 40 por ciento, ya que inicialmente fue de 3.50 pesos y ahora ya es de 5 pesos.
Ya a inicios del segundo semestre de 2008, en el mes de julio, el gobierno del Distrito Federal había autorizado a 56 rutas del transporte público concesionado un incremento de 50 centavos a la tarifa a cambio, dijeron en ese momento, del compromiso de renovar el parque vehicular, modernizar sus sistemas de cobro y mejorar el servicio, aspectos que a cinco meses no se ven concretados en beneficio de los usuarios capitalinos.
En el Estado de México, donde dice gobernar Enrique Peña Nieto, también en la última semana de diciembre su administración autorizó el aumento del pasaje en el transporte público de pasajeros que opera en la entidad, con lo que la tarifa mínima es de 5.50 y la máxima de 10.50 pesos. Estos aumentos representaron un incremento de más del 33 por ciento en el Valle de Toluca y del 22 por ciento para el Valle de México. También los casi 80 mil taxistas que operan en la entidad registraron ajustes a sus tarifas.
A partir del 1 de enero de 2009, la administración del gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, autorizó el aumento de un 9.88 por ciento a las tarifas de transporte público. En la ruta radial se aprobó una tarifa de 7.50 pesos; en la ruta periférica un incremento de 8 pesos; en la ruta minibús pasó a 5 pesos; la minibús panorámico a 7.50 pesos; mientras que el metrobús aumentó a 8 pesos.
En Puebla, el “gober precioso”, Mario Marín, autorizó desde principios del año pasado un aumento a la tarifa de transporte a cinco pesos, bajo el argumento de que los concesionarios recienten aumentos al cien por ciento en combustibles, llantas, aceite, así como en refacciones. La ciudadanía poblana fue realmente afectada pues en promedio toman entre cuatro o cinco camiones al día.
También en el estado de Coahuila a partir del 2 de enero de 2008 se comenzó a aplicar las nuevas tarifas de transporte público. En términos prácticos subió 50 centavos las tarifas en general y preferencial. Así, la general pasó de 5 a 5.50 pesos, la preferencial pasó de 3.50 a 4 pesos; la de adultos mayores quedó en 3.50 pesos.
Los usuarios del transporte público del Estado de Durango resintieron también desde el pasado mes de julio el incremento de 50 centavos a la tarifa en general y 20 centavos tanto en el banderazo como por cada kilómetro en taxis.

Aumentos ilegales
En diversas entidades del país en donde las autoridades locales no autorizaron incrementos a las tarifas de transporte público, éstos de todas formas se dieron en la práctica pues los concesionarios subieron el precio del pasaje por sus pistolas. Así sucedió en el estado de Guanajuato, en donde a pesar de no contar con el aval oficial, los concesionarios del transporte público de la entidad aplicaron el pasado mes de diciembre un incremento de 4 a 5 pesos por pasajes. Las autoridades de la capital guanajuatense reaccionaron infraccionando a los concesionarios con multas de 400 pesos. A pesar de todo el precio del pasaje subió de 4 a 5 pesos.
Baja California Sur fue otra entidad en donde se resintieron las presiones de los concesionarios del transporte público para aumentar las tarifas ante el incremento de los precios de sus insumos, principalmente combustibles y refacciones. El pasado mes de diciembre el transporte colectivo de pasaje urbano (peseras) paralizaron labores en La Paz, en demanda de aumento de 2 pesos al pasaje en lo general y un peso para los estudiantes y para las personas de la tercera edad, con lo que miles de usuarios fueron inmovilizados y no pudieron llegar a sus centros de trabajo y escuelas. El incremento impuesto ilegalmente elevó a seis pesos el costo del pasaje colectivo y a 3 pesos para estudiantes y para las personas de la tercera edad, así como para discapacitados.
Tabasco también resintió esta situación. El pasado mes de agosto alrededor de 70 rutas suburbanas colocaron avisos en sus respectivas unidades advirtiendo de un incremento, sin autorización, a la tarifa del pasaje, de un peso más al costo, lo que perjudicó principalmente a la clase más desprotegida, ya que los trabajadores y estudiantes utilizan esos medios de transportes para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio,
En el estado de Tlaxcala también en el mes de diciembre, de manera sorpresiva y sin autorización de la SCT, transportistas de jurisdicción federal incrementaron 10 pesos a la tarifa de pasaje de transporte colectivo. Las rutas que recorre la empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, incrementaron desde entonces a 10 pesos su tarifa, mientras que los que se dirigen a la ciudad de México cobran una cuota de 110 pesos, cuando la anterior era de 100.
Michoacán resintió una situación similar. En el mes de agosto, sin avisar a los usuarios las combis de casi todas las rutas iniciaron el cobro de 5 pesos por el servicio, tarifa que no estaba autorizada por la Comisión Coordinadora de Transporte.
Así las cosas, en tanto que los gobiernos se constituyan en rehenes de los transportistas –posición que adquieren desde el momento en el que los sientan a la mesa de la captación de sufragios-, nada podemos esperar los usuarios de bueno en el servicio, ni en lo que se refiere a la buena condición de las unidades, mucho menos en el trato y peor aún, ni esperanzas de tarifas que vayan acorde con la situación económica actual o de perdida que se apliquen alzas de acuerdo a los reportes inflacionarios oficiales ya que la mayoría de estas los rebasa hasta en un 300 por ciento. Falta poco para que un día de salario mínimo apenas alcance para el pago del boleto de un destartalado camión.

De los pasillos
El grado de servidumbre a que ha llegado el gobierno de Felipe Calderón ante los Estados Unidos puede evaluarse en materia judicial en el número de extradiciones de presuntos delincuentes durante la presente administración hacia ese país. De acuerdo con reportes de las secretarías de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, durante la actual gestión federal se ha concretado la extradición de 192 presuntos delincuentes, de los cuales 184 eran reclamados por el gobierno estadounidense. Otros dos fueron entregados al gobierno de Italia, mientras que a Panamá, El Salvador, Países Bajos, Francia, Perú y Guatemala, les fueron entregados uno a cada nación.
Como se aprecia, la mayoría de estas extradiciones cumplen la función de satisfacer los deseos del gobierno de Estados Unidos, al que se le han entregado en bandeja de plata, entre otros, al jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén; al jefe del cártel de Sinaloa, Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar, considerado el principal socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán; y los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, integrantes del cártel de Tijuana, que dirigen los hermanos Arellano Félix, a pesar de que en México son acusados de delitos contra la salud en sus modalidades de introducción, transporte y posesión de cocaína y marihuana, asociación delictuosa, acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea;.
El sector privado destacó este domingo las señales del debilitamiento de la economía nacional: las ventas bajaron en una época en la que generalmente repuntaban; la producción nacional se contrae y el sector servicios empieza a reportar cifras negativas ante la menor dinámica del mercado interno. Otras señales inequívocas son la caída de las exportaciones y la reducción de la inversión que repercute negativamente en el crecimiento de la economía, la permanencia de las presiones inflacionarias y, sobre todo, la pérdida de un importante número de empleos formales.
Para este año el Centro de Estudios del Sector Privado prevé que la economía tendrá importantes caídas en los primeros dos trimestres. Luego de que en el 2008 la economía habría reportado un avance de 1.4 por ciento del PIB, según los cálculos del CEESP, para todo el 2009 espera un decrecimiento de 1.3 por ciento, con lo que se inhibirá la posibilidad de estimular el mercado laboral y por el contrario lo más seguro es que la plantilla laboral siga ajustándose a la baja, quedando cada vez más familias sin medios para sobrevivir en la economía formal.
lilia_arellano@yahoo.com