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Sumario:
I. En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado. Declaración de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
II. Atenco y el 97 constitucional, por Bernardo Batiz
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En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado
Declaración de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, a expensas de su redacción final, cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el Estado responde a las graves violaciones a los derechos fundamentales, violaciones que, paradójicamente, han sido ampliamente documentadas por la misma Corte en su investigación.
Estas conclusiones confirman la negación de justicia como patrón de respuesta del Estado, como la CCIODH ha venido constatando a lo largo de 10 años de observación por los derechos humanos en México: así ha ocurrido en un crimen de Estado como es el caso Acteal, en la denuncia de Lydia Cacho y ahora en el caso Atenco. En todos ellos se imputa a funcionarios de bajo nivel y se exonera a los responsables policiales y políticos, justificando actuaciones del poder cuyo principal objetivo es la represión de los movimientos sociales.
Como también sucedió en su decisión sobre la ley indígena en el 2003, la SCJN cierra de nuevo las aspiraciones legítimas de obtener justicia.
El fracaso de la administración de justicia en México deja a los denunciantes la justicia internacional como única vía.
En su resolución, la mayoría de la SCJN exonera a los responsables políticos del operativo por falta de pruebas, es decir, les aplica el principio de presunción de inocencia, un principio que, aplicado a los servidores públicos en casos de violaciones de derechos humanos, sólo puede tener como resultado la impunidad.
En el mismo proyecto del dictamen presentado por el ministro Gudiño, la Corte contaba con elementos suficientes que justificarían la apertura de una nueva investigación específica sobre la actuación de los responsables políticos.
El comportamiento de los agentes durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, visto en conjunto, no puede entenderse si no existían instrucciones previas de cómo debía desarrollarse el operativo. La manera en como se desarrollaron las detenciones y los traslados a los centros de detención en momentos y lugares distintos a lo largo de dos días, responden a un patrón tan parecido que, en caso contrario, no sería racionalmente comprensible.
La Corte no ha tenido en cuenta algo que queda constatado en su propia investigación: en el desarrollo del operativo de Atenco, las autoridades responsables permitieron la existencia de tiempos y espacios fuera de derecho y todo tipo de prácticas colectivas violentas.
¿Cómo pueden atribuir a comportamientos individuales y espontáneos el hecho de que 85% de los detenidos y detenidas presentaran lesiones no atribuibles a la detención o el elevadísimo porcentaje de mujeres que han denunciado abusos sexuales como lo constata la misma investigación de la Corte?
En este sentido, tampoco tiene en cuenta la Corte la resistencia tenaz de las autoridades municipales, estatales y federales a realizar la menor investigación sobre los delitos cometidos por los agentes participantes en el operativo: las autoridades públicas han encubierto las agresiones, las han negado reiteradamente, han dificultado las denuncias y la investigación y han manifestado de diversas maneras su intención de proteger a las responsables directos.
Esto es así hasta el punto de que, como se mencionaba en nuestro anterior boletín (http://cciodh.pangea.org/?q=
La Suprema Corte ha pasado de puntillas sobre un nuevo caso flagrante que ilustra una vez más la total impunidad del ejercicio del poder en México.
Ante la disyuntiva de elegir entre procurar establecer mecanismos de justicia o consagrar la impunidad, la mayoría de la Suprema Corte ha decidido dar carpetazo al asunto.
El mensaje es claro: los poderes políticos de México pueden volver a planear otro operativo como el de Atenco, pero ahora sabiendo de antemano que el máximo órgano judicial de la República les exonerará por falta de pruebas. Ni siquiera les exigirá realizar una investigación seria sobre los delitos cometidos por servidores públicos, aunque la misma Corte los reconozca en su investigación.
En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado.
Después de agotarse la última instancia de la justicia mexicana, la pregunta que cabe hacerle a la mayoría de magistrados es simple: ¿dónde queda la justicia?
Barcelona, a 15 de febrero de 2009.
Comisión de Prensa
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Atenco y el 97 constitucional
por Bernardo Batiz, secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 16 de febrero de 2009)
Atenco, dice el doctor Antonio Peñafiel en su Diccionario de jeroglíficos de nombres geográficos (1885), tiene un glifo peculiar, unos labios o boca semiabierta, hacia el agua o rodeada de agua. Atenco es un pueblo muy antiguo, prehispánico, situado en la ribera de ese mar interior que fue el gran lago de Texcoco, lo imagino poblado por pescadores y cazadores de aves acuáticas, con chinampas en las orillas y milpas en las tierras más altas, casas humeantes y un teocali en el centro; su historia debe ser muy parecida a la de otros tantos pueblos que sucumbieron a la conquista española, primero incuria, después abandono, aislamiento y luego, con la desecación de los lagos, pobreza y trabajo agotador para sobrevivir.
Durante la Revolución es muy posible que los atenquenses hayan luchado por sus tierras al lado de las fuerzas zapatistas que tuvieron gran influencia en los rumbos de Tlaxcala y el estado de México. No hay que olvidar que fue muy cerca de este poblado, donde don Andrés Molina Enríquez lanzó en 1911 su celebre Plan de Texcoco, encaminado a reivindicar las tierras de los campesinos despojados por las haciendas y a rescatarlos de la esclavitud de las tiendas de raya y de la arbitrariedad de mayordomos y administradores.
Atenco, como tantos otros pueblos, valora sus tierras, que le dan el magro sustento, pero que también le proporcionan identidad, sentido de pertenencia e inspiran un patriotismo local que no fácilmente entienden los extraños; la tierra es sagrada para el campesino, no se concibe sin ella, y si un pueblo la pierde, pierde su razón de ser. Por eso la resistencia al proyecto del aeropuerto invasor que se pretendía en sus campos de cultivo, por eso los machetes y la tenacidad heroica de sus habitantes que con tanto empeño resistieron primero y al final impidieron el despojo.
Pero todo eso, por supuesto, lo ignoraron Fox, el gobernador, el secretario de Seguridad y sus respectivos cortesanos y operadores; para ellos los terrenos de Atenco eran tan sólo la perspectiva de un gran negocio, de oportunidad de contratos, inversiones y riquezas, y por ello no pueden perdonar a los tercos campesinos que les echaron a perder todo. No pudieron adueñarse del espacio a cambio de migajas, quedaron muy mal ante la opinión pública, y por lo tanto tenían que vengarse con el primer pretexto que tuvieron a la mano; lo hicieron, enviaron a sus policías a castigar a los reos del delito ya extinguido hace siglos, de "lesa majestad", pero restablecido para el efecto de dar un escarmiento a esos alzados y desobedientes.
Para escarmentarlos a ellos y para asustar a otros posibles reclamantes en otros sitios y en otros momentos, se recurrió a la persecución bárbara, a las golpizas, a las detenciones arbitrarias y a los abusos de todo tipo. En otro momento o quizás en otra entidad, con ese escarmiento, las cosas hubieran regresado a su curso y la población estaría dolida y resentida, pero calmada.
En Atenco no sucedió así; sus habitantes siguieron su lucha, con sus líderes principales presos o escondidos, no han dejado de reclamar que se haga justicia y que se sancione a los responsables de la desalmada agresión, pero esto no es posible cuando los investigadores del delito habían sido nombrados por quienes tendrían que investigar.
El asunto, después de tiempo, tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia, por vía de la investigación de violaciones a garantías individuales, reconocida en el artículo 97 constitucional, inspiración invaluable del Constituyente del 17; para cuando las instituciones regulares y locales no pueden o no quieren hacer justicia, al menos queda ese último recurso, que es la investigación del tribunal federal de mayor rango. Fue ésa la última esperanza de una condena adversa a los autores intelectuales y materiales de los hechos de Atenco, lástima que sólo tres de los integrantes del alto tribunal estuvieron a la altura de su papel de juzgadores de nivel superior, con autoridad moral para señalar culpables con nombres y apellidos; la mayoría, en defensa de su propia clase social y quizás de sus amigos y anfitriones, rebajó la resolución y sólo se atrevió a decir que sí hubo violación a garantías individuales, pero que sólo eran condenables los ejecutores materiales, mientras que quedaron impunes y tranquilos los más encumbrados.
A pesar de ello, el baldón es difícil de quitar, para quienes aun exonerados en la fórmula de la resolución fueron señalados por parte importante de la opinión pública y por la minoría de ministros durante el debate. Helioflores, el agudo caricaturista, hace unos días fue más elocuente que mil palabras. Aparecen en el cartón, publicado en El Universal, el gobernador Peña Nieto y el procurador Medina Mora con caras de niños incapaces ni de una travesura, bien peinados, pero atrás, sobre las sombras de sus cabezas, destacan las cruces de las tumbas que se supondrían de los jóvenes asesinados en los hechos; el título del editorial gráfico es por demás concluyente: "Sombras nada más", pero añado, también nada menos: de esas sombras es difícil liberarse.
El 97, a pesar de la reticencia de quienes no gustan emplear las facultades que les otorga, volvió a funcionar.
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