Ricardo Andrade Jardí
Tan sólo unas horas después de que Germán Martínez, el dirigente panista declarara: "que no hay Estado fallido ni doblegado", la realidad concreta lo desmentía, una cifra aterradora: 60 ejecutados, en un domingo panista, sesenta (60) ejecutados con niños y familias completas "ajusticiadas", por una delincuencia que lo mismo ejecuta victimas en los quirófanos de hospitales públicos y privados, que entra a centros de reclusión a ejecutar reos y liberar a otros, que cobra impuestos millonarios a grandes, medianos y pequeños comerciantes en centros turísticos que destacan por su turismos sexual, que cierran discos y centros nocturnos para divertirse con los ingenuos civiles que acuden a estos lugares con la intención de divertirse y no de ser ellos la diversión de otros. Un domingo cualquiera salen a ejecutar familias enteras frente a los ojos y oídos de una autoridad municipal, estatal y federal inepta, estúpida, incompetente, absolutamente corrompida por el crimen organizado e incapaz de articular una respuesta, aunque sea mediana, para detener la imparable espiral de violencia que afecta ya todos los rincones de la vida pública y privada.
No sólo hay un Estado fallido, hay una administración cómplice, corrupta e inoperante, que sigue escudándose tras el velo de la IMPUNIDAD y la mentira para justificar políticas probadamente ineficaces.
¿Cuántos muertos más requeriremos por día para convencernos de que no sólo es fallido el Estado, sino incompetente hasta poner en riesgo la seguridad y la vida de todos? ¿A caso estamos esperando a que el Ejército de "el golpe" para "darnos seguridad" y tomar el control?
Es hora de que la ciudadanía deje de lado sus conservadurismo y confort, para iniciar, ante la incapacidad del usurpador, el proceso que nos ayude a transitar hacia la construcción de una nueva república fundada en la dignidad humana y la ética y que se abra el necesario debate sobre la legalización de una "prohibición" que genera una infinita violencia y que es además el pretexto o escudo de un negocio atroz, que tiene más que ver con la moral familiar, privada, individual, que con la seguridad pública, que ya no puede enfrentar la fuerza de un Estado paralelo fundado al cobijo de la IMPUNIDAD y la inmoralidad de esa prohibición.
Es el Estado, el que debería ocuparse de prevenir, en todo caso, el consumo, como debería hacerse con todas las drogas chatarra (frituras empaquetadas, medicamentos, harinas y azúcares refinadas, panes que no son panes, bebidas de cola, tabaco, alcohol, etc.) y que el amoral empresariado mexicano y transnacional nos venden, ante un desgobierno que no sólo las tolera, sino que además las promueve y permite incluso su venta en "centros de salud" y educación desde el nivel más elemental y por tanto el que debería ser nutricionalmente, entre otras cosas, el más protegido.
¿Cuántos muertos más nos permitiremos cada mexicano antes de que radicalmente actuemos contra la indiferencia y la IMPUNIDAD sistémica que se nos impone? ¿Cuántos: 70, 100, 120, 1,500 en un domingo cualquiera? ¿Cuántos...?
¡Basta, que se vayan todos! Esa debería ser la demanda ciudadana, peor no podemos estar... Y sin nuestra inmunda clase político-empresarial tal vez podremos transitar hacia una vida digna y justa para todos.
La realidad concreta supera toda demagogia y no olvidemos que esa realidad la hacemos todos.
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