El gobierno calderonista, reprobado en Derechos Humanos

Julio Pimentel Ramírez

En esta semana se presenta una serie de destacadas informaciones vinculadas con el respeto a los derechos humanos, que desnudan nuestro frágil equilibrio en dicha materia y que demandan de la sociedad, de los políticos y de los juristas una seria reflexión que derive en acciones que frenen y reviertan su deterioro creciente, que amenaza con estallidos sociales de impredecibles consecuencias.
Entre estos acontecimientos se encuentran la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del informe del Estado mexicano en esa materia así como las recomendaciones del organismo internacional al gobierno calderonista; la discusión y el resolutivo final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de Atenco y la inminente salida de prisión de los hermanos Cerezo Contreras, víctimas de la "moderna" guerra sucia que el Estado ha emprendido en contra de opositores políticos.

El gobierno de México aceptó 83 recomendaciones que le formuló el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) para mejorar el respeto a los derechos humanos, y se reservó ocho, a las que responderá en junio próximo, pues requieren un "análisis intersecretarial más detallado".
Con el característico cinismo y esquizofrenia del gobierno espurio, que por lo demás es tradición de las anteriores administraciones priístas y panista que en el exterior presumen de lo que se carece en nuestro país, el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, considera que las autoridades mexicanas "aprobaron" el examen.
Esto a pesar de que entre los exhortos destacan: erradicar las prácticas de tortura e investigar los casos perpetrados por elementos del Ejército y de corporaciones policiacas; adoptar medidas para combatir la impunidad, en particular en crímenes contra mujeres, indígenas, menores de edad y periodistas, e implementar medidas para erradicar de manera efectiva la pobreza.
Otro señalamiento es que las autoridades mexicanas expliquen cómo esperan garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país sean atendidas por tribunales civiles, incluidos los abusos de militares, salvo en "situaciones específicas" reservadas a la jurisdicción castrense, como insubordinación, deserción y traición.
Entre las sugerencias reservadas se encuentra el restablecimiento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y otras relativas a la figura del arraigo en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, la justicia militar y la definición de delincuencia organizada.
Sobre la sugerencia de restablecer la fiscalía especializada para movimientos sociales del pasado, el subsecretario explicó que si bien el organismo fue cerrado, las investigaciones no se han dado por concluidas. Todo lo que hacía dicha instancia fue entregado a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, abundó. No obstante, tocará a las dependencias federales competentes analizar el exhorto y pronunciarse en su momento.
Aquí cabe señalar que en los hechos las averiguaciones previas abiertas por la FEMOSPP sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado mexicano durante la llamada guerra sucia de los 60 a 80s, se encuentran relegadas sin avance alguno, según denuncian organizaciones de familiares y de derechos humanos. Incluso por denegación de justicia en instancias jurisdiccionales nacionales el caso de Rosendo Radilla, detenido desaparecido en 1974 en Guerrero, se encuentra ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en espera de resolución.
En tanto al abordar, analizar y dar su resolutivo sobre los hechos represivos del 2006 acontecidos en Texcoco y San Salvador Atenco, la SCJN dio muestra de lo complejo y difícil que será erradicar en México la impunidad. Se reconoce que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, pero la responsabilidad se quedó en policías de base y se cortó la línea de mando pretendiendo hacernos creer que un operativo de la magnitud del que se instrumentó en el Estado de México, en el que se coordinaron efectivos policiacos municipales, estatales y federales, fue posible sin órdenes de autoridades de alto nivel, políticas y policiacas, quienes ordenaron darle un "escarmiento" a los levantiscos y "revoltosos" atenquenses.
Finalmente, cabe destacar que después de siete años y medio este lunes 16 de febrero saldrán de prisión los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras (anteriormente fue puesto en libertad Alejandro), acusados injustamente de ser autores de bombazos y de ser integrantes del EPR, aunque en realidad fueron víctimas de una "guerra sucia" que aún no termina del todo, al ser tratados como rehenes del Estado mexicano en su enfrentamiento con grupos armados. Los hermanos Cerezo Contreras han mantenido un comportamiento digno y congruente en medio de difíciles condiciones, convirtiendo la demanda de su liberación en una exigencia de no criminalización de los movimientos sociales y de respeto a los derechos humanos.