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Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional, critica el informe que presentó el espurio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque NO refleja la realidad de lo que pasa en México

OAXACA, Oaxaca, 6 de febrero (APRO/LA JORNADA).- La directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional (AI), Kerrie Howard, criticó el informe que presentó recientemente el gobierno de Felipe Calderón al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que, dijo, “no refleja la realidad” de lo que pasa en el país.
Como ejemplo de ello, recordó que aún no comparecen ante la justicia los policías implicados en violaciones graves de derechos humanos –tortura, violación y homicidio ilegítimo–, durante los disturbios civiles en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca en 2006.
En un comunicado, AI sostuvo que el gobierno sigue sin reconocer a estas alturas la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento del clima de derechos humanos en muchas partes del país.
En el informe alternativo que presentó Amnistía al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, consideró que el gobierno mexicano está ofreciendo a la comunidad internacional una valoración parcial e incompleta de la situación de las garantías fundamentales en el país.
En vísperas de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU examine, el próximo 10 de febrero, la actuación de México en la materia, Amnistía dijo que lo cuestionable es “que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos y para poner fin a la impunidad”.
Su argumento es, indicó, que hasta el momento México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos.
AI sostuvo, así mismo, que las autoridades mexicanas siguen sin cerrar expedientes por los homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar en las décadas de 1970 y 1980.
Así, en víspera de que el Estado mexicano sea evaluado en el seno del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Amnistía Internacional (AI) entregó a ese organismo un informe en el que advierte que el gobierno ilegítimo “dio una valoración incompleta” a la ONU sobre la situación de esas garantías en el país.
El documento subraya que el informe de las autoridades mexicanas no señala que en el país aún no se ha hecho rendir cuentas a nadie “por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas” cometidos durante la guerra sucia; AI agrega que tampoco se informa a la ONU que los responsables de las graves violaciones a Derechos Humanos -como tortura, abusos sexuales y homicidios- perpetradas durante los hechos en San Salvador Atenco y Oaxaca en el 2006, han sido sancionado por esos delitos.
El CDH evaluará a México en el marco del examen periódico universal el próximo 10 de febrero. A finales del año pasado las autoridades mexicanas entregaron el informe oficial a ese órgano, además de que también lo hicieron organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para esas garantías.
El informe que entregó AI al CDH subraya “que el gobierno mexicano no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento de la situación esas garantías en muchas zonas del país”.
La organización internacional de defensa de Derechos Humanos subraya que otra de las faltas de México en la materia es que a pesar de que ha firmado decenas de tratados internacionales para garantizar y cumplir esos derechos, hasta el momento éstos no han sido reconocidos explícitamente en la Constitución.
Para AI una carencia más del informe oficial de México es que no reveló a la ONU que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continúan siendo atraídas por los tribunales castrenses, aún “cuando las normas internacionales insisten en que estos casos deben ser juzgados por autoridades civiles”.
Agrega que a partir de que el gobierno inició los operativos en contra del crimen organizado se han incrementado en el país las acusaciones sobre abusos contra la población civil de parte de los militares tales como detención arbitraria, torturas, malos tratos, violencia sexual y homicidio.
Asimismo, la ONG internacional refiere que los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el país, especialmente en zonas rurales “sufran a menudo persecución y en ocasiones detenciones prolongadas por cargos penales falsos o de motivación política”. Añade que existen comunidades en marginación, en su mayoría indígenas que constantemente son acusadas por oponerse a desarrollos económicos e industriales que afectan sus pueblos, recursos naturales y modo de vida.
Otro elemento que el gobierno mexicano no expone en el informe entregado a la ONU, alerta AI son los delitos cometidos en contra de migrantes centroamericanos que atraviesan por México para llegar a los Estados Unidos, quienes “sistemáticamente son objeto de malos tratos y violencia sexual por parte de agentes de Estado o de otro tipo de bandas criminales”.
Otro de los señalamientos de AI es que pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres de la violencia “su aplicación es tenue”, pues los índices de denuncia, procesamiento y condena a los responsables de violencia intrafamilar, abuso y violación sexual y homicidios de mujeres “siguen siendo extremadamente bajos”.
En ese sentido refiere que a dos años de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en dos entidades aún no se introduce la legislación necesaria para hacerla respetar.
Agrega que la pobreza y la marginación continúan privando en cientos de comunidades rurales con lo que se vulneran los derechos a una vida digna, al desarrollo y a la satisfacción de las necesidades básicas de esa población.