Al entreguismo y a la nula noción de soberanía se les llama hoy cooperación entre gobiernos. Al amago de la potencia se le denomina corresponsabilidad en la lucha antidrogas. A la ridícula ayuda estadunidense mediante la Iniciativa Mérida (un día de gasto de Estados Unidos en Irak es mayor que los 300 millones de dólares anuales que decidió enviar como migajas a México, diría el presidente costarricense Óscar Arias), por ser como caballo regalado, “no se le ve el diente” injerencista. Lo que en décadas pasadas pudo provocar protestas callejeras, hoy se aplaude desde la cancillería mexicana.
México no solamente abrió la puerta a una posible intervención armada de Estados Unidos sobre nuestro territorio, en un futuro que a los estrategas del Pentágono se les antoja poco lejano, sino que el gobierno de Felipe Calderón propició el envío, por ahora, de 450 policías y expertos civiles y militares a la frontera común con el subterfugio de reforzar vigilancia, tareas de inteligencia y espionaje que supuestamente ayudarían a frenar el trasiego de armas y envío de dinero ilícito desde el sur estadunidense, al mismo tiempo que el paso de drogas e indocumentados de aquí hacia el norte (y terroristas, agregaría algún sobreviviente estratega bushiano).
En todos los tonos se afirma oficialmente que la Iniciativa Mérida no es igual ni parecida al Plan Colombia (en dinero por supuesto que es mucho menor), pero se retomó masivamente la costumbre heredada del “viejo oeste” de ofrecer recompensas por los principales capos de la droga y sus lugartenientes: casi 1 mil millones de pesos. Y entonces se ensalza el buen resultado que una similar estrategia dio nada menos que en Colombia.
Un hallazgo periodístico en verdad relevante apareció como nota principal en El Universal el 25 de marzo: México recibirá ayuda para “espacios ingobernados”, porque el Pentágono decidió otorgar una partida de casi 13 millones de dólares para “liberar territorios”.
Fue la concreción monetaria, a través de la “sección 1206” del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, de aquella crítica que generó escozor en el gobierno mexicano. Eso de que había trozos de territorio en los que estaba ausente el Estado prendió la llamada “mecha corta” de Felipe Calderón, quien retó a quien así lo desee a visitar cualquier punto de la geografía mexicana para corroborar que se trata de una falsedad.
Menos quisquillosos, los militares se entienden entre sí por encima de los discursos políticos y las promesas de los gobernantes civiles, de tal manera que el Pentágono decidió regalar esos casi 13 millones de dólares para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas organizaciones terroristas”, según transcribe la reportera Doris Gómora.
Habría que preguntarse cuáles son los territorios mexicanos “ingobernados” en la visión de los dadivosos generales gringos: ¿Las cañadas de Ocosingo, La Realidad, La Garrucha o algunas otras comunidades del buen gobierno zapatista en Chiapas? ¿Los Loxichas en Oaxaca? ¿Los Chimalapas cerca del Istmo de Tehuantepec? ¿Costas, Sierra y Montaña de Guerrero? ¿Tal vez porciones del violento corredor que va del Caribe mexicano hasta la frontera tamaulipeca con Estados Unidos? ¿Qué tal el llamado Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa) en donde hace más de 30 años se aplicó sin éxito la Operación Cóndor y en donde en junio de 2007 se casó el capo más presuntamente buscado del país, Joaquín Guzmán, el Chapo, con Emma Coronel Aispuru, la bella Reina de las Fiestas del Café y La Guayaba en La Angostura, Durango? Maestros y alfabetizadores voluntarios no pueden ingresar en esa región frente al doble peligro de los retenes y las emboscadas de los traficantes, pero sí puede organizar una celebración en grande el hombre provocativamente incluido en la lista de multimillonarios de la revista Forbes (en el sitio 701, empatado con Emilio Azcárraga y Alfredo Harp Helú).
Al gobierno calderonista no le gustó la descripción de “Estado fallido” que le endilgaron a México analistas estadunidenses. Se trata en realidad de un régimen capturado por la corrupción, cruzado por la violencia y la inseguridad, acorralado entre la desesperación por la pérdida de futuro electoral y la necesidad de echarle la culpa a alguien del evidente fracaso de una “guerra” contra la criminalidad organizada y el narco.
En el contexto de una situación límite a la que se llegó en México, suena hueco, hilarante, prefabricado y ñoño el discurso panista cuando exige a sus principales enemigos de hoy, los priistas (hace tres años eran el PRD y su candidato Andrés Manuel López Obrador), ser “leales” al presidente Calderón en su lucha antinarco y aprobar, sin mayor análisis, las leyes draconianas que fueron enviadas al Congreso para que cualquier mexicano pueda perder su patrimonio por la simple sospecha de que provino de negocios ilícitos.
La estrategia panista desde un cuarto de guerra en el que están eximios estrategas como el español Antonio Solá, el segundo cuñado incómodo Juan Ignacio Zavala (el otro era Hildebrando, tronado como globo antes de la elección de 2006); el extimbiriche Max Cortázar y algunos anexos como los secretarios del Trabajo, de Economía, de Comunicaciones y hasta el de Seguridad Pública, no parece estar dando resultados, pero hay necedad basada en las encuestas a modo, cuando las paga la propia Presidencia con recursos del erario.
Es tan burdo el montaje, que Germán Martínez Cázares, líder de Acción Nacional, aprovechó el foro de la reunión nacional de banqueros, en Acapulco, para equivocarse de principio a fin: allí mostró el cobre al colgarse de una presunta investigación de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y hablar del exalcalde priista de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, aspirante a diputado federal, como alguien cuya campaña pagó el narcotráfico.
La propia DEA desmintió la autenticidad del documento que circuló en la red, al decir que ni siquiera existen los agentes supuestamente llamados Alex M. Romero y Víctor S. Pérez; la dirección del membrete del supuesto informe se asienta en Fresno, California, pero con código postal de Washington.
En tales condiciones, la “inteligencia” del Partido Acción Nacional bien pudo haber fabricado el texto apócrifo, a la manera como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública elaboran declaraciones que después simplemente deben suscribir testigos y víctimas bajo tortura (casos Morelia y las granadas del 15 de septiembre de 2008; arraigo y consignación del excomisario federal Javier Herrera Valles, por citar algunos recientes).
Aunque tire la piedra y esconda la mano, Calderón no se puede deslindar de los errores de Germán Martínez, como no puede hacerlo respecto de su secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, quien soltó en París el bárbaro pronóstico del próximo presidente como narcotraficante.
No hizo sino repetir lo que el propio Calderón había expresado en reunión con gobernadores, legisladores y dirigentes priistas, desesperado porque sus aliados de ocasión no lo respaldaban en su monotemático propósito de hacer la guerra a la criminalidad organizada.
La estrategia fallida de los últimos ocho años contra la inseguridad, la violencia, la corrupción, el secuestro y el narco no se puede sacudir simplemente con echar la culpa al de enfrente. Y menos utilitariamente elaborar un discurso de que todo tiempo pasado fue el peor.
Los priistas no están exentos de responsabilidad por haber permitido la construcción en México, durante años, de la narcopolítica, la narcoeconomía y las narcopolicías, beneficiándose de sus frutos envenenados. Pero Acción Nacional no llegó para corregir ese estado de cosas, sino para ocupar el sitio desde el cual poder aprovechar esas debilidades estructurales. Y sus políticos de doble moral han ocupado puestos públicos, más que para servir a la sociedad, para utilizar los recursos públicos en su propio beneficio.
El colmo es que esta derecha sin historia y desnacionalizada, sin gestas heroicas rescatables, le coloca la alfombra al poderoso para que nos invada cuando le dé la gana.
En todos los tonos se afirma oficialmente que la Iniciativa Mérida no es igual ni parecida al Plan Colombia (en dinero por supuesto que es mucho menor), pero se retomó masivamente la costumbre heredada del “viejo oeste” de ofrecer recompensas por los principales capos de la droga y sus lugartenientes: casi 1 mil millones de pesos. Y entonces se ensalza el buen resultado que una similar estrategia dio nada menos que en Colombia.
Un hallazgo periodístico en verdad relevante apareció como nota principal en El Universal el 25 de marzo: México recibirá ayuda para “espacios ingobernados”, porque el Pentágono decidió otorgar una partida de casi 13 millones de dólares para “liberar territorios”.
Fue la concreción monetaria, a través de la “sección 1206” del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, de aquella crítica que generó escozor en el gobierno mexicano. Eso de que había trozos de territorio en los que estaba ausente el Estado prendió la llamada “mecha corta” de Felipe Calderón, quien retó a quien así lo desee a visitar cualquier punto de la geografía mexicana para corroborar que se trata de una falsedad.
Menos quisquillosos, los militares se entienden entre sí por encima de los discursos políticos y las promesas de los gobernantes civiles, de tal manera que el Pentágono decidió regalar esos casi 13 millones de dólares para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas organizaciones terroristas”, según transcribe la reportera Doris Gómora.
Habría que preguntarse cuáles son los territorios mexicanos “ingobernados” en la visión de los dadivosos generales gringos: ¿Las cañadas de Ocosingo, La Realidad, La Garrucha o algunas otras comunidades del buen gobierno zapatista en Chiapas? ¿Los Loxichas en Oaxaca? ¿Los Chimalapas cerca del Istmo de Tehuantepec? ¿Costas, Sierra y Montaña de Guerrero? ¿Tal vez porciones del violento corredor que va del Caribe mexicano hasta la frontera tamaulipeca con Estados Unidos? ¿Qué tal el llamado Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa) en donde hace más de 30 años se aplicó sin éxito la Operación Cóndor y en donde en junio de 2007 se casó el capo más presuntamente buscado del país, Joaquín Guzmán, el Chapo, con Emma Coronel Aispuru, la bella Reina de las Fiestas del Café y La Guayaba en La Angostura, Durango? Maestros y alfabetizadores voluntarios no pueden ingresar en esa región frente al doble peligro de los retenes y las emboscadas de los traficantes, pero sí puede organizar una celebración en grande el hombre provocativamente incluido en la lista de multimillonarios de la revista Forbes (en el sitio 701, empatado con Emilio Azcárraga y Alfredo Harp Helú).
Al gobierno calderonista no le gustó la descripción de “Estado fallido” que le endilgaron a México analistas estadunidenses. Se trata en realidad de un régimen capturado por la corrupción, cruzado por la violencia y la inseguridad, acorralado entre la desesperación por la pérdida de futuro electoral y la necesidad de echarle la culpa a alguien del evidente fracaso de una “guerra” contra la criminalidad organizada y el narco.
En el contexto de una situación límite a la que se llegó en México, suena hueco, hilarante, prefabricado y ñoño el discurso panista cuando exige a sus principales enemigos de hoy, los priistas (hace tres años eran el PRD y su candidato Andrés Manuel López Obrador), ser “leales” al presidente Calderón en su lucha antinarco y aprobar, sin mayor análisis, las leyes draconianas que fueron enviadas al Congreso para que cualquier mexicano pueda perder su patrimonio por la simple sospecha de que provino de negocios ilícitos.
La estrategia panista desde un cuarto de guerra en el que están eximios estrategas como el español Antonio Solá, el segundo cuñado incómodo Juan Ignacio Zavala (el otro era Hildebrando, tronado como globo antes de la elección de 2006); el extimbiriche Max Cortázar y algunos anexos como los secretarios del Trabajo, de Economía, de Comunicaciones y hasta el de Seguridad Pública, no parece estar dando resultados, pero hay necedad basada en las encuestas a modo, cuando las paga la propia Presidencia con recursos del erario.
Es tan burdo el montaje, que Germán Martínez Cázares, líder de Acción Nacional, aprovechó el foro de la reunión nacional de banqueros, en Acapulco, para equivocarse de principio a fin: allí mostró el cobre al colgarse de una presunta investigación de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y hablar del exalcalde priista de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, aspirante a diputado federal, como alguien cuya campaña pagó el narcotráfico.
La propia DEA desmintió la autenticidad del documento que circuló en la red, al decir que ni siquiera existen los agentes supuestamente llamados Alex M. Romero y Víctor S. Pérez; la dirección del membrete del supuesto informe se asienta en Fresno, California, pero con código postal de Washington.
En tales condiciones, la “inteligencia” del Partido Acción Nacional bien pudo haber fabricado el texto apócrifo, a la manera como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública elaboran declaraciones que después simplemente deben suscribir testigos y víctimas bajo tortura (casos Morelia y las granadas del 15 de septiembre de 2008; arraigo y consignación del excomisario federal Javier Herrera Valles, por citar algunos recientes).
Aunque tire la piedra y esconda la mano, Calderón no se puede deslindar de los errores de Germán Martínez, como no puede hacerlo respecto de su secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, quien soltó en París el bárbaro pronóstico del próximo presidente como narcotraficante.
No hizo sino repetir lo que el propio Calderón había expresado en reunión con gobernadores, legisladores y dirigentes priistas, desesperado porque sus aliados de ocasión no lo respaldaban en su monotemático propósito de hacer la guerra a la criminalidad organizada.
La estrategia fallida de los últimos ocho años contra la inseguridad, la violencia, la corrupción, el secuestro y el narco no se puede sacudir simplemente con echar la culpa al de enfrente. Y menos utilitariamente elaborar un discurso de que todo tiempo pasado fue el peor.
Los priistas no están exentos de responsabilidad por haber permitido la construcción en México, durante años, de la narcopolítica, la narcoeconomía y las narcopolicías, beneficiándose de sus frutos envenenados. Pero Acción Nacional no llegó para corregir ese estado de cosas, sino para ocupar el sitio desde el cual poder aprovechar esas debilidades estructurales. Y sus políticos de doble moral han ocupado puestos públicos, más que para servir a la sociedad, para utilizar los recursos públicos en su propio beneficio.
El colmo es que esta derecha sin historia y desnacionalizada, sin gestas heroicas rescatables, le coloca la alfombra al poderoso para que nos invada cuando le dé la gana.
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