Ineficacia epidemiológica

Julio Pimentel Ramírez

Con el sello característico de la administración ilegítima de Felipe Calderón: lentitud, ineficiencia y opacidad, es enfrentada la actual amenaza a la salud pública que representa el brote de influenza en su vertiente de un nuevo virus de fiebre porcina, en rápida evolución epidémica y con potencialidad de convertirse en pandemia de alcance extraterritorial.
No se trata de “politizar” esta grave situación, como se aduce con frecuencia cuando se quiere guardar en el clóset un problema, pero tan alarmante como lo son sin duda los efectos nocivos de esta enfermedad de no ser oportuna y adecuadamente atendidos, lo es la fragilidad que ha mostrado el sistema nacional de salud incapaz de tomar las medidas preventivas pertinentes ante la propagación de este brote de influenza que ya tenía al menos diez días de haberse manifestado en el Distrito Federal, Estado de México, San Luís Potosí y otras entidades.
Para resolver un problema primero hay que identificarlo correctamente, algo que en los cruciales días de una enfermedad de rápida transmisión no hicieron las autoridades mexicanas de salud. En un primer momento adujeron que se trataba de un brote de influenza estacional y que con la aplicación masiva de vacunas bastaría para contener su propagación.
Sin embargo fueron las autoridades canadienses las que identificaron el virus e informaron que se trata de una nueva cepa de fiebre porcina. Por lo que resultó que aplicar vacunas no es el camino adecuado, por lo que se anunció que ahora se atacará esta variante de influenza con antivirales. Las autoridades mexicanas dicen tener las cantidades necesarias, ojala así sea.
Las medidas anunciadas por el gobierno federal para la capital del país y el Estado de México -la suspensión de clases en todos los niveles, en planteles tanto públicos como privados, cierre de museos, teatros y eventos deportivos a puertas cerradas-, debieron tomarse antes a efecto de prevenir una situación de mayor gravedad, como la que hoy se presenta.
Por su parte el gobierno del Distrito Federal reiteró que durante los próximos 10 días se mantendrán suspendidas las actividades en las escuelas públicas y privadas, los actos que impliquen concentraciones masivas y las actividades en establecimientos mercantiles, como restaurantes, centros nocturnos, bares y discotecas, entre otros.
En ese lapso, las autoridades podrán saber si se logró controlar la propagación del virus de la influenza porcina, que afecta principalmente la capital del país y el Estado de México; si se presentaron nuevos casos y si los antivirales están funcionando.
Recuérdese que el pasado jueves por la tarde el secretario de Salud José Angel Córdova Villalobos dijo que se trataba de un brote de influenza estacional y que se contaba con las vacunas necesarias para contener su propagación. Por la noche sin que se hubiera reunido el Consejo de Salubridad General, instancia designada por la Constitución para la emisión de disposiciones sanitarias como las tomadas e integrado por las autoridades de salud de todo el país, Córdova anunció la suspensión de clases generando un sentimiento de confusión, incertidumbre y zozobra en la población.
Sin ser especialistas en epidemiología hay declaraciones y decisiones tomadas por las autoridades de salud que llaman la atención. Según la poca información disponible, gran parte de los infectados por el virus de la fiebre porcina pertenecen a la franja de la población que no se contempla en los programas de vacunación de la influenza (se vacuna a niños menores de cinco años y adultos mayores de 60 años). Cabe preguntarse ¿por qué sucedió eso si la vacuna es inútil?
Por otra parte cabe señalar que la potencial irradiación de esta nueva cepa de fiebre porcina del centro del país a las demás entidades de la República, bastante probable dado el intenso flujo de personas y mercancías, debe de ser abordado por el Consejo de Salubridad General de manera responsable para evitar mayor incertidumbre y que se genere un clima de pánico.
Aquí no se trata de un “efecto cucaracha” como se dice en el argot de los gobernadores al referirse a la propagación del narcotráfico por todos los rincones de la República, sino de un problema de salud pública que amerita ser abordado de manera integral, es decir solucionar de fondo el problema epidemiológico sin descuidar la estabilidad psicológica y emocional de las personas y la sociedad en su conjunto.
Efectivamente, con la salud de las personas no se juega, manipular eventos de esta magnitud, actuar ineficiente e irresponsablemente ante ellos, son faltas de las que algún día tendrá que rendir cuentas un sistema económico y político para el que la sanidad pública, sobre todo la de los llamados sectores menos favorecidos, los marginados y excluidos, no representa una prioridad sino simplemente una obligación de la que, para su desgracia, no puede prescindir del todo.