La CIA: licencia para torturar

Crímenes de guerra

J. JESúS ESQUIVEL

Las autorizaciones de funcionarios estadunidenses para torturar a sospechosos de terrorismo –como lo revelaron cuatro memorandos desclasificados– preocupa a altos funcionarios, incluido el presidente Obama. La razón: además de abrir la puerta a una serie de demandas de alcance internacional, podrían implicar el procesamiento del expresidente George W. Bush y varios miembros de su gabinete...

WASHINGTON.- Los documentos desclasificados según los cuales hubo autorización oficial para torturar a extranjeros detenidos por la CIA bajo sospecha de terrorismo “demuestran y fundamentan que el gobierno de Estados Unidos violó leyes nacionales e internacionales contra la tortura”, y sirven de base “para un eventual enjuiciamiento del expresidente George W. Bush”, dice a Proceso el experto en derecho Emilio Viano.Por orden del presidente Barack Obama, el Departamento de Justicia desclasificó hace dos semanas cuatro memorandos por medio de los cuales en 2002 la Casa Blanca dio su aval para que la CIA interrogara en prisiones clandestinas, fuera y dentro de Estados Unidos, a extranjeros detenidos por la presunción de que pertenecían a grupos del terrorismo internacional.Doctor en leyes por la Universidad de Nueva York e internacionalmente reconocido por sus estudios sobre crímenes trasnacionales, Emilio Viano considera que Obama nunca previó el terremoto político que provocaría al ordenar la liberación de los documentos, en cumplimiento de su promesa de campaña de que prohibiría a las agencias federales y al Pentágono la práctica de la tortura.El actual profesor de la American University de Washington y autor de varios libros –como Violencia íntima: Perspectivas interdisciplinarias; Crímenes y sus víctimas, y Manual de la victimología– sostiene que los memorandos son una Caja de Pandora que pueden desatar una larga cadena de procesos legales contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal. “Al darse a conocer los memorandos, claramente se evidencian las razones para iniciar juicios en contra de los responsables”, señala Viano, y ubica en dos categorías a los posibles blancos de los procesos judiciales bajo las acusaciones de tortura y de violación a las leyes nacionales e internacionales.En la primera categoría, coloca a todos los funcionarios del gobierno federal involucrados en la elaboración y aprobación de los memorandos, y en la segunda incluye a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o personal del Pentágono que ejecutaron las órdenes de realizar interrogatorios mediante tortura.El especialista estima que el presidente Obama cometió el “error” de no haber previsto que, luego de que el Departamento de Justicia liberara los cuatro memorandos y se divulgaran, no sólo se llamaría a procesar judicialmente a los directamente implicados, como los agentes de la CIA, sino también a exfuncionarios de la Casa Blanca al más alto nivel, como el propio expresidente George W. Bush o el exvicepresidente Dick Cheney.Desatada la tormenta por el contenido de los memorandos, el domingo 19 de abril, Rahm Emanuel, jefe del gabinete de Obama, dijo en entrevista con la cadena de televisión ABC que “aquellos –agentes de la CIA– que cumplieron con el mandato que les fue asignado no serán encausados judicialmente”.Un día después, el lunes 20, en la sede de la CIA y ante los empleados de esta agencia, el mismo Obama reiteró lo que ya había prometido su jefe de gabinete y añadió que “no se castigará a los que cometieron errores”.Al inicio de su mandato, Obama prohibió a todo ente del gobierno federal, incluido el Pentágono, practicar la tortura para interrogar a personas, y con la liberación de los memorandos pretendía cerrar ese capítulo.Sin embargo, Viano advierte que, si se abre una serie de litigios a nivel nacional e internacional, “el proceso legal podría fácilmente alcanzar al exprocurador general de Justicia, Alberto Gonzales, y al exvicepresidente Cheney. No podemos excluir a nadie porque todo dependerá de cómo se desarrolle judicialmente el proceso, tanto en el Departamento de Justicia como en el Congreso”. Consciente de la magnitud de las reacciones de los grupos defensores de los derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de legisladores federales, de sectores sociales y de personas involucradas en el escándalo, como el propio Cheney, el martes 21 de abril el presidente Obama se vio obligado a abrir la puerta para la realización de posibles demandas judiciales por la violación a las leyes que prohíben recurrir a la tortura.“A aquellos que realizaron algunas de esas operaciones dentro de las (…) guías de legalidad que fueron proporcionadas (autorizadas) por la Casa Blanca, no creo que sea apropiado que se les encause judicialmente”, dijo Obama durante una sesión de fotografías con el rey Abdullah de Jordania.“Con respecto a aquellos que formularon esas decisiones legales, debo decir que su caso deberá ser considerado por decisión del procurador general de Justicia (Eric Holder), dentro de los parámetros de varias leyes, por lo que yo no voy a hacer prejuicios del caso”, remató el mandatario.

Cronología e implicados

Con la autorización indirecta de Obama, para el inicio de juicios e investigaciones, e incluso con la designación de una comisión independiente formada por el Capitolio –similar a la que investigó las causas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001–, la cronología del origen de los documentos brotó casi de manera natural en los pasillos del Congreso. El miércoles 21, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Senadores dio a conocer un reporte de 263 páginas titulado: Investigación sobre el trato a los detenidos bajo la custodia de Estados Unidos, en el cual se trasluce el nombre de los responsables de la práctica de 10 técnicas de tortura –entre ellas una de las más criticadas a nivel mundial, la waterboarding, consistente en principios de asfixia con agua–, en la que participaron agentes de la CIA y personal del Departamento de Defensa para interrogar a presuntos integrantes de Al Qaeda. Según el reporte –una copia del cual fue proporcionada a Proceso–, con el arresto de Abu Zubaydah, uno de los principales operadores de Al Qaeda, el 28 de marzo de 2002, en Pakistán, la Casa Blanca comenzó a explorar vericuetos legales para violar, sin que fuera obvio, las leyes contra la tortura. En mayo de 2002, días después de que Zubaydah fue sometido a los primeros interrogatorios (sin tortura) por parte de la CIA, abogados de esta agencia se reunieron con el procurador general, John Ashcroft; con Condoleezza Rice, en ese entonces jefa del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y con Alberto Gonzales, el asesor legal del presidente Bush, en busca de métodos alternativos para interrogar a Zubaydah.El 13 de julio, los asesores legales de la CIA, del Departamento de Justicia, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y de Bush sostuvieron otro encuentro en el cual la CIA propuso usar el programa conocido como SERE, que significa “Sobrevivencia, Evasión, Resistencia y Escape”, creado en los años cincuenta por el Departamento de Defensa para que los soldados estadunidenses prisioneros de guerra en Corea pudieran sobrevivir a las torturas practicadas por los gobiernos comunistas. El objetivo del SERE era que los militares resistieran los tormentos y proporcionaran información falsa a sus captores. Para el caso de Zubaydah, los tormentos y otras acciones inhumanas se aplicarían para sacarle información. El 24 de julio, la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, integrada en ese entonces por John C. Yoo, Jay S. Bybee y Steven G. Bradbury, informó de forma oral a la CIA que el procurador de Justicia había determinado el uso de ciertas técnicas para los interrogatorios.El 1 de agosto, presentó a la CIA un documento firmado por Bybee que autorizaba la práctica de algunas técnicas del SERE en las sesiones de interrogatorio a Zubaydah.La justificación que hasta ahora ha dado, a través de Cheney, el gobierno del expresidente Bush, es que se decidió utilizar el SERE por temor a que Al Qaeda realizara un segundo ataque contra Estados Unidos dentro o fuera de su territorio.Los memorandos difundidos por el Departamento de Justicia revelan que Zubaydah y otro presunto miembro de Al Qaeda fueron sometidos al método de la asfixia con agua (waterboarding) en 266 ocasiones, pese a que se determinó que uno de los dos detenidos ya no tenía más información sobre los planes de Osama Bin Laden.Michael Hayden, director de la CIA en los últimos dos años de la presidencia de Bush, defendió el uso del SERE argumentando que “funcionó para conseguir información” que permitió desmantelar planes de ataque a Estados Unidos.De acuerdo con una investigación realizada por The New York Times, publicada el miércoles 22, estudios efectuados por el mismo gobierno de Estados Unidos en los cincuenta sobre la efectividad de los métodos de tortura utilizados por los chinos y coreanos con prisioneros de guerra estadunidenses determinaron que el SERE es una forma ineficaz de conseguir información, porque los torturados pueden dar datos falsos con el fin de evitar o suspender el castigo.Por medio de entrevistas con más de “una decena de agentes” de la CIA, The New York Times dio a conocer que, después de la captura de Zubaydah, George Tenet (director de la CIA) se comunicó con Rice para hablar sobre las fórmulas que pondría en práctica la CIA con los presuntos terroristas para sacarles información.Posteriormente, en reuniones más pequeñas y a puerta cerrada en la Casa Blanca, según el mismo diario, Bush, Cheney, Rice, John Ashcroft, Tenet y el subdirector de la CIA John McLaughlin dieron su aval para el uso del SERE con el argumento de que Al Qaeda poseía armas químicas, biológicas, radiológicas y hasta nucleares.Luego de obtener la aprobación, la CIA se presentó ante los secretarios de Estado, Colin Powell, y de Defensa, Donald Rumsfeld, para notificarles lo que harían con el SERE, y ninguno de estos funcionarios objetó la propuesta, aunque tampoco estuvieron implicados en la autorización del uso del SERE, de acuerdo con el periódico.Conforme a los mandatos constitucionales de 1970 en el sentido de que es el Congreso federal el órgano encargado de supervisar los métodos de interrogatorio a prisioneros extranjeros, la CIA presentó –en audiencias a puerta cerrada– un informe a los Comités de Inteligencia de las cámaras de Senadores y de Representantes. Pero se considera grave que ese informe no se produjera sino después del verano de 2006, casi cuatro años después de que se puso en vigor el uso del SERE con los presuntos terroristas.Los legisladores que fueron informados del uso de las técnicas de tortura fueron: por el Comité de Inteligencia del Senado, su presidente Bob Graham, y el senador republicano por Alabama, Richard Shelby; y por el Comité de la Cámara de Representantes, el republicano Porter Goss, presidente del mismo y posteriormente director de la CIA, y la demócrata Nancy Pelosi, actualmente presidenta de la Cámara Baja y líder indiscutible de su partido en el Capitolio.El reporte del Comité de Servicios Armados del Senado también reveló que, durante enero de 2002, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó el uso del SERE con 15 técnicas de tortura para interrogar a los prisioneros en las cárceles de Afganistán, Abu Ghraib (Irak) y la base naval en Guantánamo, Cuba. Con fundamento en dicha aprobación, Ricardo Sánchez, el general a cargo de las operaciones en Irak, en febrero de 2003 dio luz verde para el uso de técnicas como el impedimento del sueño y el uso de perros para intimidar a los prisioneros.

“Torturas fructíferas”

El profesor Viano indica que los procesamientos judiciales contra exfuncionarios del gobierno de Bush se darán por principio constitucional, ya que existen leyes que prohíben la tortura, como el Código de Comportamiento Militar y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas ratificada por Washington.“Es algo muy delicado, pero creo que se empezará a encausar judicialmente a los niveles más bajos; es decir, a los que prepararon los memorandos y aprueban ese tipo de tortura. Claramente habrá investigaciones del Congreso, y el Departamento de Justicia formulará encausamientos. Habrá también demandas civiles por daños”, agrega el profesor Viano.Así mismo, con los memorandos se violó el Acta para la protección de víctimas de la tortura, que abre la puerta a las demandas civiles.“Cuando se formuló esa ley, se pensó que sería utilizada exclusivamente por ciudadanos estadunidenses torturados en el extranjero, y ahora esa ley se puede revertir hacia Estados Unidos para el caso de los extranjeros torturados por el gobierno estadunidense”, advierte. Hay dos países que están muy preparados para eso: España y Bélgica, los cuales tienen las leyes adecuadas para casos internacionales y disponen de jueces con mucha experiencia en esta materia, como el español Baltasar Garzón.Las demandas civiles en el extranjero y en contra de exfuncionarios estadunidenses ocurrirían siempre y cuando se demuestre que entre los torturados hubo ciudadanos que pertenecen a países como España o Bélgica, por ejemplo, según el análisis jurídico de Viano.“Estamos hablando de tortura. Su prohibición está estipulada en tratados internacionales y también en las costumbres de los países civilizados”, comenta.Rompiendo con su tradicional costumbre de mantenerse alejado de los medios de comunicación, el lunes 20 de abril, en entrevista con la cadena de televisión Fox, Cheney pidió a la Casa Blanca desclasificar todos los documentos donde se señala que gracias a la práctica de interrogatorios bajo tortura, el gobierno de Estados Unidos obtuvo información privilegiada de inteligencia que evitó nuevos ataques terroristas, preparados por Al Qaeda y otras organizaciones simpatizantes con la causa de Bin Laden.Respecto a la táctica que utiliza Cheney, Viano se limita a señalar que está “dando muchísimas entrevistas porque se siente incómodo ahora que se liberaron los memorandos; está ensayando una especie de plan para prevenir el encausamiento judicial, diciendo que la CIA publique los documentos que demuestran que las torturas fueron muy fructíferas; que produjeron información muy importante para evitar más ataques terroristas y defender a Estados Unidos”.Cheney, explica, “lo hace así porque sabe que la mejor defensa de su caso es demostrar que se evitaron nuevos ataques terroristas. Si lo logra y lo comprueba, la opinión pública estadunidense los defenderá, y así ni Obama ni nadie logrará que paguen por violar las leyes que prohíben la tortura”.