1. La escala de unas cuantas horas en México que hizo el presidente estadunidense Barack Obama, en tránsito hacia Puerto España (Trinidad y Tobago) para asistir a la quinta Cumbre de las Américas, ha sido tratada por el gobierno espurio de Felipe Calderón con la misma lógica que tenían los gobernantes bananeros de América Latina de hace medio siglo, que veían trémulos en el acercamiento aún fugaz con los gobernantes estadunidenses una ocasión para legitimarse y consolidarse en el poder, cuando lo cierto es que Obama, cumpliendo al límite con la cortesía, no logró encubrir que en los hechos hay en México un gobierno espurio y servil que está cediendo todas sus atribuciones soberanas.
2. El presidente Obama no vino a México a negociar nada ni a hacer anuncios espectaculares, sino que fue una jornada de relaciones públicas que no pudo ocultar la crítica situación que tienen las relaciones entre los dos países por la sumisión indigna del gobierno espurio de Calderón a los dictados de Wa-shington, pues tuvo que ratificarse abiertamente por ambas partes la situación que se fue forjando desde la administración de Bush de aceptar que las políticas en materia económica y social, de recursos energéticos y de seguridad pública, sean dictadas desde Washington, lo cual ahora se oficializa al abrir el gobierno estadunidense, en contravención con la Constitución y las leyes mexicanas, oficinas de sus agencias en territorio nacional para tomar decisiones estratégicas.
3. La escalada intervencionista se da a pesar de los fracasos de las políticas impuestas, como acontece con la supuesta estrategia de México contra el narco, que en realidad fue definida por la DEA para crear un escenario de violencia y contribuir al desmantelamiento del Estado mexicano, la que ha fracasado por completo, como reconoció hace unos días la propia administración Obama, pues en el reporte de la Oficina de Washington para asuntos de América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), hecho con datos oficiales y que se dará a conocer en unos días, se señala que en Estados Unidos hay cada día una coca más pura y abundante y que, en consecuencia, urge cambiar por completo esa estrategia (El Universal, 14/4/09).
4. La creación del Centro Conjunto de Implementación (CCI), nombre tentativo que tendrá la oficina que hasta ahora se había buscado ocultar, que se pretende instalar en la ciudad de México, y que se ha filtrado, tendrá como objetivo que Washington supervise las fuerzas armadas nacionales y a los cuerpos policiales en su confrontación con el narco, y sobre todo que les dicte las nuevas políticas (Proceso 1693), constituye jurídicamente un acto de abierta violación a la Constitución, la cual no autoriza a los encargados del Ejecutivo (y menos si son espurios) ceder atribuciones soberanas a una potencia extranjera, pero es también políticamente un acto vergonzoso de abyección que lesiona gravemente las pretensiones soberanas de México.
5. En el régimen constitucional mexicano es facultad privativa del Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos y no puede aceptarse la injerencia de agencias o de fuerzas extranjeras en esta función del Estado.
6. La injerencia de funcionarios estadunidenses en asuntos internos de México, que en el siglo pasado hubiese sido atajada con enérgicas notas diplomáticas, hoy no ha tenido más respuesta que la sumisión de los irresponsables calderonistas, lo que ha propiciado una escalada de graves consecuencias. La prepotencia de los funcionarios estadunidenses en relación con México no parece hoy tener límites, confirmándose que la supuesta “guerra contra el narco” ha servido esencialmente como puerta de entrada para un intervencionismo sin precedentes, que los está llevando a tomar de manera abierta decisiones en cuestiones que en términos constitucionales deberían ser competencia exclusiva de México, como se ve todos los días. Anthony P. Placido, funcionario de medio pelo de la DEA, tuvo el tupé, por ejemplo, de declarar el miércoles 15 que esa agencia va a abrir más oficinas en territorio mexicano para implementar las nuevas políticas.
7. La escala de Obama en territorio mexicano no habrá servido, por lo mismo, más que para oficializar lo que ya era un hecho: la existencia en territorio nacional de cientos de funcionarios estadunidenses que, desde múltiples oficinas están definiendo abiertamente, en contravención de la Constitución General de la República –y pasando por encima de la soberanía nacional–, las políticas del Estado mexicano, no sólo en materia de persecución de los delitos, sino también en lo relativo a las políticas social y económica y en particular a la estructura jurídica del Estado.
8. Este marco jurídico y de facto que Felipe Calderón ha consentido sea creado en México no se distingue del que tenían los gobernantes centroamericanos de los años 50, espurios y peleles, pues genera las condiciones para que el próximo embajador, el cubano-estadunidense Carlos Pascual, experto en desmantelar estados nacionales, pueda asumir un papel proconsular protagónico.
9. La brevísima estadía de Obama en Polanco debería ser entendida por éste, de tener un mínimo de autocrítica, como un absoluto fracaso de su administración, que cada día evidencia más las afinidades que tiene con la de su predecesor, pues vino a ver por unas horas a un grupo de tecnoburócratas de la extrema derecha mexicana que no representan a nadie más que a los intereses más corruptos del país, y lo hizo para convalidar las mismas políticas intervencionistas de su predecesor George W. Bush, sin entender que los pueblos de América Latina quieren ir en otra dirección y que por esta vía sólo estará ahondando el encono y las divergencias.
10. El intervencionismo de nuevo estilo que preconiza Obama, con la sonrisa en los labios y teniendo un discurso de aparente moderación, va a fracasar en América Latina, pues va en contra de los derechos de los pueblos, y en México eso ya está aconteciendo.
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