Tula y la trampa de los 100 días

Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular

Con el demagógico ejercicio de someter a dos foros de análisis la decisión de dónde construir la nueva refinería de Pemex, el gobierno de Calderón quiso enfatizar que se privilegiaría lo técnico sobre lo político, pero parece que no convenció a nadie y que sólo dio pie a pensar que la consulta a los gobernadores interesados se hizo con la intención de armar una especie de “coartada” técnica para encubrir lo que, siempre se supo, sería una determinación política.
Disidentes del sindicato petrolero aseguran a esta columna que inmediatamente después de que Calderón anunciara la construcción de la refinería (18/03/2008), empezó la operación política para que se hiciera en Campeche. La intención, sin embargo, fue severamente afectada cuando por esos días se supo que Juan Camilo Mouriño, amigo personal del Presidente y entonces su secretario de Gobernación, había firmado con Pemex contratos para la empresa de su padre —con sede en Campeche— cuando era diputado federal, primero, y un alto funcionario de la Secretaría de Energía, después.
Esto alargó una decisión que se demoraría aún más cuando la trágica muerte de Mouriño Terrazo mostró en toda su dimensión la entrañable cercanía que tuvo con él Calderón. Era obvio que no había manera de evitar que se pensara que la opción Campeche traía dedicatoria. No hubo entonces más que abrir el abanico de opciones.
El martes pasado Pemex anunció que la nueva refinería se hará en Tula, de acuerdo con un análisis que colocó a esa localidad hidalguense como la opción más viable, seguida por Salamanca, Guanajuato. Puso, sin embargo, una condición: que el gobierno de la localidad ganadora resolviera en cien días la situación jurídica de los terrenos donde se construirá la obra pues, de lo contrario, ésta se entregará a la segunda opción.
Indudablemente pesa en el ánimo de Calderón lo ocurrido con el proyecto foxista de un nuevo aeropuerto internacional para la ciudad de México que los comuneros de Atenco —usufructuarios de los terrenos donde se iba a construir la terminal aérea— hicieron abortar. Aún así, es imposible soslayar las consideraciones políticas de la decisión sobre la nueva refinería, pues no debe olvidarse, de entrada, que Hidalgo es un estado gobernado por el PRI y que la segunda opción, Guanajuato, está en manos del PAN.
Haber decidido por esta última entidad de manera directa, también se hubiera interpretado como un beneficio de carácter partidista. De ahí que muchos piensen que la condición de los cien días es una especie de trampa para el gobierno de Hidalgo, ya que el gobierno federal le apuesta a que el gobernador Miguel Osorio Chong no alcance a cumplir con el requisito y entonces, en automático, la obra sería entregada a la administración del guanajuatense Juan Manuel Oliva.
No va a ser fácil resolver en cien días el asunto de los terrenos. De acuerdo con la legislación agraria vigente, una expropiación tomaría mucho más que ese lapso, de manera que no queda otra, para cumplir, que la compra de una superficie que es en su mayoría ejidal.
El gobierno de Osorio Chong no ha querido precisar la ubicación del terreno para evitar, dice, la especulación con la tierra, como si el plazo de cien días no la hubiera ya encarecido. Y es que no hay de otra: deberá optarse por cualquiera de los cuatro ejidos que circundan la actual refinería de Tula, y para completar las 700 hectáreas requeridas, tendrán que adquirirse algunos polígonos de pequeña propiedad. El punto es que los campesinos piden entre 300 y 700 pesos por metro cuadrado, lo que significa que por 7 millones de metros cuadrados, el costo alcanzaría hasta 4 mil 900 millones de pesos. Las negociaciones empezarán este mediodía y ayer se realizaron los primeros sobrevuelos.
(rrodriguezangular@hotmail.com)