Explosión de la pobreza

El espurio Felipe Calderón.

Lilia Arellano

“Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo: la ciencia, la estupidez, la riqueza y la pobreza”: Averroes

El fracaso de la guerra contra el narcotráfico y la reprobable ocupación del Estado de Michoacán por las fuerzas federales realizada con más de 6 mil efectivos policíacos y militares y denunciada por el gobernador perredista Leonel Godoy, no pueden ocultar la gravedad de la situación económica que atraviesa el país y que han resentido con mayor impacto los más de 50 millones de pobres -que no tienen la capacidad de cubrir ni siquiera sus necesidades básicas de alimentación, salud, transporte y educación- pero que también le ha pegado a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales, así como a los gigantescos corporativos internacionales que operan en territorio mexicano.
El Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, reveló que el número de mexicanos en pobreza patrimonial pasó de 46.1 millones a 50.6 millones entre 2006 y 2008. La mitad de la población del país, con un ingreso mensual de 1,900 pesos en el área rural, no pudo cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, la pobreza patrimonial el año pasado se ubicó en 47.4 por ciento del total de la población, situación que no resuelven los programas sociales, pues la solución a este lacerante problema tiene que hacer énfasis en la atención de los programas estructurales que los originan, como bien lo señala el Coneval.
Más grave aún es la situación de 19.5 millones de mexicanos, el 18.2 por ciento de la población total, que están en pobreza alimentaria puesto que sus ingresos mensuales son de 949 pesos en el área urbana y 707 pesos en el área rural. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló también que en los últimos dos años el 10 por ciento de la población más pobre perdió 8 por ciento de sus ingresos en términos reales. De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 11 millones de personas viven en hogares en los que, en promedio, la entrada económica de la familia es de sólo 2 mil 38 pesos al mes. Por el contrario, los 11 millones de personas que representan el 10 por ciento más rico y perciben, por hogar, un promedio de 44 mil 349 pesos al mes prácticamente no resintieron mermas en sus ingresos.
La distribución de la riqueza en el país es cada vez más desigual. Al inicio de la gestión calderonista la población más pobre poseía 27.6 por ciento de los ingresos totales del país, porcentaje que disminuyó a 26.7 en 2008. En total contraste, el 10 por ciento de los mexicanos más ricos concentraron 35.7 por ciento de los ingresos en 2006, cifra que creció a 36.3 por ciento el año pasado.
En lo que va de la presente administración federal, el grupo más pobre del país ha sido el más afectado por la reducción de su ingreso monetario. A consecuencia del incremento en los precios internacionales de los alimentos, la comida es el rubro en el que más gastan los mexicanos pobres y al que destinan el 34 por ciento de sus ingresos, índice superior al 30 por ciento registrado en 2006. El rezago también se resiente en la falta de acceso a la seguridad social, en el que no se ha avanzado nada desde 1992, año en el que el 64.1 por ciento de los trabajadores no eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social, o sea que carecían de empleo formal, mientras que el año pasado el 65.2 por ciento de la población económicamente activa estaba en la misma situación.
Un rubro al que habrán de destinar este mes un porcentaje muy importante del raquítico ingreso familiar serán los útiles escolares que han registrado incrementos de 20 por ciento en los dos últimos ciclos educativos. Lo peor es que el salario de los trabajadores día tras día rinde menos. Un estudio de la consultora De la Riva señala que el pago de salario correspondiente a la segunda quincena de junio sólo alcanzó para cubrir 13.17 días de gasto, promedio que bajó con respecto a la quincena anterior, cuando rindió 13.42 días, lo que provocó un aumento en las solicitudes de préstamo, una disminución en el ahorro y un recorte de gastos. Según esa firma, la proporción de personas que recortaron sus gastos aumentó de 33 a 38 por ciento, un incremento de 5 puntos porcentuales respecto a la quincena anterior, mientras que las que solicitaron prestamos y créditos para cubrir los compromisos de la quincena también aumentaron, al pasar de 13 a 17 por ciento.

Caída industrial

Durante los primeros cinco meses del 2009, la producción industrial del país tuvo su mayor caída en 26 años. En el mes de mayo, ésta bajó 11.6 por ciento a tasa anual, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el dato más amplio registrado desde 1983. Prácticamente todos los sectores industriales han sido afectados, particularmente la manufactura que de enero a mayo se contrajo 15.1 por ciento, y la construcción, con 8.5 por ciento; la minería descendió 0.3 por ciento y la generación de gas, electricidad y agua 2.8 por ciento.
A pesar de los discursos oficiales de Felipe Calderón y de su inútil gabinete económico, la crisis aún no toca piso, porque los reportes de los próximos meses seguirán con tendencia negativa. La incertidumbre priva entre los inversionistas nacionales y extranjeros debido a la falta de transparencia en el manejo de la economía nacional y las decisiones que se han ido tomando a lo largo de este año. La administración calderonista ha sido incapaz de mandar señales positivas a los hombres del dinero, sumamente nerviosos y quisquillosos frente a cualquier fenómeno que pudiera poner en peligro su fortuna, como son el clima de violencia y la inseguridad, por lo que no se ve claro cómo México podría subirse a la ola de la recuperación económica el próximo año.
Las equivocadas decisiones del gabinete calderonista no sólo le han pegado a las familias más pobres del país sino también a los corporativos. Ejemplo clásico de lo anterior fue el manejo de la crisis por la emergencia sanitaria por influenza, fenómeno que se encuentra en plena expansión en el mundo, cuyas medidas afectaron a ocho de cada diez empresas multinacionales que operan en el país. De acuerdo con una consulta de Deloitte, el 85 por ciento de los ejecutivos consultados afirmaron que sus negocios fueron afectados y el 16 por ciento manifestó que las consecuencias negativas fueron muy altas.
A pesar de esas evidencias, Felipe Calderón sostuvo en Los Pinos ante los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que “mantendrá una conducción firme” de la economía, y para lograr ese propósito pidió el esfuerzo de todos los empresarios. El michoacano les pasó la bolita de la responsabilidad del manejo de la economía y les encomendó promover el crecimiento y la creación de empleos y negocios porque, dijo, en sus espaldas es donde se apoya la economía nacional.
Sin embargo, “el hijo desobediente”, como le gusta que lo llamen o al menos así lo manifestó durante su campaña presidencial, no está realizando la responsabilidad que le toca. A manera de ejemplo podemos mencionar que uno de sus secretarios, el tristemente celebre Juan Francisco Molinar Horcasitas, tiene detenidas obras incluidas en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) por más de 8 mil millones de dólares, lo que ha limitado el desarrollo del país. El puerto de altura Punta Colonet fue pospuesto sino es que francamente cancelado, al igual que el aeropuerto de la Riviera Maya, dos de las obras más importantes de esta gestión y que representan el 80 por ciento de los recursos detenidos.
BBVA Bancomer manifestó este lunes que de materializarse diversas inversiones pendientes en proyectos de infraestructura, durante 2009 podría invertirse en el país una cifra cercana al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con lo que dijo Adolfo Albo, economista en jefe de ese banco, la inversión autorizada para obras en este año podría restituir a la economía entre 10 y 15 por ciento de los empleos perdidos a causa de la recesión, pero ni siquiera eso se hace en el gabinete calderonista, más preocupados en estos momentos por salvar su propio pellejo que el de su capitán.

Narco, incontenible

En la sede de la XII Región Militar, el general Rafael de Jesús Ballesteros Topete, informó que este lunes concluyó el envío de 2 mil 550 militares al Estado de Michoacán para reforzar las acciones contra el crimen organizado. El total de efectivos del Ejército mexicano en esa entidad suman 3 mil 500, quienes se establecieron en 500 bases de operación, para integrar un dispositivo periférico, 67 bases de operaciones motorizadas y 9 bases de operaciones mixtas (ejército y policía federal), que son apoyadas por 11 aeronaves. Con este despliegue de fuerza pocos creen que el mandatario perredista Leonel Godoy siga gobernando la tierra de la familia Cárdenas.
Muy en el papel que le tocó tocar en este concierto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González, pidió a la administración calderonista revisar la estrategia contra el crimen organizado, guerra que ha dejado más de 12 mil 800 asesinatos, pero no retroceder ni pactar con los cárteles ya que, opinó, sería contraproducente. Este poderoso empresario también sostiene que el actual sistema judicial es incapaz de resolver las necesidades de la lucha contra la delincuencia organizada y, ya encarrerado, le dictó a los próximos legisladores federales su agenda legislativa, en la que destaca la urgencia de una “ley antisecuestros” federal y homologar los códigos penales del país, así como independizar y profesionalizar al Ministerio Público.
Quien está haciendo su truculento juego en esta “guerra contra el narco” que se diseñó en el Departamento de Estado de Estados Unidos y se libra en suelo mexicano, es precisamente el gobierno estadounidense del cada vez menos popular Barack Obama, quien ahora ofreció una recompensa por hasta 5 millones de dólares a quien proporcione información que permita capturar a los 10 líderes más importantes del “cártel del golfo” y su brazo armado “los zetas”, es decir a Heriberto Lazcano, Ezequiel Cárdenas Guillén, Miguel Treviño-Morales, Mario Ramírez-Treviño, Gilberto Barragán-Balderas, Juan Reyes Mejía González, Alejandro Treviño Morales, Samuel Flores Borrego, Jesús Enrique Rejón Aguilar y Aurelio Cano Flores. A su vez, el Departamento del Tesoro Estadounidense anunció que congelará cualquier activo que pudieran tener bajo su jurisdicción José Eduardo Costilla Sánchez y Ezequiel Cárdenas Guillén, líderes del mencionado cártel y Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales, cabecillas de “los zetas”.
El Departamento de Estado estadounidense mantiene su esquema que liga al narcotráfico con el terrorismo internacional por lo que anunció que destinará el año próximo más de 247 millones de dólares a labores de “inteligencia” en materia de combate al tráfico ilícito de estupefacientes, cantidad que representa un incremento de 116 por ciento con respecto a lo que se destinó para este año, recursos que ya habían aumentado 128 por ciento con respecto a 2008. También aumentarán los fondos para la Guardia Nacional para reforzar las acciones contra el narcotráfico en la línea fronteriza con México.
Ante esta lluvia de dólares para presuntamente combatir el narco en nuestro país, alrededor de 40 empresas estadounidenses, como Dyncopr, Northrop Grumman Corp., NOC y Blackwater –que cambió su nombre a XE Services-, que han participado en “exitosos” –para ellas- programas como el “Plan Colombia”, en Medio Oriente (Irak y Afganistán) o África, compiten para llevarse la mayor rebanada de pastel posible de los cuantiosos recursos que habrán de invertirse en equipo militar, contratos de capacitación y de entrenamiento incluidos en la “Iniciativa Mérida”. Hace dos años, el Congreso estadounidense aprobó 400 millones que se destinaron a la adquisición de helicópteros para el Ejército mexicano, equipos de escáner para la detección de drogas y mercancías y capacitación de las policías federales.

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