Siete lustros de dolor, incertidumbre y lucha

Julio Pimentel Ramírez

Este 24 de julio recordamos el 35 aniversario de la detención desaparición en Michoacán de José de Jesús Guzmán Jiménez; Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz; José Luis Flores Guzmán, Doroteo Santiago Ramírez y Rafael Chávez Rosas (algunos de ellos militantes del Movimiento de Acción Revolucionaria, otros simplemente familiares), acción ejecutada por fuerzas policíacas y militares, aseveración sustentada en testigos de los hechos y que hoy puede ser respaldada documentalmente, a pesar de que los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional continúan cerrados al escrutinio público.
Durante estos siete lustros de dolor, incertidumbre y lucha, enfrentando diversos obstáculos, los familiares y organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, han mantenido en alto la demanda de verdad y justicia en cuanto a los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano durante la llamada “guerra sucia” de los años 60 a 80.
Verdad que se ha venido abriendo paso a través de una larga lucha, en la que se han tenido que superar múltiples escollos interpuestos no solamente por las ocho administraciones federales que han gobernado al país durante más de cuarenta años, sino también por otras esferas del poder estatal, incluidos el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sin olvidar el aislamiento informativo de gran parte de los medios de comunicación y por la indiferencia o complicidad de grupos de poder.
Recordemos que en décadas anteriores, la sistemática represión de Estado hacia los movimientos sociales y políticos de oposición se agudizó en contra de quienes, ante la cancelación de la vía democrática de transformación social, optaron por la lucha armada revolucionaria. Pero la persecución, el hostigamiento, el acoso, la detención ilegal, la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada no solamente se aplicaron contra los militantes de las organizaciones armadas sino que las fuerzas policíacas y militares las hicieron extensivas contra familiares y las personas que consideraban como su base social.
Un caso que ejemplifica el patrón sistemático de la represión instrumentada por el Estado mexicano en aquellos años de una época que no termina por cerrar ese círculo ominoso y que dejó un saldo de cientos de personas aprehendidas injustamente y torturadas, decenas de ejecuciones extrajudiciales y más de mil 200 desapariciones forzadas, es el de la familia Guzmán Cruz.
En los operativos represivos del Ejército y las policías federales, estatales y municipales que eran coordinadas por la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad (DFS), se arrestaba tanto a militantes de las organizaciones político-militares que se oponían al régimen autoritario priísta como a familiares y personas sospechosas de ayudar a los “subversivos”.
Los detenidos eran sometidos a torturas físicas y psicológicas, algunos perecían en los interrogatorios, otros eran ejecutados extrajudicialmente casi de inmediato; unos más eran llevados a prisión, en la que sufrían recurrentes tratos degradantes y sometidos en los tribunales a procesos judiciales sin las garantías constitucionales.
En tanto otros muchos, entre los que se encuentran las personas que hoy recordamos, después de ser detenidos fueron desaparecidos, padeciendo uno de los delitos de lesa humanidad más aberrantes pues además de que se les violan múltiples derechos humanos y legales, sus familiares son convertidos en víctimas y es agraviada la sociedad en su conjunto.
Los esfuerzos para conservar la memoria histórica y para que se establezca con claridad para todos que los compañeros caídos no fueron delincuentes ni jóvenes extraviados sino luchadores sociales y revolucionarios que pugnaban por una sociedad verdaderamente justa, han dado ya algunos frutos entre los que destaca el hecho de que el Cabildo del Ayuntamiento de Zacapu en sesión del 16 de este mes, declaró el 24 de julio como el “Día de los Mártires de la Democracia” en homenaje a quienes brindaron su vida en aras de un México con verdadera democracia y justicia social.
Por otra parte cabe subrayar que la justicia sigue pendiente, la impunidad sigue imperando en esta sufrida nación. Al tiempo que rememoramos estos hechos, relativamente lejanos en el calendario pero vigentes por sus connotaciones, suceden acontecimientos que parecen congelar el tiempo y ponen ante nuestros ojos la realidad del sistema político imperante y las limitaciones del proceso de transición que analistas aseguran transitamos.
Desde una perspectiva de análisis, el hilo conductor que explica la continuidad de la represión en contra de los movimientos sociales a lo largo de la historia nacional es la persistencia de la impunidad: los funcionarios asaltantes del erario público son “castigados” ascendiendo de puesto o son protegidos como en el caso de la tragedia de la guardería de Hermosillo; a los delincuentes de cuello blanco, entre ellos los beneficiarios del FOBAPROA, se les pide disculpas para que sigan gozando del dinero mal habido; a los responsables intelectuales y materiales de delitos de lesa humanidad, cometidos en contra de cientos de mexicanos durante la llamada “guerra sucia”, cuyos métodos resurgen peligrosamente, se les encubre y se pretende liberarlos de toda responsabilidad.