En pleno proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, la credencial de elector mantiene su carácter principal de carné de identidad; los índices de pobreza y desigualdad son más altos que en los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según su informe Crecimiento y desigualdad, y México ocupa el penúltimo lugar en ciencia y tecnología y el tercero en el cobro de altas tarifas telefónicas.
A su vez, el Banco Mundial anticipa que las familias pobres de México sufrirán más el efecto de las crisis financiera y económica mundiales; por añadidura, la represión a los movimientos sociales es resultado de compromisos en seguridad –militares y policiacos– que asumió el gobierno con el exterior. Todo ello “produce una situación de olla exprés”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Detrás de ese complejo escenario está el colapso de los cuatro pilares fundamentales del Estado mexicano y sus funciones: la seguridad, el gobierno, la justicia y la hacienda pública, explica a su vez el general brigadier en retiro Francisco Gallardo, quien observa focos rojos que darían cauce a movimientos sociales y que eventualmente tendrían el apoyo de grupos armados.
Cita, a manera de ejemplo, que el Observatorio Latinoamericano de Grupos Armados registra la existencia de 46 de estas organizaciones activas en el país, que ofrecen una “estructura de poder en crisis” frente al colapso de los pilares del Estado y de los partidos políticos.
El también doctor en administración pública asegura que, aunque Vicente Fox puso en marcha la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y desde que Felipe Calderón abrazó el Plan Mérida, no existe un sistema de seguridad ni de defensa nacional, pues esas dos estrategias sólo “han permitido que la fuerza armada mexicana se subordine a los altos mandos del Pentágono”. El Ejército ya no es una institución de defensa nacional y del territorio, sino que asumió una política de seguridad lejana al interés mexicano, como el combate al terrorismo y el narcotráfico.
“En este país lo que hay es una corrupción de las instituciones de seguridad”. La actuación de la policía y de los militares no es apropiada, sentencia el que fuera el general brigadier más joven de su generación. Por esa razón no funciona la acción punitiva de la guerra contra las drogas, cuyo fracaso es notorio. Explica que esto se constató en marzo, cuando Thomas Shannon, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, exhortó al Congreso de su país a renovar el apoyo financiero a México contra el narcotráfico.
La doctora Ceceña coincide al estimar que quienes definen el rumbo del país y las políticas son las agencias estadunidenses. Pregunta: “¿Quién está definiendo el modo del combate al narcotráfico aquí?” Y a modo de respuesta manifiesta que la manera de capacitar o de reordenar el funcionamiento de las policías y el uso del Ejército en la seguridad interna “es algo que está dispuesto fuera del país y que aquí simplemente se acata”.
Precisa que “tenemos un presidente, o un equipo gubernamental, que simplemente obedece las líneas que se le marcan”. Sostiene que la caracterización de que éste es un país de narcotraficantes también obedece a decisiones que se toman en Estados Unidos frente a esta situación. La investigadora advierte que se está llevando a la sociedad a un punto “de potencial estallamiento”.Desde una visión humanista, la creciente militarización del país, la pobreza, la explotación, las desapariciones forzadas, la tortura sistemática en centros de detención clandestinos y prisiones mexicanas, así como la falta de seguridad social y laboral que se suman a la explotación de mujeres y niños son los eslabones que construyen las condiciones materiales para una rebelión popular, refiere Hassan Dalband, profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Señala que, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “en este país hay 3 millones 300 mil niños que trabajan; eso no es compatible con la democracia, como tampoco lo es la pobreza”. Para Dalband, mientras persisten la pobreza, el analfabetismo y el subdesarrollo en México, se realizan elecciones sustentadas en concesiones económicas y en las que la clase dominante decide el resultado, de ahí que, si esto persiste, sí sería un factor determinante para detonar una crisis social.
Ruido social y endurecimiento
Una especie de efervescencia espontánea ante el desencanto, ruido social e incluso irascibilidad, advierte en el clima político mexicano el maestro en ciencia política Pedro Isnardo de la Cruz. Estima que ése es el entorno que propiciaron los dos sexenios pasados y considera que ese sentir es el que buscó expresarse con los votos en blanco y anulado, así como con el abstencionismo en los comicios del 5 de julio.
Una vez rebasado el proceso electoral, el científico social vaticina un mayor endurecimiento en las políticas federales, en particular contra los jóvenes, aunque se extenderá contra todo ciudadano e incluso alcanzará a gobernantes como respuesta a lo que anticipa como la pérdida de la mayoría en el Congreso del Partido de Acción Nacional. A corto plazo, el panorama que describe este especialista en seguridad pública y sistema político crece en complejidad: al no conseguir la llamada cláusula de gobernabilidad –que supone la obtención del 42 por ciento de los votos–, se refrendará la imposibilidad del Ejecutivo para tener el control de la mayoría legislativa.
Esto significa que vendrá un acentuado descrédito del sector público, que se combinará con más desempleo y la masiva incapacidad de atraer capitales de inversión en áreas neurálgicas de la economía, por lo que sobrevendrá una parálisis mayor por la ausencia de inversiones.
En este sentido, Ana Esther Ceceña observa “una dinámica violenta en las calles y la desaparición del estado de derecho”, porque la sociedad no ve alternativas ni instancias a las cuales acudir para atender sus problemas y los tendrá que resolver “por su propia mano”, como en el caso de los linchamientos. Por esa razón, la democracia representativa en México es una utopía donde los partidos son aparatos por encima de la sociedad, pues no la representan, y en donde los funcionarios no rinden cuentas de sus ofrecimientos electorales, explica esta académica que se declara abstencionista.
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