Érika RamírezEl Instituto Federal Electoral (IFE) opera con más de 12 mil millones de pesos provenientes del erario. Sin embargo, el organismo encargado de reforzar la “confianza” en más de 77 millones de electores carece de credibilidad para el 62 por ciento de los votantes, reporta el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados. El organismo se ha convertido en un “monstruo burocrático oneroso”, coinciden especialistas en ciencia política.
A ello se suman las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –contenidas en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007– que revelan que el IFE no cuenta con mecanismos de control eficientes para operar los recursos asignados, tampoco con un tabulador definido para la asignación de salarios ni con un catálogo de perfiles para las contrataciones por honorarios, “lo que propicia discrecionalidad en la selección de éstos”.
Es así como llega el instituto, que encabeza el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, a las elecciones del 5 de julio en las que se renueva la integración de la Cámara de Diputados y se eligen seis gobernadores estatales, 606 ayuntamientos, 11 congresos locales, 16 jefes delegacionales y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal.
Y es que según los expertos, la debacle inició luego de que en las elecciones del 6 de julio de 2006, el IFE –encabezado por Luis Carlos Ugalde– definiera al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de México. La controversia se dio por una diferencia de 243 mil 934 sufragios contra el candidato de la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, Andrés Manuel López Obrador.
Según los resultados de los Cómputos distritales de las elecciones federales de 2006, el ahora primer mandatario obtuvo a nivel nacional 15 millones 284 votos, en tanto que el llamado presidente legítimo de México habría ganado el voto de 14 millones 756 mil 350 de personas.
Iván Pliego Moreno, doctor en historia internacional por la London School of Economics, dice en el reporte Proceso electoral 2009 (elaborado por el CESOP) que en la historia reciente de la política mexicana no ha habido un conflicto postelectoral tan “profundo y grave” como el ocurrido tras las elecciones pasadas.
“La enorme expectativa de la elección presidencial de 2006 y la creencia ampliamente compartida del probable triunfo del candidato del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fundada en una tendencia constante de las encuestas durante largos meses de precampaña electoral, pusieron los ingredientes para un conflicto social y político antes, durante y después del proceso electoral de julio de ese año”, expone.
El también e investigador del área de Estudios Sociales del CESOP añade: “Ello contribuyó a la polarización ideológica de la sociedad mexicana, por lo que la polémica desatada sobre la actuación del IFE y de los consejeros electorales en funciones, en torno al proceso electoral, fue determinante para urgir una reforma político-electoral”.
Agustín Basave Benitez, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, coincide con el investigador de la Cámara de Diputados y agrega que en la transición democrática cada año se fue aumentando el presupuesto para llevar a cabo las elecciones con el fin de hacer el proceso más confiable, y que la gente tuviera la certeza de que iban a ser limpias y justas. Sin embargo, “llegó un punto de quiebre en 2006: el presupuesto siguió en aumento y la confiabilidad comenzó a disminuir. Falló en lo más elemental: dar una imagen de equidad e imparcialidad al que está obligado”.
Para el analista político, la polarización de la sociedad fue consecuencia de la circunstancia en la que se encontraron dos proyectos, pero el IFE “exacerbó el descontento con una actuación torpe y equívoca. Ahora está pagando las consecuencias de sus propios errores y arrastrando el desprestigio de 2006; aunque no hay que dejar de considerar que las atribuciones que se le han dado al instituto son excesivas; los mismos legisladores lo han convertido en un elefante blanco, un verdadero monstruo burocrático”.
Los costos de la “democracia”
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, el IFE tiene asignados para este año 12 mil 880 millones 746 mil 640 pesos. Pese a ello, y según el reporte Proceso electoral 2009, el 62 por ciento de las personas en edad de votar “juzga como poco o nada confiables las elecciones, y el 58 por ciento considera posible que en el proceso electoral en curso haya conflictos postelectorales”.
A ello se suman las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –contenidas en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007– que revelan que el IFE no cuenta con mecanismos de control eficientes para operar los recursos asignados, tampoco con un tabulador definido para la asignación de salarios ni con un catálogo de perfiles para las contrataciones por honorarios, “lo que propicia discrecionalidad en la selección de éstos”.
Es así como llega el instituto, que encabeza el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, a las elecciones del 5 de julio en las que se renueva la integración de la Cámara de Diputados y se eligen seis gobernadores estatales, 606 ayuntamientos, 11 congresos locales, 16 jefes delegacionales y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal.
Y es que según los expertos, la debacle inició luego de que en las elecciones del 6 de julio de 2006, el IFE –encabezado por Luis Carlos Ugalde– definiera al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de México. La controversia se dio por una diferencia de 243 mil 934 sufragios contra el candidato de la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, Andrés Manuel López Obrador.
Según los resultados de los Cómputos distritales de las elecciones federales de 2006, el ahora primer mandatario obtuvo a nivel nacional 15 millones 284 votos, en tanto que el llamado presidente legítimo de México habría ganado el voto de 14 millones 756 mil 350 de personas.
Iván Pliego Moreno, doctor en historia internacional por la London School of Economics, dice en el reporte Proceso electoral 2009 (elaborado por el CESOP) que en la historia reciente de la política mexicana no ha habido un conflicto postelectoral tan “profundo y grave” como el ocurrido tras las elecciones pasadas.
“La enorme expectativa de la elección presidencial de 2006 y la creencia ampliamente compartida del probable triunfo del candidato del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fundada en una tendencia constante de las encuestas durante largos meses de precampaña electoral, pusieron los ingredientes para un conflicto social y político antes, durante y después del proceso electoral de julio de ese año”, expone.
El también e investigador del área de Estudios Sociales del CESOP añade: “Ello contribuyó a la polarización ideológica de la sociedad mexicana, por lo que la polémica desatada sobre la actuación del IFE y de los consejeros electorales en funciones, en torno al proceso electoral, fue determinante para urgir una reforma político-electoral”.
Agustín Basave Benitez, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, coincide con el investigador de la Cámara de Diputados y agrega que en la transición democrática cada año se fue aumentando el presupuesto para llevar a cabo las elecciones con el fin de hacer el proceso más confiable, y que la gente tuviera la certeza de que iban a ser limpias y justas. Sin embargo, “llegó un punto de quiebre en 2006: el presupuesto siguió en aumento y la confiabilidad comenzó a disminuir. Falló en lo más elemental: dar una imagen de equidad e imparcialidad al que está obligado”.
Para el analista político, la polarización de la sociedad fue consecuencia de la circunstancia en la que se encontraron dos proyectos, pero el IFE “exacerbó el descontento con una actuación torpe y equívoca. Ahora está pagando las consecuencias de sus propios errores y arrastrando el desprestigio de 2006; aunque no hay que dejar de considerar que las atribuciones que se le han dado al instituto son excesivas; los mismos legisladores lo han convertido en un elefante blanco, un verdadero monstruo burocrático”.
Los costos de la “democracia”
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, el IFE tiene asignados para este año 12 mil 880 millones 746 mil 640 pesos. Pese a ello, y según el reporte Proceso electoral 2009, el 62 por ciento de las personas en edad de votar “juzga como poco o nada confiables las elecciones, y el 58 por ciento considera posible que en el proceso electoral en curso haya conflictos postelectorales”.
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