La Suprema Corte de Justicia de la Nación parece inclinarse por invalidar las leyes locales que permitieron al gobernador de Sonora tratar de bursatilizar deuda pública y manejar recursos del erario mediante un fideicomiso privado. Si se confirma el fallo en el presente agosto, el mandatario priista podría enfrentar cargos legales y heredaría a la administración del panista Guillermo Padrés una pesada carga financiera y un litigio con Banorte.
El Plan Sonora Proyecta, con el cual el gobernador Eduardo Bours prometía elevar los niveles de desarrollo del estado, se tambalea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Una mayoría de ministros de esta instancia estaría por invalidar leyes locales de 2007 que permiten al gobierno estatal endeudarse con 10 mil millones de pesos mediante un fideicomiso privado, recursos que luego se complementaron con un crédito de Banorte por 4 mil 588 millones de pesos y que también podría entrar en litigio.Al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN se inclinan en este sentido, de acuerdo con un sondeo interno reciente al que este semanario tuvo acceso. De concretarse el fallo, previsto para el mes actual, el gobernador Bours heredaría serías dificultades para pagar los préstamos al gobierno entrante del panista Guillermo Padrés, e incluso podría enfrentar juicios penales, señala el excoordinador de la bancada panista en el Congreso sonorense, Florencio Díaz, actual delegado de la Comisión Nacional del Agua.“Hay que ver hasta dónde llega la Corte, si se va a fondo y si invalida las leyes que dieron origen al Plan Sonora Proyecta, así como determinar cuál es la responsabilidad del gobernador y cómo se va a resolver el problema de la deuda”, anticipa Díaz, uno de los que promovió el recurso de inconstitucionalidad que está por resolver la SCJN.En agosto de 2007, el gobernador Eduardo Bours envió una serie de iniciativas de ley al Congreso del estado para crear un fideicomiso de financiamiento que captaría 10 mil millones de pesos mediante la emisión de bonos al mercado bursátil garantizados con activos o el cobro de diversos impuestos como el predial, las nóminas del estado y el cobro de las placas de los automóviles.En un principio, el diseño de este instrumento fue atribuido al exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, y su empresa de asesoría financiera Protego. Sin embargo, en una carta fechada el 16 de junio pasado, el economista negó ser el autor y señaló a Eugenio Sepúlveda, del despacho White & Case, como el responsable del proyecto de la Ley de Deuda Pública sonorense que contempla este fideicomiso, la cual fue aprobada el 23 de agosto de 2007 con los 16 votos de la mayoría priista, a la que se sumó un voto del diputado del Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, que luego fue expulsado de su partido. Así, superaron a los 16 legisladores del PAN y PRD que votaron en contra.Dos semanas después, el 6 de septiembre, la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra diversas modificaciones a la Ley de Deuda Pública. El argumento principal es que la Constitución local y la nacional no permiten que una entidad privada, como es un fideicomiso, maneje recursos públicos, como pretende hacer Bours con el Plan Proyecta Sonora.Antes de que se presentaran las iniciativas al Congreso estatal, Bours se quejó de que nadie entendía el mecanismo financiero que proponía. “Lo que hace el Plan Proyecta Sonora es atraerse los flujos de estos impuestos, los pone a concursar a ver quién paga más por ellos y esos son los recursos que nosotros calculamos sacar. Es decir, no adquirimos deuda, tendremos 9 mil millones de pesos”, explicó en una entrevista publicada en junio de 2007.En su defensa alegó que no se pagaría más de la deuda heredada por la administración anterior, estimada en 5 mil millones de pesos, sino que al bursatilizar esa deuda se conseguirían recursos frescos para el Plan Sonora Proyecta, el cual tendría una derrama de 152 mil millones de pesos.Sin embargo, cuando la SCJN aceptó el recurso de inconstitucionalidad, en diciembre de 2007, los planes del gobernador se pararon. Durante los siguientes cuatro meses, las 161 obras del Plan Proyecta Sonora quedaron en suspenso, principalmente carreteras, plazas, puentes, parques y un centro cultural en la capital Hermosillo. Según estimaciones de la cuenta pública del gobierno estatal, la interrupción en el lanzamiento de los bonos y el consecuente retraso de las obras representó un costo de 520 millones de pesos.Ante este panorama, en abril de 2008 el gobernador Bours acudió a Banorte –del que fue socio en algún momento– y pidió un préstamo de 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones se destinaron a las obras que estaban suspendidas y el restó se utilizó para gastos de constitución del crédito y de reservas.Sin embargo, de las 161 obras programadas originalmente sólo se iniciaron 116, en las cuales se ejercieron mil 479 millones de pesos, según la cuenta pública de 2008. El resto del ejercicio se programó para este año, lo que fue denunciado por PAN y PRD como una maniobra electoral.En manos de la CorteEl expediente 163/2007 que contiene el recurso de inconstitucionalidad contra el Plan Sonora Proyecta parece estar listo para analizarse en agosto, una vez que los ministros de la SCJN regresen de vacaciones. El ministro ponente es José de Jesús Gudiño Pelayo y, según el sondeo realizado hace unas semanas, su proyecto de sentencia invalidaría las leyes que sustentan el plan financiero de Bours.Si se confirma ese fallo, la SCJN tendría que determinar si el pago de los créditos contratados estaría previsto en el presupuesto de egresos que tiene que aprobar el nuevo Congreso del estado. Una posibilidad es que tanto la contratación como el pago de los créditos dejen de tener sustento jurídico; la otra es que se haga una reforma que permita incluir una partida para cubrir esa deuda.En cualquier caso, asegura Díaz, si se invalidan las normas que sustentan el Plan Sonora Proyecta, se tendría que revisar si existe responsabilidad penal del gobernador y los funcionarios que firmaron dichos créditos mediante un mecanismo privado, como es el fideicomiso.El excoordinador de los diputados locales panistas recuerda a Bours desestimando un probable fallo de la SCJN en su contra; el gobernador se jactaba de que eso “no afectaría al crédito ya otorgado porque no tendría retroactividad en perjuicio de lo que ya se hizo”.
–En el caso de que se invalidaran las leyes que sustentan el Plan, ¿qué consecuencias habría?
–Depende de cómo resuelva la Corte. Lo primero es que habría que modificar la ley, y eso ayudaría a que no se vuelva a endeudar al estado mediante mecanismos ilegales, como pienso lo hizo con el Plan Sonora Proyecta. Lo segundo es ver si se pueden fincar responsabilidades al gobernador por haberlo hecho fuera de la ley. Para Florencio Díaz, la deuda que Bours contrajo con Banorte “también es ilegal porque no cumplió con la obligación de informar al Congreso en un plazo de 10 días en caso de contratar un crédito a través de este mecanismo. También debería haberse incluido en la Ley de Ingresos de 2008 y no lo hizo, lo que incluyó fue la burzatilización de la deuda mediante la emisión de bonos, como lo contemplaba el Plan Proyecta Sonora”, explica.Además, “el gobernador creó una entidad privada para manejar recursos públicos y eso no es admisible. Ese ente privado estaría cobrando los pagos de las placas, el impuesto sobre nómina, y no es posible que una entidad privada cobre impuestos, las únicas facultadas son las entidades públicas, el gobierno”.Para colmo, el Instituto de Fiscalización del Congreso quedó literalmente inhabilitado para supervisar esos fondos, “porque prácticamente están privatizando los recursos al crear este ente privado, y eso es otra violación a la Constitución”.El exdiputado local Florencio Díaz, que compitió por la candidatura del PAN a gobernador, subraya que “hay mucha tela de dónde cortar y los diputados actuales bien podrían meterse de lleno y ver qué responsabilidad tiene el gobernador”.
–En el escenario de que se invalidaran las leyes que sustentan el Plan Sonora Proyecta, ¿el Congreso no podría incluir ninguna partida en el Presupuesto de Egresos al pago de dichos créditos ya adquiridos?–Supongo que eso lo tendrá que ver la Corte para determinar el estatus legal del crédito ya otorgado. Si resuelve en contra del gobernador y ordena que se modifique la ley, pero por otro lado reconoce que lo hecho ya no se puede cambiar, supongo que eso implica que las partidas para el pago estarían sustentadas en la resolución, es decir, tendría que permitirle al Congreso aprobar partidas para su pago.Pero en caso contrario, dice, “entonces el Congreso no podría aprobar partidas para su pago” y el gobierno podría enfrentar un litigio con Banorte, que exigiría el pago del préstamo por 4 mil 588 millones de pesos.
–¿No tendría que responder el nuevo gobierno del estado por esa deuda?–Pues tendrían que responder los funcionarios que firmaron. Eso depende de la resolución de la Corte, de qué tan a fondo se meta en todos estos detalles.El fracaso de BoursDurante la administración de Eduardo Bours, que terminará en septiembre próximo, su familia se vio ampliamente favorecida con la creación y ampliación de empresas turísticas, inmobiliarias, piscícolas, avícolas y de televisión, con las cuales aumentó considerablemente su fortuna. Pero el jefe del clan resultó un fracaso en el manejo de la administración pública.“Si tomamos en cuenta que ya tenía una deuda de más de 5 mil millones y que se endeudó con otros 4 mil, estimo que son más de 10 mil millones de deuda de corto plazo, lo que convertiría a Sonora en el estado más endeudado por habitante del país”, asegura el panista Florencio Díaz.La mala noticia es que el estado no tendría recursos para cubrir esos compromisos. En el trienio pasado, el Instituto Mexicano de la Competitividad ubicó a Sonora en primer lugar de deuda pública y en el último de los estados fronterizos en términos de competitividad y desarrollo democrático.“No hay transparencia ni rendición de cuentas”, asegura Díaz, quien se dice preocupado porque la administración panista entrante encontrará grandes cargas financieras. Por si fuera poco, señala que antes de salir Bours podría dejar al estado no sólo endeudado sino confrontado, pues pretende impugnar el resultado adverso de la pasada elección del 5 de julio, en la que perdió su candidato, Alfonso Elías Serrano, contra el panista Guillermo Padrés, por una diferencia de casi 40 mil votos.“Me parece que es una acción innecesaria, ociosa, que no ayuda a que el gobierno cierre con un ambiente de conciliación y de acuerdos”, advierte. l
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