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martes, junio 15, 2010

Manifestación por caso ABC en SCJN miercoles 16 hrs. Suprema?



Agradeceremos a todos los medios solidarios y comprometidos con esta
causa, nos acompañen a este importante evento el dìa de mañana.

Ante la alarmante traición que se prepara en la SCJN contra el caso
ABC, convocamos a toda la sociedad civil y organizaciones para que
unamos voces y les recordemos a los ministros que no permitiremos que
sellen una página más en la historia de la injusticia y la impunidad
en México. La cita es frente a la SCJN (Pino Suárez 2, Centro
Histórico) a partir de las 11:00 hrs.

FUERZA Y CONCIENCIA CIUDADANAS
Los Niños de Sonora También son Nuestros Hijos

--
Área de Enlace y Comunicación
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y esta asociada a
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.
Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

Calle Tehuiztitla 1era cerrada, No 44
Col. los Reyes, Del. Coyoacan
CP 04330 Mexico Distrito Federal

Tel y Fax: (55) 5846 1045 / 5610 8790

lunes, junio 14, 2010

Guarderia ABC......como siempre la impunidad y corrupcion de la SCJN

Posicionamiento del Movimiento 5 de junio, sobre el peritaje que presume como intencional el incendio de la Guardería ABC


http://www.youtube.com/watch?v=O4GuV4XWMOA


http://www.youtube.com/watch?v=ajkk1UorvIE

...Y lo que nos cuesta mantener a estos hijos de puta!

Ministro pide incluir peritaje 'Smith' en caso ABC

Carlos Avilés

El Pleno acordó que primero analizaran cuáles son los alcances de la facultad de investigación de violaciones graves de garantías


El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo le pidió a sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluir en la discusión del caso del incendio de la Guardería ABC el peritaje que elaboró el estadounidense David Smith, en el que concluye que el incendio fue provocado.

Previo a la revisión del dictamen que elaboró el ministro Zaldívar, Gudiño le recordó al Pleno de la Corte que dicho dictamen fue dado a conocer por EL UNIVERSAL y el periodista Ricardo Rocha, y que, conforme a la información difundida, este peritaje difiere "de los que constan en autos y que fueron la base del proyecto".

"En mi opinión -les dijo- y aun cuando reconozco que no le corresponde a este Tribunal, menos aún el ejercicio de las atribuciones del artículo 97 constitucional, establecer con prístina claridad cuáles fueron las causas que dieron origen al incendio, ni es indispensable para nuestros efectos determinar si el incendio fue accidental o intencional; lo cierto es que hay un tercer e importante dictamen pericial que no ha sido ponderado, e igualmente cierto es que este Tribunal se abocó a la realización de esta investigación con la destacada finalidad de averiguar y esclarecer los hechos".

De ahí que, afirmó, "la inclusión de dicho peritaje sería un elemento más en abono a la suficiencia en la investigación, y daría respuesta también a los afectados por el incendio, pues es innegable que, si quienes impulsaron la elaboración de un nuevo dictamen técnico fueron padres de afectados por la pérdida o lesión a la integridad de sus hijos, me parece que nada se pierde, y mucho se gana de incorporar en esta decisión el análisis de las conclusiones a que se arriba en este tercer peritaje".

De inmediato su propuesta generó el rechazo de sus compañeros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. En particular la ministra se opuso a la propuesta porque, dijo, "lo único que incluye en su caso sería la figura del incendiario y, en todo caso, será cuestión de una investigación de la propia Procuraduría (General de la República)".

Pero, al final, el Pleno acordó que primero analizaran cuáles son los alcances de la facultad de investigación de violaciones graves de garantías y, posteriormente, como segundo punto sí el caso fue suficientemente investigado o si es necesario incluir el peritaje Smith.

Después de tres horas de discusión, la Corte abrió un periodo de receso en este punto, para retomar la discusión a las 17:00 horas.

Fuente: El Universal


Rechazan dos ministros que SCJN determine a responsables por ABC

Jesús Gudiño y Sergio Aguirre se opusieron al proyecto de dictamen presentado por Arturo Zaldívar.

Jesús Aranda

México, DF. La Suprema Corte de Justicia inició hoy el debate por el caso de la Guardería ABC, en el que murieron 49 niños, con un llamado del ministro Arturo Zaldívar, quien elaboró el dictamen, a que se señale a los responsables de esta tragedia; no obstante, los magistrados José de Jesús Gudiño y Sergio Aguirre rechazaron el proyecto.

En su mensaje introductorio, el ministro Arturo Zaldívar consideró necesario que haya consecuencias y justicia por esta tragedia; "una clara y gravísima violación de derechos fundamentales, porque pudo haber sido evitada", dijo.

"Cuarenta y nueve niños, prácticamente bebés, fueron entregados por sus padres al Estado con la confianza de que éste se ocuparía de su seguridad, y pocas horas después fallecieron por omisiones de autoridades en los tres ordenes de Gobierno", sostuvo.

El proyecto de dictamen realizado por el ministro Zaldívar responsabiliza de la tragedia al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y ex director del IMSS, Juan Molinar, al director del Seguro Social, Daniel Karam, y al ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, además de otros once funcionarios.

El ministro dijo a sus colegas que "no responsabilizar, significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público, para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos".

Sin embargo, los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Aguirre Anguiano descalificaron de inmediato el proyecto de Zaldívar y se pronunciaron en contra de que la Corte señale a los funcionarios “responsables”.

Dijeron que la Corte ya estableció precedentes de que en la investigación de violaciones graves de garantías el máximo tribunal sólo puede señalara a las “autoridades vinculadas” con los hechos. El pleno continúa la discusión del asunto y se espera que el debate continúe por la tarde.

Previamente, el pleno de la Corte rechazó las peticiones de dos de sus integrantes, Fernando Franco y Sergio Valls, para que se les declare impedidos de participar en la discusión.

Fuente: La Jornada

martes, octubre 27, 2009

El regalo secreto de Bours a la Ford


Autoritario como político, Eduardo Bours fue un desastre como administrador. Fracasó incluso en las operaciones financieras que realizó para reactivar económicamente a Sonora y así proyectar su figura política. Copias de documentos oficiales muestran que, con tal de elevar los indicadores de empleo, Bours incluso le dio “incentivos no fiscales” y “confidenciales” al menos por 100 millones de pesos a la trasnacional Ford Motor Company... Pero ni así.

Eduardo Bours Castelo dejó el estado de Sonora en una situación de emergencia financiera. Al tomar el poder el nuevo gobernador, Guillermo Padrés Elías, encontró las arcas vacías y una deuda presupuestal de mil 402 millones de pesos.
Pero no sólo eso: el nuevo mandatario del PAN también está por comprobar que la administración estatal realizó transferencias irregulares de dinero, como aquella por 100 millones de pesos con la que benefició a Ford Motor Company en 2006, operación que no aparece en las cuentas públicas de Bours porque se hizo a través de un convenio “confidencial”, pero ahora puede ser objeto de una investigación o de auditorías externas.
El excoordinador de Acción Nacional en el Congreso de Sonora, Florencio Díaz, señala que la falta de transparencia fue una de las deficiencias más graves del gobierno anterior, por lo que hace falta auditarlo para conocer con precisión lo que hizo con el dinero del erario estatal.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada del PRD Petra Santos, quien al igual que su colega panista se sorprendió al enterarse del depósito millonario que le hizo Bours a la trasnacional. Ella propone que se forme con ciudadanos una comisión investigadora para llegar al fondo de éste y de otros casos de malos manejos de los recursos públicos.
“No se puede aceptar que se haya dado esa cantidad de dinero, 100 millones de pesos, a una empresa sin que se sepa públicamente, sólo porque se trata de un convenio confidencial. Eso es ilegal porque se trata de recursos públicos y por eso se tiene que investigar”, reitera Santos, quien fue candidata a gobernadora en la pasada elección.
Señala que aunque se generaron empleos, éstos no justifican el monto que Bours le otorgó a Ford y tampoco que lo haya hecho con carácter “confidencial”, ya que de por sí, gracias a su administración, Sonora está en el penúltimo lugar nacional en el rubro de transparencia.
Cuando Bours inició su gobierno en 2003 prometió a los sonorenses que los iba a llevar a los niveles de prosperidad de los países desarrollados. Les ofreció “un estado de primer mundo”.
Basado en el éxito de las empresas de su familia en las ramas vitivinícola, financiera y de venta de autos, Eduardo Bours ofreció crear empleos y para ello firmó un “convenio de coordinación” con Ford Motor Company por 900 millones de pesos, a condición de que la automotriz modernizara y ampliara su planta de estampado y ensamblado en Hermosillo.
Con esa acción, que sí se hizo pública, Bours deseaba iniciar exitosamente su gobierno en Sonora. Necesitaba reafirmarse con acciones populares, ya que ganó el cargo por sólo 1% de votos ante el panista Ramón Corral.
Según el convenio con Ford, cuya copia tiene Proceso, la trasnacional utilizaría los 900 millones para costear la ampliación de la planta mencionada, donde se producirían 300 mil unidades anuales de un nuevo modelo que sólo se vendería en el extranjero a partir de 2005.
Para ampliar su planta, Ford tenía previsto invertir mil 600 millones de dólares, de los cuales mil 200 eran de sus propias arcas; los 400 millones restantes los aportarían proveedores. Ese proyecto implicaba la creación de 6 mil 800 empleos directos, 5 mil temporales y 22 mil indirectos para impulsar el desarrollo económico de Sonora, que se encuentra en último lugar de las entidades fronterizas mexicanas.
Sin embargo, no fue suficiente. Sonora sólo alcanzó a ocupar el lugar 14 de productividad en el país entre 2003 y 2006, según las estadísticas del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco). Entonces Bours tomó otra decisión: bursatilizar los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos para contar con mayores recursos y realizar grandes obras públicas que la gente asociara con su figura y de esta forma lo catapultaran a la elección presidencial de 2012.
Pero esa medida también falló.
Fracaso confidencial
A mediados de 2007, Bours presentó el Plan Sonora Proyecta (PSP), consistente en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en un plazo de 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos por tenencia y placas, así como el de autos nuevos.
Para ello, el entonces gobernador mandó al Congreso local dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública de modo que permitiera la apertura de un fideicomiso de financiamiento para que el gobierno estatal obtuviera de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos.
Las iniciativas fueron aprobadas con un solo voto de diferencia. Y el gobernador afirmó que, de entrada, asignaría 4 mil millones de pesos “para detonar” la infraestructura de los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública.
No obstante, los diputados panistas del estado presentaron una controversia constitucional contra la jugada financiera de Bours, alegando que los recursos públicos no pueden ser manejados mediante un fideicomiso privado. Esto paró en seco los planes del ambicioso empresario y político priista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no da a conocer su fallo, en tanto Bours, para salir del paso, decidió endeudarse con Banorte por 4 mil 588 millones de pesos.
Esta deuda agravó la emergencia financiera en la que Bours dejó a Sonora, lo que obliga al nuevo gobernador a implantar medidas de austeridad, pues según el secretario de Hacienda estatal, Alejandro López Caballero, en las cuentas bancarias oficiales únicamente quedan 587 millones de pesos.
Paralelamente, y a pesar de ese fracaso, Bours donó de manera confidencial 100 millones de pesos a Ford para que continuara con la ampliación de su planta en Hermosillo y de esa forma creara 12 mil empleos.
El 10 de octubre de 2006, en el salón Constitucional de la sede oficial en Hermosillo, se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora con Bours. De acuerdo con el acta correspondiente, de la cual tiene copia este semanario, ahí se aprobó que el gobierno del estado le otorgara a Ford un subsidio adicional de 100 millones de pesos como incentivo por la ampliación de su planta armadora.
“Dentro de las negociaciones y compromisos que se emprendieron desde el sexenio pasado y que fueron ratificadas por nuestro gobernador al inicio de esta Administración para con la Empresa Ford Motor Company, S. A. de C. V., se encuentra un subsidio a la tasa de crédito de la señalada empresa correspondiente a la cantidad de 100 millones de pesos a otorgarse del ejercicio 2006”, se asienta en el acta.
En esa reunión, se informó que el gobierno de la entidad recibió una carta de Louise K. Goeser, presidenta y directora general de la trasnacional, en la que señala que Ford cumplió con la meta de generar 12 mil empleos desde que instaló la planta en 1986, por lo cual ya se hacía acreedora de los incentivos fiscales prometidos.
Asimismo, la Comisión para el Desarrollo Económico manifiesta que puede cumplirse el compromiso sin afectar sus fondos originales, aplicando una ampliación presupuestaria.
El acta, firmada por el gobernador, especifica que el acuerdo es “confidencial” e incluye un llamado a los funcionarios sonorenses para que respeten esa condición:
“Es necesario que independientemente de lo que se decida en esta reunión, los hace partícipes de un Acuerdo de Confidencialidad que el Gobierno del Estado tiene suscrito con la Empresa Ford Motor Company, S.A. de C.V., en el que se establece que cualquier documento, comunicación, o resolución que sea presentada, contestada o emitida a la citada empresa, en relación a este tema, tiene carácter de CONFIDENCIAL; por lo que solicita su compromiso de mantener este asunto en esos términos.”
De acuerdo con el acta, en esa reunión se sometió a voto la solicitud de la representante de Ford y la consiguiente entrega inmediata de los “incentivos no fiscales”. La medida fue aprobada por unanimidad y la sesión extraordinaria se cerró a las 13 horas del 10 de octubre de 2006.
Dos meses después, el 14 de diciembre, la Secretaría de Economía de Sonora emitió un cheque de Banorte por 100 millones de pesos –del que Proceso también tiene copia– y lo transfirió vía electrónica a una cuenta de Ford Motor Company en HSBC.
De esa manera se cerró el trato de Bours con Ford, empresa que desde 2003 anunció que invertiría mil 200 millones de dólares en la ampliación de su planta en Hermosillo con el fin de producir los modelos de lujo Fusion, Mercury Milán y Lincoln Zephyr. Este último es el primero de su tipo que se fabrica fuera de Estados Unidos.
Sin embargo, la disposición del gobierno de Bours para facilitar la ampliación de la planta automotriz fue más allá.
Según una carta de Raymundo García de León, presidente ejecutivo del Consejo para la Promoción Económica de Sonora (Copreson), fechada el 2 de mayo de 2003 y dirigida a la Secretaría de Hacienda del estado, desde entonces ya se había negociado con Ford un subsidio a la tasa de crédito por 32 millones de dólares para 2005 y 2005.
En esa misiva se desglosa el apoyo que el gobierno de Bours heredaría a los gobiernos sucesivos hasta 2015: la aportación para el subsidio a la tasa de crédito sería de 10 millones de dólares anuales, es decir, en el periodo de 2005 a 2015 se daría una ayuda a la trasnacional por un total de 132 millones de dólares.
Este compromiso, precisa la carta de García de León, se traduciría “en obras, derechos, becas para la capacitación, infraestructura para proveedores y para la zona donde se ubicara el proyecto”, y con la condición de que Ford cumpliera con la generación de 12 mil empleos directos.
Pero el compromiso de la trasnacional quedó en entredicho. Según el economista Germán Palafox, investigador de la Universidad de Sonora, la entidad únicamente se benefició con 3 mil empleos y la empresa se quedó con todas las ganancias.
Opacidad gubernamental
Al revisar la cuenta pública de Sonora correspondiente a 2007 y 2008, donde debieron registrarse todos los apoyos públicos que el gobierno de Eduardo Bours dio a las empresas para la generación de empleos, no se encontró información sobre el acuerdo con la trasnacional automotriz.
Florencio Chito Díaz, entonces coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Sonora, tampoco recuerda haber visto, en los informes financieros que Bours envió a los legisladores, el apoyo que se daba a Ford.
“Ni la más mínima idea tengo al respecto –dice cuando se le pregunta si se enteró de que Bours le dio 100 millones de pesos a Ford–; muchas de las cuentas públicas que nos enviaban a los diputados ya estaban ‘planchadas’; la verdad, yo no recuerdo haber visto nada de ese dinero”, insiste.
Pero señala que, también por aquellas fechas, el gobierno de Bours “olvidó” registrar el ingreso de 500 millones de pesos por la concesión de la carretera Santa Ana-Altar. Señala que cuando él cuestionó a la Secretaría de Hacienda del estado dónde estaba ese dinero, la dependencia le mandó a destiempo y sin detalles una lista de obras donde supuestamente se había invertido.
“No sé si haya salido de ahí una parte del dinero para la Ford, pero es evidente que ningún gobierno tiene a su disposición tanto dinero para dárselo a alguien de manera inmediata. Estoy especulando, pero igual pudo haber salido ese dinero para la Ford de la concesión de la carretera”, comenta Díaz, quien actualmente es delegado de la Comisión Nacional del Agua en Sonora.
Sostiene que la falta de transparencia fue precisamente una de las deficiencias más graves del gobierno de Eduardo Bours, y que hace falta auditar su administración para conocer con exactitud cómo manejó los recursos financieros de la entidad.
A su vez, la exdiputada Petra Santos recuerda que ella nunca votó por la aprobación de la cuenta pública que el gobernador enviaba al Congreso, porque el PRI siempre negociaba con el PAN.
La perredista supone que ambos partidos se pusieron de acuerdo para no dar a conocer el convenio confidencial de Bours con la trasnacional. “Llegaban a arreglos para no sacar la información. Yo nunca supe de esos 100 millones de pesos. Cuando nos daban la cuenta pública, ya llegaba negociada y ni siquiera podíamos revisarla. Si querías poner una solicitud en el Instituto de Transparencia, no había posibilidad de tener la información porque la manejaba el Instituto Electoral, que estaba a favor de Bours”, reitera.

miércoles, agosto 05, 2009

Viene el último revés...



La Suprema Corte de Justicia de la Nación parece inclinarse por invalidar las leyes locales que permitieron al gobernador de Sonora tratar de bursatilizar deuda pública y manejar recursos del erario mediante un fideicomiso privado. Si se confirma el fallo en el presente agosto, el mandatario priista podría enfrentar cargos legales y heredaría a la administración del panista Guillermo Padrés una pesada carga financiera y un litigio con Banorte.
El Plan Sonora Proyecta, con el cual el gobernador Eduardo Bours prometía elevar los niveles de desarrollo del estado, se tambalea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Una mayoría de ministros de esta instancia estaría por invalidar leyes locales de 2007 que permiten al gobierno estatal endeudarse con 10 mil millones de pesos mediante un fideicomiso privado, recursos que luego se complementaron con un crédito de Banorte por 4 mil 588 millones de pesos y que también podría entrar en litigio.Al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN se inclinan en este sentido, de acuerdo con un sondeo interno reciente al que este semanario tuvo acceso. De concretarse el fallo, previsto para el mes actual, el gobernador Bours heredaría serías dificultades para pagar los préstamos al gobierno entrante del panista Guillermo Padrés, e incluso podría enfrentar juicios penales, señala el excoordinador de la bancada panista en el Congreso sonorense, Florencio Díaz, actual delegado de la Comisión Nacional del Agua.“Hay que ver hasta dónde llega la Corte, si se va a fondo y si invalida las leyes que dieron origen al Plan Sonora Proyecta, así como determinar cuál es la responsabilidad del gobernador y cómo se va a resolver el problema de la deuda”, anticipa Díaz, uno de los que promovió el recurso de inconstitucionalidad que está por resolver la SCJN.En agosto de 2007, el gobernador Eduardo Bours envió una serie de iniciativas de ley al Congreso del estado para crear un fideicomiso de financiamiento que captaría 10 mil millones de pesos mediante la emisión de bonos al mercado bursátil garantizados con activos o el cobro de diversos impuestos como el predial, las nóminas del estado y el cobro de las placas de los automóviles.En un principio, el diseño de este instrumento fue atribuido al exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, y su empresa de asesoría financiera Protego. Sin embargo, en una carta fechada el 16 de junio pasado, el economista negó ser el autor y señaló a Eugenio Sepúlveda, del despacho White & Case, como el responsable del proyecto de la Ley de Deuda Pública sonorense que contempla este fideicomiso, la cual fue aprobada el 23 de agosto de 2007 con los 16 votos de la mayoría priista, a la que se sumó un voto del diputado del Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, que luego fue expulsado de su partido. Así, superaron a los 16 legisladores del PAN y PRD que votaron en contra.Dos semanas después, el 6 de septiembre, la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra diversas modificaciones a la Ley de Deuda Pública. El argumento principal es que la Constitución local y la nacional no permiten que una entidad privada, como es un fideicomiso, maneje recursos públicos, como pretende hacer Bours con el Plan Proyecta Sonora.Antes de que se presentaran las iniciativas al Congreso estatal, Bours se quejó de que nadie entendía el mecanismo financiero que proponía. “Lo que hace el Plan Proyecta Sonora es atraerse los flujos de estos impuestos, los pone a concursar a ver quién paga más por ellos y esos son los recursos que nosotros calculamos sacar. Es decir, no adquirimos deuda, tendremos 9 mil millones de pesos”, explicó en una entrevista publicada en junio de 2007.En su defensa alegó que no se pagaría más de la deuda heredada por la administración anterior, estimada en 5 mil millones de pesos, sino que al bursatilizar esa deuda se conseguirían recursos frescos para el Plan Sonora Proyecta, el cual tendría una derrama de 152 mil millones de pesos.Sin embargo, cuando la SCJN aceptó el recurso de inconstitucionalidad, en diciembre de 2007, los planes del gobernador se pararon. Durante los siguientes cuatro meses, las 161 obras del Plan Proyecta Sonora quedaron en suspenso, principalmente carreteras, plazas, puentes, parques y un centro cultural en la capital Hermosillo. Según estimaciones de la cuenta pública del gobierno estatal, la interrupción en el lanzamiento de los bonos y el consecuente retraso de las obras representó un costo de 520 millones de pesos.Ante este panorama, en abril de 2008 el gobernador Bours acudió a Banorte –del que fue socio en algún momento– y pidió un préstamo de 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones se destinaron a las obras que estaban suspendidas y el restó se utilizó para gastos de constitución del crédito y de reservas.Sin embargo, de las 161 obras programadas originalmente sólo se iniciaron 116, en las cuales se ejercieron mil 479 millones de pesos, según la cuenta pública de 2008. El resto del ejercicio se programó para este año, lo que fue denunciado por PAN y PRD como una maniobra electoral.En manos de la CorteEl expediente 163/2007 que contiene el recurso de inconstitucionalidad contra el Plan Sonora Proyecta parece estar listo para analizarse en agosto, una vez que los ministros de la SCJN regresen de vacaciones. El ministro ponente es José de Jesús Gudiño Pelayo y, según el sondeo realizado hace unas semanas, su proyecto de sentencia invalidaría las leyes que sustentan el plan financiero de Bours.Si se confirma ese fallo, la SCJN tendría que determinar si el pago de los créditos contratados estaría previsto en el presupuesto de egresos que tiene que aprobar el nuevo Congreso del estado. Una posibilidad es que tanto la contratación como el pago de los créditos dejen de tener sustento jurídico; la otra es que se haga una reforma que permita incluir una partida para cubrir esa deuda.En cualquier caso, asegura Díaz, si se invalidan las normas que sustentan el Plan Sonora Proyecta, se tendría que revisar si existe responsabilidad penal del gobernador y los funcionarios que firmaron dichos créditos mediante un mecanismo privado, como es el fideicomiso.El excoordinador de los diputados locales panistas recuerda a Bours desestimando un probable fallo de la SCJN en su contra; el gobernador se jactaba de que eso “no afectaría al crédito ya otorgado porque no tendría retroactividad en perjuicio de lo que ya se hizo”.

–En el caso de que se invalidaran las leyes que sustentan el Plan, ¿qué consecuencias habría?

–Depende de cómo resuelva la Corte. Lo primero es que habría que modificar la ley, y eso ayudaría a que no se vuelva a endeudar al estado mediante mecanismos ilegales, como pienso lo hizo con el Plan Sonora Proyecta. Lo segundo es ver si se pueden fincar responsabilidades al gobernador por haberlo hecho fuera de la ley. Para Florencio Díaz, la deuda que Bours contrajo con Banorte “también es ilegal porque no cumplió con la obligación de informar al Congreso en un plazo de 10 días en caso de contratar un crédito a través de este mecanismo. También debería haberse incluido en la Ley de Ingresos de 2008 y no lo hizo, lo que incluyó fue la burzatilización de la deuda mediante la emisión de bonos, como lo contemplaba el Plan Proyecta Sonora”, explica.Además, “el gobernador creó una entidad privada para manejar recursos públicos y eso no es admisible. Ese ente privado estaría cobrando los pagos de las placas, el impuesto sobre nómina, y no es posible que una entidad privada cobre impuestos, las únicas facultadas son las entidades públicas, el gobierno”.Para colmo, el Instituto de Fiscalización del Congreso quedó literalmente inhabilitado para supervisar esos fondos, “porque prácticamente están privatizando los recursos al crear este ente privado, y eso es otra violación a la Constitución”.El exdiputado local Florencio Díaz, que compitió por la candidatura del PAN a gobernador, subraya que “hay mucha tela de dónde cortar y los diputados actuales bien podrían meterse de lleno y ver qué responsabilidad tiene el gobernador”.

–En el escenario de que se invalidaran las leyes que sustentan el Plan Sonora Proyecta, ¿el Congreso no podría incluir ninguna partida en el Presupuesto de Egresos al pago de dichos créditos ya adquiridos?–Supongo que eso lo tendrá que ver la Corte para determinar el estatus legal del crédito ya otorgado. Si resuelve en contra del gobernador y ordena que se modifique la ley, pero por otro lado reconoce que lo hecho ya no se puede cambiar, supongo que eso implica que las partidas para el pago estarían sustentadas en la resolución, es decir, tendría que permitirle al Congreso aprobar partidas para su pago.Pero en caso contrario, dice, “entonces el Congreso no podría aprobar partidas para su pago” y el gobierno podría enfrentar un litigio con Banorte, que exigiría el pago del préstamo por 4 mil 588 millones de pesos.

–¿No tendría que responder el nuevo gobierno del estado por esa deuda?–Pues tendrían que responder los funcionarios que firmaron. Eso depende de la resolución de la Corte, de qué tan a fondo se meta en todos estos detalles.El fracaso de BoursDurante la administración de Eduardo Bours, que terminará en septiembre próximo, su familia se vio ampliamente favorecida con la creación y ampliación de empresas turísticas, inmobiliarias, piscícolas, avícolas y de televisión, con las cuales aumentó considerablemente su fortuna. Pero el jefe del clan resultó un fracaso en el manejo de la administración pública.“Si tomamos en cuenta que ya tenía una deuda de más de 5 mil millones y que se endeudó con otros 4 mil, estimo que son más de 10 mil millones de deuda de corto plazo, lo que convertiría a Sonora en el estado más endeudado por habitante del país”, asegura el panista Florencio Díaz.La mala noticia es que el estado no tendría recursos para cubrir esos compromisos. En el trienio pasado, el Instituto Mexicano de la Competitividad ubicó a Sonora en primer lugar de deuda pública y en el último de los estados fronterizos en términos de competitividad y desarrollo democrático.“No hay transparencia ni rendición de cuentas”, asegura Díaz, quien se dice preocupado porque la administración panista entrante encontrará grandes cargas financieras. Por si fuera poco, señala que antes de salir Bours podría dejar al estado no sólo endeudado sino confrontado, pues pretende impugnar el resultado adverso de la pasada elección del 5 de julio, en la que perdió su candidato, Alfonso Elías Serrano, contra el panista Guillermo Padrés, por una diferencia de casi 40 mil votos.“Me parece que es una acción innecesaria, ociosa, que no ayuda a que el gobierno cierre con un ambiente de conciliación y de acuerdos”, advierte. l

sábado, junio 27, 2009

Campeonato subrogado

Entre altaneros te veas


Con altanería, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont reprochó al gobernador Eduardo Bours su altanería. Con esas actitudes simétricas están los dos funcionarios ocultando tras un pleito político las responsabilidades de sus gobiernos en torno a la matanza de 47 niños, ocurrida hace ya tres semanas.
El tono con que se increpan el funcionario designado y el Gobernador elegido se inserta en un clima de crispación al que no sólo no es ajeno el Presidente de la República, sino que es él mismo quien marca la pauta. El martes en Morelos, contrastando la buena conducta que atribuye a su correligionario el gobernador panista Marco Antonio Adame con la de otros gobernadores solamente aludidos pero en cuya descripción puede verse al de Michoacán Leonel Godoy, Calderón se mostró impaciente, destemplado. Es la misma tesitura que en su espacio y en su asunto corresponde a Bours, y a Gómez Mont en defensa de su jefe.
El Gobernador sonorense no insultó al Ejecutivo federal, lo que sería inadmisible, como lo sería la misma desconsideración dirigida a cualquier persona. Pero la exigencia de acciones federales manifestada por el antiguo dirigente empresarial ha parecido al Secretario de Gobernación una ofensa a la investidura presidencial casi un delito de lesa patria: “Lo que no acepté ni le acepto al señor Gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República”, dijo el miércoles cuando subrayó las expresiones anticipadas a Televisa. La posición de Gómez Mont sugiere la vigencia de un culto a la personalidad en que no puede enjuiciarse a la figura presidencial, como si hacerlo implicara un agravio al Estado. Ya desde días el huésped principal de Bucareli ha optado por no sólo dialogar sino ofrecer respuesta, en ánimo rijoso, a quienes difieren de las posiciones presidenciales. Mal se sirve a la Gobernación cuando su responsable se convierte en escudero.
Tampoco se sirve adecuadamente a enfrentar problemas de gran trascendencia cuando se admite la politización de las tareas del Ministerio Público. No compete al Secretario responsable de la política anunciar y explicar las decisiones de la Procuraduría General de la República, ya utilizada en exceso para lograr fines partidarios con instrumentos institucionales.
La PGR resolvió atraer la totalidad de la investigación. El 10 de junio su titular Medina Mora, al dar cuenta de algunos peritajes iniciales insistió en que la averiguación previa se realizaba al alimón: “La PGJ Sonora y la PGR continuarán las investigaciones de manera coordinada hasta el total esclarecimiento de los hechos”. Más cuando el avance de las pesquisas ha ido dibujando responsabilidades de las dos instancias de Gobierno la competencia de cada Ministerio Público se convirtió en un problema político, por más que lo haya también jurídico.
La porción de las averiguaciones realizada por la Procuraduría local logró la emisión de órdenes de aprehensión contra los empleados de la bodega de papelería de la Secretaría de Finanzas. Todos salieron bajo fianza, porque desde el principio el procurador Medina Mora admitió que el homicidio culposo de que pudieran ser responsabilizados no es un delito grave. Del lado de la Procuraduría federal la indagación ha corrido con mayor lentitud, condición que no debe prevalecer ahora que el caso está íntegramente a cargo del Ministerio Público federal. No había la certidumbre, por ejemplo, de que hubieran sido llamados a declarar los directores del IMSS que revalidaron año con año, acaso sin comprobar el cumplimiento de las condiciones pactadas, el contrato de subrogación de la guardería ABC.
Aunque no concierne directamente al procedimiento penal en curso, el IMSS está en falta al omitir información sobre el sistema de guarderías. Su director Daniel Karam no ha podido cumplir su ofrecimiento de publicar la lista de los titulares de mil 500 contratos de subrogación. La tardanza provoca crecientes suspicacias, cualquiera que sea su causa. Es de presumir que se trate de información disponible con facilidad, porque permite el cumplimiento de responsabilidades administrativas corrientes. Es decir, debe haber una relación de destinatarios de los pagos por la prestación de un servicio. Bastaría con poner a disposición del público esa relación. De no haberla estaríamos frente a un grave desorden, pues implicaría un uso irregular de recursos públicos, quizá sujeto a una discrecionalidad inadmisible.
Si la nómina de contratistas existe, como debe ocurrir, y no se da a conocer, la omisión puede obedecer a que se esté aliñándola para que revele mecanismos impresentables de otorgamiento de las subrogaciones. Hay que recordar que sólo recientemente se han licitado los contratos respectivos y que antaño, como en 2001 cuando se otorgó por primera vez el de la guardería ABC de Hermosillo, se procedía a partir de influencias y buenas relaciones sociales y políticas. Por eso aparecen en Sonora nombres de la oligarquía regional, como es probable que ocurra en el resto de las entidades.
A la enorme gravedad del incendio que segó 47 vidas en ciernes, debe corresponder un abordamiento institucional que supere los enconos e inquinas entre políticos e instancias de Gobierno. Ya es abominable el concurso de circunstancias que produjeron aquel nefasto resultado. No se admita la danza de altanerías en un escenario marcado por el dolor y la impotencia de las familias que hace 21 días vieron quebrada su existencia.


http://www.youtube.com/watch?v=LNiRfvf7ACY

viernes, junio 26, 2009

Se engalla Bours: Gómez Mont, "brutalmente confundido"

MIGUEL CABILDO S.

México D.F., 25 de junio (apro).- La confrontación entre el gobernador Eduardo Bours, y el gobierno federal por el reparto de responsabilidades relacionadas con el incendio ocurrido en la guardería ABC, que ha dejado hasta ahora 47 muertes, paso de las descalificaciones a los agravios personales.En la conferencia de prensa de este jueves, Bours dedicó la mayor parte de su tiempo en descalificar al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien ayer reprendió al sonorense: lo llamó "altanero" y le advirtió: "no aceptaré el tono que usa contra Calderón". Bours guardó silencio el resto del día.Sin embargo, en la conferencia de este jueves se destapó y le dijo al secretario de Gobernación que estaba "brutalmente confundido", y, aún más, le exigió que "no se meta en investigaciones que no le corresponden". Acompañado por el procurador general de Justicia de la entidad, Abel Murrieta, Bours prosiguió: "Me parece que el señor está brutalmente confundido, ya no sabe si es el abogado litigante de los funcionarios del Seguro Social, ya no sabe si es el Procurador de la República y ya no sabe si es el Secretario de Gobernación."Está brutalmente confundido, pareciera ser en algunas ocasiones que es el abogado litigante, que ha sido toda la vida, de los accionistas y de los funcionarios del Seguro Social, y luego es el Secretario de Gobernación que llama al diálogo y luego el Procurador General de la República que hace aseveraciones que le tocan a la PGR".El mandatario sonorense dijo que Gómez Mont infiere, acusa y asevera hechos relativos a la investigación, incluso contradiciendo al propio Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.Aseguró que fue la PGR la que estableció que existe un documento que señala que el representante legal de la guardería ABC en el 2005 era Marcelo Meouchi Tirado, y es el mismo a quien el IMSS le hizo ver las irregularidades del inmueble, lo cual fue desmentido por Gómez Mont."Si no era el representante legal como dice el litigante, secretario y Procurador (Gómez Mont), pues entonces está peor la cosa", replicó.Bours Castelo indicó que confía plenamente en Eduardo Medina Mora (titular de la PGR) y que por ello lo apoyará en las investigaciones luego de que esa dependencia atrajo el caso. Admitió que no está completamente de acuerdo con que se deje fuera de las investigaciones a la Procuraduría de Justicia del Estado, sin embargo reconoció que la ley le da todas las facultades de atracción a la federación. "Exigimos justicia ahora a la PGR, vamos a estar pidiendo avances para comunicarlo a los interesados", dijo.Sobre las investigaciones que realizará la PGR dijo esperar que sean "objetivas, sin politizar, sin proteger".Por separado, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, aseguró que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como autoridades de Sonora deben asumir su responsabilidad en el caso del incendio.

"Tiene que haber responsabilidad de los propietarios, tiene que haber responsabilidades de funcionarios del Seguro Social y tiene que haber responsabilidades de funcionarios del Gobierno estatal", afirmó.No obstante, dijo que no pueden aceptar la forma en que el gobernador Eduardo Bours reclamó al Ejecutivo federal."Me parece que eso es un proceso que no se vale, ni gobernadores altaneros, ni tampoco responder a bravucones. Lo que se necesita son resultados", expresó.En entrevista, el panista dijo que llama la atención que el Mandatario sonorense reaccione molesto justo después que el IMSS anuncie una demanda civil en contra de las autoridades del Estado."Llama la atención que el gobernador Bours ha levantado el nivel del reclamo a partir de que se anuncia una demanda civil que puede afectar los intereses económicos, forzando a que los dueños de la guardería paguen los daños que ocasionaron, al mismo tiempo que la Secretaría de Finanzas pague a los deudos".En su portal electrónico, el diario El Universal publicó la versión de una supuesta reunión que sostuvo el director del IMSS, Daniel Karam,, con senadores y diputados del PAN, en la que el único tema en la agenda fue el caso de la guardería.Según la nota, Karam, habría adelantado a los panistas que en los próximos días habría más consignaciones.

miércoles, junio 24, 2009

Funcionarios panistas se hacen las víctimas cuando las víctimas son los 47 niños muertos: Bours

*Reclama a funcionarios no hacerse las víctimas
*Señala que Juan Molinar Horcasitas, ex-director del IMSS, no ha declarado
*Reitera que arrestar a los dueños de la guardería es competencia del gobierno federal

El gobernador de Sonora, Eduardo Bours reclamó a los funcionarios federales panistas que "no están para hacerse las víctimas" respecto al caso de la guardería ABC y apuntó que las verdaderas víctimas son los 47 niños que fallecieron en el incendio.
El gobernador de Sonora, Eduardo Bours reclamó a los funcionarios federales panistas que "no están para hacerse las víctimas" respecto al caso de la guardería ABC y apuntó que las verdaderas víctimas son los 47 niños que fallecieron en el incendio.
De acuerdo con Reforma, Bours dijo que los funcionarios panistas se quieren hacer las víctimas porque no les gusta el tono en que les exige hacer justicia, en clara referencia a la queja del secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, quien dijo que no le gustó el tono en el que Bours se refirió a Felipe Calderón.
"¿Que no les gusta el tono? No están para que se hagan las víctimas", dijo Bours.Bours declaró que ha colaborado 15 días con el gobierno federal, pese a ataques de legisladores y funcionarios panistas, pese a una campaña sucia en internet.
En respuesta a la acusación de Fernando Gómez y de Juan Molinar Horcasitas de que si la bodega adjunta a la guardería hubiera cumplido con las normas no hubiera ocurrido la tragedia, Bours respondió que la tragedia tampoco habría ocurrido si la guardería hubiera cumplido las medidas de seguridad.
Dijo además que en el expediente de la averiguación del incendio no hay constancia de que Molinar haya declarado voluntariamente ante la PGR.
La PGR atrajo el día de hoy el caso de la guardería ABC. Cabe recordar que la dueña mayoritaria de la guardería es Marcia Gómez del Campo, pariente de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón.

martes, junio 23, 2009

Bours se lanza contra Calderón y le pregunta ¿A quién protege, señor presidente?


MÉXICO D.F., 23 de junio (apro).- El gobernador de Sonora, Eduardo Bours, mantuvo el tono beligerante contra el director general del Seguro Social, Daniel Karam, de quien dijo que en lugar de comparecer ante el Congreso de la Unión, debería hacerlo ante el Ministerio Público Federal.
En conferencia de prensa, en la que anunció la creación de un fondo por 67 millones 100 mil pesos que serán entregados a las víctimas del incendio en la guardería ABC, el funcionario sostuvo que la decisión de presentar una demanda civil contra su gobierno es obra de Felipe Calderón y no de Karam."Yo no creo, bajo ninguna circunstancia, que el señor Karam haya convocado a una rueda de prensa y haya hablado de que se va a poner una demanda civil contra el Gobierno del Estado sin la autorización del Presidente Calderón", recriminó.Y agregó que en lugar de comparecer ante el Congreso de la Unión, Karam debería comparecer ante el Ministerio Público.En la conferencia, el mandatario priista lamentó que la PGR haya girado órdenes de aprehensión contra algunos funcionarios de su administración y no haya citado a declarar hasta ahora al exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, ni tampoco a la directora nacional de Guarderías, Carla Rochín, entre otros altos funcionarios de ese organismo."No se citaron a declarar, no estoy hablando de que no se giraron órdenes de aprehensión, o que no se solicitaron, ni siquiera la PGR citó a Molinar Horcasitas o a la señorita, esa Rochín, señora Rochín, que es la responsable de guarderías nacionales, que firma los documentos, ni siquiera se citaron a declarar."No hay solicitud de ninguna orden de aprehensión contra ninguno de los concesionarios de la guardería, le toca al gobierno federal, no se citaron a declarar a pesar del reclamo del gobernador del Estado", dijo Bours.Con base en tales hechos, Bours lanzó una pregunta directa al Ejecutivo federal: "¿A quién protege?".Horas después del airado reclamo hecho por el gobernador de Sonora, el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, declaró confirmó que ya declaró ante la PGR."Yo ya comparecí voluntariamente ante la PGR para aportar todo aquello que pudiera informarle a la autoridad que pudiera servir para el esclarecimiento de todos estos hechos", dijo desde Guadalajara, donde se encuentra.El actual Secretario de Comunicaciones y Transportes reiteró que la culpa de los hechos está en la bodega de Finanzas del Estado, donde se inició el incendio."Es lamentable, pero la verdad es que con que hubiera habido una alarma contra incendios en las bodegas de junto, hubiera sido perfectamente posible evacuar a los niños, de donde se inició la tragedia, pero no había las más mínimas condiciones de seguridad en esa bodega de Finanzas del Estado", afirmó.Y destacó que durante su gestión se transparentó el proceso de licitación de las guarderías subrogadas, pero nunca se refirió a los nombres de las beneficiarios.
Habrá más consignaciones: PGJS
Por separado, el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta, advirtió que habrá más consignaciones penales por la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, y exigió al IMSS asumir también su responsabilidad en ese suceso.
Entrevistado en el Senado luego de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, el funcionario sonorense expuso que el gobierno de esa entidad aceptó e informó que el incendio inició en "su bodega" y de ahí proviene la responsabilidad que pudiera tener la administración estatal.Sin embargo, precisó, que es responsabilidad del IMSS certificar en qué condiciones funcionaba dicha guardería y si cumplía o no con todas las disposiciones que marca el reglamento que aplica.Apuntó que seguramente habrá más consignaciones de presuntos culpables, "en la medida que se vaya acreditando la responsabilidad de cada quien", aunque hasta el momento la mayoría de los que han sido detenidos ha negado que tuviera relación con el incendio.Murrieta subrayó que el gobierno de Sonora no ha politizado ni está lucrando con el tema y advirtió que la averiguación continuará, pero todo será sin prisa para no caer en falsas acusaciones en la materia."Tenemos que ir con las pruebas en la mano y no por apurar una situación definitiva se tratará de castigar a quienes no tengan responsabilidad", añadió.Sobre las acusaciones del IMSS, respondió que son "una cortina de humo para desviar la atención, como lo dijo el gobernador del estado, Eduardo Bours".Murrieta agregó que la reunión que sostuvo con Duarte, quien también preside la Tercera Comisión de la Permanente, no fue para buscar apoyo político sino para entregarle información que solicitó sobre la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde hasta el momento han perdido la vida 47 niños y niñas.

Juristas afirman que la muerte de 46 niños en Hermosillo fue crimen de Estado

*Culpan a gobiernos priístas y panistas por el precario sistema privado de subrogación
*Consideran que será insuficiente la consignación de 13 personas relacionadas con el incendio


La muerte de 46 niños por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo es un crimen de Estado por acción y omisión, ya que los gobiernos priístas y panistas establecieron un precario sistema privado de salud y seguridad social, señaló en conferencia de prensa la Unión de Juristas de México (UJM).
Esto ha ocurrido desde hace 12 años, mediante la subrogación de las guarderías, favorecida por medio de las reformas a la ley del IMSS de 1995 y 1997, y ahora se pretende también con la nueva ley del ISSSTE de 2007.
El organismo consideró que el sistema privado de salud y pensiones ha resultado “un rotundo fracaso para satisfacer las necesidades de la población, imposibilitó sanear las finanzas públicas y mejorar los derechos sociales, además de que provocó la pérdida de derechos adquiridos, la privatización y precarización de guarderías y otras prestaciones, amén de la pérdida de los ahorros laborales de los trabajadores”.
La UJM dijo que sería insuficiente la consignación de 13 funcionarios y propietarios de la guardería privada ABC de Hermosillo. Ha ocurrido un proceso de “changarrización” del servicio de guarderías, el cual se profundizó con los gobiernos federales del PAN; se dejó de “atender con esmero y profesionalización a los hijos de los trabajadores, ya que en la gran mayoría de las estancias no existen las garantías mínimas para los infantes, dándose una atención improvisada y precaria que pone en riesgo inminente a los menores. Por ello, nos sumamos a la demanda de que las guarderías subrogadas desaparezcan y regresen al sistema solidario estatal”.
La Unión de Juristas de México recordó que desde 1983 comenzó la subrogación de las guarderías del IMSS, pero en 1997 se legalizó, con el proceso de privatización de la seguridad social. Actualmente, dijo, el costo mensual por niño en las guarderías subrogadas es de cerca de 3 mil pesos, mientras que en las ordinarias del Seguro Social es de 6 mil 500. Son mil 426 guarderías subrogadas de un total de mil 568, lo que hace que sea un negocio de funcionarios, familiares y amigos de éstos, como lo prueba el caso de Hermosillo.

lunes, junio 15, 2009

El millonario negocio de los Bours


Familiares del gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours Castelo, han recibido del IMSS 13 guarderías subrogadas que les generan ingresos mensuales por 4 millones de pesos.



En Sonora llevar los apellidos Bours, Robinson, Hoeffer, Scheleske, Velasco Ramos y Téllez Nieves, tiene dos constantes: que se es familiar del actual gobernador, Eduardo Robinson-Bours Castelo, y dueño de una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hermanos, primos y sobrinas de Bours reciben, en conjunto, cada mes, poco más de 4 millones de pesos, como pago por los servicios que le prestan al IMSS, al operar, al menos, 13 guarderías en todo el estado.
Los familiares del gobernador tienen guarderías a lo largo de todo el territorio sonorense. Lo mismo operan estancias en la capital, Hermosillo, que en Navojoa, Ciudad Obregón o Nogales.
Cada estancia infantil subrogada tiene una matrícula promedio de 150 niños y el gobierno federal les entrega a los dueños de estos establecimientos 2 mil 100 mensuales por cada menor que atienden.
Los dueños de la guardería ABC, que se incendió el pasado viernes 5 de junio en la capital sonorense provocando la muerte de 46 niños, y que mantiene a otros 26 hospitalizados, tienen a su cargo otras instancias infantiles en Sonora, todas ellas relacionadas con familiares y amigos del gobernador Eduardo Bours Castelo.

El ABC de las relaciones
El pasado miércoles 10 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social removió a su delegado regional, Arturo Leyva Lizárraga. En las mismas horas presentaron su renuncia Antonio Salido Suárez y Alberto Escalante Hoffer, director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y subsecretario de Ganadería del gobierno del estado, respectivamente. Ambos aparecen como copropietarios de la guardería ABC. Desde esas fechas, el mismo gobernador Eduardo Bours confirmó que entre los propietarios había un familiar de Margarita Zavala, esposa del presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, casada con Antonio Salido Suárez, uno de los funcionarios que renunciaron casi una semana después del incendio en Hermosillo.
Sobre la relación del propio Eduardo Bours Castelo con propietarios de esa o de otras guarderías poco se había dicho; algunos datos aislados se habían publicado en la prensa nacional y regional.
Los primeros peritajes a la guardería ABC arrojaron innumerables deficiencias en la habilitación del edificio. Se detectó una puerta falsa de emergencias, instalaciones eléctricas deficientes e incluso detectores de incendios instalados de manera negligente, por ejemplo. Esto hizo casi imposible salvar la vida de los niños el día del incendio.
También se dio a conocer que los dictámenes anuales que debe emitir la Unidad de Protección Civil Municipal de Hermosillo, fueron firmados por su director, Roberto Copado Gutiérrez. EL UNIVERSAL informó que Copado Gutiérrez certificó la guardería como “segura” en oficios que beneficiaron a los copropietarios, entre ellos los funcionarios públicos Salido Suárez y Escalante Hoeffer.
Ayer, El Gran Diario de México informó que Alberto Barreda Robinson, quien se dijo representante de la clínica Shriners en Sonora, acusó a Instituto Mexicano del Seguro Social de obstaculizar la salida de víctimas de la estancia infantil a los hospitales de esa institución en Estados Unidos.
Esto fue desmentido por el mismo IMSS, e incluso David Greenhald, jefe del área de quemaduras del hospital Shriners, dijo que el gobierno de México ha colaborado y que no tenía reporte de problema alguno.
Investigaciones posteriores revelaron que un hijo de Barreda Robinson, Alberto Barreda Astiazarán, ocupa actualmente el cargo de director general de Administración de la Secretaría de Salud Pública del gobierno del estado, con oficinas en el Edificio Sonora del Centro de Gobierno, en boulevard Paseo Río Sonora y calle Comonfort, en la ciudad capital Hermosillo.
Según datos hemerográficos, el 18 de diciembre de 2002 Barreda Astiazarán fue involucrado en irregularidades en la legalización de más de 10 mil vehículos de procedencia extranjera e instancia ilegal en el país. En esas fechas fueron señalados también otros ex funcionarios, entre ellos Enrique Francisco Ruibal Astiazarán, entonces director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, y hermano de Roberto Ruibal Astiazarán, ex secretario de Gobierno del estado y actualmente presidente del CDE del PRI.
Un hermano de Alberto Barreda Astiazarán, Gustavo Alejandro, fue nombrado director de Administración y Presupuesto de Radio Sonora dos años después de aquel incidente, el 2 de julio de 2004. Los reportes de prensa señalan que el mismo gobernador, Eduardo Bours Castelo, le tomó protesta.
La radiodifusora es propiedad del gobierno del estado. Gustavo Alejandro es ahora director general de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Hermosillo.

Guarderías, otro negocio de la familia de Bours

Dos hermanos,primos, sobrinas, parientes políticos y allegados, en el padrón de dueños
El Universal

Familia consanguínea y política, así como varios allegados del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, son propietarios de por lo menos 13 guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló una investigación de EL UNIVERSAL basada en datos oficiales.
Cada estancia infantil subrogada tiene un promedio de 150 niños. Por cada uno de los menores se reciben 2 mil 100 pesos mensuales del gobierno federal. Sólo por estos 13 negocios detectados, la familia consanguínea y política de Bours Castelo capta más de 4 millones 95 mil de pesos al mes.
Las guarderías están a nombre de un hermano y una hermana, primos y varias sobrinas de Bours. En el padrón de propietarios de guarderías del estado proliferan apellidos como Hoeffer, Scheleske, Robinson, Bours, Velasco Ramos y Téllez Nieves, todos ellos relacionados en diferente grado con el mandatario.
Las estancias propiedad de los cercanos de Bours no sólo se encuentran en la capital, Hermosillo, sino también en otras localidades de Sonora como Navojoa, Ciudad Obregón o Nogales.
La información también revela que familiares de los dueños de la guardería ABC, que se incendió el pasado viernes 5 de junio provocando la muerte de 46 niños y otros 26 hospitalizados (algunos de ellos en estado crítico), tienen a su cargo otras estancias infantiles.
Un equipo de EL UNIVERSAL pudo verificar el 8 de junio, tres días después de la tragedia, que albañiles trabajaban en la Guardería del Río de Hermosillo, propiedad de Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, esposo de Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la ABC, y cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, compadre del gobernador Bours.
Los obreros instalaban puertas de emergencia y rampas en esa guardería.
Las investigaciones señalan que la Guardería del Río (U-0939) y Desarrollo Infantil de Nogales (U-0300) tienen como representante legal a Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer.
Servicios Especializados Gno. Sonora (U-1234) y Guardería Norte (U-0934) están a nombre de Antonio Scheleske Moreno, esposo de María de los Ángeles Félix Bours, sobrina del gobernador. Esta última estancia infantil está cerrada desde hace algunos meses.
Guardería Participativa Canaco tiene dos inmuebles (U-801 y U-802). Su representante legal es Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del gobernador.
Estancia Infantil de Navojoa cuenta con tres guarderías (U-1190, U-1000 y U-1279). Están registradas bajo el nombre de Adrián Jesús Robinson Bours Cabrera, primo del mandatario estatal.
La Guardería del Centro (U-0785), de acuerdo con los datos oficiales obtenidos, tiene como representante legal a María de la Soledad Velasco Ramos, prima de Bours.
Pasitos Adelante (U-0933) tiene tres socias: Sandra Lucía Téllez Nieves, Ana Laura Gaxiola Araiza y María de la Soledad Velasco Ramos. La primera es esposa de Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer; la segunda está casada con el hermano de Antonio Scheleske Moreno —casado con la sobrina del gobernador—, y la tercera es prima del mandatario local.
Guardería Reino Infantil (U-1235) registra a dos socias: María de los Ángeles Bours Castelo y María de los Ángeles Félix Bours. La primera es hermana del gobernador y la segunda es su sobrina.
Finalmente, la CD1 44 de Ciudad Obregón (U-0385), está bajo registro de María de los Ángeles Félix y Sonia Félix Bours, sobrinas del mandatario estatal.
Entre paréntesis se anota la clave de identificación de cada guardería.
Se desconoce, hasta el momento, si más familia consanguínea y política del gobernador está en el negocio de las estancias infantiles, o si los mencionados hasta el día de hoy tienen más.

Niños quemados, los pacientes más caros del mundo: Sendel

Según los hospitales Shriners, el costo es de un millón de dólares


Los niños menores de tres años de edad que logren sobrevivir luego del incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, tendrán que someterse a por lo menos dos cirugías anuales hasta los 18 años, y sufrir, además del shock del dolor físico, el emocional, que quedará para toda la vida.
El costo estimado de la atención de esos pacientes hasta que dejen de crecer –que puede ser entre los 18 y los 21 años– es de un millón de dólares, informó en entrevista con Notimex la presidenta de la Fundación Michu y Mau, Virgina Sendel.
“El paciente quemado es el más caro que existe. No solamente es quien más sufre. Los hospitales Shriners, que nos ofrecen su atención gratuita en Estados Unidos, tienen considerado un costo de un millón de dólares por niño”, dijo.
Sendel explicó que dicho costo es por un paciente que registra 90 por ciento o más de la superficie corporal quemada, y refirió que por fortuna los más de mil niños mexicanos que se han tratado ahí –por medio de la fundación que encabeza– han sido salvados hasta con 95 por ciento de su cuerpo afectado.
La cifra de un millón de dólares implica desde el momento que llega el niño a Shriners Burns Institute hasta que cumple los 18 o 21 años. “Si a los 18 todavía no han acabado de crecer y necesitan más tratamiento, se los dan gratuitamente.”
Sendel expuso que para una persona que ha sufrido quemaduras en 50 o 70 por ciento de su cuerpo la situación es muy limitante, “mucho más en una criatura de tres años de edad o menor. Si logran sobrevivir van a tener que usar trajes de comprensión durante un año o más en todas las áreas quemadas. Es un traje de un material elástico, con especificaciones muy precisas, que se coloca sobre la superficie quemada”.
Detalló que lo que hace ese traje es ejercer presión para que las cicatrices no se hagan bordes o alcaloides y queden planas, pues lo real es que no desaparecen. “Ése es el primer paso. Implica para los niños una picazón tremenda, se les tienen que dar calmantes, porque durante un año o más las cicatrices dan mucha comezón e irritación.” Lo siguiente es que, dependiendo de qué músculos o tendones se hayan afectado, necesitan terapia de rehabilitación y se requiere extender los músculos con varias cirugías, según vaya creciendo el paciente.
“Las cirugías para un quemado severo van a ser de dos a tres por año, hasta que cumpla 18 o deje de crecer. También depende de las áreas afectadas; lo mismo sucede con la cara, porque se necesita cirugía correctiva”, expuso Sendel.
En el caso de los niños de Hermosillo, como son tan pequeños siguen su desarrollo normal, pero los injertos no crecen de acuerdo con la piel normal, entonces se tienen que cambiar cada determinado tiempo hasta que dejan de crecer y les quede un injerto para el resto de su vida.
Finalmente, sobre el apoyo sicológico, se tiene que aceptar que un niño quemado grave difícilmente puede recuperar su vida, porque se tiene que tomar en cuenta que recibe el shock más fuerte en cuanto a dolores físicos y emocionales.

domingo, junio 14, 2009

Bours: Fabricante de ricos… y de pobres


El paraíso financiero que el gobernador Eduardo Bours prometió al inicio de su mandato, y que iba a construir con su ambicioso Plan Sonora Proyecta, se esfumó. Ideado para beneficiar a los empresarios con contratos de obra pública y no a la población, el programa quedó pendiente, de modo que las verdaderas obras de Bours al final de su gestión son: millón y medio de pobres, la megadeuda de 16 mil millones, un férreo cacicazgo político, así como sonados casos de corrupción y tráfico de influencias.


HERMOSILLO, SON.-Cuando Eduardo Bours Castelo empezaba a gobernar prometió que Sonora sería la principal entidad del noroeste del país por su capacidad financiera, ya que él la modernizaría hasta convertirla en “un estado de primer mundo”. Sin embargo, al final de su sexenio el mandatario y empresario dejará una deuda aproximada de 16 mil millones de pesos, 1 millón y medio de pobres, una red de complicidades políticas en las que destaca su propia familia, enriquecida al amparo de su poder, y sospechas de que su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, por lo que los sonorenses difícilmente olvidarán la estela de escándalos. A las críticas por el enriquecimiento de la familia Bours, que amplió sus negocios al turismo, la acuacultura y la especulación inmobiliaria en este sexenio, se suma la averiguación previa que la PGR abrió contra Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del mandatario estatal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico (Proceso 1643). De igual forma, se abonan en las cuentas del gobernador el fracaso del Plan Sonora Proyecta, por el cual adquirió una deuda millonaria a pagar en los próximos 30 años, y la trágica muerte de 45 infantes en el incendio de una guardería que es parte de un amplio negocio en manos de funcionarios del gobierno estatal. Con todo, Bours se prepara para pelear por la Presidencia de la República en 2012, pero no por el PRI que lo llevó a la gubernatura, sino a través de Partido Nueva Alianza (Panal), creado por su amiga Elba Esther Gordillo, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobernador de Sonora es uno de sus favoritos para disputar el máximo cargo de elección popular. Su carta fuerte para alcanzar esa candidatura son los supuestos “logros económicos” de su gestión. Según el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en el trienio 2003-2006 la situación competitiva del estado mejoró, ya que se ubicó en el lugar 14 en cuanto a la formación bruta de capital fijo (la productividad), en el sexto por su estabilidad económica y en decimoprimero por la fortaleza de los sectores económicos. Estas cifras no seducen a todos. La candidata del PRD al gobierno del estado, Petra Santos, asegura que la actual administración deja tras de sí 1 millón y medio de pobres, concentrados en las comunidades campesinas e indígenas del sur sonorense. El déficit también es político. Datos del mismo Imco indican que Sonora está casi en el fondo de la lista nacional en desarrollo democrático, en el lugar 30, debido al cacicazgo político absoluto del gobernador y empresario tanto en el PRI estatal como en el Congreso, en los medios de comunicación y en órganos que deben ser autónomos como el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Alejandro Covarrubias, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, precisa que si bien es cierto que Bours ha tomado decisiones que han ayudado a atraer inversiones, “de nada nos sirve compararlo con Oaxaca o Chiapas, porque no se puede comparar. Nosotros seguimos siendo el estado que está a la zaga, entre los últimos en la frontera norte”. El doctor en relaciones industriales y laborales por la Universidad de Cornell destaca la contradicción entre la aparente marcha económica y el rezago político de Sonora bajo el gobierno de Eduardo Bours.
–¿A qué se debe ese rezago?
–Entre otras cosas se debe a que no hay alternancia en el gobierno de Sonora, no hay apertura política y el funcionamiento institucional tiene limitaciones que dejan mucho que desear.
–¿Ese aspecto refleja lo que ha sido el gobierno de Bours, de control, de familias de poder?
–Sí, esa es una interpretación que ustedes pueden dar, pero yo en lo personal he puesto énfasis en que las instituciones que tiene la democracia no han avanzado en Sonora, y en esto cito dos casos particularmente: las instituciones vitales en la trayectoria política ciudadana, que son el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros, en esas comisiones, hemos visto un operar prácticamente desde arriba, empezando con la elección de consejeros y siguiendo con la elección del presidente de la CEDH. Covarrubias señala que en 1997, cuando se creó el Consejo Estatal Electoral, se vio con esperanza que había sido integrado con gente respetada, académicos con trayectoria, honorabilidad e independencia probadas, pero que a partir de 2003, con la llegada de Bours, la selección de consejeros se hizo siempre en un marco de conflicto “en el que los consejeros aparecían etiquetados”. Y lo mismo ocurrió con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En ese sentido, insiste en que en el discurso de Bours representaba una posibilidad de modernización y transformación económica, pero que en la práctica nunca tuvo un discurso equivalente de modernización política.
Fracaso económico
A mediados de 2007, Eduardo Bours presentó el ambicioso Plan Sonora Proyecta (PSP), a través del cual se planteaba el crecimiento económico estratégico y el desarrollo social del estado. “Es lo que Sonora necesita para ser un estado de primer mundo”, aseguró entonces el gobernador. El complicado esquema financiero creado por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, amigo del gobernador, consistía en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos, monto estimado entonces por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Florencio Díaz Armenta. En agosto de 2007, Bours mandó dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública con el fin de permitir la operación de un fideicomiso de financiamiento para obtener de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos, emitiendo bonos garantizados con activos u otro tipo de deuda. Con estas iniciativas, aprobadas con un solo voto de diferencia, el gobernador señaló que obtenía de entrada 4 mil millones de pesos “para detonar” la creación de infraestructura en los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública de entonces. Según las alegres cuentas oficiales, los bonos estarían asegurados por tres décadas y, en caso de que los recursos del fideicomiso no fueran suficientes, el seguro lo cubriría. Además, Bours prometió un ahorro de 560 millones de pesos en cuatro años, pues la tasa de interés que se aplicaría sería 13% menor a la que pesaba sobre la deuda de aquel tiempo. “Es decir, los bonos limpian la deuda, dan recursos extras, se paga una tasa más barata y, al estar asegurados, se reduce el riesgo para ésta y las futuras administraciones”, afirmó Bours al presentar el PSP en mayo de 2007. Pero el ambicioso plan se detuvo. En septiembre de 2007, algunos diputados inconformes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas a la Ley de Deuda Pública, alegando que contraviene el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que los estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. El caso es que las obras “estratégicas” de Bours no generan recursos porque se trata de la remodelación de auditorios, construcción de puentes, plazas públicas, caminos y carreteras, pasos peatonales y parques urbanos. Así, aunque el gobernador sonorense tiene experiencia de negocios –y pese a que su familia obtiene impresionantes ganancias con los hoteles de lujo en Puerto Peñasco, la compraventa de terrenos en Ciudad Obregón, la impresionante empresa acuícola Larvas Génesis y las trasnacionales Ocean Garden y Bachoco–, se le cayó su principal apuesta económica de gobierno. La mencionada controversia constitucional sigue sin resolverse y, según algunos especialistas, Bours podía continuar las obras, ya que el fideicomiso nunca estuvo impedido para emitir bonos o para contratar un préstamo porque la controversia no tiene efecto retroactivo. Pero el gobernador no lo hizo y la deuda creció. El 30 abril del 2008, tras cuatro meses sin gestionar el financiamiento, el gobernador recurrió a su viejo amigo Roberto Hernández, el dueño de Banorte (banco del cual era socio el propio gobernador). Le pidió 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones destinó a las obras y el resto a gastos de constitución de crédito y de reservas. La candidata perredista Petra Santos sostiene que sólo por intereses de ese préstamo ya se deben 9 mil millones de pesos y que la deuda que dejará Bours al terminar su gestión será de 16 mil millones. “El próximo gobernador recibirá un estado en bancarrota. Se planeaban 70 obras, pero la mayoría no están terminadas. Sólo 10 han sido concluidas, pero con mala calidad, y ya no le va a alcanzar el tiempo porque termina su gobierno en septiembre. ¿Dónde está el dinero? Lo han gastado en las campañas, hay derroche”, asegura la legisladora, que junto con los panistas promovió la controversia constitucional. Afirma que el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías, y el del PRI, su primo Alfonso Elías Serrano, han gastado 500 millones pesos cada uno, cuando la ley establece un tope de 80 millones. Dice Santos que esos aspirantes pagan páginas completas de propaganda en los periódicos, a razón de 1 millón y medio de pesos diarios. “Por eso la prensa está muy controlada”, advierte.
Beneficio para empresarios
Guillermo Noriega Esparza, director de la agrupación civil Sonora Ciudadana –quien renunció al consejo que vigilaría el desarrollo del PSP al descubrir que los constructores establecían las reglas de licitación–, advierte que ese plan se encamina al fracaso. Señala que no se ha visto el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue creado, como detonar el crecimiento y el desarrollo de la entidad. “Sigo viendo al estado en las mismas condiciones, con más puentes tal vez, pero persisten las mismas deficiencias”, explica. Desde el principio, Noriega ha sostenido que al PSP le hizo falta carácter social, pues no se tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la población, como las plantas de agua potable y la pavimentación de las calles de muchas ciudades pequeñas, donde la gente se enferma de las vías respiratorias por el polvo. “El punto es a quién favorece la construcción de la infraestructura. No es a la sociedad, sino a los constructores y a los empresarios”, critica. De acuerdo con investigaciones de varios organismos civiles, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por el continuo tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y amigos. En marzo de 2006 una de sus primas, Rossana Robinson Bours Muñoz, cinco de sus hermanos y cuatro amigos vendieron al gobierno varios lotes en el centro de la ciudad de Cajeme en 10 millones y medio de pesos para que ahí se construyera el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuando se le cuestionó al gobernador esa transacción, contestó que no le importaba las críticas porque la compraventa “no fue ilegal ni inmoral”. Otro caso fue la compra de 270 autobuses que el gobierno de Eduardo Bours le hizo a su hermano José Gerardo, socio y director general de la automotriz Mercedes Benz en la entidad. La operación, en el marco del Sistema Estatal para la Modernización del Transporte Urbano (Suba) –que a la postre fracasó al cambiar las rutas de los autobuses sin tomar en cuenta a los usuarios–, se realizó a pesar de que el Congreso de Sonora señaló claramente que contravenía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las unidades eran más caras de lo previsto. El director de Sonora Ciudadana señala que tampoco en el PSP se mostró la transparencia prometida a lo largo de la administración de Bours. “El gobernador dijo que sería un plan sumamente transparente y hasta el momento hemos visto que no funciona el Consejo Ciudadano de Vigilancia. Yo renuncié por la nula intención de ser transparentes, no me quise prestar a una simulación y tener sobre mis espaldas el engaño del que ha sido víctima la población, porque realmente se está manejando como un programa netamente electoral.
–¿Va hacia el fracaso el plan?
–La tendencia es que la gente se dé cuenta de que los objetivos planteados desde el inicio no eran los correctos, porque no se detona el desarrollo del estado a partir de crear puentes e infraestructura. Esto sólo es una parte de una serie de actividades o de inversiones en capital humano y, además, con una visión estratégica, apuntando hacia un objetivo determinado. No veo que las obras del Plan Sonora Proyecta tengan una estrategia de gobierno, veo las obras más perfiladas a ser acciones de relumbrón electoral que de una idea estratégica.
–¿No llama la atención que siendo Bours un empresario haya manejado mal ese plan?
–No, creo que es todo lo contrario porque, siendo un empresario, manejó eso para beneficiar a los empresarios y no a la población. Si dentro del PSP se hubiera planteado la creación de una planta para proveer de agua a la región cuando no la hay, hubiera sido una obra estratégica que beneficiara a la población, pero no fue así: el beneficio es para el constructor. Lo único que está haciendo (Bours) es tratar de salvar todo su sexenio e incidir en la elección.
–¿Qué constructoras se han visto beneficiadas?
–Prácticamente todas ellas son sonorenses. Unos meses antes de empezar el PSP aprobaron una nueva Ley de Obras Públicas en la cual las cámaras de constructores participaron en la definición de las reglas del juego. Entonces se generaron entre ellos mismos beneficios que inhibieron una sana competencia, y eso se llevó a cabo en complicidad con el gobierno. Por ejemplo, dice Guillermo Noriega, si la constructora es del estado se le da una ventaja de 5% en la licitación y otro 5% si pertenece a una cámara empresarial, lo cual califica como un acto de corrupción. Por eso, dice, “a mí eso me ha creado una sospecha de quiénes son los principales donantes de las campañas del PRI, (es necesario) ver dónde terminaron esos millones de pesos del PSP que beneficiaron a los constructores. Muy posiblemente esos mismos constructores que se beneficiaron con las obras son los principales donantes de las campañas”.

viernes, junio 12, 2009

Oligarcas sonorenses

Francisco Rodríguez
Indice Político

Para Antonio, mi hermano cómodo.
Con las disculpas por las molestias que esta obra le ocasiona.

JUSTO AL DÍA siguiente del criminal incendio de la fatídica guardería sonorense, en el blog http://lacrox.wordpress.com/2009/06/06/¿que-mas-necesitas/ se apuntaba una de las más duras críticas a la administración sonorense del insuflado –“nunca confíes en nadie que calce menos del 5”—, Eduardo
Robinson Bours Castelo. Es la descripción puntual de una oligarquía provinciana que actúa sin distingos de partido y no mira más allá de Tucson. Dice así:
El actual sexenio en el Gobierno de Sonora no comenzó como los anteriores. Se le dio cabida a una elite de jóvenes con gran desconocimiento de las funciones de sus puestos. La constante entre ellos no sólo eran sus incapacidades, sino el de pertenecer a familias de abolengo, la mayoría ya venidas a menos. En el pecado estaba la penitencia. Este gobierno se distinguió por su insensibilidad social y soberbia. Obvio, se trabajó para el lucro de unos cuantos pero esto no es ya digno de mencionarse porque es una constante en cualquier partido.
En su afán de ayudar a las “familias bien”, la concesión de guarderías se volvió un botín y varias personas parientes del gobernador aseguraron su ingreso de esta manera. Antonio Sheleske, por medio del parentesco de su esposa María de Los Angeles Félix Bours con Eduardo Bours, ha abierto tantas que ya parecen franquicias. Ella es hija del finado Gilberto Félix Escalante, emparentado con el Escalante dueño de la guardería ABC.
En el caso de esta tragedia los parentescos son más elevados, no sólo Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las dueñas legales, es pariente por parte materna de Félix Tonella, uno de los grandes industriales de México, dueño de Maquilas Tetakawy, concesionario de Agrícola Automotriz, Volkswagen y de OffShore Group, sino que, por parte del apellido paterno, está relacionada con la esposa de Felipe Calderón. Acaban ambas de estar en reuniones familiares. La presidenta del PAN en el DF, Mariana Gómez del Campo, es prima de doña Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón, quien a su vez es sobrina del hermosillense don Roberto Gómez del Campo Laborín, quien a su vez también es tío de la señora Lourdes Laborín Gómez de Bours, esposa del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
El Ingeniero Roberto Gómez del Campo, quien está casado con la Sra. Marcia Tonella, es padre de varias damas, entre ellas de… Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, la propietaria de la Guardería. Su esposo Antonio Salido es primo de Epifanio Salido, actual candidato a la presidencia de Hermosillo, consentido del gobernador, muy amigo de Juan Carlos Lam, que es el estratega político de la actual administración. Su esposa Cecilia también de apellido Escalante. La familia de ambos, Antonio Salido y Epifanio Salido, tiene una historia trágica y complicada que sería larga de detallar, pero no son ajenos al homicidio, fraude y suicidio.
Sandra Téllez, otra de las propietarias, está casada con el actual subecretario de Ganadería, Alfonso Escalante Hoefer, ambos apellidos, sobre todo el apellido Hoefer, de gran abolengo en la región. Ella también es sobrina de Eduardo Bours.
El otro dueño de la guardería es Chilayo Urquídez Serrano, emparentado con el actual candidato del PRI a la gubernatura, Alfonso Elias Serrano y concuño de Alfonso Escalante Hoefer; también es hijo de un ex presidente de la CANACO, y perteneciente a la misma generación del ITESM campus Hermosillo de Antonio Salido y Alfonso Escalante, muy amigos todos desde la niñez. Urquídez actualmente funge como Secretario de Finanzas del PRI Estatal.
Antonio Salido y Chilayo Urquídez, además, tocan en un grupo a manera de entretenimiento con el ex presidente de Hermosillo de origen panista Francisco Bourques Valenzuela y con el diputado, también panista, Luis Cerrato Castel. Las licencias del uso del suelo y permisos por parte del departamento de bomberos, y de la guardería, se consiguieron durante los gobiernos municipales panistas.
En fin, el árbol genealógico es muy amplio, al igual que la novela. Su situación social no los hace culpables, para ellos fue sólo una circunstancia, pero sí su afán de lucro dejando a un lado todas las restricciones legales de permisos y trámites…
¿Cuántas muertes más necesita usted lector para dejar su comodidad y exigir la justicia y tranquilidad que por ley le pertenece? Porque al parecer 43 niños calcinados y otros más quemados gravemente no son suficientes. Y si esto no lo es, ¿entonces qué?

Indice Flamígero: El “maestro” de fútbol de Felipe Calderón, Carlos Hermosillo, está metido en varios líos. El fin de semana anterior, una camioneta de la comitiva que le acompaña en la búsqueda del voto por una diputación federal en Córdoba, Veracruz, atropelló a un infante. Al padre le dieron 500 pesos para que le “curara”, lo que ciertamente lo indigna a él y a todos quienes conocen el incidente. Ahora, Antonio Soto, el diputado federal que encabeza la comisión especial para vigilar el correcto uso de los recursos públicos en el proceso electoral, afirma que hay contundencia en las fotografías presentadas como prueba por el PRD en las que se observa un camión de la SEDESOL repartiendo despensas a cambio de votos para el “simpático” ex jugador de soccer. Falta ver con qué nos sale este fin de semana…

www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

jueves, junio 11, 2009

La impotencia


MEXICO, D.F., 10 de junio (apro).- Eduardo Bours parecía que cabalgaba libre de obstáculos en uno de sus caballos preciados al final de su administración. Con un control de la política de Sonora, muy al estilo de los viejos caciques, se perfilaba como uno de los candidatos hacia las elecciones presidenciales, pero de pronto se le cruzó la muerte de 44 niños en una guardería propiedad de funcionarios de su administración y parientes de la familia presidencial, lo que ha generado una protesta social contra su gobierno y una amenaza a sus ambiciones políticas. El gobernador de Sonora es conocido como uno de los empresarios más exitosos y ricos de la entidad. Su familia tiene múltiples negocios en la rama del turismo, automotriz y de los medios, que se suma a la productora de huevos Bachoco que se ha convertido en una de las más importantes a nivel nacional. Todo esto y sus vínculos con la maestra Elba Esther Gordillo lo había instalado como uno de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial para el 2012 pero no por su partido, el PRI, sino por el partido de la líder magisterial el Panal.
Sin embargo, la tragedia de la muerte de los 44 niños ocurrida el pasado 5 de junio, puso en evidencia las ineficiencias de su gobierno, que ha estado más atento en hacer crecer los negocios familiares y apuntalar su proyecto político que atender a los sonorenses.
Es conocido que miembros de su familia se han beneficiado desde que llegó al gobierno acrecentando su riqueza. Los mismo con la compra de camiones de pasajeros y autos para el gobierno, que con la adquisición de terrenos, que luego son revendidos por la propia administración, o también la edificación de hoteles de lujo en Puerto Peñasco, en tierras que compraron a ejidatarios en unos cuantos pesos y que luego son revendidas en millones de dólares a los baby boomers que son la generación de jubilados norteamericanos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y buscan espacios de esparcimiento en las playas mexicanas.
Para detener las protestas y, sobre todo, para amortiguar el impacto político, es que Bours reaccionó presionando la salida de dos de sus funcionarios que aparecían como propietarios de la empresa ABC, que administraba la guardería siniestrada: Antonio Salido Suárez, director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Alberto Escalante Hoeffer, subsecretario de Ganadería, supuestamente para no entorpecer las investigaciones.
Pero, en el fondo del asunto, está la presencia de Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, que también era socia de ésta empresa, beneficiada por una decisión presidencial desde la administración de Ernesto Zedillo de subrogar a la iniciativa privada algunas de las áreas del IMSS, como el manejo de las guarderías, y que los gobiernos del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón, han mantenido sin preocuparse de los riesgos.
Es evidente que Bours hará todo lo posible para enterrar cuanto antes la mayor tragedia de muerte infantil en la historia de México. Seguramente querrá despojarse de toda responsabilidad y, como ya lo viene haciendo, organizar una campaña para que no se afecte su imagen. Pero difícilmente podrá hacerlo, pues una tragedia como esta no se borra de la memoria social con ninguna campaña de televisión y tampoco con decisiones a medias, pues son errores que evidencian la incapacidad de gobierno, la soberbia política y la ambición personal, que lo han caracterizado desde que llego al gobierno de Sonora y aun desde antes.

Marcha se protesta en Hermosillo, Sonora


http://www.youtube.com/watch?v=eyBtFkHa0us