Ahora, contra la extradición

JORGE CARRASCO A. Y J. JESúS ESQUIVEL

Aunque son varias las victorias judiciales que el empresario Zhenli Ye Gon ha obtenido en Estados Unidos, aún le falta librar su eventual extradición a México, donde se le acusa de delincuencia organi-zada, delitos contra la salud, lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. En los tribunales estadunidenses fue determinante la falta de consistencia de las pruebas en su contra aportadas por las autoridades mexicanas, como lo señaló Proceso en su momento. Por ello es probable que obtenga su libertad y pueda, incluso, reclamar la devolución de la millonaria suma en dólares que le fue incautada en la Ciudad de México.
El de Zhenli Ye Gon se convirtió en un caso incómodo para el gobierno de Estados Unidos, pues en menos de un mes el empresario chino naturalizado mexicano ha ganado tres importantes resoluciones judiciales porque el gobierno de Felipe Calderón no le entregó al de Estados Unidos pruebas contundentes en su contra.La justicia federal estadunidense dejó en claro la semana pasada “el desaire” del gobierno mexicano al Departamento de Justicia al no entregarle esas evidencias, y decidió no sólo descongelar los bienes de Ye Gon, sino darle tiempo para que sus abogados preparen los alegatos en contra de su extradición.La Corte federal del distrito de Columbia aceptó los argumentos de la defensa que destacan la corrupción prevaleciente en la Procuraduría General de la República (PGR), así como el hecho de que los funcionarios encargados de acusar a su cliente en Estados Unidos ahora están en la cárcel o fueron despedidos como consecuencia de la Operación Limpieza.A ese operativo anticorrupción, aplicado en la PGR y del que Calderón se ufanó en su tercer informe de gobierno, se debe que Ye Gon haya ganado un caso penal y tres civiles en los tribunales de Estados Unidos.Aún le resta por enfrentar un juicio de extradición promovido por el Departamento de Estado a solicitud del gobierno mexicano, que lo acusa de delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Pero en caso de que lo perdiera, todavía le queda el recurso de solicitar asilo políticoEl 28 de agosto pasado, el juez Emmet G. Sullivan desechó de manera definitiva la causa penal abierta en Estados Unidos contra Ye Gon, acusado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA) de supuesta conspiración para introducir metanfetaminas a ese país.Una semana antes, el propio Departamento de Justicia solicitó el desistimiento debido a la debilidad de las pruebas, luego de que tres testigos, tanto en Estados Unidos como en México, negaran sus imputaciones iniciales contra Ye Gon.El juez determinó que su resolución se aplicara “con prejuicio”, una figura jurídica mediante la cual el gobierno estadunidense ya no podrá acusar por el mismo delito al empresario naturalizado mexicano.En México, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, hizo ver la resolución de Sullivan como resultado de “un acuerdo” entre ambos países. En entrevista telefónica desde Washington, Eduardo Balarezo, uno de los abogados de Ye Gon, dijo que esa versión era absurda.Añadió que en Estados Unidos un juez de distrito es independiente del Poder Ejecutivo, y que el caso se vino abajo por falta de pruebas. Esto lo sabía el Departamento de Estado desde 2007, pero nunca se lo dijo al juez, “lo cual representó una violación al proceso judicial”, precisó.A ese triunfo legal, Ye Gon sumó otros dos la semana pasada. El miércoles 16, Sullivan ordenó descongelar todas las cuentas bancarias y bienes por un monto superior a los 3 millones de dólares que le habían sido asegurados en ese país a él y a su amante, Michelle Wong.

Devolución de bienes
Un día después, el juez federal encargado del caso de extradición, John M. Facciola, resolvió concederle a la defensa de Ye Gon un plazo de 20 días hábiles con el fin de que presente una moción para la libertad de su cliente, pero sobre todo para que obtenga más información sobre las pruebas en que el gobierno mexicano basa su solicitud de extradición.Al resolver los casos civiles abiertos contra el empresario originario de Shangai, China, Sullivan le ordenó al gobierno estadunidense que le devolviera 600 mil dólares en efectivo y 318 mil más depositados en dos cuentas en el Bank of America, además de un automóvil Rolls Royce Phantom, valuado en unos 350 mil dólares.El juez también determinó liberar las propiedades confiscadas a Michelle Wong, la amante de Zhenli Ye Gon, y a uno de los testigos que inicialmente había declarado en su contra.Por mandato de Sullivan también se le reintegrarán 485 mil dólares de una cuenta en Citibank; 191 mil de una más con Wells Fargo; 6 mil 100 que le fueron confiscados en efectivo, y 2 mil 500 más depositados en otra cuenta de Citibank. También se le deberán regresar dos automóviles Mercedes Benz modelo 2007 y un Lamborghini 2004.Además, dispuso que se dejara sin efecto la restricción de venta de una casa valuada en 1 millón 200 mil dólares, ubicada en Las Vegas, Nevada, y que está a nombre de un hijo de Ye Gon y Wong.Para minimizar su derrota, los fiscales del Departamento de Justicia intentaron que el juez dejara abierta la puerta para que México pudiera solicitar que de nueva cuenta se confiscaran los bienes.La respuesta del juez fue contundente. “México desairó a Estados Unidos”, dijo molesto en alusión a que el gobierno de Calderón no le entregó al Departamento de Justicia la información para sustentar la acusación de narcotráfico en ese país.Con el propósito de asegurar la permanencia de Ye Gon en la cárcel, durante más de dos años el Departamento de Justicia aseguró al juez que estaba trabajando “mano a mano” con el gobierno mexicano para documentar la acusación penal.Sin embargo, desde que el empresario fue detenido en Washington en julio de 2007, el gobierno de México no pudo probar que las importaciones de efedrina y seudoefedrina realizadas por Ye Gon tuvieran como propósito elaborar metanfetaminas destinadas al mercado estadunidense, como lo informó Proceso en sus ediciones 1658 y 1659.“¿Por qué deberíamos ser tan amables para facilitar las cosas a otro gobierno?”, declaró Sullivan, de acuerdo con el reporte del corresponsal de este semanario en Washington, J. Jesús Esquivel.La devolución de los bienes contrasta con la apresurada decisión del gobierno mexicano de distribuir entre entidades públicas los 207 millones de dólares asegurados a Ye Gon en su residencia de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.Sin resolución judicial de por medio, ese monto se repartió entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Salud y la propia PGR. Incluso, a principios de este mes, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) remató en una subasta pública dos autos Mercedes Benz y un autobús de la misma marca asegurados al empresario.El abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza, interpondrá un amparo con el fin de impedir que el gobierno federal se siga deshaciendo de los bienes asegurados al empresario farmacéutico, que forjó su poder económico al cobijo del gobierno de Vicente Fox.En entrevista, considera que la decisión del juez Sullivan sienta un precedente para que en México le devuelvan a su cliente los 207 millones de dólares, aunque adelantó que será un proceso largo. “No sé de dónde los van a sacar, porque dicen que ya los repartieron. Pero ante la falta de pruebas en su contra le tendrán que devolver el dinero”, asegura.Por lo pronto, Ye Gon tiene hasta la segunda semana de octubre para desacreditar las pruebas con las que el gobierno calderonista pretende justificar su extradición a México.Aunque la entrega de Ye Gon es una decisión administrativa que compete al Departamento de Estado, la medida tiene que ser sancionada por la justicia estadunidense.

Impugnación
Desde que el gobierno de Calderón hizo la solicitud de extradición, el 15 de septiembre de 2008, la fiscal del Departamento de Justicia, Valinda Jones, ha sostenido que hay “pruebas suficientes” para cumplir con el Tratado de Extradición firmado por México y Estados Unidos.Vigente desde 1980, ese tratado establece que la extradición de una persona que aún no ha sido sentenciada debe basarse en pruebas que, conforme a las leyes de la parte requerida, justifiquen la aprehensión y enjuiciamiento del reclamado, en caso de que el delito se haya cometido en su territorio.Como ya se indicó, el juez Facciola optó por ir más allá del trámite y dio un plazo que vence hasta octubre para que los abogados de Ye Gon, Eduardo Balarazo y Manuel Retureta, preparen sus argumentos para impedir que su cliente sea enviado a México.La defensa del empresario no sólo aprovechó la debilidad de las acusaciones sobre la supuesta conspiración de Ye Gon para introducir metanfetaminas a Estados Unidos, sino que ha comenzado a explotar la corrupción en los mandos de la PGR.“El paquete de la información relacionada con los cargos que le imputan en México al señor Ye Gon fue preparado y recolectado por Noé Ramírez Mandujano, un sujeto arrestado por sus nexos con el narcotráfico. Por ello, pedimos más tiempo para revisar la información que ha entregado el gobierno de México al Departamento de Estado”, alegó Retureta en la audiencia del jueves 17.Como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Ramírez Mandujano se encargó de preparar las acusaciones contra Ye Gon; sin embargo, en noviembre pasado fue detenido porque presuntamente recibía pagos mensuales de 500 mil dólares a cambio de filtrar información al cártel del Pacífico.En un escrito entregado previamente al juez Facciola, los litigantes destacaron ese antecedente y precisaron que la solicitud de extradición fue firmada por Jorge Joaquín Díaz López, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud.Este funcionario, quien recibió diversos cursos de capacitación antidrogas por parte de la DEA tanto en México como en Estados Unidos, dependía directamente de Ramírez Mandujano, y en enero de este año fue dado de baja de la PGR después de la Operación Limpieza. Además, en su escrito fechado el lunes 14, los abogados destacaron un dato más: “Justamente, la semana pasada, el procurador general (Eduardo) Medina Mora abruptamente renunció bajo presión y en circunstancias sospechosas”.A partir de esos hechos, los abogados le dijeron al juez Facciola: “La Corte no puede negar que hay circunstancias serias que van al corazón de la declaración jurada en la que se apoya la extradición requerida por México… (Esa) declaración es ahora altamente sospechosa y requiere una investigación más extensa que debe alcanzar a los más altos niveles del gobierno de México”.Y abundaron: El solo hecho de que la acusación penal contra Ye Gon se haya basado esencialmente en los mismos puntos del caso que se sigue en México, y de que haya habido un desistimiento “con prejuicio” como resultado de la falta de pruebas, provoca una “preocupación real y seria sobre la credibilidad de la declaración jurada de Díaz López”.No es el único cuestionamiento contra este funcionario. En los documentos que se ventilaron en la Corte federal de Columbia por el fallido caso penal, su nombre aparece como uno de los funcionarios del gobierno mexicano que supuestamente autorizaron algunas de las importaciones de sustancias químicas hechas por Ye Gon.De acuerdo con una larga relación de esas compras realizadas por el chino-mexicano entre enero de 2002 y 2006, el 25 de octubre de 2006 el nombre del exfiscal de la PGR aparece en una supuesta carta para que el empresario farmacéutico importara sulfato de gentamicina, sustancia que sirve para la elaboración de antibióticos.La lista da cuenta de importaciones por casi 8 mil toneladas de sustancias químicas –incluida seudoefedrina– durante el gobierno de Fox, quien en febrero de 2003 le entregó personalmente a Ye Gon su carta de ciudadanía mexicana. El 90% de esas importaciones las hizo en 2005.

Sin evidencias
En la audiencia, en la que estuvo presente Ye Gon con su overol a rayas rosa y blanco de la prisión federal, el juez Facciola señaló: “Si el gobierno de Estados Unidos quiere realizar la extradición debe presentar más evidencias de las que le hubiese proporcionado el gobierno mexicano”.La fiscal Valinda Jones replicó: “En una audiencia de extradición como ésta, la Corte no está para establecer la credibilidad de las evidencias que presenta un país soberano a otro. No se trata de imponer estándares jurídicos de Estados Unidos al sistema judicial de México”, sino de hacer valer el Tratado de Extradición.Previamente, la fiscalía estadunidense –también en un escrito– le había dicho al juez que si bien son ciertos los cargos contra los exfuncionarios de la SIEDO, “no hay ninguna conexión entre la acusación y la solicitud de extradición”, por lo que los señalamientos sobre las “sospechosas” renuncias de Medina Mora y de Díaz López, “no tienen ninguna relevancia” para la eventual extradición.Además, señaló, esos alegatos deben verse como retos para el sistema judicial mexicano, “pero en todo caso deberían ser planteados por el Departamento de Estado, no por esta Corte”.Al final de la audiencia, una funcionaria de la embajada de México que trabaja en la Oficina de Asuntos Legales se acercó a la fiscal Jones para decirle: “Valinda, eres nuestra heroína”.Debido a que la Corte sólo debe certificar la decisión del Departamento de Estado, es muy probable que el juez avale la extradición, aunque la defensa ya ha adelantado que buscará un amparo contra la medida. Pero en el curso de los 20 días hábiles otorgados como plazo por el juez Facciola, los abogados presentarán la moción de libertad con base en la anulación de los cargos en Estados Unidos. Si le fuera concedida, Ye Gon podría ser detenido de inmediato y enviado a un centro de detención temporal migratoria. Si eso pasara, los abogados solicitarían el asilo político para su defendido.En esas condiciones, la defensa también podría pedir la libertad condicional, apoyados en que la visa de Ye Gon se vence en 2013. Para conceder ese beneficio, el juez deberá valorar la posibilidad de que el empresario se fugara, así como su grado de peligrosidad. En cualquiera de esos escenarios, el proceso contra Ye Gon en Estados Unidos podría demorar por lo menos un par de años más; es decir, cuando Calderón –a quien Ye Gon involucró en la acumulación de los 207 millones de dólares– esté a punto de concluir su mandato.