TEPJF: otro golpe a la democracia

Editorial de La Jornada

La decisión adoptada ayer por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio por buenas las elecciones delegacionales realizadas el pasado 5 de julio en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, y anula el fallo del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) que había ordenado realizar comicios extraordinarios en ambas demarcaciones. De esa manera, los respectivos contenciosos poselectorales llegan a una definición que, en lo jurídico, es definitiva e inapelable, pero conlleva consecuencias desastrosas para el de por sí cuestionado y desacreditado sistema electoral del país.

Como se recordará, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) documentó, en su momento, que los candidatos panistas a las jefaturas delegacionales de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, Carlos Orvañanos y Demetrio Sodi, habían rebasado los límites legales de gasto en publicidad, por poco más de 240 mil pesos el primero y por más de 800 mil, el segundo, y el TEDF decidió sancionar esas irregularidades. Ayer, arbitrariamente, el máximo tribunal electoral del país decidió que los excesos referidos no fueron acreditados, con lo que ignoró documentos fundamentados y serios como los realizados por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF. De esa forma, el TEPJF propinó un severo golpe a su propia credibilidad –ya severamente erosionada– y, por extensión, al conjunto de la institucionalidad electoral.

La instancia judicial envió, por añadidura, un deplorable mensaje inequívoco a los actores políticos del país –que las infracciones a la legislación electoral son tolerables–, en nada contribuye a restaurar la confianza en un andamiaje democrático cada vez más distorsionado.

El fallo de ayer remite, en forma inevitable, a los formulados en 2006, por medio de los cuales el mismo TEPJF se negó a esclarecer las dudas en torno a la elección presidencial de aquel año mediante un recuento de la totalidad de los sufragios y, posteriormente, declaró presidente electo a Felipe Calderón, pese a que la intromisión de su antecesor, Vicente Fox, puso en riesgo la validez de la elección y a que hubo una indebida intromisión de terceros (como el Consejo Coordinador Empresarial, CEE) en el proceso electoral, en palabras de la propia resolución dada a conocer el 6 de septiembre. Con ese fallo desatinado e incongruente, el TEPJF socavó su propia autoridad y la de los otros organismos electorales, negó verosimilitud a aquella elección presidencial y condenó a la actual administración a padecer en forma permanente, e irremediable, un severo déficit de legitimidad que explica en parte la incapacidad del gobierno calderonista para incidir de manera positiva en los principales problemas nacionales. El corolario era inocultable: hay permisividad ante las transgresiones a la ley, siempre y cuando no sean demasiado graves.

En un entorno electoral en el que proliferan las trapacerías de partidos y candidatos, los dictámenes referidos –los de hace tres años y el de ayer–, lejos de introducir factores de legalidad y civilidad en los procesos comiciales, abonan el terreno para la proliferación de chanchullos, propician el colapso del sistema electoral y contribuyen a ahondar la crisis política y de representatividad en la que se encuentra el país. Por esas razones, la determinación adoptada ayer por la sala regional del TEPJF resulta desmoralizadora y exasperante.

¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Hay algo que pueda hacerse? ¿O estamos destinados a la injusticia per se? URGE UN JUICIO POLÍTICO A MAGISTRADOS Y TODOS A APOYARLO.