Astillero

Julio Hernández López

Frente al tamaño de lo sucedido en Oaxaca en 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ayer una recomendación aparatosa, insuficiente y facciosa. Es cierto que en primera lectura resulta altamente plausible la decisión de los altos ministros de responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz de las múltiples violaciones a derechos y garantías que se dieron en aquella entidad durante la histórica movilización popular de tres años atrás. Pero tal resolución, que carece de carácter obligatorio en sus términos (aunque tiene el valor ético y mediático que se le quiera reconocer a su fuente, la máxima instancia nacional de discernimiento jurídico), corre el riesgo de parecer un acto ruidoso, una especie de alharaca palaciega, autorizada por los mandos ejecutivos que suelen controlar las mayorías votantes de la Corte, para generar un vano entretenimiento público por fuera de lo que hoy es la máxima pifia política del calderonismo, o su máxima apuesta autoritaria, decidida a pasar por encima de lo que sea, la del conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

No se duda ni por equivocación de las culpas del dictadorcillo oaxaqueño ni se pone en entredicho la sinceridad y congruencia de los ministros de la Corte que empujaron desde un principio la tesis de que las responsabilidades de la gran represión de 2006 iban más allá de algunos jefes policiacos menores, como lo sugería el proyecto de resolución presentado por el derechista y controlado ministro Mariano Azuela. Pero llama la atención que justamente ese segmento mayoritario de ministros, que suele obedecer las instrucciones de su fuente de inspiración que está en Los Pinos, hubiera ayer transitado con tanta suavidad el camino hacia el señalamiento de Ruiz como violador de derechos y garantías, en una súbita iluminación de criterios que devino en la crucifixión política de quien había sido aliado de Calderón y ahora se ha distanciado de él, tanto en razón del oponerse al paquete económico felipista como en función del apoyo abierto, con recursos públicos y privados, que ha dado a los proyectos expansionistas del priísmo que causaron la derrota mapacheril del PAN en los pasados comicios.

La decisión judicial de ayer tiene, además de ese tufo a medida distractora que acabará en la nada, pues no hay condiciones para que los congresos estatal o federal tumben al represor oaxaqueño, el sello de otra insuficiencia inocultable, el comportamiento faccioso que protegió al gran jefe electoral de 2006 y aplicado represor clasista, el vaquero Fox, que no fue tocado más que con el pétalo de algunas menciones críticas de ministros de la Corte, pero que finalmente resultó absuelto, al igual que sus funcionarios involucrados en el tema, Carlos Abascal, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. Aun cuando la presencia de las fuerzas federales en Oaxaca fue causa de múltiples violaciones a los derechos humanos, las garantías constitucionales y la legalidad, los ministros decidieron ayer excluir de responsabilidad no sólo a esa plana mayor, sino incluso al coordinador de las fuerzas federales de apoyo y al jefe del Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, ahora diputado federal y poderoso presidente de la comisión de la defensa nacional de esa cámara.

El sesgo partidista de protección a Fox, y la concentración de tibia metralla de salva en Ulises Ruiz, dejan esa resolución de la Corte en un plano que pareciera servir para revivir la oposición al mandatario oaxaqueño que está en la tentación de adelantar la postulación de su candidato a la sucesión ante el calentamiento del ambiente que han hecho Gabino Cué y López Obrador. También servirá la decisión de la Suprema para que los cortesanos mediáticos apuntalen sus análisis con la versión de que en México se vive una nueva etapa de poder, con un Calderón que impulsa golpes a monopolios y adversarios pesados, no sólo sindicatos izquierdosos sino también gobernadores incómodos. ¡Oh, sí, cuántos pantalones del lic. del Caldero Grande: ayer contra el SME, hoy contra Ulises de Salida! ¿Quién seguirá mañana (si es que hay mañana)?

Astillas

Bitácora eléctrica: Marcelo Ebrard, bien con la propuesta de una mesa de diálogo y el recuerdo de los derechos constitucionales de los trabajadores; Calderón precisó los términos del chantaje a los trabajadores pues, dijo,”para ser más claro, mientras más pronto pueda procesarse esta decisión (la de firmar la liquidación, nota de Astillero), más fácil y prioritaria será la reincorporación a la vida laboral para aquel trabajador que así lo desee” y también se diagnosticó con absoluta tranquilidad de conciencia; Martín Esparza siguió picando piedra con legisladores federales, y los cheques de liquidación fueron cobrados por pocos trabajadores y en medio de gran desorden administrativo y técnico; por último, los apagones y el enojo social por tanto desbarajuste inducido continuaban ayer... Eliezer Rodríguez, desde el código postal 02060, pregunta: La colonia donde vivo se llama Sindicato Mexicano de Electricistas; si desaparece el sindicato ¿cómo se llamará ahora?... Víctor Betancourt reporta que en Radio Ibero, 90.9 de FM, fue transmitida la opinión del doctor Alberto Montoya, especialista en estudios estratégicos de la Universidad Iberoamericana: sostuvo, invitando a revisar la Constitución, que los argumentos de Calderón para el cierre de LFC no se sostienen, que son puras mentiras. Mostró que lo de los recursos que, según Calderón, iban al pago de salarios y pensiones, es falso. Y describió las transas con el gas que México importa a la CFE (para la producción de energía), a través de Repsol y que la CFE vende a Luz y Fuerza a un precio elevado... Y, mientras ha saltado de nuevo al foro el desinflado Guanito para meter ruido, ahora con su nueva telenovela de que siempre sí quiere regresar a la jefatura delegacional de Iztapalapa, ¡hasta mañana, luego de que hoy por la tarde caminemos del Ángel al Zócalo!

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