15 octubre 2009
“Los Pinos y 450 empresas mexicanas y extranjeras establecidas en México y muchos personajes influyentes en el gobierno de (Felipe) Calderón no pagan por el servicio de luz”.
Martín Esparza.
I
Dado el golpe del poder político del Estado al Sindicato Mexicano de Electricistas ,“extinguiendo” a la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro, con la que existía un contrato colectivo de trabajo, los escenarios prospectivos posibles son de incertidumbre.
¿Qué seguirá, pues, al golpe? ¿Qué más vendrá? ¿Más golpes contra los trabajadores sindicalizados y el sindicalismo mismo, entendido éste como instrumento de reivindicación y gestión de los derechos humanos que abarcan a los laborales?
Las respuestas podrían centrarse en la identificación de un componente sospechado: los beneficiarios políticos y económicos –megaempresariales-- del golpe. ¿Quiénes son éstos? ¿El Presidente de Facto, en lo político? ¿La oligarquía en lo económico?
La secuela implícita del golpe es la advertencia --claramente ominosa-- del poder político del Estado a los movimientos reivindicadores organizados, como el de los sindicatos independientes, para que se sometan al imperativo del modelo económico.
Ese modelo económico privilegia y fomenta conductas desorbitadas de los dueños del dinero inferido o real. El modelo es funcional para ellos si el poder político reprime actos de los trabajadores para reducir la impune apropiación de riqueza que éstos crean.
Por ello, la “extinción” de LyFC, descrito ayer por éste escribidor como “coup d´État” o golpe de Estado con arreglo a las definiciones de las ciencias políticas y sociales, es fiel a los intereses creados de un modelo económico antisocial.
Y lo antisocial se identifica precisamente por las acciones del poder político del Estado que se inspiran en una filosofía francamente opuesta a los intereses de la sociedad, representada ésta, en el caso de LyFC y el SME, por los gremios organizados.
II
Organizados, hágase la salvedad precisoria, para defender sus derechos conforme los define la Constitución Política de los 31 Estados Unidos Mexicanos y el Distrito Federal, aunque las leyes reglamentarias y códigos secundarios los anulen de hecho.
Subráyese también que, antipodal a los objetivos del “coup d´État” –los de reforzar el poder del responsable del golpe, Felipe Calderón-- no se han alcanzado y, predeciblemente, no serán alcanzados ni pronta ni tardíamente. Son elusivos.
Cierto. El señor Calderón no ha reforzado su poder, sino exactamente lo contrario: ha debilitado aun más sus potestades políticas y el alcance del ejercicio de éstas. El golpe de Estado --igual a razón de Estado, según los tratadistas-- es logro pírrico.
Ésta apreciación nos lleva al tema del motivo gubernamental formal, jurídico, de la “extinción” --concepto sin valor legal en la disolución de un ente paraestatal-- de poner fin a la incosteabilidad
financiera y deficiencia administrativa de LyFC. Motivo falaz.
En esos considerandos motivacionales de la acción para “extinguir” a la citada empresa, el poder político del Estado culpa --¡qué aberrante!— nada menos que a los trabajadores, cuyos niveles de operatividad eran altos.
La culpa, pues, según el silogismo esgrimido como argumento y razón de Estado por el poder político de éste, es de los trabajadores afiliados al SME, titular del contrato colectivo de trabajo con LyFC.
Ni los trabajadores sindicalizados ni el Sindicato mismo administraban la empresa; de hecho, no tenían nada que ver en ello, ni siquiera pro forma. Su responsabilidad era únicamente técnico-operativa. Y LyFC demostraba con creces esa operatividad.
III
Volvamos al motivo. Éste, amén de falaz, carece de mérito práctico y sí abunda, en exceso, en deméritos que contrastan con el sentido común y lo conveniente para todas las partes involucradas, incluyendo al propio poder político del Estado.
¿Por qué? Por una sencillísima y muy simple razón: la incosteabilidad y la mala administración de LyFC no eran causadas por los trabajadores, despedidos a causa de la “extinción”, sino por el poder político del Estado y sus patrones los megaempresarios.
En lo financiero --arguye el poder político del Estado— la empresa era incosteable. Eso es cierto. Pero la incosteabilidad devenía de que, como describe el señor Esparza, citado en el epígrafe de la entrega de hoy, el Estado es consumidor moroso.
Y no solamente el Estado federal, sino también los gobiernos de los Estados de México, Puebla, Morelos e Hidalgo son morosos en cuanto a pagar por el servicio de suministro de energía eléctrica. En contraste, el gobierno del Distrito Federal sí paga.
Por si lo aquí descrito fuese magro, súmese otro hecho, también difundido por el sindicalista Esparza: la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos tampoco pagan por ese servicio ni los impuestos prediales ni por consumo de agua.
Eso es saqueo. Con consecuencias: incosteabilidad financiera del proveedor ( LyFC) y deficiencias gerenciales. Añadiríase que el salario medio mensual de los sindicalizados es de seis mil pesos, diez veces menos que los de la mediana burocracia.
El costo político del “coup d´État” dado por el señor Calderón e inferidamente –complicidad implícita-- por el poder político todo del Estado no ha sido ni será lucrativo. Acelera ya el proceso de descomposición de dicho poder político.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Poder político del Estado: elemento constitutivo de éste, subordinado, constitucionalmente, al prfincipal, el pueblo (los pueblos). En el caso mexicano el poder político se ha abrogado,
documentadamente, potestades del pueblo o los pueblos, dominando a éste (o éstos).
Lecturas recomendadas:
¿Qué es la democracia?, de Giovanni Sartori. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/Instituto Federal Electoral.
Lucha de clases (volumen I), de Marta Harnecker y Gabruel Uribe.
Editorial Nuevos Horizontes.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario