Quienes emprendieron el esclarecimiento de la corrupción e impunidad en el manejo de las finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mejor se rindieron ante su descomunal caos o lo dejaron por la paz para no ser objeto de investigaciones de la Procuraduría General de la República por fraudes y del Instituto Federal Electoral (IFE), por rebasar topes de campaña en las elecciones federales de 2003.
Por eso, el noveno Congreso Nacional del PRD, realizado en abril de 2005, resolvió mejor mandar al archivo el informe de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles, presidenta del partido de 2002 a 2003, en la que tuvo una participación destacada el empresario argentino Carlos Ahumada.
El carpetazo también recibió el visto bueno del entonces líder nacional del partido, Leonel Godoy, actual gobernador de Michoacán, cuya administración fue puesta recientemente en entredicho por las autoridades federales, en virtud de sus posibles nexos con el narcotráfico.
El congreso del PRD de 2005 tampoco dio a conocer el “voto particular” de Alejandro Morales Becerra, integrante de dicha comisión. El documento de 133 páginas, fechado el 22 de abril de 2005, sostiene que el partido se abstuvo de aplicar sanciones estatutarias y penales a todos aquellos que pusieron en riesgo su existencia con Rosario Robles Berlanga, inclusive ella misma, y a pesar de que había indicios suficientes para llevarlas a cabo.
Existían testimonios y evidencias para comprobar irregularidades graves como el endeudamiento inusitado, que sobrepasaba su capacidad de pago; conductas delictivas en el manejo de las prerrogativas del IFE; violaciones a los estatutos; componendas con medios de comunicación para subsanar adeudos, y pagos anormales a empresas privadas, entre otras.
No sólo tenía responsabilidad Rosario Robles, sino también otros destacados perredistas por acción u omisión, como Carlos Navarrete, entonces secretario general del PRD (actual coordinador de los senadores del partido); José Ramón Zebadúa González, coordinador general de administración y finanzas del CEN; María Eugenia López Brun, secretaria de Finanzas; Ricardo García Sainz, responsable del Órgano Central de Fiscalización (actual contralor general del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal), y Carlos Armando Bello, director de contabilidad, por distintos motivos.
El “voto particular” de Alejandro Morales asegura que el Comité Ejecutivo Nacional en tiempos de Rosario Robles Berlanga “incumplió mandatos estatutarios que lo obligaban a evitar el desastre económico, administrativo y ético en el que se encontraba el PRD”. Por lo tanto, fueron omisos José Luis Jaime Correa, José Antonio Rueda Márquez, Juan Guerra Ochoa (exdiputado), Mario Gilberto Saucedo Pérez, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Feliciando Rosendo Marín Díaz, Silvia Gómez Tagle, Trinidad Morales Vargas, Guadalupe Acosta Naranjo (expresidente del PRD), Claudia Sofía Corichi García (senadora), Carlos Sotelo García, Jesús Ortega Martínez (dirigente actual del partido) y Martí Batres Guadarrama (secretario de Desarrollo Social del gobierno de Marcelo Ebrard).
El documento de Alejandro Morales Becerra señala: “Nunca seremos capaces de transformar democráticamente al sistema ni de crear una sociedad más justa, si en nuestro interior no se practica la democracia y no se erradica la corrupción y la inequidad”.
Dice también: “El hallazgo, pues, de actos de corrupción en el instituto político sólo confirma lo que ya se sabía: en el PRD los recursos económicos y las posiciones han adquirido un poder inusitado capaz de corroer sus estructuras”.
Al defender su voto particular, sostiene: “Ha llegado la hora de tomar medidas de fondo. Se deben promover sanciones estatutarias y legales a todos los involucrados en los hechos de corrupción”. Pero la propuesta no fue tomada en cuenta.
“En el PRD, lo sabemos, se tienen muchos adversarios fuera, pero hoy el peligro mayor está adentro”, puntualiza.
Jaime Cárdenas, diputado electo por el Partido del Trabajo, también encabezó a la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción en la administración de Rosario Robles, pero renunció al poco tiempo porque no le dieron toda la información documental que solicitaba, no le dejaron practicar una auditoría integral y no le permitieron citar al entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, para que compareciera.
No obstante, alcanzó a percibir por distintas versiones que la situación de las finanzas del partido era grave. El exconsejero del IFE recuerda, por ejemplo, que Carlos Payán, quien formó parte de una comisión previa a la de anticorrupción, se extrañó de la forma en que el PRD redujo su deuda de 600 a 400 millones de pesos en poco tiempo.
—El informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción recoge un testimonio de Carlos Armando Bello, director de contabilidad de la coordinación de Finanzas del partido, quien advirtió que si se daba a conocer toda la información no iban a poder justificar los gastos ante el IFE y eso podía dar lugar a un Pemexgate –se le menciona a Morales Becerra.
—El asunto de los videoescándalos de Carlos Ahumada con personajes del PRD era tan grave, desde el punto de vista electoral, como el Pemexgate o Amigos de Fox. Es un problema de esa magnitud y esas características, y sí requeriría de una investigación a fondo.
—¿En el informe final de la comisión anticorrupción se menciona la participación del empresario argentino Carlos Ahumada, como intermediario, negociador y beneficiario de la presidencia de Rosario Robles? –se le pregunta.
—Pues ahora en su libro Derecho de réplica, Ahumada cuenta todo eso. Con esos elementos y lo que sabe la gente del PRD, el IFE está obligado a abrir una indagación. Si ya prescribió o no, en su momento lo tendrá que decir el IFE, luego de que realice las investigaciones. A eso también está obligada la Fepade (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales).
Si el partido no siguió fue por el temor a que las averiguaciones de la PGR o del IFE les implicaran multas mayores, puntualiza.
“Ésa es una historia no concluida en el PRD ni en el IFE, por eso ahora se requiere esclarecer los hechos. Tenemos que saber respecto de las acusaciones contenidas en el libro de Carlos Ahumada, sobre si hubo o no financiamiento ilegal en las campañas del PRD”, sostiene el también profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los hechosEl “voto particular” de Alejandro Morales sobre el informe de la “Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles” contiene una síntesis de las diligencias, documentos y testimonios del expediente, guardado celosamente en los sótanos del PRD.
Señala, por ejemplo, que el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza no concluyó la auditoría que le encargó el PRD sobre la situación financiera del PRD al 31 de diciembre de 2003, una vez transcurridas las elecciones federales a diputados de ese año.
Sin embargo, el despacho mencionó los motivos: demora en los registros y la inconsistencia de los mismos, falta de documentación comprobatoria, ausencia de contratos debidamente requisitados que precisaran las condiciones de las operaciones del partido, particularmente con la radio y la televisión.
Asimismo, irregularidades en el diseño y operación de la estructura de control interno, destacando la falta de políticas para asegurar las mejores condiciones del gasto para adquirir bienes y servicios, como son cotizaciones o licitaciones para erogaciones por montos importantes o recurrentes.
El PRD no fue capaz de cruzar esta información con la que obtuvo a través del Órgano Central de Fiscalización del partido, de la denuncia interpuesta por la exdiputada Rosa María Avilés, de los testimonios de Adriadna Montiel Reyes, secretaria de Finanzas del partido en el Distrito Federal; de los testigos Dolores Padierna, exjefa delegacional en la Cuauhtémoc, y Agustín Guerrero Castillo, dirigente del PRD en la capital, así como de la revisión y sanciones millonarias que le aplicó el IFE por anomalías graves en la presentación de sus gastos de campaña de 2003. Todas las fuentes coincidían en las mismas irregularidades.
El partido simplemente se conformó con tener una auditoría privada irresuelta y se abstuvo de fincar responsabilidades.
Al inicio de la gestión de Rosario Robles en la dirigencia nacional, los pasivos eran de 120 millones de pesos. Tres años después no se sabía a ciencia cierta a cuánto ascendían. Oficialmente se dijo que eran de 410 millones de pesos, pero había pasivos no reconocidos.
Robles Berlanga –primera jefa de Gobierno del Distrito Federal por el PRD, de 1999 a 2000– aceptó que el presupuesto de 2002 fue modificado y se elevó el endeudamiento, pero alegó que éste fue una medida política para posicionar mejor al partido, la cual fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional.
Pero los estatutos, dice el documento, no otorgaban a Rosario Robles Berlanga ni al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de modificar el presupuesto, y no existe sesión alguna en donde el Consejo Nacional aceptara ese cambio.
Sin sesión de por medio, el Consejo Nacional consintió un acuerdo para que el CEN modificara el presupuesto, pero los estatutos tampoco le otorgaban esa facultad. Sus integrantes incurrieron en responsabilidad, además de que no se hizo del conocimiento al Congreso Nacional ni a la comisión de garantías y vigilancia.
“El pragmatismo político no justifica la violación de los principios del partido, pues de lo contrario se permitiría cualquier acto a costa de la obtención del poder”, señala el documento.
Además, Robles Berlanga incurrió en otra responsabilidad administrativa al modificar de facto el funcionamiento financiero del partido al crear y dar facultades amplísimas a la Coordinación General de Administración y Finanzas, relegando en la práctica a la Secretaría de Finanzas del partido.
“La modificación del funcionamiento del partido, en todo caso, correspondía al Congreso Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 10, numeral 7, inciso a”.
La falta de atención de la secretaría de Finanzas –a cargo de María Eugenia López Brun– en el manejo de los recursos “puso en riesgo financiero al partido”, al no cumplir sus fines.
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