De democrático sólo el nombre

Ricardo Andrade Jardí

Según nos dicen los ministros de (in)justicia de México, la policía en el país puede hacer lo que se le venga en gana, es decir no obedecer a nadie y menos aún a quienes carecen de autoridad moral como el segundo esposo de Martita Sahagún o el asesino de Ulises Ruiz.
En San Salvador Atenco, torturaron y violaron a las y los detenidos, pero la autoridad que ordenó la acción: “no es responsable”. Los policías actúan sin control y la Corte fomenta y respalda ese descontrol.
¿Para qué queremos entonces gobernadores que, además, nos salen tan caros? ¿Por qué y para qué pagar a funcionarios de escritorio que no son capaces de controlar ni a sus perros?

Ahora tocó la permisividad a Oaxaca. Los policías asesinaron a una veintena de maestros. Pero los ministros con desparpajo afirman que “no tiene responsabilidad la autoridad”. Dicen “que la acción asesina de los cuerpos policiacos no puede ser achacada a los funcionarios”, de los que suponíamos, ingenuos que somos, dependían esos cuerpos policiacos.
Ahora la Suprema Corte de (In)justicia, nos hace saber que los policías se contratan ellos mismos, salen a la calle por su propia voluntad, “toman decisiones” de gobierno, asesinan a quien consideran necesario y no hay autoridad que los controle. O sea: ¿Quién gobierna en México? La respuesta de la Corte es clara: La policía manda y el crimen gobierna.
Ahora entendemos porqué este lunes 5 de octubre en menos de 24hrs. se pudieron ejecutar a 55 personas, sin que la autoridad pueda, o quiera, parar la masacre.
Tal vez, la autónoma policía, reconocida así por la Corte Suprema, no quiere estorbar la limpia del crimen organizado y el ejército parece tan ocupado en mantener la impunidad de su fuero que no logra ver de dónde vienen las balas, mientras los ejecutores asesinan en el país, en promedio, a dos personas por hora. Tal vez ese crimen organizado está ya tan institucionalizado que la policía autónoma, que es, según los jueces, es incapaz de reconocer entre la autoridad civil pretendidamente electa y la autoridad criminal auto-impuesta. O peor aún ni siquiera hay forma de distinguir entre una y otra porque son finalmente la misma cosa.
Lo único cierto es que en México la IMPUNIDAD es avalada por los jueces y la legalidad no aplica para los grupos de poder tan delincuenciales al menos como el crimen organizado contra el que dicen estar luchando.
El abuso de autoridad es la norma impuesta, por los que carecen de razón y legitimidad y lo que la Suprema Corte de (In)justicia nos anuncia es que aquellos que protesten serán sometidos o asesinados, que esa es la norma de un Estado que de democrático sólo tiene el nombre y que para cuando despertemos de la pesadilla, los que no seamos ejecutados en el sueño, descubriremos, no sólo que el dinosaurio sigue ahí, sino que además nos han impuesto la noche sin fin, la tortura del alma: la dictadura.