Energía y sindicalismo

Alberto Híjar

El lunes 5 de agosto, el Secretario Del Trabajo ha citado a Martín Esparza para comunicarle la negativa de la toma de nota de las elecciones sindicales del SME donde resultó reelecto para un tercer período como secretario general. Toda la documentación probatoria entregada a partir del 5 de agosto ha resultado insuficiente para probar la legalidad y la legitimidad de la elección, impugnada por la planilla perdedora cuyos candidatos han sido expulsados del SME por la asamblea de todos los trabajadores.
El Sindicato Mexicano de Electricistas queda a punto de extinción al igual que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esto es necesario para facilitar el proceso de privatización en marcha beneficiosa de poderosos consorcios trasnacionales. Todos los recursos energéticos han sido concesionados con asociaciones ilícitas pero amparadas por leyes secundarias que contradicen el artículo 27 constitucional hasta desaparecer el concepto de servicio público y el de propiedad de la Nación.
Una campaña de desprestigio criminaliza las movilizaciones del SME y fomenta el descontento con el alza de cuotas y los cobros exagerados por la energía doméstica mientras a las grandes empresas se les aprueba la generación de energía no sólo para su propio consumo. Uno que otro apagón y las explosiones del viejo y deteriorado cablerío del Centro Histórico de México son evidencias de que urge cambiar la administración de la energía. Mientras más se esfuerzan los electricistas del SME en sustituir con responsabilidad y mucho ingenio técnico las carencias de equipo y materiales, mayor es la resistencia de la empresa para contribuir a la privatización de la industria eléctrica y más puntuales son los reportajes de la prensa vendida y las televisoras que la sirven. De aquí que nadie más que el SME haya celebrado la nacionalización de la industria eléctrica por el gobierno de López Mateos en 1960. La reflexión del Frente de Trabajadores de la Energía, crítico del SME, plantea la propuesta-consigna de renacionalización de la energía, toda la energía, no sólo la generada por agua, sino la nuclear, la del viento, la de la basura orgánica, la solar todavía no desarrollada más que para algunos conjuntos de vivienda pero ya concesionada a empresas españolas y francesas.
Lo más grave es la pobreza de la solidaridad de otros sindicatos. El petrolero está demasiado ocupado en garantizar la enésima reelección del delincuente Carlos Romero Deschamps que el 18 de marzo conmemoró la expropiación de Cárdenas justificando su silencio para no estorbar al Estado mexicano. O sea que los trabajadores petroleros no deben decir nada sobre las tropelías de PEMEX incorporated. Los del IMSS peor porque su secretario es flamante diputado panista mientras el de STUNAM ocupa una curul por el PRD y actúa de manera semejante a Romero al callar mientras el Rector de la UNAM denuncia cada que puede el recorte presupuestario a las universidades y los centros de investigación. Los de la Salud no están mejor con el veterano priísta Joel Ayala al frente de la bancada de su partido en la Asamblea de Representantes del DF, desde donde apoya los pingües negocios de los que es pionero como la administración de las AFORES vía la Bolsa de Valores y la banca corrupta donde los trabajadores extravían sus cuotas de vivienda, salud, jubilación y prestaciones. Este panorama trágico para los trabajadores ha tenido en el SME un constante denunciador que llama a la defensa activa de los derechos laborales. Las televisoras y los noticieros radiales contradicen todo esto criminalizando a la organización sindical para justificar la ya preparada requisa de las instalaciones con soldados y policías que no saben ni cambiar un foco. Lejos de ser fallido, como ya explicó el embajador yanqui experto en este asunto de la desestabilización y la represión, el Estado cada día menos mexicano, tiene listo un golpe definitivo contra el SME. La suerte del SME es estratégica porque marca el presente infernal para los trabajadores cada minuto más indefensos. De aquí la urgencia de apoyar la propuesta de juicio político contra el Secretario del Trabajo por su injerencia en la desorganización de los electricistas. Cabe una remota esperanza, porque no hay otra vía, para que unos cuantos diputados defiendan esta exigencia y para detener la escalada antisindical. El amparo legal, la reivindicación de las representaciones populares y laborales y el repudio a los funcionarios neoliberales, al fin de cuentas nos atañe a todas y todos los que no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo cada día más devaluada e indefensa. Todos a defender al SME y a su legal y legítima dirigencia.