El futuro en manos del Congreso

Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones
Cuando el aparato de gobierno es secuestrado por una mafia, como es el caso de México desde hace tres décadas, lo conducente y razonable es sumar fuerzas, la sociedad en su conjunto, para rescatarlo y ponerlo al servicio del país. No hacerlo, con la urgencia que demanda la realidad, es no sólo un riesgo muy grave sino un despropósito que más temprano que tarde traerá consecuencias desastrosas. De por sí, el daño a la nación ha sido extraordinariamente dramático luego de que los tecnócratas se apoderaron de dicho aparato, con el fin perverso de utilizarlo para su exclusivo beneficio. De ahí el imperativo de actuar, las clases más afectadas, de común acuerdo en defensa de lo que aún queda del Estado, con el fin de que sirva a los intereses nacionales y así frenar la acelerada descomposición social que distingue a México actualmente.
Es muy claro que el “gobierno” de Felipe Calderón está totalmente al servicio de una plutocracia egoísta que no tiene un solo compromiso con la sociedad nacional. Es aún más exclusivista que el de Vicente Fox, quien con plena franqueza dijo: “Mi gobierno es de empresarios para empresarios”. Con hechos demostró su congruencia entre el decir y el hacer, lo que avivó aún más las profundas contradicciones que caracterizan al país. Se apuntalaron intereses oligárquicos que operaron las elecciones del 2006 con el propósito de asegurar el triunfo de Calderón. Lo consiguieron, pero a costa de la total falta de legitimidad de un “gobierno” que se está hundiendo en un pantano de ineficiencias, incapacidad, corrupción y odio a las clases mayoritarias.
De ahí la trascendencia de una lucha, la del Sindicato Mexicano de Electricistas, que debe llevarse a sus últimas consecuencias: la derrota del “gobierno” de Calderón. El triunfo del SME no es sólo el del sindicato más combativo y antiguo del país, sino el de la sociedad en su conjunto, pues dicha organización es en este momento el bastión capaz de frenar las embestidas fascistas de una oligarquía decidida a poner fin a las expectativas de cambio democrático, de una nación urgida de salir de la etapa oscurantista, ultra reaccionaria y plena de privilegios para la minoría que detenta el poder económico y político.
Es preciso comprender que la lucha del SME es mucho más que la necesidad de hacer prevalecer el artículo 123 constitucional, pues en los hechos es ya letra muerta. Esta lucha es por el futuro de México, el cual es inconcebible sin un marco institucional donde prevalezca el estado de derecho. Este ha sido eliminado por los poderes fácticos que se sienten propietarios inamovibles del país, por eso apoyan con todo a un “gobierno” que sirve incondicionalmente y sin restricciones a sus intereses. Este es el fondo del problema, no la vigencia o inoperancia de un sindicato que mantiene vivos los esquemas del añejo corporativismo. Sin embargo, para Calderón y la oligarquía, el trasfondo del asunto está en otro lado, como lo demuestra el apoyo que reciben de su “gobierno” el sindicato de maestros y el de los trabajadores petroleros, ambos paradigmas de corrupción al amparo del corporativismo.
Para la oligarquía, el SME representa un serio peligro por sus posiciones políticas y sociales, netamente progresistas, de ahí su odio a la organización sindical, el cual es avivado por los mercachifles de toda laya que se prestan a servir como lacayos de quienes en el fondo los desprecian. Lo que importa en este momento crucial es parar las embestidas antidemocráticas del “gobierno” de Calderón, pues no hacerlo ahora tendrá funestas consecuencias en los meses por venir. Un buen ejemplo de lo que podría ocurrir sin contrapesos eficaces que frenen esas embestidas, lo estamos viendo en la terquedad de Calderón en sacar adelante una política fiscal y económica absolutamente contraria a los intereses legítimos de la sociedad mayoritaria.
Nada justifica tal política, sólo la avaricia de la oligarquía y la corrupción del “gobierno”, de ahí el imperativo de que se organice un frente nacional que sirva de eficaz contrapeso a una escalada fascista que ya es criticada incluso por personajes extranjeros, cuyos resultados están a la vista: somos el último país en América Latina en lo tocante a crecimiento económico. Corregir esta realidad adversa sólo será factible si se formaliza un frente nacional para el rescate de la democracia, de la economía popular y del Estado laico. No hacerlo ahora pondría en grave riesgo el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos, que sobrevivirían en una nación sin Estado, carente de instituciones democráticas, sin viabilidad en el concierto internacional, cuando Brasil, Argentina y Chile están emergiendo como los interlocutores de América Latina ante el mundo. Evitarlo está en manos del Congreso, obligado por las circunstancias a proceder con visión de futuro y sin mezquindades. ¿Estará a la altura del reto?