Tras los apagones

Editorial de la Jornada

En las poco más de dos semanas transcurridas desde que el Ejecutivo federal extinguió, mediante un decreto, el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, han proliferado los cortes de energía eléctrica en diversas zonas del Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Ayer, en Naucalpan, centenares de plantas industriales se vieron incapacitadas para operar ante la falta de electricidad, y diversas zonas de ése y otros municipios mexiquenses sufrieron también apagones prolongados.

No han faltado en ese lapso voces que, sin fundamento alguno, han atribuido tales situaciones a supuestas acciones de sabotaje de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pese a que esa organización gremial, aun colocada por el gobierno federal en la perspectiva de la desaparición y del desempleo masivo para sus integrantes, ha dado pruebas de sensatez y contención y ha encauzado sus acciones de protesta por vías intachablemente pacíficas y legales.

Las insinuaciones veladas y las acusaciones abiertas en contra de los electricistas soslayan, en cambio, la que parece ser la razón económica evidente de las extendidas y constantes interrupciones en el suministro del fluido eléctrico: la imposibilidad de suplir a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la totalidad de sus funciones y las lógicas e inevitables fallas de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la operación de una red que se ha ido volviendo laberíntica, compleja y obsoleta no por voluntad de los trabajadores del SME, sino por el abierto designio gubernamental de chatarrizar la entidad distribuidora de energía, designio que alcanzó su punto culminante en la actual administración, pero que se venía aplicando desde hace cuando menos una década. En suma, con los elementos de juicio disponibles y salvo prueba en contrario, es el empeño oficial por desaparecer LFC y golpear al SME el que ha venido causando las afectaciones al suministro de energía eléctrica en el centro del país.

En esta circunstancia, la prudencia y un sentido básico de interés nacional aconsejarían dar marcha atrás en una medida que no sólo acentúa el clima de polarización política imperante, sino que ha introducido factores de profundización de la crisis económica, del desasosiego social y hasta de la inseguridad que padece la sociedad. Si el gobierno carece de certeza sobre la capacidad de la CFE de revertir a muy corto plazo los problemas de abasto eléctrico, bien haría en dejar sin efecto el cuestionado decreto de extinción de LFC y, de esa manera, evitar a la sociedad el elemento adicional de zozobra de los apagones, y ahorrarse una confrontación de cauces inciertos con el SME y sus aliados políticos y sociales. Sería pertinente considerar, a este respecto, que la rectificación honesta de un error, lejos de desacreditar y disminuir, consolida y refuerza la imagen de los gobernantes ante las sociedades.