Todo contra los trabajadores

Apuntes…

Por Guillermo Fabela Quiñones

El conflicto en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) revela sin ambages a un gobierno cuyo único objetivo es servirse del poder para hacer negocios privados, sin importar las graves consecuencias que esto habrá de acarrear al país.

Lo señaló con toda claridad el dirigente desconocido por la Secretaría del Trabajo, Martín Esparza Flores: lo que se quiere es facilitar las condiciones para que los ex titulares de la Secretaría de Energía, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, exploten la red de fibra óptica pública a través de una empresa de origen español, denominada LW Comunicaciones. De ahí el interés en privatizar a la compañía Luz y Fuerza del Centro, maniobra para la que es un poderoso estorbo el sindicato que dirige Esparza.
Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, es el peón golpeador al servicio del grupo empresarial, como igualmente lo ha sido para vilipendiar al dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Sin duda está haciendo méritos que le habrán de redituar pingües beneficios, si lograra salirse con la suya no obstante poner en riesgo, con su voracidad, la poca gobernabilidad que aún queda en el país. Su actitud facinerosa es demostrativa de que las consecuencias de sus actos no le importan ni a él ni tampoco a Felipe Calderón.
Según Lozano, los trabajadores del SME “están acostumbrados al chantaje, a la fuerza, a enseñar el músculo, a las movilizaciones y así obtener las cosas, aún las que no les corresponden” ¿No es así como está actuando el gobierno federal para obtener incluso cosas “que no le corresponden”? Si los trabajadores recurren a las movilizaciones, a las protestas masivas, es en defensa de sus intereses legítimos y porque no les dejan otro camino. No debe esperar Calderón o la oligarquía a la que sirve que los asalariados sigan agachando la testuz cada vez que los apalean, como ha venido sucediendo desde hace tres años, cada vez con más descaro.
Según el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el gobierno intervendrá para hacer respetar la ley. Si tal fuera el caso, lo que estaría obligado a llevar a cabo sería frenar la intentona privatizadora que contraviene en todas sus partes el artículo 27 constitucional. Su papel debería ser el de salvaguarda de la paz social, la que se pone en grave peligro por los abusos de una oligarquía voraz que no tiene un mínimo empacho en violentar el Estado de Derecho con tal de acrecentar sus grandes riquezas. Para eso tiene un gobierno federal obsecuente, que se presta a todas las sucias maniobras que haya menester, al fin que no tiene ningún compromiso con la nación.
Que tal aserto es una verdad irrebatible lo demuestran múltiples hechos, como la intentona fallida de Calderón de afianzar un “amasiato” con grupos empresariales españoles con los que estaba muy vinculado el fallecido Juan Camilo Mouriño. La muerte prematura de éste frenó esa gravísima acción antinacional cuyas consecuencias hubieran sido desastrosas para México. Sin embargo, por lo denunciado por Esparza, tales grupos ibéricos no quitan el dedo del renglón, lo que demuestra que las condiciones que creó Mouriño siguen vivas, además de ser un interés prioritario de Calderón aprovechar la coyuntura con fines ajenos a los intereses nacionales.
Su criminal propuesta de paquete fiscal y la política económica gubernamental es otra clara evidencia de que no tiene más compromiso real que con la oligarquía y con grupos empresariales extranjeros. De ahí que lo único que se puede esperar para los meses venideros no sea otra cosa que una escalada de violencia social, cada vez más dramática por sus consecuencias y sus efectos colaterales. Tal perspectiva es posible porque no se vislumbran cambios en el modo de actuar de Calderón, sino al contrario: mayor endurecimiento mientras más se agranda el divorcio que mantiene con la sociedad mayoritaria. No por otra cosa se está rodeando de golpeadores como Lozano, Gómez Mont y Chávez Chávez.
Es muy lamentable cómo la oligarquía, con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos a la cabeza, está acabando con el futuro de un país que tuvo todo para convertirse en la potencia que ahora se asoma en la Amazonia. Que vamos caminando hacia un precipicio muy profundo lo patentizan los resultados de un gobierno sin rumbo a favor del país. Hasta la revista inglesa “The Economist” acaba de informar que la peor economía de América Latina es la mexicana. Es obvio que no podría ser de otra manera, toda vez que el Estado está secuestrado por una oligarquía no sólo avariciosa a más no poder, sino inculta y pedestre en grado extremo. Por eso sus integrantes no ven más allá de sus bolsillos y cuentas bancarias, sin parar mientes en que así están acortando también sus posibilidades de seguir esquilmando a una nación que los ha sobreprotegido durante décadas.

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