Charrazos y golpes contra empresas estratégicas

Antonio Gershenson

Vivimos una nueva intromisión del Estado en la vida interna de los sindicatos, en este caso la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Se trata de que el gobierno imponga su voluntad en la vida sindical, pero no sólo eso. En éste y en otros casos, están de por medio las empresas estratégicas, y en especial, las que prestan el servicio público de energía eléctrica, y Pemex. En este último caso, se ha estado negando el registro a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y se ha despedido a los principales dirigentes.
Se trata no sólo de controlar a los trabajadores. Se trata de remover posibles obstáculos en sus reiterados intentos privatizadores. Cuando no han podido entregar las entidades públicas a empresas trasnacionales, les han dado la mayor parte que han podido de las mismas o de sus utilidades. Y hay una larga historia en este sentido.
El gobierno de Miguel Alemán estaba negociando con las trasnacionales petroleras y con el gobierno estadunidense cómo revertir, hasta donde pudieran, los efectos de la expropiación petrolera. Las empresas expropiadas eran del grupo de las llamadas Siete Hermanas, pero éstas sólo aceptaban regresar a México como concesionarias y en la práctica dueñas del petróleo. Y esto lo prohibía la Constitución, modificada en los últimos días del gobierno de Lázaro Cárdenas. Hacer ese obstáculo a un lado era algo que ni Miguel Alemán podía hacer.
De ahí que, primero, se acordó que las empresas que entrarían a México serían otras, de las llamadas “independientes”. Y recibirían los llamados contratos riesgo. Para eso, ese gobierno intervino, golpeó, agredió con el Ejército e impuso una dirección a su gusto al sindicato petrolero a fines de 1946, y en el año siguiente al sindicato ferrocarrilero, en el cual se impuso al llamado charro Díaz de León, cuyo apodo dio a esta práctica el nombre de charrismo.
Los llamados contratos riesgo no tenían ningún riesgo. Pemex entregaba a las trasnacionales zonas petroleras ya exploradas y con reservas comprobadas. Los contratos permitían a la trasnacional firmante extraer el petróleo de las áreas contratadas. Pemex le pagaba sus gastos con petróleo, y le entregaba además el 15 por ciento del petróleo producido, ya a cambio de nada.
Esto era importante para las llamadas petroleras independientes, porque las Siete Hermanas controlaban el petróleo del Golfo Pérsico y sus alrededores, que era el más barato del mundo; y ellas, antes de este regalito de los contratos riesgo, las independientes tenían que competir con petróleo, por ejemplo, de Texas, más caro a pesar de estar subsidiado.
Natalio Vázquez Pallares, que era presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados, y cercano a Lázaro Cárdenas, se informó exhaustivamente de este problema, que se había mantenido en secreto, y publicó 20 artículos en el periódico El Popular. Oficialmente, todo esto fue negado, pero después de esa publicación y sus secuelas ya no se volvieron a firmar contratos riesgo, y después de unos años no sólo se cancelaron prematuramente sino que se agregó, al artículo 27 de la Constitución, la prohibición expresa –ya estaba implícita– de los contratos en materia petrolera, incluyendo el gas natural.
Sin embargo, lo que no desapareció fue el charrismo. Pero ha habido diferentes movimientos obreros y en especial sindicales, en contra de las medidas privatizadoras y de entrega de recursos de empresas públicas de las áreas estratégicas como las mencionadas, a empresas privadas y en especial, trasnacionales.
De modo que no se puede aislar la ofensiva contra el SME de los reiterados intentos oficiales de entregar los bienes y recursos de las empresas públicas a particulares. El contratismo está en niveles sin precedente, pese a la prohibición constitucional. Se ha entregado a empresas extranjeras una parte importante de la generación de electricidad para el servicio público, y muy variadas actividades petroleras que realizaba Pemex. Como en los cambios a la legislación de Petróleos Mexicanos aprobados en octubre del año pasado, no salió todo lo que el gobierno federal quería, por ejemplo, no pudieron imponer refinerías privadas ni otras instalaciones, pues en los reglamentos recientemente publicadas meten cosas que no pudieron introducir el año pasado, y hablan de una segunda reforma (o más bien contrarreforma) petrolera, con el mismo propósito. Seguiría una larga lista de atropellos contra el sector público, que son daños a la propiedad de la nación.
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