Comisión Federal de Electricidad a la caza de deudores

En medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, la Comisión Federal de Electricidad comenzó la “cacería” de deudores, en la que promueve que se encarcele a jefes de familia por no pagar el consumo de energía, y que en diversas entidades se criminalice la protesta social en contra de los altos precios del servicio.

Ana Lilia Pérez

Los pobladores de Candelaria, en el estado de Campeche, dedicados en su mayoría a la agricultura, silvicultura, pesca, crianza de animales y pequeño comercio, se manifestaron por los altos cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de 50 pesos bimestrales en un periodo de seis meses, pasó a 4 mil y 5 mil pesos en promedio bimestral, enteramente desproporcional a sus ingresos familiares y al salario mínimo en la región que es de 49.50 pesos diarios.
Para cubrir el consumo, echaron mano del dinero destinado a los alimentos, el agua, gas y medicamentos, pero al poco tiempo no hubo dinero que alcanzara a cubrir los graduales aumentos en las tarifas, así que ante la CFE se declararon en mora de pagos, por lo cual fueron procesados y encarcelados.
En agosto de 2006, las familias de 30 comunidades se agruparon en el frente denominado “Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica”. Primero, expusieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno su problemática, y demandaron un reajuste a las tarifas, problemática que en el Congreso de la Unión han planteado en diversas ocasiones diputados federales de entidades del norte del país.
Con el lema “¡No a la privatización de la energía eléctrica!” y en demanda de “tarifas justas”, las familias de Candelaria organizaron manifestaciones, plantones, mítines, encuentros y foros en otras entidades. Infructuosamente esperaron una solución del gobierno.
La respuesta fue la represión y el encarcelamiento de varios de ellos, las primeras presas de una “cacería” de deudores que la CFE hoy extiende a, por lo menos, sietes estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua, que a excepción de Querétaro, se trata de las entidades que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, concentran los municipios y comunidades en mayor depauperación de todo el país.
Pobreza criminal
Ubicado a 239 kilómetros al sureste de la capital de Campeche, Candelaria es el segundo municipio con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la entidad, sólo por debajo de Calakmul, su vecino del Este. Con cerca del 20 por ciento de su población analfabeta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio encabeza también los índices de desempleo en la región.
Antaño terruño de fincas chicleras que sucumbieron junto con su principal activo, en Candelaria, la mayoría de sus 37 mil residentes –herencia del emporio que creó la The Campeche Timber & Fruit Company– cohabita en cobachas, hacinados en dos o tres habitaciones que hacen las veces de dormitorio, cocina, comedor y estancia para familias de seis a ocho integrantes. Las mejores están construidas con block y piso de cemento o firme, aunque más del 20 por ciento aún tiene piso de tierra.
El principal bien con el que cuentan algunas familias es una televisión, un refrigerador, un ventilador y un radio. No hay lavadoras ni hornos. El consumo de energía eléctrica es relativamente bajo. Dos o tres focos son suficientes para alumbrar la vivienda, de hecho, sólo 4 mil 272 casas de las 6 mil 194 que hay en Candelaria dispone de energía eléctrica, según cifras oficiales del gobierno de Campeche.
En ese empobrecido municipio se registran los primeros casos de jefes de familia encarcelados por no poder pagar las altas tarifas de energía eléctrica de la CFE, las cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ubican entre las más caras del mundo.
A partir del 2004, millones de familias en todo el país vieron incrementados sus cobros en el consumo de electricidad sin un aumento significativo del consumo real, a raíz de las modificaciones a las tarifas zonales y a la reducción de los subsidios del gobierno federal. El ingeniero José Luis Apodaca, del Frente de Trabajadores de la Energía, aduce este incremento a una mera política gubernamental “de encarecimiento”.
Las detenciones
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) acreditaron que en un operativo violento, el 9 de julio de 2008, personal de CFE inició los primeros cortes masivos de energía eléctrica en Candelaria: dejó sin luz a 12 familias. La comunidad se agrupó para exigir la reinstalación.
En septiembre, la CFE ordenó suspender la energía a los morosos, particularmente a los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica”. Los cortes iniciaron a las nueve de la mañana del 25 de septiembre, en un operativo en el que participaron 20 camionetas de la CFE y tres patrullas de la policía municipal. Se cortó el suministro a 60 familias.
Los colonos iniciaron protestas pacíficas ante las oficinas de la CFE, quejándose de que su condición económica les impedía cubrir los adeudos, que, según los cálculos de la CFE, llegaban en algunos casos a 30 mil pesos. Sara López y Joaquín Aguilar, voceros del movimiento, se reunieron con el jefe del Departamento Comercial de la CFE, Leovigildo Domínguez López, quién se comprometió a respetar al grupo e informar a las instancias correspondientes sobre la situación.
Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, Joel Rafael Baeza Manzanero, presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Escárcega, en contra los colonos, por el delito de “obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales”. Se integró en la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 bajo los cargos de violación al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y al artículo 185 del Código Penal Federal, “por oposición a que se ejecute una obra o trabajo determinado”.
El pasado 25 de junio se consignó la averiguación. Con los elementos aportados por el ministerio público federal, en la causa penal 45/2009, el Juez Segundo de Distrito en Campeche, Mario Toraya, liberó órdenes de aprehensión en contra de 33 personas: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Andrés Aguilar López, Guadalupe Borjas Contreras, Filiberto Reyes y/o Rigoberto Reyes Aguayo, José Alberto Villafuerte García, Víctor Díaz Andrade, Octavio Solís Cortés, Elmer Castellanos Velazquez, Guadalupe Lizcano Gómez, Miguel Félix Acopa, Salatiel Concepción de la Cruz, Emilio García de la cruz, Eduardo Pérez Oy, María del Carmen Domínguez Guzmán.
Además de Turi Ramírez Domínguez, Nicolás Arcos Guzmán, Humberto Arcos Díaz, Abigail Canal López, Héctor Alejos Jiménez, Domingo Álvarez Silvano, Ricardo Uc Canal, José Cambranis, Luis Domínguez Bautista, Miguel Domínguez Martínez, Julia Baeza Cruz, María Elena Rosario Muñoz, Rodrigo Reyes Aguayo, Manuel Aguilar Compán, Miss Salas Rosas, Manuel Rodríguez, Juana Pech y Lourdes Félix Alejo.
La madrugada del 10 de julio se cumplieron cinco aprehensiones. La Policía Ministerial Federal detuvo en sus domicilios a Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano.
Amnistía Internacional acreditó numerosas irregularidades durante las detenciones:
Al filo de las 5 de la mañana, Sara López escuchó fuertes golpes en la puerta de su casa. Minutos después, policías ministeriales rompieron las puertas e ingresaron a la vivienda. No se identificaron ni presentaron orden judicial alguna.
?¡Hijo de tu puta madre, cómo te llamas!” –increparon a Joaquín.
?¿A quién buscan? –preguntó Sara. Nosotros tenemos un abogado.
?¡A tu abogado también se lo va a llevar la chingada!
Sara fue obligada a cambiarse de ropa frente a los agentes. Luego encañonaron a su hijo y esposaron a Joaquín. En tanto, en los domicilios de Guadalupe Lizcano, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, ocurrían detenciones similares con violencia e insultos.
Sin informar a los familiares dónde los trasladarían, a Sara y Joaquín los metieron a una camioneta. El trayecto fue aderezado con golpes en la cabeza y cuello, amenazas, y el terror perenne de sentir el cañón de las armas en la cabeza.
Los cinco detenidos fueron trasladados a la delegación de la PGR en Campeche. Hasta las once de la mañana, a Sara le permitieron telefonear a sus hijos para informarles que los ingresarían al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén. Seis días después se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener una persona como rehén y obstrucción o impedimento de una obra o servicio público”.
La averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008, a la que tuvo acceso Contralínea, integra la declaración de los ocho testigos de la CFE, todos ellos trabajadores de la paraestatal. En su testimonio, cada uno simplemente ratifica lo que dijo el testigo que le precedió en su declaración.
Una declaración ilustrativa es la de Kermitt Leonardo Bacelis Patrón, jefe de oficina de la CFE en Candelaria, quien el 15 de octubre de 2008, dijo estar “de acuerdo con la denuncia y querella interpuesta por el licenciado Joel Baeza Manzanero (apoderado legal de CFE), y con el contenido de la comparecencia del licenciado Leovigildo Domínguez López, jefe del Departamento Comercial de la CFE en Candelaria”.
Ninguno de los testigos se refirió a hechos propios, sino a los declarados por su jefe directo y por el apoderado legal de la CFE. Al respecto, David Peña Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos, representante de los inculpados, denuncia que “los testigos indebidamente fueron orientados y aleccionados por el Ministerio Público de la Federación para encuadrar las denuncias y posteriormente liberar las órdenes de aprehensión”.
Ello, explica Peña, “es una acción irregular, violatoria y dolosa por parte del representante social federal, y constituye una grave violación a los principios procesales que rigen la integración de toda averiguación previa, y constituyen una violación procesal grave que vulnera los derechos humanos de los procesados”.
Al estilo Cisen
El 7 de noviembre de 2008, cuando se integraba la averiguación previa, el Ministerio Público giró un oficio al representante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Jorge Adalberto Sánchez Aparicio, para que sus agentes investigaran “el nombre o los nombres de las personas que aparecen en las placas fotográficas que obran en la presente indagatoria, emitidas por la perito K. Paloma Sánchez Cadena”, y también “el modus vivendi y modus operandi de dichas personas”.

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