Emiten en Suecia orden de captura contra el fundador de Wikileaks

Julian Assange, fundador del portal de internet Wikileaks.

La Redacción

MÉXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- La Fiscalía sueca emitió este jueves una orden de búsqueda y captura contra el fundador del portal de internet Wikileaks, Julian Assange, por el supuesto delito de violación.

“Pedí al tribunal de Estocolmo (capital de Suecia) detener al señor Assange, cuyo paradero es desconocido, a causa de sospechas de violación y de agresión sexual”, indicó en un comunicado la fiscal encargada del caso, Marianne Ny.
De acuerdo con la fiscal, “la razón de esta decisión es que debemos interrogarlo”.

En septiembre pasado, la Fiscalía sueca ordenó reabrir la investigación preliminar contra Assenge por un presunto delito de violación, una semana después de que fue cerrada.

La fiscal Marianne Ny consideró que había "razones" para fundamentar una sospecha de delito y que éste debe ser calificado de violación.

El fundador de Wikileaks –quien en su portal de internet filtró miles de documentos confidenciales sobre la guerra de Irak, en los que se denuncia la muerte de más de 100 mil iraquíes desde 2003– fue acusado de violación en agosto pasado, pocos días después de llegar a Suecia para impartir varias conferencias.

Interrogado en relación con las denuncias presentadas por dos mujeres, Assange negó las acusaciones e insinuó que se podía tratar de un complot de Estados Unidos para desprestigiarlo después de publicar al menos 400 mil documentos confidenciales sobre las violaciones en contra de Irak y Afganistán.

El fundador de Wikileaks ya había denunciado que en los últimos meses había recibido amenazas y ataques contra su organización, por lo que permanentemente está acompañado de dos guardaespaldas.

“Washington lleva a cabo una investigación agresiva de nuestra organización, con amenazas públicas y la petición, que no hemos aceptado, de que destruyamos todos los documentos que tenemos”, dijo Anssange.

De acuerdo con los documentos, el Ejército de Estados Unidos durante la invasión en Irak mató a centenares de civiles y ocultó la tortura que fuerzas locales ejecutaron contra prisioneros de guerra.

POSIBLE REVOLUCION EN MEXICO 2010

Breve Investigación respecto a las Posibilidades de una Neo-Revolución en México este año 2010. Por el General Peterson Saludos Camaradas, según los medios de comunicación, el presunto grupo anarquista Conspiración de Fuego, se adjudicó la autoría de los ataques con explosivos registrados en cajeros automáticos de sucursales bancarias de Toluca y Metepec ocurridos la madrugada del último día del año 2009...Por otro lado, el mismo día 31 de Diciembre del 2009, en Nacajuca, Tabasco, el alcalde dicho lugar, Abenamar Leyva Gómez, de extracción perredista, estuvo a punto de ser linchado por policías y burócratas, a quienes no les ha pagado sus quincenas y aguinaldos, y de quienes escapó milagrosamente. A todo esto yo me pregunto: ¿Será esto el comienzo de una nueva y tercera revolución armada en nuestro país? ...

Brief Research about the Possibilities of a Neo-Revolution in Mexico this year 2010.By the General PetersonGreetings comrades,According to the media, the alleged anarchist group Conspiración de Fuego (Fire Conspiracy), claimed responsibility for the bombings registered ATM bank branches in Toluca and Metepec occurred early on the last day of 2009.Moreover, the same day, December 31, 2009, in Nacajuca, Tabasco, the mayor said place, Abenamar Gomez Leyva, PRD extraction, was about to be lynched by police and bureaucrats, whom they have not been paid their paychecks and bonuses, and who miraculously escaped.To all this I ask myself: Is this the start of a new, third armed revolution in our country?

http://www.youtube.com/watch?v=mcWlOWJh0X0

Comisión Federal de Electricidad a la caza de deudores

En medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, la Comisión Federal de Electricidad comenzó la “cacería” de deudores, en la que promueve que se encarcele a jefes de familia por no pagar el consumo de energía, y que en diversas entidades se criminalice la protesta social en contra de los altos precios del servicio.

Ana Lilia Pérez

Los pobladores de Candelaria, en el estado de Campeche, dedicados en su mayoría a la agricultura, silvicultura, pesca, crianza de animales y pequeño comercio, se manifestaron por los altos cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de 50 pesos bimestrales en un periodo de seis meses, pasó a 4 mil y 5 mil pesos en promedio bimestral, enteramente desproporcional a sus ingresos familiares y al salario mínimo en la región que es de 49.50 pesos diarios.
Para cubrir el consumo, echaron mano del dinero destinado a los alimentos, el agua, gas y medicamentos, pero al poco tiempo no hubo dinero que alcanzara a cubrir los graduales aumentos en las tarifas, así que ante la CFE se declararon en mora de pagos, por lo cual fueron procesados y encarcelados.
En agosto de 2006, las familias de 30 comunidades se agruparon en el frente denominado “Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica”. Primero, expusieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno su problemática, y demandaron un reajuste a las tarifas, problemática que en el Congreso de la Unión han planteado en diversas ocasiones diputados federales de entidades del norte del país.
Con el lema “¡No a la privatización de la energía eléctrica!” y en demanda de “tarifas justas”, las familias de Candelaria organizaron manifestaciones, plantones, mítines, encuentros y foros en otras entidades. Infructuosamente esperaron una solución del gobierno.
La respuesta fue la represión y el encarcelamiento de varios de ellos, las primeras presas de una “cacería” de deudores que la CFE hoy extiende a, por lo menos, sietes estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua, que a excepción de Querétaro, se trata de las entidades que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, concentran los municipios y comunidades en mayor depauperación de todo el país.
Pobreza criminal
Ubicado a 239 kilómetros al sureste de la capital de Campeche, Candelaria es el segundo municipio con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la entidad, sólo por debajo de Calakmul, su vecino del Este. Con cerca del 20 por ciento de su población analfabeta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio encabeza también los índices de desempleo en la región.
Antaño terruño de fincas chicleras que sucumbieron junto con su principal activo, en Candelaria, la mayoría de sus 37 mil residentes –herencia del emporio que creó la The Campeche Timber & Fruit Company– cohabita en cobachas, hacinados en dos o tres habitaciones que hacen las veces de dormitorio, cocina, comedor y estancia para familias de seis a ocho integrantes. Las mejores están construidas con block y piso de cemento o firme, aunque más del 20 por ciento aún tiene piso de tierra.
El principal bien con el que cuentan algunas familias es una televisión, un refrigerador, un ventilador y un radio. No hay lavadoras ni hornos. El consumo de energía eléctrica es relativamente bajo. Dos o tres focos son suficientes para alumbrar la vivienda, de hecho, sólo 4 mil 272 casas de las 6 mil 194 que hay en Candelaria dispone de energía eléctrica, según cifras oficiales del gobierno de Campeche.
En ese empobrecido municipio se registran los primeros casos de jefes de familia encarcelados por no poder pagar las altas tarifas de energía eléctrica de la CFE, las cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ubican entre las más caras del mundo.
A partir del 2004, millones de familias en todo el país vieron incrementados sus cobros en el consumo de electricidad sin un aumento significativo del consumo real, a raíz de las modificaciones a las tarifas zonales y a la reducción de los subsidios del gobierno federal. El ingeniero José Luis Apodaca, del Frente de Trabajadores de la Energía, aduce este incremento a una mera política gubernamental “de encarecimiento”.
Las detenciones
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) acreditaron que en un operativo violento, el 9 de julio de 2008, personal de CFE inició los primeros cortes masivos de energía eléctrica en Candelaria: dejó sin luz a 12 familias. La comunidad se agrupó para exigir la reinstalación.
En septiembre, la CFE ordenó suspender la energía a los morosos, particularmente a los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica”. Los cortes iniciaron a las nueve de la mañana del 25 de septiembre, en un operativo en el que participaron 20 camionetas de la CFE y tres patrullas de la policía municipal. Se cortó el suministro a 60 familias.
Los colonos iniciaron protestas pacíficas ante las oficinas de la CFE, quejándose de que su condición económica les impedía cubrir los adeudos, que, según los cálculos de la CFE, llegaban en algunos casos a 30 mil pesos. Sara López y Joaquín Aguilar, voceros del movimiento, se reunieron con el jefe del Departamento Comercial de la CFE, Leovigildo Domínguez López, quién se comprometió a respetar al grupo e informar a las instancias correspondientes sobre la situación.
Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, Joel Rafael Baeza Manzanero, presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Escárcega, en contra los colonos, por el delito de “obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales”. Se integró en la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 bajo los cargos de violación al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y al artículo 185 del Código Penal Federal, “por oposición a que se ejecute una obra o trabajo determinado”.
El pasado 25 de junio se consignó la averiguación. Con los elementos aportados por el ministerio público federal, en la causa penal 45/2009, el Juez Segundo de Distrito en Campeche, Mario Toraya, liberó órdenes de aprehensión en contra de 33 personas: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Andrés Aguilar López, Guadalupe Borjas Contreras, Filiberto Reyes y/o Rigoberto Reyes Aguayo, José Alberto Villafuerte García, Víctor Díaz Andrade, Octavio Solís Cortés, Elmer Castellanos Velazquez, Guadalupe Lizcano Gómez, Miguel Félix Acopa, Salatiel Concepción de la Cruz, Emilio García de la cruz, Eduardo Pérez Oy, María del Carmen Domínguez Guzmán.
Además de Turi Ramírez Domínguez, Nicolás Arcos Guzmán, Humberto Arcos Díaz, Abigail Canal López, Héctor Alejos Jiménez, Domingo Álvarez Silvano, Ricardo Uc Canal, José Cambranis, Luis Domínguez Bautista, Miguel Domínguez Martínez, Julia Baeza Cruz, María Elena Rosario Muñoz, Rodrigo Reyes Aguayo, Manuel Aguilar Compán, Miss Salas Rosas, Manuel Rodríguez, Juana Pech y Lourdes Félix Alejo.
La madrugada del 10 de julio se cumplieron cinco aprehensiones. La Policía Ministerial Federal detuvo en sus domicilios a Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano.
Amnistía Internacional acreditó numerosas irregularidades durante las detenciones:
Al filo de las 5 de la mañana, Sara López escuchó fuertes golpes en la puerta de su casa. Minutos después, policías ministeriales rompieron las puertas e ingresaron a la vivienda. No se identificaron ni presentaron orden judicial alguna.
?¡Hijo de tu puta madre, cómo te llamas!” –increparon a Joaquín.
?¿A quién buscan? –preguntó Sara. Nosotros tenemos un abogado.
?¡A tu abogado también se lo va a llevar la chingada!
Sara fue obligada a cambiarse de ropa frente a los agentes. Luego encañonaron a su hijo y esposaron a Joaquín. En tanto, en los domicilios de Guadalupe Lizcano, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, ocurrían detenciones similares con violencia e insultos.
Sin informar a los familiares dónde los trasladarían, a Sara y Joaquín los metieron a una camioneta. El trayecto fue aderezado con golpes en la cabeza y cuello, amenazas, y el terror perenne de sentir el cañón de las armas en la cabeza.
Los cinco detenidos fueron trasladados a la delegación de la PGR en Campeche. Hasta las once de la mañana, a Sara le permitieron telefonear a sus hijos para informarles que los ingresarían al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén. Seis días después se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener una persona como rehén y obstrucción o impedimento de una obra o servicio público”.
La averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008, a la que tuvo acceso Contralínea, integra la declaración de los ocho testigos de la CFE, todos ellos trabajadores de la paraestatal. En su testimonio, cada uno simplemente ratifica lo que dijo el testigo que le precedió en su declaración.
Una declaración ilustrativa es la de Kermitt Leonardo Bacelis Patrón, jefe de oficina de la CFE en Candelaria, quien el 15 de octubre de 2008, dijo estar “de acuerdo con la denuncia y querella interpuesta por el licenciado Joel Baeza Manzanero (apoderado legal de CFE), y con el contenido de la comparecencia del licenciado Leovigildo Domínguez López, jefe del Departamento Comercial de la CFE en Candelaria”.
Ninguno de los testigos se refirió a hechos propios, sino a los declarados por su jefe directo y por el apoderado legal de la CFE. Al respecto, David Peña Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos, representante de los inculpados, denuncia que “los testigos indebidamente fueron orientados y aleccionados por el Ministerio Público de la Federación para encuadrar las denuncias y posteriormente liberar las órdenes de aprehensión”.
Ello, explica Peña, “es una acción irregular, violatoria y dolosa por parte del representante social federal, y constituye una grave violación a los principios procesales que rigen la integración de toda averiguación previa, y constituyen una violación procesal grave que vulnera los derechos humanos de los procesados”.
Al estilo Cisen
El 7 de noviembre de 2008, cuando se integraba la averiguación previa, el Ministerio Público giró un oficio al representante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Jorge Adalberto Sánchez Aparicio, para que sus agentes investigaran “el nombre o los nombres de las personas que aparecen en las placas fotográficas que obran en la presente indagatoria, emitidas por la perito K. Paloma Sánchez Cadena”, y también “el modus vivendi y modus operandi de dichas personas”.

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Ejército: La ley del abuso

RICARDO RAVELO

Torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, saqueos de viviendas y asesinatos, son algunos de los excesos de poder en los que ha incurrido el Ejército Mexicano desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la cruzada contra el crimen organizado. Los daños a la población civil se detallan claramente en las quejas ante las comisiones de derechos humanos de los estados convertidos en campo de batalla.
Con claros signos de improvisación para combatir al crimen organizado, los soldados han aplicado “más fuerza que inteligencia” en sus labores policiacas durante los cuatro años de guerra contra el narcotráfico,
Esta grave tendencia se documenta en las denuncias que se han interpuesto ante las comisiones estatales de derechos humanos de 12 entidades del país –entre las que destacan Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Coahuila– donde se concentra cerca del 50% de los 90 mil efectivos que el gobierno federal desplazó para enfrentar a la delincuencia organizada.
La mayoría de estas quejas fueron presentadas por familiares de personas asesinadas o desaparecidas. En ellas se señala a personal militar como responsable de esos delitos, en su mayoría impunes. Aunque son pocos los casos aclarados hasta ahora, acusan que las autoridades civiles se muestran limitadas para llamar a cuentas a los probables responsables si se trata de soldados.
Según el cúmulo de quejas, salvo el periodo de la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta, en ningún otro periodo gubernamental el Ejército Mexicano ha violado tanto los derechos humanos como durante los primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón.
Así lo demuestran los datos: cerca de 550 expedientes están abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y más de mil 500 quejas se acumulan en las comisiones estatales de los estados referidos. Lo más grave es que la mayoría de los casos no están aclarados y la mayoría de los militares acusados no han sido castigados por esos delitos.
Con base en las denuncias, existen varios hechos en los que no parece existir duda de que efectivos militares actuaron con violencia contra civiles y hasta menores de edad.
Vidas robadas
La tarde del 20 de octubre último, por ejemplo, Luis Florencio Vargas Martínez, de 14 años, caminaba con dos amigos por una céntrica calle de Matamoros, Tamaulipas. Según la queja 34/2009, después de salir de la escuela el menor se dirigía a su casa, localizada en la colonia Obrera, cuando se desató una balacera entre narcos y soldados.
Tres convoyes repletos de militares perseguían a dos vehículos donde presuntamente viajaban traficantes de droga. El zumbido de las balas echó a correr a la gente que deambulaba por la calle. Según los testimonios asentados en la queja, los militares disparaban sin ton ni son.
Una bala calibre 380 alcanzó a Luis Florencio. El proyectil penetró por su frente y salió por la oreja derecha. Cayó. Al terminar la refriega, los uniformados acordonaron la zona y recogieron algunos casquillos “tratando de borrar las huellas de su presencia”. Según la denuncia, ninguno de los soldados atendió al menor, que sangraba de la cabeza. Tan rápido como pudieron, abandonaron el área.
El padre del niño, Florencio Vargas, dice que fueron los vecinos y otras personas que presenciaron a distancia el tiroteo quienes recogieron a su hijo. “Minutos después llegó la ambulancia y mi hijo fue trasladado a una clínica, donde tres horas más tarde falleció”.
–¿Y a quiénes responsabiliza por la muerte de su hijo? –se le pregunta.
–Al Ejército. Ellos dispararon. Por la torpeza de activar sus armas en medio de la gente, una bala mató a mi hijo. Exijo justicia, pero hasta ahora sólo he recibido promesas que siguen sin cumplirse.
Este no es el único caso ocurrido en Tamaulipas. El 17 de marzo de este año, los jóvenes Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente fueron detenidos por elementos del Ejército en Nuevo Laredo.
Los tres terminaron de cenar en la casa de Miguel Alejandro y se dirigieron a la colonia Palmares, donde vivía Israel. Iban a bordo de un coche Chrysler 1999. No habían avanzado ni seis cuadras cuando se toparon con un retén militar. Había alrededor de 40 de los 150 soldados que realizaban un supuesto operativo antidrogas.
–¡Alto! ¡Alto! –les gritaron unos militares mientras otros les apuntaban con sus rifles.
Miguel Alejandro se detuvo y bajó del vehículo con sus dos amigos. Varios soldados se introdujeron a la unidad, abrieron la guantera y movieron los asientos; otros, uniformados de verde olivo, comenzaron a golpear a los tres jóvenes y los subieron a uno de los varios camiones militares, que arrancó a toda velocidad y se perdió en la oscuridad de las calles, según relataron testigos.
Nada se volvió a saber de ellos por varios meses. Dulce María López Duarte, esposa de Gama Habif, señala que tras la desaparición de su marido interpuso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La denuncia establece:
“La señora Dulce María López Duarte, residente de la coloniales Fresnos… acusó a elementos del Ejército Mexicano de haber detenido y desaparecido a su esposo Miguel Alejandro Gama Habif, de 25 años.
“Refiere que su esposo fue detenido la noche del 17 de marzo (2009), aproximadamente a las 10 de la noche, mientras conducía un auto Chrysler”.
Continúa el texto: “La quejosa relató que la misma noche del martes, soldados del Ejército Mexicano allanaron su domicilio particular, robándose algunos artículos personales como computadoras, teléfonos celulares, identificaciones oficiales, dinero e incluso alimentos de la despensa”.
Asimismo, López Duarte presentó una denuncia ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público, en la que mencionó el cateo de los soldados a su domicilio y relató que tiraron los muebles, se llevaron una computadora, un televisor, 200 dólares, una bolsa y un monedero que contenía 4 mil pesos.
Según la denuncia, de la cual tiene una copia Proceso, los soldados “se robaron las pocas joyas que tenía López Duarte, mi visa láser y de Aarón (su marido)... Nos dimos a la tarea de buscar a mi esposo y a sus amigos en las agencias del Ministerio Público, en los reclusorios, y fuimos a parar hasta la guarnición militar. Nadie nos daba una señal del paradero de mi esposo ni de sus amigos”.
La incertidumbre continuó. López Duarte señala que el pasado 7 de mayo recibió una llamada en la que le comunicaron del hallazgo de tres cuerpos localizados en Piedras Negras, Coahuila. Le dijeron que las características físicas de uno de ellos coincidían con las de su esposo desaparecido. Tuvo que ir al Servicio Médico Forense (Semefo) a identificarlo. Para su alivio, ninguno de los cadáveres era el de su marido.
Pero horas más tarde tres cuerpos más fueron llevados al hospital universitario de la ciudad de Monterrey. Habían sido exhumados del rancho Alto Bonito, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
Dice la quejosa: “Se trataba de mi esposo y sus amigos. Tenían cinco semanas y media de haber sido asesinados. Estaban quemados y los tres habían sido torturados a balazos, incluso tenían el tiro de gracia.
El 8 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un boletín que personal militar participó en la desaparición y muerte de Miguel Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente, por lo que se “ejerció acción penal en contra de un jefe, tres oficiales y ocho elementos de la tropa”. La dependencia omitió los nombres de los presuntos implicados.
Los encapuchados
En Coahuila, particularmente en Monclova y Torreón, el Ejército ha cometido serias atrocidades, según documentos en poder de Proceso.
El 3 de septiembre último, en la colonia Virreyes Popular, efectivos militares balearon en medio de una refriega contra presuntos narcos a Pablo Martínez Cornejo, de 21 años. El joven quedó tendido sobre el bulevar Egipto, frente a la bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Luego de que las autoridades le encontraron tres impactos de bala en la espalda y dos en el abdomen, de inmediato le suministraron suero y oxígeno. Horas más tarde, Pablo murió.
Uno de los vecinos que vieron ese tiroteo relata sobre la queja 59/22009, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila: “Los plomazos más bien parecían cohetes, pero al salir de nuestras casas nos dimos cuenta de que una persona estaba tirada sobre la calle y, afuera de un auto, una cantidad de soldados estaban armados y encapuchados”.
Añade: “Nosotros sabemos muy poco de lo que pasó, pues dicen algunos jóvenes (que) llegó muy rápido en su carro frente a donde estaban los ‘viejos’ encapuchados”.
En Coahuila el Ejército ha incurrido en mayores excesos, según las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que documenta casos como la desaparición de cinco personas en mayo de este año.
Entre quienes supuestamente fueron desaparecidos por efectivos militares se hallan los médicos veterinarios Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado. El vehículo en el que ambos circulaban fue atacado por “hombres encapuchados de corte militar –se lee en la queja 56/2009– y los cuerpos quedaron ensangrentados por los balazos”.
Según testigos de los hechos, varias camionetas del Ejército atacaron a Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado, cuyo vehículo quedó abandonado con huellas de sangre e impactos de bala en el fraccionamiento Ciudad Nazas.
Los deudos de los médicos veterinarios refieren que los doctores fueron detenidos por militares en la colonia Los Montes de Piedras Negras, Coahuila. Luego nada se supo de ellos.
No es todo: la noche del 7 de agosto de 2007, cuatro periodistas –Manuel Acosta Villarreal, Sinhué Samaniego Osorio, Jesús Arnaldo González Meza y José Alberto Rodríguez Reyes– fueron aprehendidos después de que acudieron a cubrir un operativo militar del que se enteraron por radio.
En la ciudad de Monclova, Coahuila, fueron interceptados por efectivos del Ejército. Según la queja 67/2009, los golpearon y los presentaron en calidad de delincuentes, como si hubiesen sido miembros del crimen organizado, y luego desaparecieron.
Fuente: Proceso

Golpe mediático la detención de funcionarios del gobierno michoacano, para favorecer a candidatos panistas, acusa López Obrador

*A escasas seis semanas de las elecciones intermedias, el gobierno espurio de Calderón utiliza a la PGR con fines electoreros, precisa

*Se debe enfrentar primero a la mafia de Los Pinos, si se quiere realmente combatir la impunidad que impera en México, subraya

*La aprehensión de alcaldes se inscribe al ámbito electoral y de supuesta lucha al crimen organizado, establece La detención de 27 servidores públicos en Michoacán “huele” a golpe mediático espectacular e irresponsable del presidente pelele Felipe Calderón, con la deliberada intención de favorecer a los candidatos del PAN, en vísperas de las elecciones federales, aseguró Andrés Manuel LópezObrador.

El presidente legítimo de México aclaró que se debe enfrentar a la mafiade Los Pinos, “que es la que más daño hace, si realmente se quiere combatir la impunidad en nuestro país”, y demandó investigar el presunto involucramiento de los funcionarios michoacanos en la comisión de actos ilícitos.En entrevista que concedió a su arribo a esta ciudad capital, destacó que el operativo policiaco que se montó para la captura de presidentes municipales y autoridades de diversos niveles del gobierno estatal corresponde a un manejo propagandístico y de espectacularidad.Hizo énfasis en que el caso “huele mucho a golpe mediático, espectacular,en vísperas de las elecciones”.El asunto, puntualizó, “Tiene mucho que ver con el manejo irresponsable que hacen Calderón y los panistas, de utilizar a la Procuraduría Generalde la República estas épocas, para favorecerse”.Adicionalmente, PAN difunde una campaña en los medios de comunicación,para mostrarse como aquellos que están salvando al país de la delincuencia. “Entonces se empata esto”, explicó.Con relación a la decisión que tomó la dirigencia nacional del PRD para no transmitir, como parte de su campaña electoral, el spot de televisión en donde López Obrador llama a votar por los candidatos perredistas en el Distrito Federal, expresó: “Yo ya cumplí”.Expuso que los dirigentes capitalinos de su partido le solicitaron que “yo grabara un mensaje; y así lo hice”.Y dejó en claro: “Si no lo transmiten, pues ya no es un asunto mío. Yo ya cumplí”, reiteró.La difusión del mencionado promocional “ya no corresponde a mi esfera. Ya cumplí yo con esa aportación”, añadió. El presidente legítimo de los mexicanos afirmó que su principal preocupación es la grave situación en que se encuentra la nación. “La mafia de la política está afectando mucho, la mafia de Los Pinos y sus principales integrantes, como Roba harto, Barril sin fondo, El pelele, El san camilote, La ardilla y El señor X. También El innombrable”.