Justicia secuestrada

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 27 de noviembre (apro).- Relegado por décadas a un "poder de tercera", el tercer poder del Estado mexicano, el Judicial, pasa por estos días por un proceso de recambio político burocrático que está en manos de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
En días próximos, el Senado de la República deberá designar a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que habrán de ejercer a partir de este fin de año hasta el 2024.

Formalmente, los tres poderes se ajustan a lo que dice la Constitución.
Pero en la práctica, la designación de los llamados "máximos jueces" del país no es más que otra más de las negociaciones de los partidos y jefes políticos del país en la que prevalecen los intereses de grupo y no las cualidades técnicas y reputación de los designados.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Constitución, como titular del Ejecutivo, Felipe Calderón ya propuso al Senado dos ternas de candidatos para sustituir a los ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel.
La semana pasada, el Senado hizo una supuesta auscultación de los candidatos. Pero el ejercicio no llegó siquiera a un examen profesional de licenciatura.
Carentes de rigor y conocimiento, los senadores se limitaron a lanzar algunas preguntas improvisadas para dejar en libertad de lucimiento al ponente.
Lo que los candidatos a ministros saben o no es lo de menos. Lo importante es el grupo al que pertenecen y el padrinazgo que tienen.
El Judicial es desde luego un poder político. No puede ser de otra manera al constituir uno de los componentes del Estado.
Pero que los integrantes del máximo tribunal se negocien como cualquier cargo burocrático, deja en claro que los más altos responsables de la justicia en México responden a intereses específicos hasta que en su cargo como ministros demuestren lo contrario.
No sólo es el caso de la Suprema Corte. También ocurre en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la instancia encargada de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales federales.
Encargado de administrar los millonarios recursos del Poder Judicial, el Consejo cuenta con siete miembros: Tres los designa el propio Poder Judicial, dos el Senado y uno el Ejecutivo. El séptimo integrantes es el presidente de la Corte.
Si bien los pertenecientes al Poder Judicial hacen mayoría, esa composición garantiza que el presidente y los senadores se meten en el manejo de la administración de la justicia en el país.
Surgido tras reforma judicial de diciembre de 1994, el Consejo se ha convertido en un poderoso instrumento para el ejercicio del poder a través de los jueces y magistrados.
La muestra más reciente se llama Daniel Cabeza de Vaca, quien por gracia presidencial ahora es magistrado, integrante desde la semana pasada del Consejo de la Judicatura.
Con una carrera burocrática al amparo de Fox, Cabeza de Vaca fue consejero jurídico de la Presidencia y procurador general de la República. Con Calderón, subsecretario de Gobernación, sin que en ningún caso se distinguiera. Todo lo contrario.
Sustituye en el Consejo a María Teresa Herrera Tello, quien de consejera jurídica y secretaria de la Reforma Agraria con Fox, pasó también a ser magistrada del CJF. De lo que hizo en los pasados cinco años a favor de la justicia sólo ella lo sabe.
Es el mismo caso de los magistrados colocados por el Senado. Lo peor es que junto con los representantes del Poder Judicial han hecho del Consejo una plataforma para la Suprema Corte o, en el peor de los casos, para influir en los jueces de distrito o magistrados de tribunales unitarios o colegiados.
Eso explica las resoluciones de juzgados, tribunales y la Corte que agravian a la sociedad al proteger personas e intereses específicos. En la llamada nueva época del Poder Judicial –desde la reforma del 94– los casos abundan.

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