Entre la ineficacia y la corrupción
Lleva más de tres años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y, pese a su jactancia y apego al presidente Felipe Calderón, los resultados que ha presentado Genaro García Luna simplemente no convencen. Es la suya una visión en blanco y negro, sin matices: usa a sus policías federales para reprimir los brotes de descontento social y a los sindicatos, pero se muestra ineficaz para detener a los sicarios y a la delincuencia organizada. Hoy, sus propios subalternos lo pusieron en jaque, al denunciar en Ciudad Juárez la corrupción de los altos mandos de la Policía Federal, los privilegios de que gozan y su cercanía con el cártel de Sinaloa.
Infiltrada por el narcotráfico, con programas de capacitación deficientes, operativos improvisados y una creciente corrupción, la Policía Federal (PF), brazo operativo del gobierno federal para combatir a la delincuencia, está sumida en la descomposición, pese a que el gobierno calderonista le destina cada vez más presupuesto para reforzar las tareas de seguridad pública en el país.
La detención de cuatro altos mandos de ese cuerpo policiaco en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 7, implicados en extorsiones, detenciones arbitrarias y presuntas ligas con el narco, colocó una vez más al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, en el centro del escándalo.
A García Luna, quien encabeza la dependencia con mayor presupuesto después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –la SSP ejerce poco más de 30 mil millones de pesos–, se le critica por la falta de resultados de sus agentes federales y por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El martes 10, tras varias semanas de silencio, García Luna saltó a la palestra luego de que, dos días antes, el expresidente Vicente Fox se manifestó a favor de la legalización de las drogas en México. Esa es la única forma de golpear y romper la estructura económica de los cárteles, dijo el guanajuatense.
Durante el encuentro del Ejecutivo federal con líderes partidistas en los Diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, García Luna recriminó a su antiguo patrón por la falta de eficacia en el combate al narcotráfico cuando estuvo en Los Pinos: “Sólo basta decir que la Policía Federal, en la pasada administración (la que encabezó Vicente Fox) en registros oficiales no tiene ninguna detención de narcotraficantes ni secuestradores”, manifestó.
Luego habló de los logros y bondades del gobierno de Felipe Calderón: “En esta administración –expuso– van mil 300 (detenidos), sólo secuestradores”.
Pero García Luna embozadamente hacía una crítica… de sí mismo. En el sexenio foxista García Luna ocupó la dirección de la Agencia Federal de Investigación (AFI), organismo que él creó y que durante su gestión fue severamente criticado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Además, al arrancar el llamado “sexenio del cambio”, el 1 de diciembre de 2000, quedó en evidencia la falta de control en el sistema de seguridad del país: aún no trascurrían dos meses de gobierno cuando, el 19 de enero de 2001, el capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ninguna autoridad federal se percató del plan de fuga.
Así, justo cuando el PAN se estrenaba en Los Pinos, El Chapo reinició sus operaciones en el narcotráfico y logró consolidar la organización criminal que el gobierno denominó cártel de Sinaloa y que presuntamente opera con el apoyo del poder político.
Las primeras imputaciones
Los señalamientos de que García Luna presuntamente está coludido con el cártel de Sinaloa datan de 2005, cuando era director de la AFI. Pero el funcionario no ha sido investigado, aun cuando se le menciona en varias investigaciones de la propia PGR.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, por ejemplo, contiene revelaciones que señalan al actual titular de la SSP como presunto protector de la célula criminal de los hermanos Beltrán Leyva, conocida también como La Federación, cuyo ámbito de operaciones se extiende a una veintena de entidades.
La averiguación incluye transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo, según los cuales García Luna recibía pagos millonarios de los hermanos Beltrán Leyva –a quienes en algún tiempo se les conoció como Los tres caballeros– a cambio de protección y de mantenerlos informados sobre operativos en su contra.
En 2005, los Beltrán Leyva mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el trasiego de estupefacientes en el estado de Guerrero, aunque enfrentaban ya a Los Zetas en Acapulco y Zihuatanejo.
El expediente también contiene la transcripción de una llamada telefónica recibida en la PGR el 15 de mayo de ese año:
En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el periodo de guardia nocturna, se recibió al teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo, en la tarde detuvieron a cinco zetas (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.
Otro reporte de esa misma averiguación menciona un dato contundente: que García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección desde el sexenio foxista.
La denuncia que llegó a la PGR y forma parte de la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005 dice: De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González.
Asimismo, Domingo González aparece mencionado como enlace de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para recibir 1 millón de dólares a cambio de que no molestaran a su jefe Arturo Beltrán, quien se encontraba prófugo de la justicia…
Desde que Genaro García Luna llegó a la SSP, varios de sus altos mandos han sido señalados por sus presuntos vínculos con los capos de la droga; algunos incluso fueron ejecutados.
A Mario Arturo Velarde Martínez, quien fue secretario particular de García Luna durante su gestión en la AFI en la administración foxista y llegó a la División Antidrogas de la PF en este sexenio, se le achacan tratos con los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo, nunca se le investigó.
Diferente fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección de operaciones de la PFP, quien fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula que encabeza Ismael Zambada García, El Mayo.
Bayardo era uno de los hombres de confianza de García Luna en la SSP. Luego de su aprehensión, decidió acogerse al programa de testigos protegidos y se convirtió en una pieza importante en la Operación Limpieza, un programa que pretendía sanear a la PGR de funcionarios coludidos con el narcotráfico.
Él conocía como nadie las correrías del Mayo: sus actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como sus nexos con militares, policías y funcionarios de la PGR que protegen sus operaciones.
El caso de Bayardo es singular. La mañana del 1 de diciembre de 2009 fue llamado por un alto funcionario de la PGR para platicar sobre las investigaciones en torno al cártel de Sinaloa. La cita fue en el local del café Starbucks de avenida Pilares, en la colonia Del Valle. El testigo acudió sin escolta. Cuando charlaba con el funcionario fue ejecutado a tiros.
Meses antes, el 8 de mayo de 2008, otro funcionario cercano a García Luna fue ejecutado cuando se dirigía a su casa. Era Édgar Millán Gómez, comisionado nacional de la PFP. Por esas fechas estaba candente la confrontación entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa. Cuando Millán Gómez ingresó al patio de su vivienda, un sicario le disparó en varias ocasiones. Su muerte aún sigue impune.
Corrupción y privilegios
En los casi cuatro años de la administración calderonista Genaro García Luna ha estado inmerso en escándalos. Se le ha criticado por la corrupción que priva al seno de la PF y por los privilegios de que gozan algunos mandos de menor antigüedad y preparación.
Javier Herrera Valles, quien fue comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), incluso envió cartas al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión en las que criticó las fallas en los operativos contra el narcotráfico. Su argumento: que las acciones eran improvisadas y que a los agentes se les enviaba a los estados críticos sin armamento y sin información.
La primera carta de Herrera Valles al presidente Calderón está fechada el 18 de febrero de 2008. En su escrito expone que García Luna protege intereses del crimen organizado y explica la razón por la cual, arguye, están fracasando los operativos conjuntos y destaca las fallas en el interior de la SSP. Sin embargo, la carta fue interceptada por García Luna, quien se enteró del contenido antes que el presidente, según contó el propio Herrera Valles en una entrevista con este semanario (Proceso 1637).
Herrera Valles exhibió textos y memorandos oficiales para documentar varios casos de corrupción en la SSP, en particular los relativos a la compra de aeronaves y sistemas tecnológicos para el combate a la delincuencia. Uno de los principales fue la adquisición de un helicóptero Sikorsky, modelo A70A Black Hawk, cuyo costo fue de 43 millones 68 mil pesos.
Herrera Valles comentó que García Luna ordenó al Comité de Adquisiciones y Servicios de la PFP la compra de la aeronave en octubre de 2007, según el contrato SSP/PFP/009/2007, sin la licitación correspondiente.
Sobre las fallas en los operativos de la SSP contra el narco, Herrera Valles relató: “En Guerrero no sabíamos qué hacer. Andábamos desorientados. El área de Inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información sobre las células del narco en ese estado. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘Váyanse para allá, ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘Coloquen retenes y hagan presencia en las calles’, pero todo aquello era la total descoordinación.
“Y mientras policías, marinos y soldados éramos como un hormiguero disperso, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: varios sujetos vestidos con boinas negras arremetieron contra las bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas a una mujer embarazada…”
Herrera Valles fue detenido el 18 de noviembre de 2008 por sus denuncias contra García Luna. Ese día iba a participar en el programa Punto de partida, en las instalaciones de Televisa Chapultepec. Poco antes de llegar a su destino un comando interceptó su vehículo.
Estuvo arraigado durante 90 días, periodo en el cual un supuesto testigo protegido conocido como El Pitufo lo acusó de recibir dinero del narcotráfico. Su defensora fue Silvia Raquenel Villanueva, quien nueve meses después de asumir el caso fue ejecutada en Monterrey, Nuevo León.
Ahora sí, a investigar
Durante su gestión al frente de la SSP, García Luna ha fracasado en el intento por frenar a la delincuencia y hacer que los militares vuelvan a sus cuarteles. Su estrategia policiaca ha sido errática. Primero dijo que se requería un mando único, por lo que fusionó la AFI y la PFP y creó la PF, antes incluso de que el Congreso aprobara el proyecto.
García Luna declaró que se trataba de una corporación moderna, mejor capacitada, con capacidad de respuesta y preparada en diversas disciplinas. Y en el ejercicio 2009-2010 la SSP recibió el espaldarazo presidencial, pues se le otorgaron 30 mil millones de pesos de presupuesto, con lo que la dependencia se convirtió en la segunda dependencia mejor fortalecida, después de la Sedena.
Sin embargo, hasta ahora los agentes de García Luna se han destacado más por sus operativos para contener manifestaciones sociales que en frenar a la delincuencia. Un ejemplo: cuando estalló la huelga en la mina de Cananea, la SSP envió a cerca de 3 mil elementos para disuadir las manifestaciones obreras; lo mismo ocurrió con las protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas durante la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno expidió un decreto en el que anunciaba la extinción de esa dependencia.
Pese a ello, el funcionario se jacta de los avances logrados gracias a sus muchachos. Sin embargo, con las recientes protestas y manifestaciones de policías federales en Ciudad Juárez contra sus jefes, que provocaron un zafarrancho, al término del cual fueron arrestados cuatro altos mandos, la eficacia de la PF quedó en entredicho.
Los agentes federales se quejaron, entre otras cosas, de las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios, los privilegios que reciben otros funcionarios sin carrera y los riesgos que enfrentan en los lugares que son asiento de los cárteles de la droga.
El descontento del sábado 7 en Juárez puso de relieve la descoordinación en la PF en esa ciudad, donde varios uniformados, en particular Rodolfo Salomón Alarcón Romero, El Chamán, presuntamente están coludidos con el cártel de Sinaloa.
También quedó al descubierto que los altos mandos de ese organismo –quienes sustituyeron a los militares sospechosos de tener vínculos con El Chapo Guzmán– formaban parte de una supuesta narconómina. Los policías sancionados disponían de cuantiosas cantidades de droga, que sembraban a personas para luego extorsionarlas.
Según las indagatorias de la PGR, realizadas a partir de las quejas presentadas por los federales inconformes, Alarcón Romero es la pieza clave de un grupo de la PF alineado con el cártel de Sinaloa en el territorio donde manda el cártel de Juárez, a cuya cabeza está Vicente Carrillo Fuentes.
Son cientos las quejas contra los jefes de la PF y en ellas los policías aseguran que “los mandan a cargar con droga a los enemigos del cártel de Sinaloa (es decir, a los del cártel de Juárez) para acusarlos, encarcelarlos o extorsionarlos. Y exponen que además del Chamán, Joel Montenegro también está en la lista de mandos pagados por el crimen organizado.
Según ellos, El Chamán, quien llegó a Ciudad Juárez el pasado 1 de julio, siempre hizo alarde de su poder. Solía organizar fiestas hasta altas horas de la madrugada y visitaba sitios frecuentados por mujeres y personajes que consumían droga, algunos de los cuales eran narcos.
Otro grave problema que enfrenta la SSP es la improvisación en la formación de sus cuadros: recientemente salieron a las calles cientos de agentes que supuestamente tomaron un curso de tres meses para convertirse en policías investigadores. Muchos de ellos fueron asesinados por el narco, lo que evidencia su falta de preparación.
Desatado el escándalo en Juárez, García Luna tuvo que admitir que sí hay corrupción en el seno de la PF: “En Ciudad Juárez –dijo– hubo una falla sustantiva”. Y anunció que, ahora sí, emprenderá una depuración en esa corporación. l
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